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PROYECTO DE TP
Expediente 3009-D-2007
Sumario: PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION, ROBERTO BARATTA, ANTE LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES DE LA H CAMARA, SOBRE LA FUTURA VENTA DEL 45 % DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA EMPRESA REPSOL - YPF.
Fecha: 19/06/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 72
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Convocar a concurrir a las
Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al Sr. Subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Lic. Roberto Baratta, en su calidad de
representante del Estado Nacional ante Repsol YPF, a fin de brindar un informe
verbal sobre la futura venta del 45% del paquete accionario de la empresa
petrolera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a recientes
declaraciones del presidente de la empresa petrolera REPSOL YPF, Antonio
Brufau, publicadas en diferentes medios periodísticos, se están llevando a cabo
negociaciones tendientes a la venta del 45% del paquete accionario de la filial
argentina.
Según estas informaciones el
mecanismo de venta previsto es el siguiente: el 25% se venderá de manera
directa a un accionista local y el 20% restante será ofrecido en la Bolsa de
Buenos Aires a través de una Oferta Pública de Acciones.
Debe tenerse en cuenta que
aunque actualmente el 99,9% de las acciones de YPF son controladas por
REPSOL, y sólo el 0,1% pertenecen al Estado Nacional, al ser titular de la
"acción de oro" ello cuenta con derechos especiales sobre las decisiones de la
empresa. Así el Estatuto de la empresa establece que en el caso de la venta
accionaria el Estado Nacional puede ejercer su poder de veto.
La participación del Estado
Nacional le permite contar con un sillón en el directorio de la compañía, que
actualmente recae en Roberto Baratta que es Subsecretario de Coordinación y
Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
En este sentido la eventual
aprobación de esta operación depende casi con exclusividad de la posición que
adopte el Gobierno argentino, al utilizar los derechos que le brinda la posesión
de la denominada acción de oro.
Uno de los primeros hechos que
llama la atención de esta operación surge discrepancia de los valores que se
publican respecto a la valuación de mercado de la empresa, situándose la
misma en un rango que va de entre los 10.000 y los 15.000 millones de
dólares. Este no es un hecho menor ya el valor que se tome como referencia
dependerá de la valuación que se realice sobre las reservas hidrocarburíferas y
de los ingresos emergentes en nuestro país, y de la eventual sub o sobre
evaluación de los mismos.
Sobre el particular debemos
recordar la declaración de prensa que en enero del año pasado realizó el
presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, alegando haber declarado ante la
United State Securities Exchange Commission (US-SEC) de Estados Unidos)
reservas probadas y probables, cuando en realidad debía hacerlo sólo sobre el
primero de los conceptos. Ello originó que al 31/12/04, según información de la
propia empresa, hay una reducción de sus reservas en un 25%, equivalentes a
1.254 millones de BEP (barriles equivalentes de petróleo) en todas las áreas en
donde explota hidrocarburos en el mundo, refiriéndose tales reducciones
fundamentalmente a sus reservas de gas en América Latina, en donde la parte
correspondiente a la Argentina representa alrededor del 40,6%.
Indudablemente la disminución de
tales reservas está escondiendo un fraude, en donde el principal perjudicado es
el Estado Argentino. Como ejemplo ilustrativo supongamos que Repsol YPF
declaró haber extraído en un año 10 metros cúbicos, paga regalías por esos 10
metros cúbicos, y oculta en sus declaraciones juradas los 18 metros cúbicos
restantes de un total real de 28 metros cúbicos; y lo mismo se replica para el
caso de las exportaciones, para pagar menos retenciones; y todo lo contrario
ocurre cuando declara niveles de reservas probadas, ya que las "infla" para que
la cotización de la compañía en las bolsas internacionales rinda cada año de
acuerdo a sus intereses particulares, como sucedió hace un tiempo con la
petrolera anglo-holandesa Shell.
Por ello entendiendo que se estaba
ante la presencia de un delito a fines de febrero del 2006 los diputados
nacionales del bloque ARI, Fabiana Ríos, Elisa Carrió y Eduardo Macaluse
realizaron un pedido de investigación a Repsol YPF ante la Comisión Nacional
de Valores, y a comienzos de Marzo del mismo año se presentó una denuncia
penal por delito, solicitando una investigación por posible contrabando de
hidrocarburos y derivados, evasión fiscal, fraude a la Administración Pública e
incumplimiento a los deberes de funcionario público ante la ausencia del Estado
en su ejercicio de policía.
