La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio por las maniobras producidas en el ámbito de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (actualmente Ministerio de Agricultura), relacionadas con la autorización de exportaciones de productos agroalimentarios, que ha privado al organismo de contralor del comercio agropecuario de su función, al haber reemplazado a la ONCCA (OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO) creada por Decreto 1343/96 y reformulada mediante el Decreto 1067/2005, por la UNIDAD DE COORDINACION Y EVALUACION DE SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI) a través del Decreto 193/2011. Esto induciría a sospechar que se realizó con la única finalidad de beneficiar injustificadamente a personas particulares y a sectores vinculados con el Gobierno Nacional, mediante la adjudicación discrecional de subsidios.

Señor presidente:

Por el Decreto 1343/1996, se creó en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Obras y Servicios Públicos la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA) organismo que se encargara de la política comercial interna y externa de la Junta nacional de Carnes (JNC) de acuerdo con lo previsto por el Decreto 6698/1963 y la ley 21.740.

Por el artículo 2º del Decreto citado se establecían las atribuciones que tenía el organismo, que consistían en "fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades...". En cuanto a las acciones que tenía a su cargo eran:

fiscalizar todas las acciones destinadas a observar y hacer cumplir las normas y procedimientos de fiscalización emanados de la ley 21.740 y el Decreto Ley 6698/63 sus complementarios y modificatorios

fiscalizar las distintas operatorias de las personas físicas o jurídicas que intervengan en la comercialización del sector agropecuario

participar en la suscripción de convenios de cooperación con organismos nacionales o provinciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales e impositivas en los sectores de su área de competencia.

disponer la realización de inspecciones, operativos y auditorias de carácter técnico y/o administrativo, tendientes a verificar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente

efectuar requerimientos necesarios que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las normas

elaborar y proponer normas en materia de comercialización de ganados y carnes

aplicar sanciones que correspondan por acciones u omisiones que importen practicas o conductas desleales en lo relativo al comercio de ganado, carnes, productos y subproductos y derivados, como así también de granos y sus subproductos

efectuar el seguimiento de los Registros de Inscripciones, de competencia del área

proponer las medias necesarias para lograr un ágil y moderno abastecimiento del mercado interno y externo.

Organizar y coordinar las tareas de control administrativo y comercial del tráfico internacional y federal de ganados, carnes productos, subproductos y derivados y material reproductivo de origen animal así como también de órganos y subproductos".

Si bien supuestamente con esta medida se procuró evitar una la distorsión que se producía en la comercialización de la carne, producto de la enorme evasión varias veces denunciadas por los sectores interesados, en razón del mercadeo de carne de sospechada procedencia y a la sombra de la faena, transportes y comercialización del producto en forma clandestina, es indudable que también se procuró crear un organismo que pudiera corregir, controlar, fiscalizar, sancionar y controlar el libre acceso de todos los sectores interesados en la comercialización de los productos englobados.

Desde su creación, este organismo no había sido objeto de cuestionamientos, hasta llegada la administración que comenzó en el año 2003, con el aumento de las exportaciones operadas en sector.

Al haber cobrado importancia este organismo, producto de dicho incremento, comenzó a tejerse otra historia. Animados por el importante flujo de dinero producido por esta actividad, se fue orquestando un mecanismo que no tendría otra finalidad que repartir el dinero que se recaudaba por las exportaciones entre los favoritos del gobierno, tanto personas físicas y jurídicas como de tipo asociativo, generando una serie de acciones que fueron denunciadas porque configurarían diversas modalidades delictivas, hasta llegar a ser objeto de denuncias judiciales.

Todo comenzó con una amañada conversión del organismo de contralor, trocando en un ente que solamente debía otorgar subsidios a quienes determinaba el poder.

En el camino, hubo infinidad de casos denunciados de dinero salido del organismo, a favor de personas que ni siquiera sabían de la existencia del mismo.

En sus orígenes, cuando a través del Decreto 1067/2005, se dotó al organismo del carácter de "descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico administrativa y dotado de personería jurídica propia en el ámbito del derecho público y privado". Si bien esta modificatoria no otorgaba otra función que la de fiscalización, no otorgaba subsidios ni participaba de políticas de estímulo. No obstante, cabría pensar que la medida de propiciar autarquía radicaba en la necesidad de gestionar su funcionamiento con recursos propios.

