La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que corresponda, informe:

1) ¿Qué medidas adopto o adoptara el Poder Ejecutivo Nacional a fin de sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública?

2) ¿Qué inconvenientes trae, a nivel internacional y en relación con los diferentes organismos de los que la República Argentina forma parte, no tener una Ley de Acceso a la Información Pública?

3) En cuanto a la pregunta anterior, especifique los organismos internacionales que tienen como uno de sus requisitos de ingreso que el país candidato a integrarse posea una Ley de Acceso a la Información Pública, de los que no podemos formar parte a la fecha por carecer de la misma.

4) En relación al punto anterior y según la posición del Poder Ejecutivo Nacional, ¿en cuáles de los organismos mencionados sería deseable que la República Argentina se integrara como miembro de las mismas?

Señor presidente:

El Acceso a la Información Pública es uno de los pilares centrales de las democracias en la actualidad. En nuestro país, el mismo está reconocido en nuestra Constitución Nacional y es uno de los principios que sustentan nuestro sistema republicano de gobierno.

De la forma republicana de gobierno, deriva uno de los ejes centrales de este derecho a la información, se trata de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el ejercicio de los cargos públicos. Los funcionarios en ejercicio deben dar a conocer sus actos y sus decisiones, ya que las mismas se sustentan en un poder que les ha sido delegado mediante el voto popular. No son sus propios intereses los que deben ser representados, sino el interés general, como suma y síntesis de los diferentes grupos que integran la sociedad. Gobernar a otros, no es más que una extensión del gobernarse a sí mismo. Y ese gobierno, como forma de ejercicio de un poder delegado, debe dar cuentas de las decisiones y las consecuencias que las mismas tienen en la comunidad en general.

En nuestra Constitución Nacional se hace referencia de diferentes maneras al acceso a la información. El artículo 14º de la Carta Magna, contempla el derecho de publicar ideas en la prensa sin censura previa. La Reforma Constitucional de 1994, incorporó este tema en relación con los partidos políticos, los derechos de los consumidores y usuarios, y el habeas data.

Numerosos tratados internacionales suscriptos por nuestro país y que tienen también jerarquía constitucional, adoptan el acceso a la información pública como uno de sus ejes centrales, a saber: Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Asimismo, la participación ciudadana necesita como uno de sus requisitos centrales, el acceso a la información pública ya que la misma es base y sustento de cualquier decisión o expresión popular que se haga responsable de sus actos posteriores. El saber constituye uno de los elementos centrales en la toma de las decisiones, cualquiera sea su índole. Y en este sentido, allí se enlazan dos características de las sociedades actuales: la información y el conocimiento. Sin acceso a la información, las decisiones se toman en desconocimiento, es decir, sin saber sobre lo que se decide, con las consecuencias que ello ocasiona.

Podemos agregar también que el derecho de acceso a la información pública es base de otros derechos posteriores (y de su ejercicio) Por ejemplo: poder acceder a la información acerca de la integración de personas con discapacidad, le permite a una persona con discapacidad conocer, no sólo cuáles son sus derechos, sino cuáles son las obligaciones del Estado para con él.

Hay avances importantes en esta materia en nuestro continente, "varios países de América Latina han avanzado en materia de legislación de acceso a la información pública. En 2006, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile que reconoció el derecho de acceso a la información pública como derecho humano fundamental, marcó un punto de inflexión y determinó el avance de la legislación en este tema en distintos países de la región. Así, desde esa fecha son varios los países que han sancionado leyes que garantizan en forma clara y precisa la manera de ejercer el derecho de acceso a los datos y documentos que se encuentran en manos del Estado. Honduras, Guatemala, Chile, Nicaragua y Uruguay, fueron los últimos países que sancionaros leyes. Por su parte, Brasil se encuentra actualmente en pleno debate parlamentario hacia la sanción de una ley

La finalidad de este proyecto es conocer la posición del Poder Ejecutivo Nacional en este tema, quien, contando ya con 9 (nueve) años de gestión, ha dado sobradas muestras de avanzar en las materias que ha creído y cree pertinentes.

En consecuencia es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.