La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su más enérgico repudio a la Resolución Nº 1084/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que: "ordena informar a dicho ministerio cualquier orden emanada del Poder Judicial y que deba ser cumplida por las fuerzas policiales y de seguridad a cargo de dicho ministerio, deberán ser informadas al citado organismo y luego recién podrán ser llevadas adelante".

Señor presidente:

La Resolución 1084/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, constituye una grave intromisión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Así, tal y como puede observarse de la desatinada resolución, el Ministerio a cargo del Dr. Aníbal FERNANDEZ ordena a las fuerzas policiales y de seguridad - que de su ministerio dependan - que previo al cumplimiento de las ordenes de allanamiento, detención, etc. emanadas por el Poder Judicial no pueden ser llevadas a cabo por dichas fuerzas sin que previamente le sean informadas a dicho Ministerio.

Esta resolución mas allá de vulnerar el sistema republicano de división de poderes establecido por nuestra constitución en su Artículo 1, avasalla los derechos y garantías que de nuestra Carta Magna emanan.

Además de lo expuesto, la Resolución 1084/08 resultaría una legislación más acorde con un gobierno dictatorial que con uno democrático, puesto que a través de ella, el Poder Ejecutivo se arroga facultades para intervenir en forma directa en los procedimientos correspondientes al Poder Judicial.

Cabe indicar que la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional anunció que efectuará el reclamo correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asimismo la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público se ha pronunciado ya sobre la gravedad de la disposición que rechazamos.

Finalmente va de suyo que, la Resolución 1084/08 resulta arbitraria e imprudente, toda vez que si la orden de cualquier magistrado fuera dictada contra algún funcionario o simpatizante del Gobierno, fácil es advertir que rápidamente sería anoticiado, por Ej. de un allanamiento o pedido de secuestro o detención, ( cabe preguntarse que pasará con causas como la de Skanska o con ex- funcionarios como Uberti, de continuar vigente esta Resolución).

Ni que decir de aquellas causas donde el secreto de sumario es ordenado por la Justicia y en esa circunstancia se ordena algún procedimiento, pierde significado dicho instituto judicial.

En fin, innumerables y variadas son las razones que nos llevan a rechazar "in totum" la Resolución 1084/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.-