La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el "Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional" que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 26, 27 y 28 de junio de 2013.

Señor presidente:

El Derecho Procesal Constitucional es una nueva disciplina del Derecho que se explica a partir de la relación que existe entre el Proceso y la Constitución. Por consiguiente, se ocupa de las instituciones procesales insertas en las Constituciones de cada Estado (garantías judiciales); de los procesos constitucionales; y de los principios y presupuestos fundamentales que todo proceso debe aplicar en las controversias entre partes (debido proceso).

Estos contenidos no son iguales en Latinoamérica, ya que los países que la integran poseen diferentes sistemas de control de constitucionalidad, herramienta destinada a garantizar el principio de supremacía normativa de la Constitución.

Por lo tanto, se torna cada vez mas imperioso, considerando el proceso de integración en que Latinoamérica se encuentra embarcada, realizar estudios particularizados que, en el caso de Argentina, se muestran inevitables cuando se trata de ver comparativamente el funcionamiento del federalismo judicial.

En junio del pasado año, se constituyó formalmente la "Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional", que ha asumido, como su primer gran evento protagónico, la organización del Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires, los días 26, 27 y 28 de junio del corriente año, con la presencia de los mas destacados procesalistas y constitucionalistas nacionales e internacionales, provenientes, entre otros países hermanos, de España, Méjico, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia, Venezuela y Paraguay.

Este Primer Congreso Nacional pretende abordar, a partir del estudio comparativo de los sistemas constitucionales de los países de Latinoamérica, las misiones funcionales de los Jueces, Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, al ejercer y aplicar el control de constitucionalidad y el novedoso control de convencionalidad, derivado de la propia Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de los casos "Barrios Altos", "Tribunal Constitucional de Perú" y "La Cantuta", donde el Alto Tribunal regional puso énfasis en señalar los efectos erga omnes de sus fallos para todo el derecho interno de un país (1) , comportándose como un Tribunal Constitucional anulando las leyes de amnistía, con efecto erga omnes y amplificando su doctrina legal, sosteniendo que la vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte resolutiva (que vale para el caso particular) sino que se multiplica expansivamente (valga la redundancia) a los fundamentos del fallo, obligando a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos similares.

Este temperamento, como sabemos, fue receptado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los temas vinculados con delitos de lesa humanidad, a partir de los casos "Arancibia Clavel; "Simón"; "René Derecho" y

principalmente "Mazzeo" (2) donde se han aplicado a rajatabla dichas pautas jurisdiccionales.

La institución organizadora "Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional" se creó sin ideologías ni banderas partidarias, conforme surge de su estatuto de creación, con la sola misión de estudiar y apoyar la eficacia de las instituciones jurídicas y judiciales en el marco de la República, por lo cual y dada la importancia y magnitud del evento, entiendo procedente la declaración de interés Nacional que se propone.

Por todo lo antes expuesto y en la seguridad de que mis pares compartirán lo aquí expresado, es que solicito me acompañen en el presente proyecto de resolución.