En le caso de las reservas
conviene tener en cuenta que a lo largo de los años y desde la privatización de
la empresa petrolera argentina, la cronología de nuestras reservas revela no
sólo un importante incremento de los volúmenes de extracción y como correlato
una significativa disminución de las mismas, no respondiendo ello a ningún
parámetro objetivo de medición que lo justifique.
Pareciera que en nuestro país
anualmente se perdieran importantes volúmenes de gas y petróleo sin que
esto llame la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana. Esta
circunstancia pone de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de
toda la cadena hidrocarburífera, como así también, de las exportaciones que de
dichos productos se realizan.
La retirada del Estado como
regulador de la actividad, junto con la falta de planificación a largo plazo,
además de las importantes disminuciones en las inversiones en exploración,
originaron que las reservas argentinas de petróleo y gas descendieran a los 9
años para petróleo y 10 para las de gas.
También hay que tener en cuenta
que la filial argentina de Repsol YPF tiene gran importancia para la compañía,
ya que las actividades en nuestro país le aportan a la empresa el 45% del
beneficio neto del grupo, al generar el 65% de la producción actual de petróleo
y gas.
A su vez en nuestro país Repsol
YPF es el principal titular de concesiones de explotación gasífera, concentrando
en forma directa el 39,4% de las reservas, y un 46,3% considerando las de su
controlada Pluspetrol.
Con respecto a la extracción
gasífera, Repsol YPF concentra el 32,6% en forma directa, y el 41,3%
incluyendo la participación de Pluspetrol. Mientras que en la extracción
petrolera concentra en forma directa el 42,7%; incluyendo la participación de
Pluspetrol el 44,8%.
Con relación a las reservas
petroleras se replica una situación similar de liderazgo, ya que esta compañía
petrolera concentra en forma directa casi el 38% del crudo que se encuentra en
el subsuelo argentino, o 39,4% incluyendo las reservas petroleras de su
controlada Pluspetrol.
La gran participación que tiene
Repsol YPF en la explotación petrolera se originó a partir de los decretos de
desregulación de la actividad firmado durante la administración Menem, los que
permitieron que por DNU se modificara la ley Nacional de Hidrocarburos, la
17.319, cuyo artículo 34 que sólo autoriza a que una empresa petrolera sea
titular de hasta 5 concesiones de explotación simultáneamente.
Así nos encontramos en presencia
de una clara violación de este artículo, atento a que Repsol YPF posee, ya sea
de manera directa como indirecta 86 áreas.
La importancia que tiene esta
petrolera en el mercado de los hidrocarburos argentinos constituye un factor
relevante a la hora de regular y establecer los precios y condiciones de
mercado, actuando de esta manera como testigo con relación a las restantes
empresas del sector. Además al ser una empresa integrada se desempeña en
los diferentes segmentos desde la producción a la comercialización minorista, lo
que le otorga una situación de cierta ventaja en términos de rentabilidad.
Igual situación se da para el caso
del Gas de Licuado de Petróleo (GLP), en donde Repsol YPF participa no sólo en
la producción sino también en el fraccionamiento y la comercialización, siendo
el mismo uno de los insumos energéticos que mayores niveles de incremento
de precios registró en los últimos años, con efectos muy adversos en amplias
capas de la población, en especial la de menores ingresos.
En este contexto se considera que
el importante rol que tiene Repsol YPF en la economía argentina, al gravitar de
manera significativa en la matriz energética argentina, que es muy dependiente
de la provisión de hidrocarburos (petróleo y gas en más del 80%) nos lleva a
plantear la necesidad que cualquier cambio que se produzca respecto del
paquete accionario de la compañía debe contemplar una clara información
sobre las características globales que se impongan en esa operación.
