La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio por la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas producida por el Decreto 193/2011, que creó el Organismo UNIDAD DE COORDINACION Y EVALUACION DE SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI), en reemplazo de la disuelta ONCCA, quitando facultades de regular y ordenar el Comercio exterior, funciones que tenía el organismo disuelto. Asimismo, por haber atribuido al organismo creado, únicamente potestades para repartir prebendas y permisos, con criterios aún hoy poco transparentes. Todo lo expuesto permitiría sospechar que se buscó beneficiar injustificadamente a particulares y entidades comprometidas con el Gobierno Nacional.

Señor presidente:

Por Decreto 1343/96 se creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que tuvo como finalidad controlar y corregir las distorsiones que se producían en el ámbito de la comercialización de los productos alimentarios, como asimismo, asegurar la libre concurrencia a la actividad de los factores que intervienen en el mercado.

Cuando se produce un extraordinario crecimiento de las exportaciones, el organismo se encontró con un desacostumbrado ingreso de dinero, producto de los importes que recibía en concepto de retenciones y de tasas que gravan las operaciones. Ante este panorama, lejos de constituir el escenario más deseado, la ONCCA se degradó al punto de realizar increíbles operaciones, poco transparentes y tendientes a repartir discrecionalmente el dinero que la actividad exportadora generaba.

La creciente recaudación que éste receptaba, determinó que mediante el Decreto 1065/2005, se lo transformara en organismo descentralizado con autarquía económico financiera, procurando con ello el financiamiento propio, sin percibir fondos del Estado.

Los resultados inmediatos se advirtieron: incremento en su recaudación, merced a los aranceles que cobraba a los operadores que debían registrase, pasando de 3,5 millones de pesos en 2003 a 21,5 millones tres años más tarde, y las multas de 400.000 pesos anuales pasó a 1,6 millones. Se aplicaron 1.600 penalizaciones durante esos pocos años (cfr." Fuera de Control" Matías Longoni pag. 304).

En el año 2006, a instancias del presidente Néstor Kirchner, el entonces funcionario del ONCCA Marcelo Rossi, recibió la orden de no autorizar las exportaciones de carne. La idea del entonces presidente era que si se exportaba se afectaban los precios internos.

Por la Resolución Nº 9/2007 del Ministerio de Economía y Producción, se creó un mecanismo destinado a otorgar subsidios a través de los "industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja...", tal enuncia la norma en cuestión.

Las condiciones que se establecían para acceder a los subsidios eran:

a- los industriales como los operadores debían encontrarse inscriptos en la ONCCA;

b- los importes se establecían en base a las toneladas procesadas;

c- los subsidios los determinaba la ONCCA.

A partir de este momento empezaron a producirse todo tipo de operaciones poco transparentes que generaron hasta denuncias penales.

El entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, intervino directamente en la operatoria de la ONCCA, al punto que, tras recibir sus amenazas, el funcionario que se encontraba al frente de la misma se vio obligado a renunciar. Esto motivó una denuncia promovida por el entonces diputado nacional Adrián Pérez, denunciando al funcionario por las amenazas proferidas al funcionario Marcelo Rossi (Longoni pag. 124).

Según se consigna, el señor Moreno le habría expresado que ninguna orden de exportación ni otorgamiento de subsidios se realizara sin la autorización del Secretario de Comercio, es decir, sin su orden.

Por Decreto 606/2008, recaló en la ONCCA Ricardo Daniel Echegaray, quien había cesado su función en la Aduana, tras haber propiciado la sustitución del sistema informático "María" que había operado desde el año 1993, para instalar uno nuevo, lo que derivó en un monitoreo paralelo de las actividades en la Aduana. Una situación similar se dio después, en el sistema operativo de la ONCCA cuando se implementó el sistema informático "JAUKE" que funcionaba a pocas cuadras del enclave físico de la ONCCA, donde se realizaban maniobras poco transparentes, probablemente para favorecer las operaciones de los amigos de Moreno, y de Echegaray. La designación del reciclado funcionario, coincidía con el conflicto suscitado entre el gobierno Nacional y los sectores vinculados con el campo.

El mayor desorden se produjo cuando, ante el aumento constante de la recaudación producida por las exportaciones, aquellos registros de operadores del comercio que se crearon como herramientas de contralor de la actividad, pasaron a ser y funcionar como una verdadera agenda, o registro de las personas vinculadas al Gobierno y a los funcionarios que recibirían los favores del organismo. En esos momentos se empezaron a designar con el nombre de ROEs (Registro de Operaciones de Exportación) que según el producto llevaba el nombre de "rojo" si se tratara de carne; "Verde" si se trataba de productos agrícolas y "Blanco" si se trataba de productos lácteos.

De tal modo, se otorgaron beneficios en forma directa a quienes ni siquiera tenían relación con la actividad, tal es el caso de Feed Lot que ni siquiera tenían cabezas de ganado que integraban el plantel caso de la "KEKA SRL".

El caso "LA KEKA SRL", llegó a los estrados judiciales y constituyó como muestra emblemática de la distorsión que se producía. Se trataba de un feed lot radicado en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, dedicado al engorde de unas 2000 cabezas de ganado. Pertenecía a Juan Carlos Nogueira, con vínculos en el Gobierno, que como operaba en negro, creó la firma LA KEKA SRL, simulando un contrato con la propia empresa de Nogueira llamado "La Rosa Ganadera", y en poco tiempo obtuvo subsidios por la actividad.

Otro de los casos emblemáticos es el que otorgó permisos de exportación (ROE) en el caso VERDE, que luego de prohibirse la exportación de trigo, de la noche a la mañana se autorizó la exportación de cantidades exorbitantes de toneladas del producto, beneficiando a una de ellas por ejemplo a SITEA S.A. que era un simple establecimiento que funcionaba en inmediaciones del conurbano bonaerense.

La otra característica que tuvo la gestión se relaciona con las personas físicas y jurídicas que tuvieron la función de repartir los ROE. Aquí se utilizó a personas que (previa bendición del organismo que los encumbra como representantes de Cámaras de Exportadores, entidades empresarias etc.) intervienen directamente con el reparto de favores. El caso emblemático es el de Ider Peretti, quien conjuntamente con su segunda esposa Daniela Borgogno (varias veces fallida con emprendimientos ganaderos y su comercialización muchas veces en perjuicio de los productores), cuentan con el visto bueno del organismo para repartir esos ROE.

Peretti se presenta como presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), como titular de la Confederación General Económica (CGE) y también como presidente del Consejo Argentino de Productores (CAP). Casualmente, también tiene una elevada exposición defendiendo las políticas de gobierno, tal como sucedió cuando ocupó en diversas oportunidades el rol de vocero y defensor de los argumentos del gobierno nacional cuando se trataron en este Congreso de la Nación las malqueridas leyes de abastecimiento, de defensa de la competencia y la de resolución de conflictos entre los actores del consumo. Lo hacía en la múltiple función de "representar" a diversas entidades vinculadas con la cuestión.

Este mismo personaje, es quien recibió favores del gobierno tales como la puesta en funcionamiento del Centro de Genética Lechera Néstor Kirchner, que dirige su hijo, llamado Pablo Peretti, sin contar con conocimiento o título alguno que lo acreditara como idóneo en el tema, y al que fueran destinados montos millonarios por parte del Estado Nacional.

De igual manera puede decirse de la esposa de Peretti, la Sra. Daniela Borgogno, quien ha sido beneficiada por haber recibido la autorización de exportar vaquillonas a Venezuela con los beneficios que generó la operación. Cabe mencionar que ella fue varias veces procesada por evasión impositiva, habiendo recaído sentencia en el caso, pero eso no ha sido obstáculo para que el gobierno haya puesto en sus manos la potestad de tomar decisiones en materia de asignación de permisos de exportación, que casualmente benefician a sus asociados y amigos del gobierno.

En resumen, se han autorizado ROE (permisos de exportación) por cantidades enormes de toneladas, a empresas que cuentan apenas con un par de empleados, una pequeña oficina y un teléfono, que no tienen otra función que la de conocer de antemano el momento en que se abre la exportación de un determinado producto (por supuesto contando con información privilegiada) y recibir la autorización para exportar cantidades exorbitantes.

Todo lo expuesto permite sospechar que el reemplazo de la sospechada ONCCA por la más sospechada UCESCI, que ya no mantiene las facultades que le dieron origen a la primera, de regular y ordenar el Comercio exterior, tuvo como principal objetivo el acto de atribuir al organismo creado, potestades para repartir permisos, prebendas y beneficios, con criterios aún hoy poco transparentes. Por ello, podría pensarse que se buscó beneficiar injustificadamente a particulares y entidades comprometidas con el Gobierno Nacional.

Por todas estas cuestiones, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.