La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por intermedio de los organismos pertinentes, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos referidos a la falta en la comunicación de la publicación de los índices de pobreza e indigencia, correspondientes al segundo semestre de 2013, conforme se estipuló oportunamente en el calendario correspondiente a esos efectos.

A: Cuál es la autoridad de aplicación encargada de comunicar el índice de pobreza e indigencia, y a través de qué medida se dispuso la no comunicación, conforme al calendario estipulado..

C: Explicar y desarrollar de modo claro y preciso, el párrafo con lenguaje técnico que se dio a conocer bajo el título: "Sobre la metodología", conforme dio a publicidad la Oficina de Prensa el día 24 de abril de 2014.

D: Explique y desarrolle de modo claro, preciso y con un alcance general, el criterio y la forma mediante la cual trabajará el gobierno y la administración nacional con vistas a dar una pronta solución a la falta de acceso a la información pública, en este caso particular.

E: En los mismos términos y en directa relación con el punto anterior, "D", enumere y nombre a los organismos públicos abocados a la tarea de producir y dar a publicidad los futuros índices. Así mismo, comunique los plazos previstos, de corto y largo tiempo, o bajo las denominaciones dispuestas en la institución, a los efectos de dar previsibilidad en el tiempo de espera de la respuesta a los habitantesdel territorio argentino.

Señor presidente:

Motiva el presente pedido de informes, la preocupación nacida a partir del imprevisto y sorpresivo hecho institucional en el que el Poder Ejecutivo de la Nación discontinuó la publicación de los índices de pobreza e indigencia, en particular, el correspondiente al período del segundo semestre de 2013.

Acaecido el hecho, y no dándose a conocer las causales del incumplimiento del calendario de publicaciones para la fecha estipulada ni en el mismo momento y evento en cuestión, sino de modo posterior, y con respuestas técnicas y escuetas por parte del Jefe de Gabinete de la Nación y la Oficina de Prensa del INDEC, corresponde ejercer el derecho de acceso a la información pública de modo claro, preciso y con un alcance general.

Por lo tanto, se justifica el presente ejercicio del derecho a la información, con fundamento en el derecho que tiene toda persona de conocer el modo de actuación de sus gobernantes y funcionarios públicos, y en el ejercicio de las competencias dispuestas por parte de la Constitución Nacional a los efectos de llevar a cabo un control cruzado o de gestión política, intra poderes.

Además, de que se reconoce en el nivel constitucional y en las actuaciones jurisprudenciales y doctrinarias del ámbito local y regional, que la información pertenece a las personas y no es propiedad del Estado en tanto no configura un acto de disposición o gracia privativa del príncipe el dar a conocer información sobre la administración de gobierno. Es propio del sistema político liberal, republicano y democrático vigente, el principio de máxima divulgación de la información pública, tributario del ejercicio y el derecho de tradición republicana.

Incluso, sin ánimo de extremar argumentos y al sólo hecho de especificar la preocupación aquí expresada, la cuestión temática sobre la que nos encuentra solicitando acceso a la información pública, refiere al estado de situación sobre cuestiones sociales, y a la evaluación, critica y consecuente, sobre la eficiencia y eficacia de las políticas sociales y económicas llevadas a cabo por la actual administración del gobierno nacional. Sin olvidar, el grave contexto social transcurrido a fines del año pasado y que puso en riesgo la vida, propiedad y esperanza de todos los habitantes de la Argentina, contexto al que refiere el índice de pobreza e indigencia.

En consecuencia, y apoyados en el derecho humano de acceso a la información pública, que nos asiste a los ciudadanos argentinos, con base en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Nacional en su art. 14 correspondiente a la libertad de expresión y acceso a la información pública, y al art. 75 inc. 19 referido al progreso humano, y finalmente, lo reglamentado por punto 1° del Decreto 1172/ 2003, sobre el Acceso a la Información Pública, solicitamos se brinde la información requerida dentro del plazo fijado por el mismo, de 10 (DIEZ) días.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.