La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo competente, se sirva informar qué tipo de mecanismos de control se implementarán para los créditos efectivamente colocados a partir de los fondos que se destinarían para construir o ampliar viviendas nuevas o usadas con dinero de la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Señor presidente:

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció el 26 de mayo del corriente año una línea de créditos para adquirir viviendas, financiados con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El plan de préstamos que sería de cuotas a tasa fija, en pesos y a 15 o 20 años de plazo se destinaría a unos U$ 1.500 millones, que representan un 5% del total del Fondo de Garantías de Sustentabilidad según precisaron fuentes gubernamentales. Son tres líneas de crédito, para Construcción y ampliación, compra de vivienda nueva y compra de vivienda usada. El Banco Hipotecario exigiría un ingreso de $2.000 como monto mínimo para acceder a estos planes.

Según expresó el Director Ejecutivo del organismo Amado Boudou "el plazo máximo de estos préstamos hipotecarios será a 20 años, y los fondos que aporta ANSES están garantizados por ese período. Las inversiones que se están realizando con esos fondos aseguran el trabajo formal de los argentinos, de manera que hay cada vez más aportes y así permitirán que crezcan los haberes de los jubilados".

Ahora bien, este fondeo de la ANSeS que sería en tres etapas (US$ 300 millones este año, US$ 600 millones en 2010 y otros US$ 600 millones en 2011) y con el que se otorgarían 40 mil préstamos en dos años si se toma un promedio de $ 108 mil según Boudou, se ha presentado como un plan tendiente a facilitar el acceso a la vivienda en sus distintas variantes: construcción, ampliación, terminación y compra de vivienda nueva o usada sin especificarse cómo y dónde se publicará la rendición de cuentas respecto a los créditos efectivamente colocados. En este sentido no resulta válido ampararse en el secreto bancario para no dar a conocer la nómina de beneficiarios puesto que estamos hablando de fondos públicos.

A su vez se afirma que estos fondos aseguran el trabajo formal entonces se abre el interrogante respecto a qué asegura la intangibilidad de fondos de nuestros jubilados.

Observamos la ausencia de mecanismos operativos que controlen con transparencia el destino de los mismos. Hoy por hoy está siendo saqueada la ANSES. Prueba de ello ha sido la emisión del nuevo "BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA VTO. 2016" a partir de la Resolución Conjunta 18 / 2009 (SECRETARIA DE FINANZAS) y 48 / 2009 (SECRETARIA DE HACIENDA), ambas de fecha 18 de Marzo de 2009 que posterga por 7 años el vencimiento de los títulos públicos que tiene en su poder la oficina que maneja el dinero de las jubilaciones de los argentinos. Otro tanto ocurre con los fondos de las ex AFJP donde lamentablemente aún no están funcionando los mecanismos institucionales para controlar el uso que la ANSES le da a esa masa de dinero.

El 28 de octubre de 2008, el Director Ejecutivo de la ANSES, Lic. Amado Boudou participó de la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, junto al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada. Allí expresó: "...Nuestra decisión no tiene nada que ver con querer tomar decisiones empresarias en compañía alguna. En caso de que se apruebe este proyecto de ley recibiremos las acciones producto de las inversiones realizadas bajo otro marco normativo y protegeremos su valor. Nadie piense que saldremos a malvenderlas o baratearlas, y esto lo digo para que quede en claro lo siguiente: no necesitamos caja; no necesitamos fondos. No va a suceder, si esta ley es sancionada, que al día siguiente salgamos a convertir todas las inversiones de fondo en liquidez."

La impunidad para el manejo de la cosa pública nos obliga a rever qué tipo de horizonte se alza para nuestro país. Un país donde el ahorro del pueblo está emigrando a pasos agigantados donde ni siquiera el común ciudadano confía en la institución mercado. Un país impredecible en sus normativas que mantiene rehenes a los sectores productivos, amordazados de pies y manos, atormentados bajo un paraguas ideológico ficticio que los coloca en los culpables de la pobreza nacional.

El desmanejo y la desfinanciación continua de las dependencias públicas generan el marco propicio para terminar de denostar la mentada seguridad jurídica necesaria para crear las condiciones de inversión en nuestro país.

Sin duda el saqueo institucional está rodeado de falta de transparencia en la gestión al punto de no dar a conocer los actos de gobierno. Todo ello oscurece los mecanismos de control necesarios en toda República que guarda un marco de respeto hacia el soberano: el pueblo.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente pedido de informes.