A su vez la mayor justificación a
ello está dado por los montos que están involucrados en la operación de la
venta del 25% a un inversor directo, lo que significa que el futuro socio debe
aportar entre 2.500 y 3.750 millones de dólares (ya sea que la valuación de
mercado de la empresa sea de 10.000 ó 15.000 millones de dólares), por lo que
debemos conocer con extremada precisión cuál es el origen de dichos fondos,
atento a que nos podemos encontrar que los mismos no tienen un origen
comprobable y por lo tanto corresponda a lavado de dinero provenientes de
operaciones delictivas.
Sobre el particular debemos
destacar que es casi inexistente la información que se brinda desde el Ejecutivo
Nacional, y sólo se conoce lo que se publica en los diferentes medios de prensa,
los que dan cuenta de las negociaciones que se están llevando desde la cúpula
de la petrolera.
Sobre la base de estas
informaciones surge que de las tratativas que se están realizando con
diferentes grupos empresarios argentinos, las más avanzadas y con mayores
posibilidades de concreción corresponden con el empresario Enrique Eskenazi,
dueño del grupo Petersen, que tiene activa participación en las obras públicas
que se está realizando en los últimos años, en especial las localizadas en la
región patagónica, y que entre otras actividades, representa el principal
accionista del privatizado banco de Santa Cruz.
Hay varios hechos que llaman la
atención de esta operación, además de las diferencias de la valuación de la
empresa (señalado anteriormente): la incorporación como accionista de
empresarios no relacionados específicamente con la actividad hidrocarburífera,
el monto de los aportes a realizar y el origen de los mismos, además de la
cercana relación que existe entre el Sr. Eskenazi y el presidente de la Nación,
que permitieron que sea el Banco de Santa Cruz el agente financiero de la
conocida operación de colocación en la banca Suiza de los 500 millones de
dólares, en el 2001 cuando era gobernador de esa Provincia.
En cuanto al origen de los fondos
la información existente da cuenta que en caso que la inversión realizada por el
grupo argentino ascienda a los 3.000 millones de dólares, el mismo deberá
aportar como fondos líquidos entre 500 y 600, mientras que los restantes serán
financiados por un consorcio de grandes bancos internacionales.
Cuando se realiza el análisis de las
posibilidades de concreción que tiene esta operación comercial, comienza a
adquirir una ponderación especial los nexos existentes entre el titular del grupo
empresario argentino y el círculo del poder, y un principio de certeza que nos
mostraría que nos encontramos ante un caso en que se está tratando de
favorecer a un empresario "amigo del poder".
Habría que preguntarse si no
estamos nuevamente ante una nueva modalidad de saqueo, que en este caso
ya no se trata de la privatización lisa y llana como se realizó en los '90, sino de
manera más encubierta pero que también significa privilegiar a unos pocos con
recursos cuyo origen no se conoce.
También tenemos que tener en
cuenta que de acuerdo a la ley de promoción de hidrocarburos que votó este
Congreso en el 2006, las empresas petroleras cuentan con importantes
beneficios fiscales para desarrollar sus actividades de exploración y explotación
en su asociación con la empresa ENARSA. Ello podría posibilitar que Repsol YPF
se asocie a ENARSA (titular de los recursos del mar territorial argentino) y que
las actividades de prospección y explotación se realicen básicamente con
recursos públicos, a través de los aportes que sobre el particular realice
ENARSA, lo que le asegura un importante nivel de rentabilidad a la petrolera
privada.
Por lo tanto y en atención a cada
una de las consideraciones expuestas estimamos imprescindible convocar al Sr.
Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Lic. Roberto Baratta, en su
calidad de representante del Estado Nacional ante Repsol YPF, para que brinde
un informe verbal sobre la futura venta del 45% del paquete accionario de la
empresa petrolera.
La información que se brinde será
importante para que pueda ser evaluada por los Sres. Diputados, con
anterioridad a la concreción de la operación de referencia, a efectos que se
pueda contar con todos los elementos de análisis que posibiliten conocer el
origen de los capitales y evitar maniobras de lavado de dinero, que están
explícitamente penalizadas por la ley de prevención y represión del lavado de
activos proveniente de delitos de especial gravedad.
En atención a las argumentaciones
antes presentadas, solicito a los señores diputados que aprueben este proyecto
de Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| PEREZ, ADRIAN | BUENOS AIRES | ARI |
| SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | ARI |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |