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PROYECTO DE TP
Expediente 3066-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES POR PERSONAS EXTRANJERAS EN AREAS DE FRONTERA DE LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y MISIONES Y DE LA ZONA ANDINO - PATAGONICA.
Fecha: 23/06/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 71
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para
que informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la compraventa de inmuebles
por extranjeros en áreas de frontera de las provincias de Corrientes y Misiones y de la zona
andino-patagónica.
1. Qué medidas ha tomado o
prevé tomar la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior para
revisar o corregir los expedientes de Previa Conformidad observados por
irregularidades durante la auditoría que realizó la Auditoría General de la Nación
sobre compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera de las
provincias de Corrientes y Misiones, entre abril y octubre de 2008.
2. Qué medidas ha tomado o
prevé tomar la Secretaría de Seguridad Interior para revisar o corregir los
expedientes de Previa Conformidad observados por irregularidades durante la
auditoría que realizó la Auditoría General de la Nación sobre compraventa de
tierras por extranjeros en áreas de frontera de la zona andino-patagónica, entre
septiembre de 2007 y marzo de 2008.
3. Si prevé extender esa
revisión al resto de los expedientes aprobados por la Secretaría de Seguridad
Interior y que no fueron revisados por la AGN.
4. Si es cierto que a noviembre
de 2008 la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras (DATF), que depende de la
Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, carecía de estructura
para inspeccionar in situ la ejecución real de los Proyectos de Inversión en Zonas
de Seguridad, tal como informó el organismo en Nota DATF Nº7-921/1. En caso de
respuesta afirmativa detalle si desde esa fecha dotó a la DATF de una estructura
organizativa, presupuesto y recursos humanos para poder cumplir con su tarea.
5. ¿Qué organismo se ocupó de
inspeccionar la ejecución real de los proyectos de inversión de parte de personas
jurídicas nacionales y extranjeras en las Zonas de Seguridad hasta noviembre de
2008?
6. Detalle a través de qué
mecanismos el Estado nacional procura y garantiza una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable en las Zonas de Seguridad de todo el
país.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como un fantasma que sobrevuela
nuestra soberanía como nación, la extranjerización de las tierras en Argentina ya
es una realidad, favorecida por las urgencias económicas que en nombre del precio
cancelan el valor. El desmantelamiento del Estado en los tiempos del mundo sin
fronteras, simplificado como "la globalización", debilitó los controles y favoreció las
relaciones incestuosas entre los negocios privados y funcionarios omisos, cuando
no directamente implicados en el desmanejo de lo que es de todos: el Estado. La
advertencia sobre el peligro de que tierras argentinas pasen a manos de dueños
extranjeros ya ha sido blandida por dirigentes de todos los signos políticos, de
modo que urge ponerle freno a ese proceso, actualizando tanto las leyes y normas
que regulan la compraventa de inmuebles en las Zonas de Seguridad (1) de nuestro
país como perfeccionando el trabajo de los organismos del Estado sobre los que
cae la responsabilidad de aprobar o rechazar esos Proyectos de Inversión para
defender lo que es patrimonio de los argentinos. Un control que demanda de
organismos gubernamentales eficaces y activos para monitorear y controlar esos
mismos compromisos, estipulados en esos Proyectos de Inversión.
La preocupación que expresa el
presente pedido de informes surge directamente del contenido de los dos Informes
de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el control o, mejor, la falta de
control de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Ministerio del Interior en la
compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera de las provincias de
Corrientes y Misiones y de la zona andino-patagónica, presentados en abril de
2009 y noviembre de 2008 respectivamente.
En su Informe de noviembre de 2008
la AGN constató que solo el 48% de los expedientes aprobados por la Secretaría
de Seguridad Interior y revisados por la Auditoría entre enero de 2003 y agosto de
2007 cumplían con toda la normativa vigente, mientras que el restante 52%
cumplía con la normativa de manera parcial. Estas son algunas de las
irregularidades que relevó la AGN para el caso específico de la zona andino
patagónica:
- En el 81% de los 68 expedientes
de Previa Conformidad aprobados y revisados no se adjuntaba información mínima
sobre los accidentes orográficos o hidrográficos que dificultan o facilitan el tránsito
de personas por el límite internacional, (tal como lo estipulaba el inciso d) del art.
14 de la Resolución 1751/95)
- El 15% de los Proyectos de
Inversión presentados estaban incompletos.
En el caso específico de las provincias
de Corrientes y Misiones, la AGN constató similares irregularidades, tal como
refleja el Informe de Auditoría de abril de 2009:
- El 86% de los 62 expedientes
aprobados y revisados cumplía en su totalidad con la normativa vigente y el 14%
la cumplía de manera parcial.
- El 86% de los expedientes
aprobados y revisados por vía de excepción no contaba con la copia de la
escritura, lo que dificultó conocer el nombre del titular del inmueble que se compró
o arrendó.
