La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, en forma urgente, al señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. D. Julio Miguel De Vido, para recibir, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, explicaciones e informes en el recinto de esta Cámara, respecto de la crisis energética que padece la República, su repercusión en los niveles de empleo, actividad económica y comercio exterior, la situación institucional de los organismos de control y el funcionamiento de los fideicomisos del sector energético.

Señor presidente:

Cinco mil empresas industriales sometidas a dietas eléctricas y gasíferas, con la consecuente secuela de suspensiones y despidos; 1.800.000 usuarios de GNC sin poder cargar combustible en sus vehículos; cortes de luz esporádicos en los grandes centros urbanos y habituales en los pequeños, a lo largo y a lo ancho del país; incumplimiento de contratos de suministro de gas a países limítrofes; denuncias de corrupción en la ejecución de obras vinculadas a la energía; crisis institucional en los organismos de control, son algunos de los parámetros que permiten afirmar, sin especulaciones de cualquier naturaleza, que la República Argentina transita una grave crisis energética.

El sector eléctrico sobrevive con prácticamente el mismo parque generador que en la década anterior. No se ha aumentado la cota de Yacyretá; las represas del sur han bajado su nivel, no sólo por la poca lluvia, sino porque se ha generado más de lo que se debía y ahora tendremos que esperar los deshielos primaverales para que vuelvan a sus caudales normales. Las publicitadas nuevas generadoras de ciclo combinado parece que no estarán concluidas en tiempo pese a su elevado costo. En el transporte eléctrico se rechazan inversiones extranjeras y se prohijan fenómenos empresariales que de la noche a la mañana adquieren relevancia inusitada. La generación nuclear oscila entre el abandono o ser variable de ajuste negocial para algún proveedor afortunado. La vuelta de los cortes a empresas y familias colocan a la Argentina en el túnel del tiempo de las dietas eléctricas que hacía más de tres lustros habían desaparecido.

En el sector gasífero se profundizaron distorsiones tanto en la matriz de uso como en los precios; se incumplió con los compromisos de suministro a los países limítrofes, especialmente Chile, afectándose el crédito de los negocios de la República; se suspendieron las demoradas obras en los gasoductos, aparentemente a partir del conocido escándalo que involucra a una empresa sueca y a funcionarios del Poder Ejecutivo, con los consiguientes intereses y multas que seguramente deberán afrontar las espaldas de los argentinos; mientras tanto no sabemos cuánto se ha gastado en consultoría por el faraónico proyecto de gasoducto transcontinental; se paga el gas de las provincias argentinas menos de tres veces el precio que se conviene pagar a Bolivia, con el agravante de que buena parte del prometido gas boliviano está bajo la tierra sin que, aparentemente, exista información cierta de cuándo, cómo y por quién va a ser extraído. Mientras tanto aquí, los pobres consumen garrafas a precios altos y los más pudientes contamos con tarifas congeladas a precios irrisorios. La dieta del gas, que afecta a las industrias y que los días algo fríos hacen a los hogares regresar a la falta de presión de los '80, se da mientras se habría dejado de explorar en el Mar Argentino donde existirían reservas superiores a la de nuestros proveedores externos y más de 130 millones de dólares en caños permanecen sin uso en la zona magallánica.

El sector petrolero no satisface los requerimientos del mercado de gas oil. El campo no cuenta con este insumo básico, comprometiéndose laboreos y cosechas; hay dificultades en el mercado de transporte de cargas. No se ha incrementado la capacidad de destilación y boicots alentados desde el poder han operado seguramente como disuasivo contra las inversiones de ese tipo. La importación de fuel oil desde Venezuela resultaría más onerosa que lo necesario y el producto provoca daños ambientales concretos, comprobables por la merma en la calidad del aire en las zonas aledañas a las usinas donde es utilizado. Recientes prórrogas de concesiones petroleras en las provincias de Chubut y Santa Cruz han merecido serios reparos por parte de ex magistrados de dichas provincias involucrándose en las decisiones a funcionarios del gobierno federal. La publicitada apertura de capital de la ex empresa petrolera estatal aparece estrechamente ligada a socios del poder, generando un cúmulo de dudas.

La reciente intervención del ENARGAS a raíz del escándalo de corrupción que investigan los jueces López Biscayart y Montenegro, estuvo precedida por el incumplimiento de la normativa aplicable en cuanto a la provisión de sus cargos directivos por concurso a fin de que los ocupe personal experto, llegándoselos a cubrir con artesanos sin experiencia en el sector. La falta de publicación de los informes anuales previstos en los ordenamientos respectivos, desde 2004 en el ENRE y desde 2005 en el ENARGAS, así como la ausencia de audiencias públicas en ambos organismos desde 2004 denotan un sensible deterioro de la calidad de gestión de dichos entes.

La crisis energética que hemos descripto parece guardar algún correlato con el práctico congelamiento tarifario que se mantiene en el sector desde hace un lustro. Si bien es cierto que en algún caso las transferencias de paquetes accionarios de empresas concesionarias convirtieron en rentables, aún a tarifas congeladas, operatorias que a valores primigenios resultaban ruinosas, no es menos cierto que los exiguos precios de la energía en comparación con los que existen en los países limítrofes marcan distorsiones en las matrices productivas y han influido en la drástica merma de inversiones que se refleja en la crisis. Si a ello sumamos la creciente inflación, nos encontramos frente a una distorsión de precios relativos que puede operar como una verdadera bomba de tiempo para el próximo gobierno que deberá afrontar, como alguna vez ocurrió, los costos de la verdad sobre las ilusiones de inflación cero.

Mientras la Argentina transcurre en la banalidad perdiendo las históricas oportunidades que le brinda la coyuntura económica mundial, la energía se ha convertido en uno de los recursos más relevantes para las estrategias nacionales. Los biocombustibles, el hidrógeno, las energías eólica y mareomotriz ocupan el tiempo de científicos y provocan la inversión de empresarios en muchos lugares del mundo, mostrando la necesidad de diseñar políticas y promover acciones hoy ausentes de la agenda argentina.

Tomado del art. 39 de la Constitución de 1826, el art. 71 de la Constitución Nacional -art. 63 de la histórica de 1853/60- consagra un sistema de información amplia, sobre todas las materias del Gobierno. Cfr. Joaquín V. González, MANUAL DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA, 20ª. edición, pág. 401.

Las graves circunstancias precedentemente reseñadas justifican plenamente la concurrencia al recinto del ministro responsable de las políticas públicas en materia energética a fin brindar las informaciones pertinentes a fin de que esta H. Cámara adopte en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para conjurar esta crisis que compromete nuestro futuro.