La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar el ascenso del General César Luis Milani al grado de Teniente General y su nombramiento como Jefe del Ejército Argentino.

Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional su inmediata destitución del cargo.

Señor presidente:

El nombramiento de César Luis Milani, como Jefe del Ejército, y su reciente ascenso a Teniente General, a pesar de las numerosas denuncias de familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales y políticas del país que pesan sobre su persona, en cuanto a su vinculación con casos de desapariciones de personas durante la última dictadura militar de 1976 al 1983, constituye un agravio y atropello a la lucha que por casi cuarenta años vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos y el movimiento popular argentino por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.

Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas llevan realizadas contundentes y sólidas denuncias que sustentan este proyecto de resolución. Nos referimos a las que vinculan al ahora Teniente General Milani con la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito Ledo, con el secuestro y torturas que sufrieran Ramón Alfredo Olivera -y su padre-, en un centro clandestino de La Rioja y con el secuestro del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller (causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez). Estas gravísimas acusaciones fueron realizadas hace décadas por las víctimas y sus familiares. A ello se debe agregar la participación de Milani en el "Operativo Independencia", que eliminó físicamente a gran parte de la militancia obrera y juvenil de la provincia de Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el epicentro de la represión en aquella provincia y donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, y finalmente, su paso también por el Batallón de Inteligencia 601, de acuerdo a los listados desclasificados y publicados por primera vez en febrero de 2010 en la revista Veintitrés. No podemos dejar de señalar que allí Milani compartió tareas de espionaje para el secuestro, tortura y desaparición de personas junto al actual titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrado también como Milani al supuesto "proyecto nacional" que se pregona desde el gobierno nacional.

Como es de público conocimiento, los senadores del oficialismo y sus aliados adujeron la figura del principio de inocencia para sostener su designación, a pesar de que Milani está siendo investigado por estos crímenes y delitos. Sin embargo, esto contradice numerosos antecedentes de ascensos a militares objetados por militantes y organismos de derechos humanos en virtud de los cuales fueron denegados por la Cámara Alta. Fueron los casos, por ejemplo, de Rafael Braga (pliego rechazado el 18 de diciembre de 2002, condenado a prisión perpetua tiempo después) y de Julio César Binotti (pliego rechazado el 27 de noviembre de 2002, actualmente imputado en la causa ESMA por su participación en los llamados "vuelos de la muerte"). No nos equivocamos si consideramos la designación de un represor de la dictadura al frente del Ejército como un punto final en la demagogia derecho humanista del gobierno nacional y como un fuerte golpe a la lucha popular por el juicio y castigo a los asesinos, genocidas y represores de ayer y de hoy. Un gobierno que pasó de "descolgar el cuadro de Videla" a designar a un acusado por genocidio como máximo exponente del ejército deja claro que en vez de "defender los derechos humanos", como lo ha venido diciendo con su doble discurso, los viola.

Milani es un oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, jefe de ese organismo, que además, por primera vez en la historia, conserva ambos cargos. Ese servicio de inteligencia está denunciado - como los servicios de inteligencia de la Policía Federal y de Gendarmería- por espionaje interno a las organizaciones de trabajadores, populares y políticas. Incluso, han reasignado partidas presupuestarias y le otorgaron a inteligencia del Ejército fondos adicionales ($ 1.325 millones de partidas extras), mayores que los que recibe la propia SI del Estado. Se advierte claramente en el perfil de la designación una orientación política sobre el rol del Ejército en cuestiones internas, lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura, configuran un claro peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas. Esa presunción de intervencionismo del Ejército en cuestiones internas se vio confirmada con el desplazamiento de tropas que colaboraron con otras fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Cruz para el desalojo de familias sin techo ocupantes de tierras. El ex Presidente Fernando De la Rúa intentó utilizar a esta fuerza para sofocar la rebelión popular de diciembre de 2001, sin éxito. En los últimos días se emitió un radiograma con "orden de apresto" para los efectivos del Ejército hasta el 31 de diciembre del corriente por las tensiones sociales que rodean este fin de año 2013 de aguda inflación y reclamos sociales y salariales. El gobierno nacional está dando continuidad a la repudiada aprobación de la llama Ley Antiterrorista, con una jefatura del ejército a la medida de la aplicación de esa ley que introduce las herramientas de un estado de excepción contra las libertades democráticas.

Si el oficialismo, a pesar de los cuestionamientos, decidió ignorar estas denuncias y precedentes es por estos motivos de fondo. No se puede soslayar que el nombramiento del cuestionado Milani se produce en un marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una aguda descomposición de los aparatos de seguridad y en un marco donde arrecian los reclamos populares contra la carestía y el ajuste sobre las condiciones de vida, lo que constituye, a juzgar por la experiencia, una clara señal de reforzamiento del aparato represivo del Estado, en momentos de crisis económica y política, que será oportunamente utilizado contra los reclamos del movimiento popular y los trabajadores. Ya es parte de una "política de Estado" de este Gobierno utilizar a las fuerzas armadas para la represión interior y el espionaje político contra opositores, en lo cual la Gendarmería Nacional es un caso emblemático. César Luis Milani colaboró con la profundización del Proyecto X, conjuntamente con la ex ministra de Defensa Nilda Garré. Recordemos, también, que dicho programa de espionaje contra organizaciones políticas y sociales opositoras tiene su cabecera en Campo de Mayo, una dependencia del Ejército y la Gendarmería.

Vale decir que la designación de Milani viene a jugar un rol político concreto en la crisis actual.

El Gobierno Nacional pretende volver a darles a las FFAA un protagonismo político, cuestión que se evidenció en el discurso de asunción del propio Milani, quien se encargó de destacar su intención de poner al Ejército al servicio de un supuesto "proyecto nacional".

Más allá de su alineación política real, lo que traduce de gravitar en el poder político y la crisis política en curso.

César Luis Milani no sólo no debería haber sido ascendido y designado como Jefe del Ejército, sino que debería estar siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Si aún no lo está -al igual que miles de partícipes militares y civiles del genocidio- se debe al imperio durante más de 17 años de las leyes y decretos de impunidad impuestos por gobiernos radicales y justicialistas, y a un sistema actual de juicios donde toda la carga de la prueba cae sobre los pocos sobrevivientes del genocidio, mientras que el Estado cuenta al día de hoy con archivos que este Gobierno, al igual que sus antecesores desde 1983, se niega a hacer públicos.

Por todo lo expuesto, llamamos a esta Cámara de Diputados y al pueblo trabajador, a acompañar el presente proyecto de resolución. No sólo están en juego la reivindicación de la lucha de más de 35 años por el juicio y castigo a los genocidas: será también una fuerte señal de rechazo y resistencia ante los preparativos que están en marcha de reforzamiento del aparato militar y de espionaje, que apuntan inequívocamente contra el movimiento popular.