La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos informe sobre los siguientes puntos.

1.- Si la Policía Federal Argentina participó en desalojos de edificios dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos en los que intervinieron integrantes de la denominada Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

2.-En caso afirmativo, detalle las tareas realizadas por los integrantes de la UCEP en dichos procedimientos.

3.- Si la Policía Federal Argentina ha detectado hechos de violencia perpetrados por miembros de la UCEP contra personas que pernoctaban a la intemperie en espacios públicos porteños. De ser así, ¿qué medidas adoptó esa fuerza de seguridad para proteger a los agredidos y detener a sus agresores?

4.- Si efectivos de la Policía Federal Argentina pertenecientes a la Comisaría 17º participaron, junto a miembros de la UCEP, en acciones de desalojo de indigentes que pernoctaban o permanecían en los alrededores del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación, y en los que se habrían producido situaciones de maltrato y apropiación de pertenencias personales de los damnificados.

5.- En caso afirmativo, que se indique el marco regulatorio de dicho accionar conjunto y se informe si las autoridades de la Policía Federal Argentina iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes a fin de deslindar responsabilidades por los hechos a los que se alude en el punto anterior.

Señor presidente:

Muchos vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se manifestaron preocupados luego que distintos medios de prensa difundieran el accionar de la denominada Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) que el gobierno local creó en octubre pasado a través del Decreto 1232/08.

Dicha norma ubica a la UCEP en la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño y le asigna la tarea de:

- "Mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes".

- "Colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público".

- "Colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de mercaderías de vendedores ilegales en el espacio público".

- "Colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público".

Por cierto, no es atribución de esta H. Cámara supervisar la normativa vigente en la Ciudad Autónoma. Sin embargo, ello no nos invalida para señalar que la usurpación es un delito contemplado por el artículo 181 del Código Penal de nuestro país y, por tanto, sujeta a la competencia de la Justicia nacional. En consecuencia, su prevención es potestad de la Policía Federal Argentina en virtud de lo normado en el primer inciso del artículo 3º de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de esa fuerza de seguridad.

Por otra parte, "mantener el orden en el espacio público" es parte de la tarea de "velar por el mantenimiento del orden público" que en el ámbito de la Capital Federal le corresponde a la Policía Federal, según establece el artículo 4º de la mencionada Ley Orgánica en su inciso 1. Por tanto, la segunda tarea asignada a la UCEP sólo se entiende como de colaboración con la Policía Federal, para lo cual se requeriría un marco legal que regulara el alcance de dicha colaboración.

Tras estas aclaraciones, corresponde atender a las denuncias formuladas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por personas que dicen haber sido agredidas y desposeídas de sus pertenencias -en algunos casos por miembros de la UCEP y en otros por estos últimos conjuntamente con efectivos de la Policía Federal- por encontrarse pernoctando en espacios públicos o, simplemente, permaneciendo en ellas.

Vale aclarar que varios de los denunciantes son personas a los que eufemísticamente se los considera "en situación de calle", aunque la cruda realidad indique que se trata de seres humanos carentes de un techo que los cobije o que optan por pasar la noche a la intemperie por carecer de recursos suficientes para trasladarse a sus lugares de residencia. Más allá de sus dramáticas situaciones de vida, debe señalarse que no son usurpadores del espacio público, sino simples usuarios del mismo; razón por la cual no podrían ser objeto del accionar de quienes supuestamente se ocupan de "mantener el espacio público libre de usurpadores". Tampoco se trata de contraventores; ya que el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 1.472), en su Titulo III, dedicado a la Protección del uso del espacio público o privado, no contempla como contravención a hechos como los de dormir o permanecer en veredas, plazas u otros espacios públicos protegidos por esa norma.

Sin embargo, se ha hecho público que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido diversas denuncias de personas que dicen haber sido maltratadas, amenazadas, despojadas de sus documentos y otras pertenencias -entre ellas, elementos de trabajo-, e intimadas a abandonar los sitios públicos donde pernoctaban por grupos a los que algunos denunciantes identifican como miembros de la UCEP que, en ocasiones, habrían contado con la colaboración de efectivos policiales

La acumulación de denuncias de similar tenor condujo a la Defensoría del Pueblo a emitir la Resolución 5187/08 fechada el pasado 31 de diciembre y de la cual extraemos un par de párrafos que ilustran sobre las situaciones denunciadas.

Uno de ellos dice: "el señor G. P., reciclador urbano cuyo trabajo es desempeñado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 2 de octubre de 2008, en el marco de la actuación nº 5955/08 de esta Defensoría, indicó que ese día a las 2 horas de la madrugada, en las calles Lima e Independencia, un grupo de trece personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con las inscripciones "Panizza" -patente EXG115- y cuatro vehículos -dos de ellos de patente FMA256 y SMA278- se acercaron a él y unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido. (...). Por otro lado, señaló que al indagarles acerca de quiénes eran, solicitándoles que se identifiquen, se negaron a ello. El señor señaló que el grupo en cuestión actúa luego de las 00 horas, cada dos o tres días recorriendo toda la Avda. 9 de Julio manejándose en forma amenazante sin identificación poniendo en riesgo la integridad física de quienes se encuentran en situaciones como la descripta y despojando a las personas de su documentación y sus elementos de trabajo con lo cual se ven impedidos de continuar con su labor, única fuente de ingresos".

