La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros se informe a esta Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados a la distribución de la pauta publicitaria oficial y el gasto de propaganda que dispone diariamente el gobierno nacional.

1.- Remitir un prolijo detalle, acompañado de la documentación respaldatoria pertinente, en relación a los gastos por publicidad en el ámbito nacional o en el extranjero de cualquier índole desde el 1 de enero del corriente año al presente de las siguientes jurisdicciones: Secretaría de Comunicación Pública, Administración Nacional de la Seguridad Social, Aerolíneas Argentinas S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, Programa Fútbol para Todos, Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio del Interior y Transporte y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

2.- Adjuntar una nómina completa de la totalidad del gasto en materia de publicidad oficial que hubiere sido irrogada por el Tesoro Nacional durante el período fiscal 2014, identificando de modo preciso a las personas físicas o jurídicas que percibieron pagos por dicho concepto.

3.- Explicar las razones por las cuales el Poder Ejecutivo Nacional ha efectuado un cálculo defectuoso de previsión de gastos de publicidad oficial, atento que ya consumió el 70 por ciento de la partida anual que le destinó la ley de presupuesto 2015 (N° 27.008) por un total de 1203,2 millones de pesos y comparativamente la ejecución promedio del resto de las partidas del Presupuesto 2015 no supera el 35%.

4.- Referir si el Poder Ejecutivo contempla cumplir con la meta presupuestaria prevista en la ley 27.008, o recurrirá a reasignación de partidas o al endeudamiento.

Señor presidente:

El gobierno nacional, además de utilizar arbitrariamente y abusivamente a la cadena nacional, gasta por día 12 millones de pesos en publicidad para mantener el relato oficial.

Además, trascendió que en lo que va de este año electoral fue tan voraz la ejecución de estos recursos que en apenas cuatro meses y medio ya consumió el 70 por ciento de la partida anual que le destinó la ley de presupuesto 2015 por un total de 1203,2 millones de pesos. Por lo que es muy probable que durante el segundo semestre reciba otro refuerzo millonario para llegar con buen oxígeno a las elecciones presidenciales de octubre.

La política comunicacional del Gobierno es prioridad en la ejecución presupuestaria este año. Lo revelan las propias cifras oficiales: mientras que el programa Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno lleva gastado el 70 por ciento de sus recursos -840 millones en total-, la ejecución promedio del resto de las partidas del Presupuesto 2015 no supera el 35%. Exactamente la mitad.

Pero sería un error pensar que el Gobierno canaliza sólo por este programa su política publicitaria; el universo comunicacional del kirchnerismo comprende además el programa Fútbol para Todos -que lleva ejecutado el 44,2% de sus 1634 millones de pesos para este año-, como también las distintas áreas de la administración pública que propagan la gestión kirchnerista, como la Televisión Pública, la agencia oficial Télam y el Instituto del Cine INCAA, por mencionar algunas. A este vasto complejo propagandístico oficial habría que sumar las cadenas nacionales de la presidente Dra. Cristina F. de Kirchner, cada vez más frecuentes a medida que se acerca la fecha electoral. En lo que va del año, ya protagonizó 21 cadenas nacionales, a razón de una por semana promedio. De acuerdo con un informe que elaboró el colega diputado presidente del bloque UCR Dr. Mario Negri, desde 2008 hasta el 25 de mayo la Presidenta encabezó 127 mensajes por cadena nacional, mientras que su antecesor en el cargo, Néstor Kirchner, sólo protagonizó dos durante sus cuatro años de mandato. El uso abusivo de esta herramienta le valió al Gobierno varios pedidos de amparo y denuncias penales de la oposición, que denuncian el fuerte tono electoralista de los mensajes presidenciales por cadena.

Asimismo debe incorporarse el gasto en publicidad oficial de otros organismos del Estado, entre ellos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Aerolíneas Argentinas (AA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Nación Argentina y Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA (YPF), de los cuales se omite publicar información.

Por caso, la Fundación LED señaló que la Anses gastó el año pasado unos 530 millones de pesos en publicidad oficial, mientras que Aerolíneas Argentinas destinó 46,5 millones a este rubro sólo durante el primer semestre de 2014. Ambos datos fueron suministrados por sendos organismos públicos.

