El Senado y Cámara de Diputados...

Derogación de la Ley 26.052

Artículo 1°- Deróguese la ley 26.052.

Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La ley 26.052 fue sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en el año 2005 y modificó la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. El régimen establecido por la nueva normativa establece la posibilidad de que la competencia judicial sea trasladada al fuero provincial en diferentes casos vinculados con delitos relacionados con los eslabones más bajos y marginales de la cadena de producción-comercialización y consumo de drogas (comercio, entrega, suministro y facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis directamente al consumidor; siembra o cultivo de estupefacientes; tenencia y tenencia para consumo personal de estupefacientes; entre otros). En este sentido, es dable recordar que hasta la sanción de la ley 26.052, los delitos tipificados en la ley de estupefacientes eran de estricta competencia federal y que, a partir de la reforma, los poderes legislativos provinciales poseen la potestad de sancionar una ley de adhesión a la citada normativa que establece la potencial desfederalización de las causas menores vinculadas con la droga.

Diversas voces se han alzado en contra de la sanción y vigencia de la ley que este proyecto propone derogar, entre las que se encuentran sectores pertenecientes al Poder Legislativo, diferentes organizaciones y prestigiosas voces del Poder Judicial, quienes advirtieron que la misma sólo sirve para atomizar la labor de persecución del narcotráfico, para generar conflictos entre diferentes competencias y, como ya se señaló en el párrafo anterior para direccionar el poder punitivo del Estado a los eslabones más bajos y débiles de la cadena de producción- comercialización-consumo.

La objeción referida en el párrafo anterior fue claramente expuesta por la Dra. Lucila Larrandart, vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 del Departamento Judicial de San Martín, quién sostuvo respecto a la ley 26.052: "No se puede dividir la competencia, pues ello presenta distintos inconvenientes aún desde el comienzo de la investigación (...) o se deroga la competencia federal y se le otorgan todas las causas a las justicias locales o se mantiene la competencia federal. Es todo federal o todo local".

Si bien es indudable que la droga constituye un problema social que se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años, y que se encuentra asociado al desmembramiento del tejido social en especial en las clases sociales más bajas y castigadas por la crisis económica, creemos que es altamente temeraria, cuestionable y poco rigurosa la relación unidireccional que desde algunos sectores se establece entre pobreza, drogadicción y delito. La experiencia nos demuestra que la presencia conjunta de dos variables no implica necesariamente una relación de causalidad entre una y otra. En concreto, la drogadicción no genera de por sí comportamientos delictivos, ni explica la inseguridad ni la crisis social. Las investigaciones del reconocido sociólogo argentino Gabriel Kessler sustentan esta afirmación. En la III Conferencia Nacional sobre Políticas de Droga, organizada por la ONG Intercambios Asociación Civil, Kessler presentó su trabajo "Consumo de drogas y alcohol en el delito amateur", donde comprueba con evidencia empírica la inexistencia de una relación causal entre droga y delito.

Nos encontramos, entonces, legislando como Congreso de la Nación sobre cuestiones que nada tienen que ver con un abordaje serio a la problemática de las adicciones. Por intermedio de esta legislación se adoptan estrategias claramente coyunturales y no de fondo para resolver los problemas generados por la ausencia de políticas públicas de salud, de seguridad, de educación, de desarrollo social, de infancia, de adolescencia y por supuesto económicas. Es por eso que legislamos sobre cuestiones que nada tienen que ver con el fondo del problema de los usuarios de drogas y mucho menos del narcotráfico. Ante esta realidad, surge con claridad que la ley 26.052 aumenta la desarticulación existente a causa de las disputas de competencia y las zonas grises del texto legislativo y pone el poder punitivo del estado en los sectores más débiles de la cadena de consumo y distribución de la droga.

Evidentemente el problema de las adicciones es complejo y multicausal, y por lo tanto sus posibles soluciones también son complejas. Pero está claro que el Estado debe dejar de lado la adopción de políticas represivas que no ponen el eje en la causa del problema y poner su mayor esfuerzo en una persecución coordinada y seria de los eslabones más altos del narcotráfico, para lo cual se necesita no sólo coordinación de fuerzas sino también independencia del poder judicial y profunda reforma política, dado que está claro que la connivencia de la corrupción política y judicial explica en buena medida el fracaso en esta tarea. Y también debe implementar políticas de redistribución del ingreso e inclusión social, y realizar un replanteo profundo de las prácticas cotidianas de sus dirigentes que tienen claro efecto ejemplificador, para que actúen como dique a la demanda de sustancias con las que miles de personas intentan evitar la angustia y frustración de una sociedad que no ofrece caminos de realización personal y colectiva para todos sus ciudadanos.

Por último, y en el marco de la saludable revisión que se está llevando adelante desde los poderes del estado de la política de drogas adoptada por la República Argentina en los últimos veinte años, creemos necesaria la modificación de toda normativa que ponga el eje en la persecución penal del usuario de drogas en lugar de direccionar el poder punitivo del Estado en los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los Señores Diputados que acompañen el presente proyecto.