La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, conforme el artículo 71 de la Constitución Nacional, para que disponga la concurrencia del Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sr. Aníbal Fernández, a esta Honorable Cámara a fin de que brinde explicaciones sobre la resolución firmada por él, conocida como Resolución Nº 1084/08 que ordena a "los oficios judiciales o requerimientos de cualquier índole provenientes de funcionarios judiciales y dirigidos a las Fuerzas de Seguridad (y Servicio Penitenciario Federal) dependientes de este Ministerio, deberán ser elevados a conocimiento del suscrito (ministro) previo a ser respondidos".

Señor presidente:

Debo poner de manifiesto que comparto las preocupaciones que están expresando los distintos actores del Poder Judicial (Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional), hoy en estado de alerta, por los efectos que intuyen puede ocasionar en el adecuado funcionamiento de la justicia, la resolución dictada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, conocida como Resolución Nº 1084/2008.

Dicha instrucción pone un viso político que desnaturaliza la tarea realizada por las fuerzas de seguridad. Si bien nadie desconoce que son fuerzas que están a cargo del Ministerio de Seguridad, tampoco se puede negar que las tareas que ejecutan conforme a oficios judiciales, son realizadas en rol de auxiliares de otro poder, independiente del Poder Ejecutivo, como lo es el Poder Judicial.

No es para nosotros desconocido que este mandato legislativo de auxilio, expreso en los códigos procesales y las leyes de cada una de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad, dista de concretarse en lo cotidiano sin pocas dificultades. En dicho marco, esta resolución parece aportar a que resulte aún más difícil, con la consecuente afectación de los usuarios de la justicia.

Por todo ello, se hace evidente que este Honorable Cuerpo debe hacer uso de la facultad constitucionalmente reconocida y, atento a que se está en desacuerdo con lo misma, generar la instancia para poder conocer cuáles han sido los fundamentos de la autoridad política de la misma para tomarla y las primeras consecuencias de esta resolución.

Es conveniente destacar que no estamos solicitando información extraña sino aquella que busca explicar porqué normativa vigente es desconocida por una resolución ministerial, en desmedro del marco constitucional y con qué fines se busca interferir en la función de un Poder independiente en desmedro de la adecuada atención de personas, poniendo en peligro el goce de un derecho fundamental como lo es el acceso a la justicia.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la urgente presencia del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a fin de que brinde las explicaciones pertinentes.