La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación por las medidas judiciales dictadas contra integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Joaquín V. González y ciudadanos de Chilecito, mediante las cuales, "en forma cautelar y mientras se sustancia el delito de flagrancia", se les prohíbe acercarse al establecimiento educativo.

Señor presidente:

En Chilecito, La Rioja, la Justicia adicta al Gobernador Luis Béder Herrera decretó un virtual estado de sitio para impedir la protesta que la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Joaquín V. González viene desarrollando contra la decisión del Ministerio de Educación de remover a la directora de dicho establecimiento, Norma Illanes de Titac.

La resolución judicial trata de impedir a un grupo de ciudadanos acercarse a la institución educativa, coartando sus derechos constitucionales con el único y desesperado objetivo de tratar de desactivar futuras protestas sociales.

La medida restrictiva afecta a los familiares de la directora de la escuela y de la diputada radical Inés Brizuela y Doria; a Álvaro "Yopo" Illanes, su hermano e hija, denunciante del actual jefe del Ejército, César Milani; y a Marcela Crabbe, una de las referentes de la Asamblea Ciudadana por la Vida que se opone a la megaminería a cielo abierto.

La medida cautelar de prohibición y la acusación de flagrancia tiene como causa responsabilizarlos de los hechos que se produjeron días atrás, cuando la comunidad educativa, con el apoyo de padres y dirigentes sociales, resistieron la suspensión de la directora de esa escuela dispuesta por el Ministerio de Educación.

La extraña notificación especifica la prohibición de "intervenir en episodios de violencia, agresión o cualquier otro accionar que implique la comisión de conducta tipificada como delictivas dentro o fuera de dicha escuela" y aclara que, en caso de no cumplimentar con la disposición, incurriría en el delito de desobediencia y se procedería a su inmediata detención.

Pero aún más llamativo resulta, más allá de su contenido, el hecho de que, para librarla, la Justicia habilitara "días y horas inhábiles", como lo es un domingo, como cuando existen circunstancias excepcionales o de urgencia que así lo ameriten, lo que no parecería encuadrar en el caso de este oficio en particular.

Esta decisión de una justicia adicta a los caprichos y necesidades políticas del Gobernador Béder Herrera, no es casual, aislada o circunstancial, sino que resulta funcional a un verdadero sistema antidemocrático que tiene un objetivo claro y evidente: acallar las voces en contra de un régimen político corrupto en franca descomposición.

Ese silencio ansiado y muchas veces conseguido, por quienes en nombre de la democracia utilizan las herramientas del Estado para beneficio personal, debe ser contrarrestado por la condena de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. De lo contrario, esta cámara seguiría avalando la censura, el espionaje, la extorsión, el chantaje, los golpes, las amenazas y los atropellos a los que día a día los ciudadanos de La Rioja se ven expuestos cuando se manifiestan a favor del ambiente y de la educación pública democrática.

Las reglas básicas de la convivencia democrática están construidas sobre la base del respeto a la diferencia, y es obligación de los diferentes órganos del Estado, bregar por su consolidación, permanencia, y desarrollo. Si por el contrario, quienes ejercen responsabilidades en dichos órganos, atentan, menoscaban, o impiden el reconocimiento de la diferencia, es nuestro deber como representantes del pueblo de la nación, defender los principios básicos que nos dimos como organización social.

La comunidad riojana, a lo largo de toda su larga lucha contra la minería a cielo abierto y la educación pública de calidad, demostró sentido común, dignidad, libertad y solidaridad.

Es por ello que este proyecto tiene como objeto manifestar la preocupación de esta Cámara por el cercenamiento a la libertad de expresión y circulación de ciudadanos chileciteños, defendiendo así las reglas básicas de la convivencia democrática.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.