La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena a las violaciones al régimen democrático así como el socavamiento a las garantías y libertades fundamentales que se llevan a cabo en la República de Venezuela desde hace décadas y con mayor intensidad en este momento.

Señor presidente:

Hoy por hoy en el hermano país de Venezuela, las instituciones democráticas y algunas de las garantías fundamentales del pueblo no son respetadas, mediante un mecanismo de autoritarismo (cuando no totalitarismo) que se expresa en diversos niveles: político, económico, social y jurídico. El gobierno de Nicolás Maduro diseña y ejecuta su plan de gobierno sin resquemores a la hora de su ilegítimo aseguramiento: toda acción, expresión o idea contraria o diversa, son impedidas cuando no castigadas.

Ejemplo contundente de ello es la modificación del sistema electoral, el cual se ha adaptado para reducir los representantes en zonas adversas al oficialismo (caso de Caracas, donde se pasó de diez a nueve diputados) o aumentarlos y favorecer la representatividad de regiones con apoyo al gobierno actual. A su vez, se ha dispuesto la eliminación del sufragio universal, directo y secreto de los miembros venezolanos del Parlatino (Parlamento Latino), conculcando así una garantía adquirida por el pueblo venezolano, que elegía a dichos representantes desde 1998, los cuales, a partir de ahora, serán votados por el propio gobierno.

El arresto ilegal del Alcalde Mayor, Sr. Antonio Ledezma, por orden del gobierno de Maduro es la expresión del avance sobre la democracia.

Por otro lado, garantías como la libertad de expresión o de prensa, son continua y sistemáticamente violadas. Recientemente, veintidós directores de los tres diarios más perseguidos por el gobierno venezolano, El Nacional, el semanario Tal Cual y el portal web La Patilla, han sido castigados por el Poder Judicial, quien les prohibió salir del país y los obligó a concurrir ante los estrados una vez semanalmente. Ello data del cinco de mayo, fecha en la cual se tomó dicha decisión en un proceso en el cual los afectados ni siquiera fueron notificados de la denuncia en su contra.

Ante semejante circunstancia, las palabras son innecesarias para denotar la gravedad jurídica e institucional de los hechos, que son una constante y tan solo una de las diversas prácticas antidemocráticas de este gobierno: a más de dichas denuncias (que complacientemente acogen los Tribunales, acatando una orden antes que juzgando sobre una controversia), el Estado venezolano, a través de capitales cercanos, adquiere periódicos de pequeña monta (que no pueden resistir el poderío económico del gobierno) así como coarta económicamente a los más importantes, quienes deben acceder a publicar con menos frecuencia, o menos cantidad, o, en definitiva, dejar de publicar lo que desean expresar, debido a estos constantes acosos.

Restricciones, favoritismo político para quien divulgue el ideal "socialista y revolucionario", desigualdad y falta de libertad para expresarse por parte de algunos medios de comunicación privados, son elementos de esta repudiable violación de garantías constitucionales e internacionales.

A todo esto se suma una importante dosis de insinceridad política, manifestada en estadísticas oficiales de economía (precio del dólar, por ejemplo) que distan enormemente de las reales, lo cual conduce a que haya valores tales como el salario mínimo que no son suficientes para afrontar gastos básicos de consumo de las familias. A su vez, hay un gran déficit en cuanto a inversión farmacéutica y de medicamentos, con lo cual las necesidades básicas de la población, como lo son alimento y salud, se ven seriamente afectadas.

Esta situación ha sido advertida por el Parlasur (Parlamento del Mercosur), quien se hace eco de la obligación que pesa sobre los Estados Latinoamericanos de coadyuvar al crecimiento equitativo e igualitario de los países de la región, así como prevenir toda traba al desarrollo económico y social de la misma, que se ve afectada por situaciones como la que atraviesa Venezuela.

Por todo lo expuesto propongo la presente declaración que someto a consideración a la espera del favorable acompañamiento de las señoras y los señores legisladores con su voto.