El otro consigna : "el señor E. A. A. en su declaración ante esta Defensoría, que diera origen a la actuación nº 7267/08, de fecha 2 de diciembre de 2008, manifestó a fs. 3 y 3 vlta. que el día 22 de octubre de 2008 estando él y su señora E. R. F., en la calle Paraguay entre las calles Rodríguez Peña y Pasaje Capdevilla esperando un flete para retirar los muebles utilizados en su trabajo de limpieza de sótanos, galpones y locales, siendo las 22.25 horas, apareció un auto particular de patente BYK479 del cual bajaron cuatro personas, identificadas con un círculo en la foto que adjuntó (ver fs. 9: nota del Diario "Perfil" del día 16 de noviembre de 2008 en la cual se observa una foto con supuestos integrantes de la UCEP), quienes le pidieron que sacara las cosas del lugar, sin identificarse en ningún momento. Señaló que luego se detuvo en el lugar un patrullero de patente GXX299 de la Comisaría 17ª, ante lo cual las cuatro personas de la UCEP se acercaron para hablar con los policías del patrullero. En este momento los dos policías le dijeron al señor E. A. A. "...te vamos a tirar todo..." y lo agredieron físicamente empujándolo. Manifestó que concluida la agresión le sacaron su mochila que contenía herramientas de trabajo así como la mochila de su señora que contenía medicamentos de HIV (según manifestara el presentante, él y su señora son portadores de HIV). El señor E. A. A. les solicitó que no se llevaran las mochilas porque tenían las herramientas de trabajo y los medicamentos de HIV necesarios para su tratamiento, pero de todas formas se las llevaron. A su vez, indicó que los policías le labraron un acta de contravención llevándoselo detenido a Combate de los Pozos 155. Por último, expuso que a los policías les fue informado por una de las cuatro personas identificadas en la foto que acompañó, que se quedasen tranquilos porque que le iban a decir todo al "Tano". Finalmente, el señor E. A. A. señaló que apareció un camión de Cliba de patente ERA186 el cual se llevó todos sus muebles junto a un bolso de ropa que él tenía. El señor E. A .A. informó que fue liberado a las 3.20hs. de la mañana, habiendo solicitado una abogada quien le indicó dirigirse a la Comisaría 17ª a pedir sus cosas, lo cual devino en imposible atento a que el oficial le dijo que "...le tenía que hacer la denuncia al Gobierno de la Ciudad, a Espacio Público, al Tano; ya que la Policía sólo había prestado colaboración...".

No son éstas las únicas denuncias que lucen en la Resolución 5187/08. Si las hemos seleccionado, se debe a que la primera alude al accionar en solitario de personal civil que, según averiguó el órgano de garantías se desplazaba en un vehículo perteneciente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la segunda remite a la actuación conjunta de miembros de la UCEP con efectivos de la Policía Federal.

Respecto a la primera denuncia, llama la atención que, en la intersección de la calle Lima con la avenida Independencia y a menos de 300 metros de la sede de la seccional 4º de la Policía Federal, trece personas que utilizan un vehículo oficial no sólo puedan agredir impunemente a un grupo de recicladores urbanos, sino que - tras el hecho denunciado y como si se tratara de una zona liberada- esa misma patota retorne "cada dos o tres días" al lugar "en actitud amenazante" y "poniendo en riesgo la integridad física" de quienes allí pernoctan, sin que su accionar sea detectado por la fuerza del orden.

En cuanto a la segunda, no podemos dejar de señalar nuestro estupor frente a la participación policial que se habría producido en los sucesos de la calle Paraguay y ante las expresiones que el señor E.A.A. adjudica al oficial de la seccional 17º, quien - con inusitada familiaridad- alude al "Tano", un personaje que - según consignó el semanario Perfil en su edición del 16 de noviembre de 2008- lideraría a los miembros de la UCEP.

Por cierto, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con órganos legislativo, de control y judiciales competentes como para evaluar la legalidad de la UCEP y la conveniencia de su existencia. Sin embargo, si el accionar de dicho cuerpo implica la comisión de delitos contemplados en el Código Penal, la Policía Federal debería prevenirlos y, en caso de que ocurrieran, efectuar las diligencias para asegurar su prueba, descubrir a los autores y partícipes, y entregarlos a la justicia. Lejos de ello, las denuncias efectuadas ante la Defensoría del Pueblo sugieren que, por acción u omisión, existiría una connivencia entre la Policía Federal y los integrantes de la UCEP que facilitaría la comisión de ilícitos.

Ante esta inadmisible alternativa, es deber de esta Cámara asegurarse que el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ponga coto a las presuntas irregularidades en que incurriría el personal policial bajo su dependencia. Por ello, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.