La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su rechazo categórico y sin cortapisas a las declaraciones formuladas el día 29 de abril de 2014 en la Feria del Libro por parte del fiscal general Dr. Alejandro Alagia y el fiscal de Casación Dr. Javier De Luca, quienes, cada uno a su turno, evidenciaron un descreimiento en el derecho penal por parte de quienes deben aplicarlo; llamando "conflictos sociales" a los delitos; consideraron al Código Penal vigente como "racista", "sexista", "misógino" y "clasista" y "oligárquico"; que la seguridad en democracia es también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; que el primer problema es quién controla al controlador" y que "cuando se habla de seguridad", es "para pocos y para pocas cosas"; que "aquí ( en el debate sobre esta gravísima cuestión de la inseguridad) aparece la falacia del combate contra la inseguridad", pues es "pretender que el derecho penal sirva como un conformador social, como un sistema de legitimación de un estado de cosas, pero el problema es que ese estado de cosas no es justo, no es igualitario"."El modelo de sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales, que deja afuera del juego a millones de personas".

Las aseveraciones transcriptas patentizan un criterio sobrecargado de ideología extremista pues so pretexto de proteger a los desamparados, desguarnece a la sociedad entera, incluidos los excluidos, aunque esto aparezca como una contradicción. Lo prueban los hechos: la mayoría de las víctimas de la delincuencia son pobres, quien carecen de resortes protectores y hasta de los patrullajes policiales elementales por el conocido motivo de que en las vecindades precarias la policía no ingresa.

Señor presidente:

Comencemos por reproducir las declaraciones que desdeñamos y rechazamos de plano para poder rebatirlas adecuadamente.

El fiscal general Alagia destacó que lo positivo es que este proyecto de reforma del Código Penal es "una declaración de desconfianza"; (hacia las penas).

La charla, organizada por Ediciones Infojus en el marco de la Feria del Libro, fue una curiosa exposición de descreimiento en el derecho penal por parte de quienes deben aplicarlo, con el rol precisamente de acusar y perseguir al delincuente.

"Cuando se habla de seguridad, se habla de seguridad para pocos y para pocas cosas", denunció De Luca. Y aclaró que esa concepción -que él considera reduccionista- de la seguridad, se refiere "esencialmente a los conflictos sociales (sic) que tienen que ver con daños a la integridad corporal" y "a la propiedad".

Nótese que, además de minimizar el valor de la vida humana y de la propiedad, llama "conflicto social" al delito, lo que en cierta forma lo legitima. Un homicidio para esta descabellada concepción es sólo un "conflicto social".

Luego de presentarse como "garantistas" y miembros de "Justicia Legítima, un espacio de democratización de uno de los poderes del gobierno" (sic, por Estado), el fiscal Aliaga explicó por qué le parece necesario un nuevo código.

"Creemos que es la oportunidad de disputar una determinada economía del castigo, una cultura punitiva, porque el código vigente es un código conservador, producto de una cultura oligárquica. Rodolfo Moreno fue fundador del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, aunque el código se sancionó en 1921, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. "Moreno, y otros que tuvieron influencia en la sanción de ese instrumento legal, pertenecían a una cultura totalmente diferente a la de los últimos 30 años".

Sin temor al anacronismo, siguió diciendo: "Ninguno de ellos era profundamente democrático: creían que la sociedad debía estar jerarquizada entre los que mandan y los que obedecen, entre los que saben y los que no saben. Favorecían una cultura de elite, profundamente antidemocrática (...), la cultura del positivismo y de la oligarquía (que) identificaba al delito con la pobreza, los problemas sociales con la degeneración racista. No solamente era un código fuertemente influenciado por el racismo sino con un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista".

Como ya no es representativo de nuestra época, se "hace necesario que un nuevo código penal para el país esté vinculado a un programa constitucional y de derechos humanos", señaló Alagia.

Una precisión: si fuese como extremosamente sostiene Alagia, el democrático - (¿alguien puede ponerlo en duda...?) presidente Yrigoyen debió vetar esa ley de 1921. Si no lo hizo es porque expresaba lo que es una ley genuina, la voluntad general de su tiempo.

El fiscal De Luca: inició su exposición debatiendo el concepto de seguridad. "La seguridad en democracia es también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; el primer problema es quién controla al controlador".

También afirmó que "cuando se habla de seguridad", es "para pocos y para pocas cosas". "Esencialmente -aclaró- los conflictos sociales que tienen que ver con daños a la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la propiedad. Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este binomio es falso".

Para De Luca, la seguridad "se provee con seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad laboral, pleno empleo, oportunidades de tipo económico, sociales, culturales, etcétera; no necesariamente combatiendo la inseguridad". Algo así como decirle al enfermo grave que su patología se combate haciendo vida sana, omitiendo que aquí y ahora lo primero es controlar y erradicar esa enfermedad que padece y que amenaza su vida. Recuperado, ¡claro que deberá guardar una vida sana!

Criticó que para combatir la inseguridad siempre se apele "al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo"; haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan de las leyes y el "mal". Y omitiendo que el delito es el mal real.

"Es decir, cuando hablamos de seguridad o de criminalidad hablamos de criminalidad para pocos, para gente que realiza conductas que no son las conductas que ordinariamente, todos los días, realizan los jueces o los fiscales, no es la criminalidad para uno, para gente como uno", se explayó.

"Aquí aparece la falacia del combate contra la inseguridad", siguió diciendo el fiscal: pretender que el derecho penal "sirva como un conformador social, como un sistema de legitimación de un estado de cosas, pero el problema es que ese estado de cosas no es justo, no es igualitario".

