La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos ocurridos el 6 de Junio de 2008 en la Ciudad de La Quiaca, Provincia de Jujuy, donde la Policía de la Provincia de Jujuy reprimió violentamente una manifestación popular en reclamo del aumento de los planes sociales.

Señor presidente:

Podemos decir que el 6 de Junio de 2008 fue el día en que, como en tantas otras ocasiones en nuestro país, volvió a criminalizarse la pobreza.

En dicha fecha al menos diez personas resultaron heridas cuando la Policía de la Provincia de Jujuy desalojó en forma violenta a las y los desempleados que ocupaban la municipalidad de La Quiaca para pedir un aumento en el valor de los planes sociales que cobran, la reincorporación de trabajadores municipales despedidos y la construcción de un viaducto en la zona.

Como es lamentable costumbre en nuestro país, nuevamente un juez penal intervino en un conflicto social sólo para dar la orden de reprimir. En efecto, esta vez el juez penal Jorge Alvarez Prado recurrió, para intentar ahogar el legítimo derecho de los y las ciudadanas a protestar y movilizarse en pos de reclamar el cambio de las situaciones de extrema pobreza en las que se ven condenados a vivir, a la represión policial.

Y la represión no tuvo miramientos. Tal como es de público conocimiento, una adolescente sufrió un balazo de goma en la ceja y el dirigente de la Multisectorial de La Quiaca, José Luis Martínez, quien se moviliza en silla de ruedas, fue sacado de la sede de la comuna "a la rastra" por los policías, mientras el obispo Marcelo Olmedo sufrió un principio de intoxicación por la inhalación de gases lacrimógenos.

Del mismo modo, el obispo de Humahuaca denunció que "fue una represión policial el desalojo de la municipalidad" y manifestó que "Sería mejor que los gobiernos nacional y provincial miren un poco más a la puna jujeña y solucionen los conflictos".

Sin embargo, el gobernador Walter Barrinuevo sostuvo que "la policía actuó en el marco de un requerimiento judicial" y calificó de "lógicos" los "forcejeos" con los manifestantes. Estas declaraciones devienen mucho más preocupantes los hechos ocurridos el 6 de Junio, ya que la máxima autoridad provincial sería quien, al desconocer lo sucedido, estaría avalando la feroz represión desatada en dicha ciudad del Norte argentino.

A su vez, de acuerdo a las declaraciones del comisario mayor Nicolás Paredes -quien confirmara que pesa una orden de detención sobre Jesús Olmedo que encabeza las protestas de la Multisectorial y otros manifestantes-, es que queremos manifestar nuestra preocupación ante hechos de estas características que no tienen otro significado mas que la persecución de todos aquellos dirigentes sociales que reclaman por los derechos de los más desprotegidos.

Por último este accionar violento de las fuerzas de seguridad y del juzgado penal actuante, avalado por el gobierno provincial, constituye una flagrante violación a los derechos humanos básicos reconocidos y consagrados por los tratados internacionales ratificados por nuestro país y de rango constitucional (art. 75 inc. 22): arts. 7, 9 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos; arts. 5, 7, 13, 15 y 16 del Pacto de San José de Costa Rica, y arts. 5 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 14, 16 y 21, de la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre.

Es por todo ello que solicitamos se apruebe el presente proyecto de declaración.