La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su máximo repudio a la metodología ilegal de retención de documentos de identidad a la cual está siendo sometida la comunidad Wichi en la provincia de Formosa.

Señor presidente:

La comunidad Wichi de la localidad de Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa, está siendo víctima de una metodología fraudulenta e ilegal de retención de sus documentos nacionales de identidad por parte del intendente Cristino Vidal Mendoza. La comunidad sostiene que las autoridades municipales -incluidos el propio intendente y su hermano Francisco Mendoza, según trascendidos periodísticos- les sustrajeron el DNI a unos 2000 aborígenes de ese departamento y no les han sido aún devueltos. Sin ellos, se ven impedidos ilegítimamente de emitir su voto en las próximas elecciones o, lo que es peor, coercionados para ejercerlo a favor del partido gobernante en cuyo poder se encuentran los DNI.

El método referido por los integrantes de la comunidad consiste en que el documento fue "solicitado" previamente como condición para acceder a beneficios u obtener determinados elementos como medicamentos o abrigo. Luego de ello, el DNI no es devuelto a sus dueños. De este modo, llegada la fecha de los comicios, los aborígenes Wichí tienen su documento retenido por la administración local, resultando una maniobra claramente ilegal y extorsiva.

Esto fue relatado por Albina Espeche -miembro de la comunidad Wichí- quien declaró que unos meses atrás sus dos hijos les entregaron sus DNI a las autoridades y no los pudieron recuperar: "por necesidad, mis hijos le dieron los DNI a cambio de frazadas y alimentos, pero se los dieron en mayo. No tenemos ni idea cuando nos los van a devolver", y agregó "cuando los reclamé me amenazaron, fui a la policía y no me quisieron tomar la denuncia. Además, cuando yo estaba en la comisaría empezó a llegar más gente por lo mismo".

Los miembros de la comunidad se acercaron a la Policía provincial pero, al ser las cuestiones electorales de jurisdicción federal, derivaron la denuncia al escuadrón 19 de la Gendarmería que a su vez habría comunicado la situación al juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros.

En respuesta a esta situación y frente a la inminencia de los comicios, desde el pasado martes 23 de junio la comunidad Wichí mantiene interrumpida la circulación de la Ruta N° 81 a la altura de la localidad epicentro del conflicto, Ingeniero Juárez, que está ubicada a 480 km al oeste de la capital provincial, cerca del límite con Salta.. Los aborígenes que protestan sostienen que mantendrán el corte hasta tanto no les entreguen sus DNI, inclusive hasta el mismo domingo 28 si es necesario.

Espeche, cuyas declaraciones tomaron los medios periodísticos, advirtió sobre la situación actual pero también sobre lo que se está convirtiendo en una práctica habitual, dado que según la propia comunidad hace años que se repiten prácticas de idéntico tenor: "ya son varias elecciones que pasa lo mismo, estamos cansados de que los políticos nos amenacen, y tenemos miedo", concluyó."Aunque cueste creerlo, el "encierro" de aborígenes en días previos a una elección es una práctica brutal pero frecuente en la provincia norteña. Los integrantes de pueblos originarios entregan sus DNI "a cambio de frazadas y un poco de mercadería"

Según contó la dirigente "se encierra a los aborígenes en el campo de deportes municipal hasta que se les da el voto". Se trata de vecinos de los barrios Belgrano, Obrero, Palo Santo, Pilcomayo, San Martín, Esperanza, Curtiembre, Alberdi y Toba, de Juárez, donde viven en total unos 5000 aborígenes, la mayor parte de los cuales sobrevive con planes asistenciales o como peones en el campo.

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Ercilia Agüero, otra militante aborigen, relata más prácticas fraudulentas: "El día de los comicios nos encierran y después nos devuelven el documento con la constancia del voto ya emitido [...] es una práctica habitual, pero es la primera vez que nos quejamos. Estamos cansados de que los políticos nos usen, tenemos miedo", admitió. (2)

El "apriete" incluye intimidaciones, gente silenciada, y amenazada. Es innegable que este hecho se ha convertido en un retrato escandaloso de nuestro proceso electoral.

El escenario es por demás preocupante: en Formosa hay un padrón de 350 mil votantes, de los cuales cerca de 25 mil son descendientes de pueblos Toba, Wichí y Mataco, los cuales parecen estar completamente vulnerables ante este "encierro" que denuncian como habitual por parte del gobierno Justicialista que domina tradicionalmente esta provincia, y que actualmente está conducida por el gobernador Gildo Insfrán.

Es nuestra intención que mediante el presente proyecto esta casa de la democracia se pronuncie dando su máximo repudio a las prácticas extorsivas, ilegales y antidemocráticas de la que son objeto estas comunidades de pueblos originarios. Y que se haga extensiva a todas las prácticas similares, clientelisticas y coercitivas que lamentablemente son habituales entre los sectores populares más vulnerables.

Deseamos también expresar el más enfático apoyo a este pueblo en la lucha democrática que sostiene con su reclamo.

El nuevo Congreso que constituyamos a partir del 28 de junio, deberá dar cuenta de la ilegitimidad en su propia conformación, en la medida que estas prácticas antidemocráticas queden impunes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.