Esa frase expone el núcleo de la concepción abolicionista: no se puede castigar el delito porque lo que lo provoca y por lo tanto lo justifica es una injusticia social de base.

A continuación, De Luca se dedicó a criticar a quienes objetan esta reforma: "El modelo de sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales, que deja afuera del juego a millones de personas".

"Nuestra concepción no es abolicionista porque no conocemos una solución distinta en el momento que nos ha tocado vivir", lamentó.

"Voy a tener con este Código Penal - agregó- la seguridad de que no me van a pegar un palo en la cabeza por haber hecho algo que no está en ese código". Eso es lo principal para él. Lo demás -la seguridad de las personas frente al delito- es secundario, como lo deja entrever en esta frase: "Después, lo que pasa en la realidad es un asunto mucho más complejo que no tiene solución por vía de un código penal".

"Entonces, que salga una persona a decir 'el que las hace las paga o las debe pagar' es bastante fuerte para nosotros desde el punto de vista de la mediocridad argumental. Porque hace 30 años estamos viendo que el que las hace nunca las paga", concluyó, exponiendo crudamente su ausencia de fe en el derecho penal.

"El desafío y la audacia de este proyecto -concluyó por su parte Alejandro Alagia- es discutir un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución irracional, una trampa".

El Código Penal, dicen, debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. "El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa", dijo por ejemplo De Luca.

Los fiscales introducen planteos ideológicos que llevan a desconocer "la noción de autoridad" (como enseña el filósofo hegeliano Alexandre Kojéve en su obra homónima). El punto de partida de este estudio es una caracterización de la autoridad muy cercana a la que varias décadas después proporcionaría Michel Foucault sobre el poder: "la Autoridad es, en lo esencial, activa y no pasiva [...] la Autoridad es, pues, necesariamente una relación [...] sólo se tiene autoridad sobre lo que puede reaccionar".

Hay autoridad cuando quien obedece tiene la posibilidad de no hacerlo y renuncia a esa posibilidad. Interesado en "establecer una lista de todos los fenómenos autoritarios", el pensador ruso despliega un análisis fenomenológico, del que resultan cuatro tipos "puros" de autoridad, que asocia con las teorías que considera más apropiadas para estudiarlos: 1) la del Jefe, que se sostiene en la posesión de un saber que le permite adelantarse al resto, prever, proyectar. Quien mejor ilustra este tipo de autoridad es, según Alexandre Kojève, Aristóteles; 2) la del Amo que, siendo capaz de asumir, en pos del reconocimiento, el riesgo de la acción (incluso, y en especial, cuando su vida está en juego), se impone sobre quien es esclavo de su instinto de conservación. Hegel es, sin duda, quien mejor expone esto; 3) la del Padre, ligada a la tradición, desarrollada de modo acabado por la filosofía escolástica; 4) la del Juez, sustentada en la honestidad e imparcialidad, cuya explicación nos ha legado Platón.

Por otra parte, el abstruso igualitarismo que proclaman y el abolicionismo penal que niegan, pero en realidad reverencian, es parte de una batalla ideológica de pensadores postmarxistas que en nombre del relativismo moral llegan a proponer ideas descabelladas que en boca de integrantes del Ministerio Público de la Nación, sirven sólo para trastrocar el concepto y los fines de los Derechos Humanos, a los cuales ven sólo aplicables para los ciudadanos en conflicto con la ley penal (o sea, los delincuentes) en franco detrimento del resto de los argentinos de bien que obran con sujeción a las normas legales (o sea, los honestos) y por hacerlo, tienen temor de su integridad y se enrejan para que los criminales hagan su faena.

La tolerancia con el delito, como evidencian estos abogados de la compasión, es un mal en sí mismo que retroalimenta las conductas punibles y las justifica en nombre de la injusticia social y de la inevitabilidad a la que los empuja un Estado dominado por el supuesto orden social burgués. La ideología progresista igualitarista destruye un país sea cual sea su historia y su conformación racial.

Estas concepciones no son garantistas porque apego a las garantías de la Constitución tenemos todos. Son literalmente abolicionistas del sistema penal en el que definitivamente descreen.

Cabe precisar que todos somos conscientes que no es sólo el Código Penal la herramienta contra la inseguridad. Esta lucha decisiva y crucial exige una batería de soluciones de diversa naturaleza. Dentro de ellas está el Código Penal, sobre todo cuando la prevención ha fracasado.

Como señala, la pedagoga sueca Inger Enqvist en su obra "Repensar la educación" el "buenismo" hace que aumenten las conductas negativas, el mal comportamiento y el número de personas con problemas graves. La armonía social que dicen defender los fiscales, en nuestro país actualmente se comprueba de manera empírica la aplicación de la pena de muerte en ciudadanos honestos por parte de los delincuentes, el incremento de las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y comercialización de drogas; como también dentro de la anomia a la que nos han conducido deliberadamente llegamos a observar con perplejidad y desazón que hechos ajenos a nuestra cultura y a nuestro país se reiteran: linchamientos y acciones de sicarios.

No podemos permanecer callados frente a declaraciones altisonantes y envenenadas, porque si lo hacemos en poco tiempo podemos ser las víctimas de los autoritarios y violentos de cualquier origen y como decía el escritor Bertolt Brecht en su poema famoso: "Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde".

Los fiscales están para proteger al pueblo frente a los delincuentes. Las declaraciones ideológicas de los fiscales Alejandro Alagia y Javier De Luca ameritan que sean trasladados inmediatamente a la Defensoría Oficial. Ellos quieren defender delincuentes y no perseguir su castigo legal. Conforme con su vocación, están ocupando puestos equivocados. Ellos deben ser defensores, no fiscales.

Por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este proyecto de declaración.