La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que suspenda la realización del Censo Nacional Agropecuario, programa presupuestario que prevé ejecutar la Intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), hasta que estén dadas las condiciones sociales (resolución del conflicto agropecuario) y técnicas (elaboración del diseño, organización y capacitación con personal idóneo) que permitan llevarlo adelante.

Señor presidente:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) está sumido en una crisis institucional sin precedentes, que se inicia en enero de 2007 con la intervención del índice de precios al consumidor, y se extiende al resto de los programas del organismo (índice de precios mayoristas, pobreza e indigencia, estimador industrial, servicios, etc.).

Actualmente, lejos de vislumbrarse intenciones oficiales tendientes a la búsqueda de una salida para recomponer el sistema estadístico, la realización de un Censo Nacional Agropecuario en condiciones técnicamente adversas no hace más que profundizar los problemas. Entre las observaciones mencionadas, que influirían negativamente en la calidad de la información, detallamos algunas:

- La no realización de las tareas precensales necesarias (prueba del instrumento de recolección, prueba piloto del operativo, etc.);

- El adelanto de la salida a campo para el 2 de junio (en los anteriores censos la recolección de la información comenzó en octubre), lo cual implica no respetar el período de referencia habitual (1 de julio a 30 de junio); cuestión que lleva a romper la serie histórica, al cambiar las fechas de stock ganadero, existencias de maquinarias, perdiéndose también la referencia a labores realizadas o contratadas y personal transitorio, etc.;

- Se desestima la situación climatológica de las diversas regiones de nuestro país, a la que se le prestó especial atención en los relevamientos pasados. Dada la época del año podría verse dificultado el acceso de los censistas a las explotaciones;

- La escasa o nula difusión del operativo;

- La transferencia de complicaciones a la Direcciones Provinciales de Estadística, podría devenir en inconvenientes sin resolución, al: 1) reducir notablemente el tiempo disponible para la convocatoria de personal necesario (con el perfil profesional requerido), generado por la reducción de la carga de trabajo; 2) compactar el tiempo de trabajo de campo a un mes, siendo normalmente el doble (lo cual podría acarrear complicaciones inéditas en lo que hace al volumen y circulación de documentación), 3) duplicar el plantel de censistas necesarios (por ejemplo, provincias como Buenos Aires debe contratar y capacitar cerca de 1000 censistas, 200 supervisores y 40 jefe de supervisores);

- La suspensión abrupta del proceso de revisión del cuestionario (producto del adelanto en la salida a campo), dejando de lado valiosos aportes tanto de las Direcciones Provinciales de Estadística como así también de especialistas de diversos organismos públicos (SENASA, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Ambiente, etc.);

- El desplazamiento -sin mediar razón alguna- de personal con irrefutable experiencia, tras haber participado en relevamientos anteriores (CNA 2002 y CNA 1988);

- Resulta ineludible además hacer referencia al conflicto que atraviesa la actividad agropecuaria (informantes del operativo), situación que excede a la Institución pero que amenaza seriamente con incidir en los resultados.

Si bien, la Intervención del organismo, a través de sus representantes, ha admitido en diversas ocasiones que los censos agropecuarios anteriores han sido exitosos (por ej.: para el CNA'02 en menos de un año estaban publicados los primeros datos definitivos) se ha decidido cambiar los procedimientos, trastocando los equipos y los circuitos sin haber hecho público ni un sólo documento que fundamente tal disposición.

Ante tal situación, decidimos advertir sobre los perniciosos efectos de un relevamiento que se desarrolla bajo un perjudicial silencio respecto a sus objetivos, en circunstancias claramente desfavorables (la mayoría de ellas evitables), poniendo en riesgo la calidad de la información estadística para un sector estratégico como es el agropecuario. Es nuestro deber llamar la atención sobre esta situación y buscar todos los medios para poner en manos de la sociedad el saneamiento de las estadísticas públicas

Pero además, el censo no sólo representa una foto. Si los datos a obtener en este operativo se vieran afectados por los factores que a continuación se mencionan, se produciría un efecto nocivo sobre la serie estadística que comenzó en 1988, así como consecuencias a futuro, dado que su base es el insumo básico para el diseño de muestras de encuestas, a realizarse en los próximos años. Se resentiría también la tarea tanto de instituciones gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales), usuarios privados que utilizan los datos para la gestión económica, como para un importante conjunto de investigadores y especialistas para los cuales el CNA es una herramienta indispensable e irreemplazable.

Por último, pero no menos importante resulta considerar la particular crispación social en que ha redundado la gestión del conflicto agropecuario. En este marco resulta imposible, casi irracional, enviar encuestadores en el marco del clima de hostilidad y desconfianza existente entre el Gobierno y el medio rural. Hay que tener presente el trágico resultado de dos encuestadores rurales asesinados en Ecuador durante el desarrollo de un censo agropecuario. Por lo tanto, el presente proyecto de ley pretende suspender transitoriamente la realización del Censo hasta que estén dadas las condiciones para su realización, lo que supone tanto la resolución del conflicto agropecuario (y la restitución de confianza entre las partes) así como el desarrollo, con la máxima calidad posible, del diseño estadístico, capacitación de los encuestadores y organización de las tareas de campo que un censo de las características del Censo Agropecuario requiere.