Durante el periodo comprendido entre esta época y hasta el año 2006, la ONCCA pudo controlar el millonario negocio de las exportaciones a la vez que hubo un importante incremento en su recaudación, merced a los aranceles que cobraba a los operadores que debían registrase, pasando de 3,5 millones de pesos en 2003 a 21,5 millones tres años más tarde, y las multas de 400.000 pesos anuales pasó a 1,6 millones. Se aplicaron 1.600 penalizaciones durante esos pocos años (cfr. "Fuera de Control", Matias Longoni pág. 304). Según el mismo autor, el organismo tuvo varios logros en relación con la cuota Hilton (que siempre fue de difícil implementación y cumplimiento), como que se consiguiera embarcar sin judicializar el cupo anual de 28.000 toneladas de cortes de vacuno hacia la Unión Europea. En ese tiempo se logró un record de exportaciones (754.579 toneladas que exportaron un total de 314 empresas, superando los niveles de 1979).

No obstante los resultados que se habían producido, desde el año 2006, mediante desacertadas disposiciones que comenzaron con la limitación de las exportaciones de carne, la gestión se vio interrumpida y se alteró el normal funcionamiento del Organismo.

Limitada de hecho aquellas funciones de contralor, liberada la forma de funcionar con el alejamiento forzoso del funcionario que había puesto en marcha al organismo, el veterinario Marcelo Rossi, con la Resolución 9/2007 del Ministerio de Economía y producción se creó un mecanismo para otorgar subsidios a través de los "industriales, y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja," estableciendo con ello los requisitos para tal despropósito.

Así, este organismo que se iniciara como de control y fiscalización de la actividad, se degeneró en una importante "caja de pandora" que jamás se pudo (o se quiso) abordar, producto de una infinidad de operaciones poco transparentes que fueron denunciadas en relación con el otorgamiento de subsidios a quienes no correspondía, y otras asignaciones que no se justificaban.

Cuando se hizo insostenible para el gobierno el mantenimiento del organismo pues posiblemente comprometía a altos funcionarios de la administración nacional, encontró la salida que todos conocemos. Así, el Gobierno Nacional dispuso poner fin al organismo, y con ello a todas las funciones que originariamente habían justificado su creación, es decir las de controlar, fiscalizar, sancionar etc.

Hay que señalar que en ese momento, la ONCCA estaba en manos del funcionario Ricardo Echegaray, quien llegó allí tras su paso por la Aduana. Desde ese espacio, junto al entonces Secretario de Comercio Guillermo Moreno, implementaron un sistema para registrar el ingreso de documentación a través de la página WEB de la AFIP, el denominado "Programa Jauke", que le permitía a través de un código alfanumérico que no coincidía con el que se asignaba desde dependencias de economía, monitorear la marcha de los trámites. Así, se estableció un control paralelo en la marcha de los trámites de exportación, que también fue interpretado como un paso tendiente a agilizar los pagos a los favorecidos y se demoraban los demás.

Las otras maniobras que se fueron orquestando resultaban de la concesión de permisos de exportación (ROEs). En aquél momento, se pasaba de prohibirse absolutamente la exportación de determinados productos, a autorizarse la venta al exterior, por cantidades exorbitantes a empresas que no contaban con la estructura ni la trayectoria para tal cometido. Es el caso, por ejemplo, de la empresa SIPEA SA, que tenía una pequeña planta de acopio en Huanquelén que recibió la autorización de exportar 100.000 toneladas sobre las últimas 200.000 tn que quedaban de trigo.

Pero esto no fue todo, también se otorgaron subsidios de forma poco transparente, como ocurrió en el caso de LA KEKA SRL, que recibió montos millonarios sin tener siquiera las condiciones mínimas para funcionar como feed lot, (según refiere el periodista Longoni en las páginas 224 y 225 de la obra citada).

Otro caso, aún más emblemático, fue el de la asignación de subsidios al changarín llamado Benjamín Tapia residente en Mar del Plata quien ni enterado estaba del beneficio que se le había acordado, entre otros similares.

En el mes de octubre de 2009, doce legisladores presentaron una denuncia penal contra Echegaray y otros en la causa "LA KEKA SRL" y otros casos de corrupción sin que pudiera producirse resultado alguno.

Cuando la situación se creía desbordaba hacia la imputación legal del funcionario Ricardo Echegaray, se encontró la forma de evitar la caída en desgracia del funcionario, cambiándole la función y asignándolo a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Y paralelamente, se desintegró la ONCCA y en su lugar, a través de la misma herramienta, se creó la UNIDAD DE COORDINACIÓN Y EVALUACION DE SUBSIDIOS PARA EL CONSUMO INTERNO (UCESCI), que solamente cumple con el mezquino cometido de repartir permisos con criterios poco claros.

Todas las maniobras descriptas inducirían a sospechar que se realizó con la única finalidad de beneficiar injustificadamente a personas particulares y a sectores vinculados con el Gobierno Nacional, mediante la adjudicación discrecional de subsidios.

Por todas estas consideraciones es que solicito a mis pares que aprueben el presente Proyecto de Declaración.