El problema no es solamente la ejecución millonaria de recursos públicos en propaganda oficial, sino la arbitrariedad en la distribución de la publicidad oficial. Según la Fundación LED, desde 2011 hasta la fecha se ha acentuado notablemente la brecha entre los medios que más recursos reciben y aquellos a los que se les asigna, sin criterio razonable, menor pauta oficial.

"Del análisis preliminar de la información realizado por la Fundación LED, se desprende que la matriz de distribución arbitraria de los recursos destinados a la pauta publicitaria tiende a consolidarse, concentrando la asignación de recursos en un reducido grupo de medios de comunicación con líneas editoriales afines al Gobierno relegando a los medios independientes o críticos de la gestión oficial, concluyó el informe (Fuente: diario Hoy).

En el anterior 132° período legislativo, este Bloque presentó iniciativas análogas que quedaron sin ser tratadas y no fueron evacuadas por el Poder Ejecutivo Nacional, a saber:

a) PROYECTO DE RESOLUCION Expediente: 8189-D-2014 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS FONDOS UTILIZADOS POR LA "ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ANSES -" Y LAS EMPRESAS "AEROLINEAS ARGENTINAS" Y "AUSTRAL LINEAS AEREAS", PARA PUBLICIDAD.

b) PROYECTO DE RESOLUCION Expediente: 8074-D-2014 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL GASTO EN PUBLICIDAD POR PARTE DE LA "ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - AFIP.

c) PROYECTO DE RESOLUCION Expediente: 6953-D-2014 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES REFERIDAS A LA DISTRIBUCION DE LA PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL.

En el presente año 2015, de elecciones generales se advierte un gasto obsceno de 12 millones de pesos diarios en publicidad oficial, contabilizando en lo que va del año un dispendio de $ 1.627.592.172 en propaganda oficial a través de la Secretaría de Comunicación, el Fútbol para Todos y la ANSeS.

Es la prueba más brutal de que la excusa para fatigar con la cadena nacional, al menos una vez por semana, la supuesta falta de amplificadores en grandes medios para revelar los logros del Gobierno, resulta apenas eso, una excusa. Mejor dicho, es una burda y fútil mentira. Como nunca en la democracia, el kirchnerismo gastó miles de millones de pesos de los argentinos en auto-propaganda. Y no hace falta trasladarse a gestiones ajenas para que la comparación desnude la obscenidad. Como en tantas otras áreas, basta con remontarse al arranque del modelo. En 2003, cuando desembarcó Néstor Kirchner, la Nación promediaba unos 100 mil pesos por día en publicidad. En 2015, cuando suelta amarras su esposa, ese mismo dinero para idéntico fin se esfuma cada 11 minutos (y medio) (Fuente: Eduardo Paladini, diario Clarín).

Reclamamos conocer cómo se gasta el dinero público en la asignación de pauta oficial, cuáles son los criterios de objetividad, penetración o masividad que tiene en consideración el Poder Ejecutivo ya que prima facie se advierte una inequitativa adjudicación, medios menos masivos son los más beneficiados, mientras que otros han debido promover acciones ante la Justicia para ser incluidos en el reparto y obtener el cese inmediato de la política discriminatoria que se lleva a cabo, consistente en excluir de la pauta publicitaria oficial a determinadas empresas, medios o publicaciones. Además, se ha solicitado que se declare la ilegitimidad manifiesta y antijurídica de la conducta del Estado demandado, configurada por el abuso de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo de la Nación en el manejo de los fondos públicos destinados a la contratación de publicidad oficial para, de esa manera, censurar indirectamente a medios,

No puede soslayarse que llama la atención la magnitud de los fondos que se abonan a: Grupo Spolszki, Canal 9, Diego Gvirtz (Televisión Registrada, Duro de domar y el programa de exaltación de la figura presidencial 6, 7, 8) y Diario Página 12, cuando son medios o programas notoriamente minoritarios en cuanto a la aceptación y confianza del ciudadano como se infiere de la mera interpretación de los ratings televisivos, share radiales y circulación verificada de medios escritos.

Finalmente, cabe recordar lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA que establece "la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión."

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente pedido de informes.