El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.737. DESPENALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN DE DAÑOS.

Artículo 1: A los efectos de la presente ley se entiende por reducción de daños a aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas con adicciones, ya sea evitando la extensión de las enfermedades contagiosas, previniendo las muertes por sobredosis, accidentes fatales, y / o todo otro daño asociado.

Artículo 2: Incorpórese como último párrafo del artículo 10 de la ley 23.737, el siguiente texto:

"En el caso del primer párrafo del presente artículo, cuando la facilitación de un lugar o elementos para usar estupefacientes se realice a personas integradas a un programa de reducción de daños, el hecho no será punible".

Artículo 3: Modifícase el inciso a) del artículo 12 de la Ley 23.737 que quedará redactado de la siguiente manera:

"a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlos; a excepción de aquellas acciones específicamente destinadas a promover la minimización de riesgos para la salud de las personas, en el marco de programas de reducción de daños".

Artículo 4: Incorpórese como último párrafo del artículo 28 de la ley 23.737, el siguiente texto:

"En el caso del primer párrafo del presente artículo, cuando las instrucciones sean impartidas a poblaciones de usuarios de estupefacientes, en el marco de estrategias de reducción de daños, el hecho no será punible".

Artículo 5- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

A menudo, cuando desde esta Cámara Legislativa se proponen proyectos de modificación de normas internas y de fondo lo que se intenta es adaptar la norma a la realidad, dando respuestas jurídicas a los cambios sociales y culturales de nuestro tiempo. A veces ocurre que estos cambios intervienen en forma directa o indirecta en problemáticas vinculadas a la salud, a la educación, al trabajo y afectan en forma directa las condiciones de vida de los sujetos.

Este tiempo posmoderno, entre otras cuestiones, nos enfrenta a problemáticas sanitarias y sociales como la epidemia del "VIHSIDA" y al "Uso Problemático de drogas", ubicándonos en un lugar de máxima responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Existen mundialmente innumerables manifestaciones sociales, científicas, profesionales, institucionales y de la sociedad civil, que exhortan a la "responsabilidad de los Estados" y al diseño e implementación de medidas que prevengan el contagio de esta epidemia que afecta y puede afectar no solo a algunos, sino a cada uno de los integrantes de esta sociedad; y en especial a aquellos ciudadanos que por diversas razones se encuentran vinculados al "Uso problemático de drogas".

Una de estas manifestaciones la constituye la "Declaración del Milenio de las Naciones Unidas", adoptada en septiembre de 2000 por parte de 191 Jefes de Estado y de Gobierno, de la que participó el Estado Argentino, y cuyos objetivos fijados para el año 2015 plantean en el objetivo Nº 6 "el compromiso a detener y a empezar a revertir la expansión del VIH/SIDA para el 2015" (1) . Por otra parte en junio del 2001, durante la "XXVI Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas", en VIH/SIDA, en Nueva York, Estados Unidos, los gobiernos hicieron compromisos específicos respecto a los usuarios de drogas inyectables"; se plantearon para el 2003 que "todos los Estados habrán eliminado cualquier ley, política o practica que discrimine personas que viven con VIH/SIDA y otros grupos vulnerables de alto riesgo"; (...) "promocionar y proteger la salud de aquellos grupos identificados por tener una alta tasa de infección de VIH, o aquellos que la información en salud pública indica que están en mayor riesgo, o son más vulnerables a la infección, por factores como la historia local de la epidemia, como la pobreza, como las prácticas sexuales y los comportamiento vinculados al uso problemático de drogas(...)". (2)

Asimismo "la Estrategia de la OMS en Salud Mundial para VIH/SIDA del 2003 al 2007, (...) cita los componentes claves del sector salud en respuesta al VIH/SIDA, e incluye la promoción de la reducción de daños entre usuarios de drogas inyectables, como un acceso amplio a equipo de inyectar esterilizado, y tratamiento para la dependencia de drogas y servicios sociales que permitan reducir la frecuencia en el uso de drogas inyectables" (3) .

Estas declaraciones y compromisos de organismos internacionales, de los Estados y de organizaciones de la sociedad civil son sólo algunas y tienen sustento en Informes desarrollados por el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud.

En la 48º sesión de la Comisión de Estupefacientes (CE) de la ONU, celebrada en Viena del 7 al 11 de marzo de 2005, en las palabras de apertura, el director ejecutivo de la ONUDD, Antonio Maria Costa, expresaba "(...) con respecto a la expansión de infecciones de transmisión sanguínea por medio del intercambio de jeringuillas entre toxicómanos por vía intravenosa, (...) todos los que están expuestos al riesgo "necesitan una ayuda tangible, específica e inmediata antes de que esta pandemia se convierta en la mayor causa de mortandad de la historia". Y aclaró que la ONUDD "tiene el mandato, a través de las Convenciones de drogas de la ONU, no solamente para reducir el predominio del uso de las drogas sino también para reducir el daño que causan". (4) En este mismo ámbito la Unión Europea presentó una posición común y explicó "el Plan de Acción sobre Drogas de la UE (2005-2008) incluye también la "disponibilidad y el acceso a los servicios de reducción del daño" y un compromiso para "garantizar a los toxicómanos el acceso a los servicios, incluidos tratamientos de sustitución y mantenimiento, intercambio de agujas y servicios similares destinados a reducir los riesgos" (5) , en esta dirección, los países de Latinoamérica, África y Asia expresaron un apoyo casi unánime a los programas de reducción del daño.