Como la AGN sólo revisó la mitad de
los expedientes aprobados por la SSI se impone conocer cuáles serán las medidas
que tomará el Poder Ejecutivo Nacional en la materia: si revisará o no los
expedientes de Previa Conformidad observados por la AGN y si extenderá esa
revisión de expedientes al resto de los trámites de Previa Conformidad aprobados
y que no fueron auditados por la AGN.
A su vez, la Dirección de Asuntos
Técnicos de Frontera (DATF) informó por Nota DATF Nº7-921/1 que a noviembre
de 2008 no contaba con la estructura mínima para inspeccionar in situ la ejecución
real de los proyectos de inversión en Zonas de Seguridad. También en este caso se
impone conocer si tal falencia fue subsanada.
En la medida en que los temas
ambientales y la preocupación por el recalentamiento de la tierra se han convertido
en prioridad de las democracias desarrolladas del mundo precisamos que el Estado
Nacional explique cuáles son las políticas que desarrolla para garantizar el derecho
de los ciudadanos a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, consagrado en el artículo 41 de la
Constitución Nacional y en la Ley General de Ambiente Nº 25.675. En este sentido
nos llama la atención que sólo se exija la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental en los expedientes de Previa Conformidad que se tramitan por vía de
excepción: esta
obligación incluye a las personas
físicas extranjeras con menos de 10 años de residencia en el país que desean
comprar o arrendar inmuebles rurales dentro de las Zonas de Seguridad (art. 9 de
la Resolución 166/09); a las personas jurídicas extranjeras que desean comprar o
arrendar inmuebles rurales en las Zonas de Seguridad (art. 11 de la Resolución
166/09); a las personas argentinas naturalizadas con menos de 5 años de
residencia en nuestro país (art. 18 de la Resolución 166/09) y a las personas físicas
o jurídicas extranjeras que desean comprar o arrendar inmuebles en los centros
urbanos o localidades de las Zonas de Seguridad (art. 18 de la Resolución 166/09),
como si el daño al medioambiente resultara más dañino cuando lo realiza una
empresa extranjera que una empresa en manos nacionales, o cuando lo realiza
una persona física extranjera y no un connacional. En todo caso, las consecuencias
del daño ambiental las padecemos todos los argentinos, sin importar quién fue el
responsable de perpetrarlo.
Coincidimos con el espíritu del
Decreto Ley Nº 15.385, reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 de
Defensa Nacional, respecto de la conveniencia de que los bienes ubicados en
Zonas de Seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. Lo que
pretendemos es alertar al Poder Ejecutivo Nacional respecto de cuáles son los
recursos naturales que estamos poniendo en riesgo cuando exigimos la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental únicamente a las personas
físicas y a las personas jurídicas extranjeras que quieran comprar inmuebles de
naturaleza rural (arts. 9º, 11º y 24º de la Resolución 166/2009), y a los argentinos
naturalizados y las personas físicas o jurídicas extranjeras que desean comprar o
arrendar un inmueble en cualquier centro urbano o localidad de las Zonas de
Seguridad (arts. 18º y 24º de la Resolución 166/2009).
La zona andino-patagónica es una
región de gran importancia forestal y es la zona del país en la cual los bosques
presentan menor estado de degradación. Se trata de la región con mayor
porcentaje de áreas boscosas en zonas naturales protegidas, hoy en riesgo por el
avance de la ganadería, los incendios y la actividad forestal cortoplacista. El
bosque protege la estructura del suelo, evita la erosión hídrica y regula los cursos
de agua, mientras que la deforestación aumenta de manera indirecta el efecto
invernadero. Tal como consta en el Informe de Auditoría de noviembre de 2008, la
posesión o tenencia de inmuebles en Zonas de Seguridad también se vincula con la
presencia de agua dulce en cuencas altas de los ríos que atraviesan la región
patagónica (2) , recurso estratégico para el desarrollo económico, social, cultural y
ambiental de la población actual y futura. Por último, en esta zona se
encuentran parques nacionales como
el Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, que conforman
un polo de atracción turística nacional e internacional.
Las áreas de frontera de las
provincias de Corrientes y Misiones coinciden con el parque mesopotámico y la
selva misionera. Como esta región en la actualidad ya está fuertemente
antropizada y la actividad económica del área presiona a la vegetación original
resulta imprescindible conocer las actividades que se proyectan realizar en los
inmuebles para asegurar su sustentabilidad, cualquiera fuera la naturaleza jurídica
y la nacionalidad del que concrete esas actividades.
Es por estas razones que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
MORANDINI, NORMA ELENA | CORDOBA | MEMORIA Y DEMOCRACIA |
ALCUAZ, HORACIO ALBERTO | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
BULLRICH, PATRICIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
HALAK, BEATRIZ SUSANA | CORDOBA | UNION PERONISTA |
GIUDICI, SILVANA MYRIAM | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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LEGISLACION GENERAL (Primera Competencia) |