La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda para que, a través de los organismos que corresponda, informe a este cuerpo sobre:

1) ¿Cuántos pabellones especiales existen dentro del servicio penitenciario para personas con discapacitadas? Discrimine por provincia y por cada unidad penitenciaria de todo el país.

2)En caso afirmativo, ¿Estos pabellones cumplen con las normas de accesibilidad, establecidas por Ley Nacional N° 24.314?

2) ¿Existen servicios sanitarios y sociales destinados a la atención personal para personas con discapacidad en el medio penitenciario? En caso negativo, explique los motivos

3) ¿Cuántas personas con discapacidad se encuentran alojadas en las unidades carcelarias de todo el Territorio Nacional?. En caso afirmativo, se remita información sociodemográfica por provincia teniendo en cuenta: (edad, sexo, nivel de estudios), datos sobre su discapacidad (tipo, origen, certificado, grado, necesidades de apoyo, pensiones y otras ayudas), sobre su salud (estado de salud, consumo de sustancias, enfermedades)

4) ¿Al momento de darles un destino carcelario, se tiene en cuenta el tipo de discapacidad que padece?

5)A aquellas personas privadas de la libertad se le asigna un personal penitenciario adecuado a su discapacidad como asi también la asistencia de médicos o auxiliares de la salud? ¿Con que periodicidad asisten dichos profesionales? En caso negativo, explique los motivos o cual es el protocolo penitenciario implementado en esto estos casos.

Señor presidente:

Cabe poner de manifiesto que un comité de la ONU pidió a la Argentina garantizar derechos de discapacitados en las carceles.

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció luego de examinar una denuncia presentada por un hombre sentenciado a cadena perpetua que sufrió un accidente cerebrovascular y que aseguró que las condiciones en la que se encontraba detenido afectaron su salud física y mental

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a la Argentina "garantizar" que las personas con discapacidad tengan acceso a las instalaciones y servicios de salud de los establecimientos penitenciarios, tras analizar un caso en el que consideró que el Estado "violó" esos derechos.

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció luego de examinar una denuncia presentada por un hombre sentenciado a cadena perpetua que sufrió un accidente cerebrovascular y que aseguró que las condiciones en la que se encontraba detenido afectaron su salud física y mental.

"Las autoridades argentinas no garantizaron que un recluso con discapacidad tuviera acceso a las instalaciones y servicios del centro penitenciario en igualdad de condiciones con los otros detenidos, y tienen la obligación de adoptar medidas para rectificar esta situación", sostuvo el organismo en el dictamen difundido en Ginebra, sede del comité. En el texto, recordó que "Argentina también está obligada a tomar medidas para prevenir violaciones similares, como el hacer ajustes pertinentes y razonables cuando éstos sean necesarios para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a las instalaciones y servicios de salud de las prisiones".

Además, solicitaron a las autoridades "que velen porque el peticionario tenga acceso a cuidados sanitarios adecuados y oportunos, así como a un continuo y pleno tratamiento de rehabilitación",

aunque no pudieron concluir si había ocurrido una violación de los derechos a la salud y rehabilitación.

Los miembros del Comité también exigieron que las condiciones de detención "no representen un sufrimiento físico o mental que pueda constituir tortura, o trato inhumano o degradante por falta de accesibilidad y ajustes razonables".

El hombre que radicó la denuncia sufrió un accidente cerebrovascular cuando se encontraba en detención preventiva y a raíz de esa afección sufrió un desorden cognitivo, la pérdida parcial de la visión y problemas de movilidad, por lo que debe utilizar una silla ruedas.

Según relató el informe, el recluso "indicó que no podía acceder al baño por sí mismo, lo cual le imposibilitaba realizar su higiene personal independiente y adecuadamente. También señaló que no había recibido la rehabilitación prescrita por sus médicos, ya que ésta requeriría un traslado de 32 kilómetros en ambulancia a un centro especializado, corriendo el riesgo de agravar sus problemas en la columna cervical".

Sin embargo, las autoridades argentinas "sostuvieron que las alegaciones del peticionario eran generales e infundadas".

"El Comité tomó nota de que el Estado Argentino había eliminado un escalón que dificultaba el acceso al baño y duchas y facilitar el acceso al patio, que los ascensores estaban funcionando en el centro penitenciario y que el servicio de enfermería podía ser llamado 24 horas al día mediante un timbre. Sin embargo, las autoridades argentinas no demostraron que dichas medidas fueran suficientes para garantizar el acceso del peticionario a un baño adaptado a la silla de ruedas, ni que pudiera acceder al patio por sí mismo", señaló el texto.

"Esta situación era una violación a las obligaciones del Estado signatario de garantizar que un recluso con discapacidad tenga acceso a las instalaciones y servicios ofrecidos por el lugar de detención, y a asegurar que dicha persona se encuentre detenida en condiciones razonables", concluyeron

Tal como lo establece la Constitución Nacional en su Artículo 18: ...Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

La Ley 20.416 DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. En su Artículo 5: Son funciones de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal: a) Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental...

Y la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, deja sentado: Artículo 14 Libertad y seguridad de la persona... 2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables... Artículo 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes... 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, emanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

La DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS SOBRE POLÍTICAS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL AREA IBEROAMERICANA.

Ha resuelto: ...Considerando que los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establecen que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Teniendo en cuenta que la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, establece que la persona discapacitada tiene derecho a que se respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible, cualesquiera que sea el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias. Asumiendo las prioridades de acción contenidas en la Carta para los años 80, proclamada por Rehabilitación Internacional en abril de 1980, y en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982, que enfatizan el derecho de toda persona discapacitada a la partición e igualdad plenas, lo que significa oportunidades iguales para toda la población y una participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de vida resultantes del desarrollo social y económico.

Lamentablemente, la falta de una política seria en materia carcelaria, de una inversión adecuada, conllevan a una constante violación de los derechos básicos de quienes se encuentran privados de libertad. Esta falta de política pública en materia carcelaria, y máxime en el caso de las personas con capacidades diferentes, determina altos niveles de violencia que resulta difícil detallar en cuanto no existe información oficial sobre los casos de heridos, auto lesiones, intentos de suicidio, violencia intracarcelaria y muertes, que ingresan a las estadísticas como muerte natural o por enfermedad. Y Asimismo el deterioro en materia de salud y las fallas graves en la atención psicológica que han conducido a situaciones ciertamente dramáticas que no se reflejan en los datos oficiales

Fuente: Diario La Prensa. 16-4-2014

Por todo lo expuesto, le solicito a los Sres. Diputados que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.