La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1. Su enérgico repudio a la uti- lización de la AFIP para perseguir a dirigentes opositores mediante procedi- mientos y acciones que podrían implicar la comisión de delitos, llevados a cabo con el deleznable propósito de intimidar y coaccionar a quienes objetan la política oficial.

2. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata remoción de las autoridades de la AFIP involucradas en la conducta denunciada.

Señor presidente:

Es público y notorio que la Ad- ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adopta, con frecuencia cada vez mayor, acciones persecutorias, extorsivas e intimidatorias en perjuicio de personas que se manifiestan en sentido crítico o simplemente opuesto a las políticas llevadas a cabo por el actual gobierno nacional.

En días recientes y en ese sen- tido, ha tomado estado público la resolución de la AFIP mediante la cual se dispuso realizar una inspección fiscal y personal a Miguel Blanco, actual titu- lar de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina). En principio, podría no existir inconveniente en que la AFIP inicie una inspección de este tipo respecto de un ciudadano, si es que se dan los requisitos legales para proceder de ese modo. Sin embargo, no puede escapar a nadie que Miguel Blanco ha sido el coordinador del crítico documento empresario que aprobó recientemente el Foro Convergencia Empresarial.

En tales condiciones y teniendo presente la práctica que ha seguido la AFIP en casos similares en los últimos años, se hace imprescindible emitir la presente declaración.

En efecto, esta Honorable Cá- mara no puede permanecer indiferente ante la situación planteada toda vez que, a partir de la reiteración y sumatoria de hechos, resulta a esta altura evidente que la AFIP ha desarrollado un plan sistemático de intimidación y persecución en perjuicio de todo aquel ciudadano o funcionario que se haYA manifestado en forma crítica u opuesta a la política del Poder Ejecutivo na- cional. Este plan implica, como es obvio, una grave violación a los Derechos Humanos.

Ello es así, porque se utiliza a la AFIP para investigar a ciudadanos y someterlos a sumarios no por algún inte- rés legítimo en la recaudación fiscal, sino por pura motivación política y para acallar críticas. Esto significa abusar del poder, cometer delitos tipificados en el código penal y, quizás lo más grave, atentar contra la democracia, ya que ésta existe únicamente allí donde se verifica la más plena e irrestricta liber- tad de expresión.

Y no estamos aquí frente a un hecho aislado. Se trata de una acción reiterada, ejecutada desde el Estado. Existen ya diversos expedientes presentados ante esta Honorable Cámara y múltiples denuncias penales que dan cuenta de cómo se abusó y abusa del poder de la AFIP a través de procedimientos intimidatorios.

Mediante la comisión de delitos tales como la violación del secreto fiscal, la extorsión, la coacción agravada y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la AFIP ha llevado a cabo múltiples acciones persecutorias o de "represalia" en perjuicio de distin- tas personas. Así, se han visto perjudicados tanto políticos de la oposición como miembros de otros poderes, incluido el juez de la Corte Suprema, Ri- cardo Lorenzetti, y otros funcionarios del tribunal; periodistas, como Luis Ma- jul y Matías Longoni; figuras públicas, como Eliseo Subiela; y hasta ciudada- nos particulares, como el empresario inmobiliario Jorge Toselli, entre muchos otros.

No expresar nuestra máxima preocupación frente a tales hechos, a los que se suma ahora el incidente con el Sr. Blanco, sería lo mismo que consentir la utilización de estas herramien- tas en pos de garantizar un régimen político hegemónico y cohonestar la persecución estatal a quien piensa distinto.

Si al derecho a la libertad de expresión y el disenso político, consagrados por la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos, son cercenados por la posible aplicación de sanciones desde la AFIP, es lógico concluir que en la Argentina los Derechos Humanos son pura apariencia y nuestra democracia no ha sido cabalmente recuperada.

En consecuencia, siendo garan- tes legítimos del pueblo por la representación asumida, debemos desalentar, repudiar y denunciar todo abuso de poder que amenace, aún indirectamente, los derechos consagrados en la ley fundamental. Al mismo tiempo, los fun- cionarios responsables deben ser removidos de su cargo y puestos a disposi- ción de la justicia.

Por todo lo expuesto, solicita- mos la aprobación del presente proyecto de declaración.