La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación ante las amenazas recibidas por el propietario y conductor de la radio FM Tropical, provincia de Chaco, de parte de desconocidos armados, luego de plantear a los oyentes de la emisora reflexionar sobre el juzgamiento pendiente de militares y policías implicados en la Masacre de Margarita Belén, de 1976.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Señor presidente:

El pasado viernes 15 de junio del corriente año, según transcendió en algunos medios de comunicación de la provincia de Chaco, el propietario y conductor radial de la emisora FM Tropical denunció ante la policía haber sido amenazado e intimidados por individuos armados vestidos de civil, tras haber instado a sus oyentes a opinar en un programa sobre la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en 1976.

José Mario Montenegro, dueño de la emisora, lanzó al aire como interrogante a los oyentes "¿qué opina usted de que a un ladrón de gallinas lo metan preso y lo condenen enseguida, y que a los militares y policías involucrados en la Masacre de Margarita Belén, ocurrida 30 años atrás, todavía no los juzguen?"

Luego, fue intimidado en la puerta de la FM por dos sujetos que portaban itakas similares a las que utiliza la policía local. "Que se cuiden tus hijos y tu hermano, los tenemos fichados a todos, sabemos como y cuándo se mueven", fue parte del mensaje amenazante, según relató Montenegro.

Además, el propietario de la FM contó que minutos después recibió nuevas amenazas que partieron desde interior de un vehículo: "Te vamos a matar, le vamos a prender fuego a la radio. No hablés mal, con los militares y con nosotros no se jode".

El pasado reciente de la última dictadura nos enseñó que la inacción y el acostumbramiento ante las amenazas es lo que permite imponer el terror; toda vez que se ataca a un periodista para inhibir su trabajo, de hecho se está atacando a la sociedad, violando su derecho constitucional de estar informadas.

La libertad de expresión y de prensa son derechos tutelados por el ordenamiento jurídico argentino, en función de valores que exceden la territorialidad nacional y se referencian en el ordenamiento social de los estados occidentales democráticos. Vale la pena recordar que el libre ejercicio de la libertad de expresión está amparado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - ambos tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994-.

La gravedad de estos hechos debe ser repudiada enérgicamente por esta Honorable Cámara, ya que es imprescindible mantener viva la memoria de la historia Argentina a través de los medios periodísticos de comunicación, pilar fundamental de una sociedad, para que no ocurran más estos aberrantes acontecimientos; por lo tanto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Declaración.