La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, adopte las medidas necesarias para la creación del Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Salta y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Provincia de Jujuy.

Señor presidente:

En primer término, resulta necesario considerar la gran cantidad de causas que tramitan en la actualidad en los dos Juzgados Federales con asiento en la ciudad de Salta, principalmente penales, relacionadas con situaciones enmarcadas en la Ley 23.737 y en el contrabando de sustancias prohibidas.

A ello, ha de agregarse, un importante crecimiento de los juicios de naturaleza previsional en estos últimos años; y la complejidad y perentoriedad de los procesos por violaciones a los derechos humanos y de los vinculados a la trata de personas.

Los Juzgados en cuestión, han informado que a fines del año 2010 tramitaban en su ámbito unos treinta y tres mil doscientos setenta y seis (33.276) expedientes, de los cuales dieciséis mil doscientos noventa y cuatro (16.294) corresponden al Juzgado Federal N° 1 y dieciséis mil novecientos ochenta y dos (16.982) al N° 2.

A modo ilustrativo, el libro de estadísticas del Poder Judicial del año 2009 indicó que el promedio de causas por juez de primera instancia del país fue de mil novecientos sesenta y cinco (1.965), mientras que durante el año 2010, según información suministrada por los Juzgados mencionados, ingresaron seis mil cincuenta y siete (6.057) causas al N° 1 (no se tomaron aquí en cuenta las causas de naturaleza electoral) y seis mil ciento sesenta y seis (6.166) al N° 2.

Otro tanto sucede con la significativa cantidad de causas que tramitan ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la Provincia de Jujuy. El 24 de febrero próximo pasado, el Dr. René Vicente Casas, presidente de dicho Tribunal, informó que a esa fecha contaban con ciento setenta y nueve (179) expedientes a la espera de juicio oral, encontrándose detenidas a su disposición la cantidad de doscientas veintidos (222) personas (entre ellos, ciento veintiún -121- condenados en ejecución penal, y ciento un -101- procesados a la espera de fijación de audiencia de debate).

Dicha cantidad de personas privadas de su libertad es superior a la de otras jurisdicciones en la que existen dos Tribunales Orales Federales, como son los casos de las provincias de Córdoba y Mendoza.

Por las razones expuestas, y toda vez que una mejor administración de justicia redundará en un mejoramiento de la calidad de vida y protección de los derechos de los ciudadanos de nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.