El Senado y Cámara de Diputados...

Régimen disciplinario del personal del Servicio Penitenciario Federal

Artículo 1. Deróguese el CAPITULO XIII REGIMEN DISCIPLINARIO (artículos 91 al 94) de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal 20.416.

Artículo 2. Deróguese el decreto 1.523 del 14 de marzo de 1968, "Reglamento del Régimen Disciplinario" del personal del Servicio Penitenciario Federal.

Artículo 3. Modifíquese el incido d del artículo 3 de la ley 25.164, LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL, por el siguiente:

d) El personal perteneciente a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en actividad y retirado que prestare servicios por convocatoria. El personal del Servicio Penitenciario Federal se regirá por esta ley, salvo las disposiciones en contrario contenidas en las normas específicas de su función.

Artículo 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Esta ley deroga el régimen disciplinario actual del Servicio Penitenciario Federal a fin de ajustarlo a los objetivos y fines de la ley 24.660 y del pleno reconocimiento de derechos y garantías del personal penitenciario. Para ello ubica al personal de esa institución en la órbita general del empleo público, sin dejar de reconocer la posibilidad de una regulación específica de su función.

El proyecto, de tal forma, persigue un objetivo acotado, a través de una técnica de mucha sencillez. La propuesta tiene, sin embargo, fuertes implicancias, pues parte de una concepción que ubica al personal penitenciario claramente en la órbita del empleo público.

Ello debería servir, además, como primer paso para la completa reformulación de la función penitenciaria. Hoy comenzamos por configurar una relación en clave de derechos entre el estado y sus agentes, en la inteligencia de que esa relación así concebida tiene un potencial relevante sobre la función misma y el modo de concebirla por parte de los agentes penitenciarios estatales.

El régimen disciplinario actual del decreto 1.523, del 14 de marzo de 1968, contiene prohibiciones anacrónicas, amplias y dudosamente compatibles con el ejercicio de derechos. Por ejemplo, son faltas "Fumar sin autorización en presencia de un Superior" (art. 55), "Formular peticiones improcedentes" (art. 65); "Alegar en la solicitud de audiencia o en el pedido de venia, razones que luego no resulten suficientemente valederas" (art. 86) o "Solicitar audiencia al director nacional el agente imputado, durante el trámite de actuaciones administrativas (art. 87).

En este proyecto, entonces, apelamos a la LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Ley 25.164 para regular la cuestión de un modo que sin dudas ubique al personal penitenciario en la esfera de los servidores públicos y dejamos abierta la posibilidad de una regulación especial, en caso de que la especificidad de la función justifique una regulación separada de algún supuesto que el marco general no abarque.

El principio rector es equiparar al máximo posible el régimen del personal penitenciario al de cualquier trabajador del estado, sólo disponiendo reglas diversas cuando esté justificado. Está claro que hoy rigen ya entre nosotros otras concepciones superadoras de la norma vigente, tal la que inspiró la línea de la Ley 26.394 de Justicia Militar, incluso en un ámbito de fuerte control interno como las fuerzas armadas, o los reglamentos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

A diferencia de estas últimas iniciativas, sin embargo, el proyecto apunta a generar una técnica legislativa diversa a la empleada hasta ahora en el caso de las fuerzas de seguridad o, como en este caso, del servicio penitenciario.

Las reglamentaciones de la PSA ejemplifican que el camino vigente para incorporar nuevas concepciones es la regulación del sistema disciplinario y de las investigaciones administrativas para cada institución. Lo mismo ocurrió con las discusiones en torno a Gendarmería Nacional. Cada institución renueva la discusión y la duplica, incluso, sobre puntos ya saldados.

Creemos que técnicamente no es la mejor opción. La idea madre que inspiró la reforma en la justicia militar y en la PSA es que el personal tiene derechos en su condición de personas y por imperio de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Y, en función de ello, nos parece que podría ser mucho más ajustado y útil, incorporar este enfoque a través, simplemente, de un principio general de equiparación del personal de seguridad al de cualquier empleado público y reservando, en todo caso, un ámbito de especialidad para apartarse de ese marco general del empleo público de acuerdo con la especificidad de cada tarea.

La revisión que aquí se propone, de tal manera, podría servir de modelo legislativo a cualquier fuerza o institución.

La ley marco del empleo público ya establece los principios y reglas de cualquier empleo público. Y las fuerzas de seguridad, lejos de estar excluidos de tal marco, tal como hoy dispone art. 3 de la Ley 25.164, deberían ajustarse también a él y sólo apartarse en aquello que sea imprescindible.

De este modo, lograríamos dos cosas. Por un lado, dar un fuerte mensaje de la unidad del servicio estatal y de la función integrada de las fuerzas de seguridad en él. Por otro, simplificar enormemente la técnica legislativa y el cúmulo de normas, sirviendo, con ello, al derecho del personal y de la comunidad que debe escrutarlo.

Aquí, dijimos, sometemos a discusión el régimen disciplinario del personal penitenciario, pero, además, inauguramos un modo de regular la cuestión que supere los cotos estancos de hoy.

Invito a los colegas legisladores a sumarse a esta propuesta.