Más recientemente, en la sesión desarrollada en Viena entre los días 12 y 16 de marzo del año 2007, y en el marco de la 50º Reunión Anual de la Comisión de Estupefacientes (C.E), y con el fin de "proveer insumos para la revisión de metas de la ONU en sus políticas de drogas; se realizará una consulta en seis regiones del planeta sobre logros de la sociedad civil, colaboración entre ONGs, gobiernos y agencias; y recomendaciones para la agenda de futuras deliberaciones sobre políticas de drogas, " (6) . Esta consulta tiene por objeto "dar más tiempo para conducir una evaluación objetiva, científica y balanceada, sobre los progresos en políticas de drogas en los últimos diez años", que los Estados han desarrollado, de acuerdo a las medidas y acciones acordadas y establecidas en la Asamblea General de Naciones Unidas en la Sesión Especial sobre Drogas del año 1998. "(...) Los resultados de las consultas regionales asignadas a las organizaciones de la sociedad civil formarán parte de la agenda oficial de la Oficina de Naciones Unidas, en el año 2009" (7) .

En nuestro país, esta visión de los problemas de salud vinculados al uso problemático de drogas y a la reducción de la transmisión del VIH SIDA y a otros problemas de salud, en el marco de estrategias de reducción de daños; encuentran garantías, en la Constitución Nacional, Artículo 75º, Inc. 22, específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, garantizando en forma expresa el derecho a la salud: Asimismo en la Ley Nacional de SIDA Nº 23.798, Artículo 1º que expresa - "Declarase de interés nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población" ; también establece en el Artículo 4º, Inc. a y f que: - "(...) las autoridades sanitarias deberán: a) desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones descriptas en el artículo 1, gestionando los recursos para su financiación y ejecución. En el Artículo 4º- Inc. f.- "El Poder Ejecutivo arbitrará medidas para llevar a conocimiento de la población las características del SIDA, las posibles causas o medios de transmisión y contagio, las medidas aconsejables de prevención y los tratamientos adecuados para su curación (...)".

Del mismo modo la Ley Nacional Nº 24.455, de obras sociales, sancionada el 8 febrero 1995, establece en el Artículo 1º que - "Todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, deberán incorporar como prestaciones obligatorias: a) La cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas infectadas por algunos de los retrovirus humanos y los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y/o enfermedades intercurrentes; b) La cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes; c) La cobertura para los programas de prevención del SIDA y la drogadicción.

Es indiscutible que el espíritu de las Leyes de SIDA y de obras sociales promueven la implementación de políticas preventivas, de control y de reducción de la transmisión del VIH SIDA y de otros problemas de salud asociados con el uso problemático de drogas; dando lugar a quienes tienen injerencia en el diseño de las políticas socio sanitarias a la implementación de programas de reducción de daños.

Esta asociación que los marcos normativos mencionados hacen entre la epidemia del VIHSIDA y el uso problemático de drogas, resultan apropiados tanto para prevenir la infección y transmisión del VIH, así como del VHB y del VHC, como para construir un modelo de acercamiento a los sujetos, y de tratamiento de los problemas ocasionados por al uso problemático de drogas; habilitando oportunidades a aquellos sujetos que por diversas razones singulares y de su contexto social y cultural, presentan dificultades para abandonar el consumo de dichas sustancias.

En el marco de las políticas públicas la SEDRONAR ha dado cuenta de la importancia de la implementación de "estrategias de reducción de daños", a través de la Resolución 351 de la Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), del año 2000, donde este organismo, recomienda a los responsables del diseño de la política de salud pública "la adopción de programas y/o medidas"... "a fin de lograr reducir los riesgos para la salud". (8) Esta resolución se refiere a los casos de persona/s adicta/s que "no este/n integrada/s o atendida/s en los servicios y programas existentes, o que haya/n fracasado repetidas veces en los mismos" y "esté/n expuesta/s a un alto riesgo de daño grave a su salud por enfermedades infecciosas que se relacionan con el abuso de drogas y que también pueda/n producir accidentes fatales".

La resolución de la SEDRONAR a su vez encuentra fundamento en Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas siendo estas las Resolución S-20/3, del 10/6/1998 (9) ; la Resolución 43/3 de la Comisión de Estupefacientes del 15/3/2000. (10) ; el Documento de Posición del Sistema de las Naciones Unidas del 29/9/2000 (11) y la Resolución S-26/2 de la Asamblea General del 27/6/2001 (12) .

Además se han expresado en sentido favorable a la aplicación de estrategias de reducción de daños; el ex Subsecretario de la SEDRONAR, Dr. Camilo Verruno, en el marco de las II Jornadas sobre Políticas de Drogas desarrollas por la Organización Civil Intercambios, realizadas en la Sala de Conferencias de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2004, quien anunció que "a partir de visitas de expertos internacionales y las experiencias de reducción de daños, la SEDRONAR va a abrir un foro de discusión donde se incorporará la discusión sobre reducción de daños. Después de este consenso va a ser dada una posición oficial" (13) . Realizó lo propio en el año 2006, el Dr. Andrés Leibovich, en representación del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la IV Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada también por la Asociación Civil Intercambios, quien expresó: "Fuimos criticados allá por el 2002, cuando les dábamos a los usuarios de drogas insumos de prevención. Me parece que hoy la mentalidad argentina está aceptando estas medidas". Más recientemente, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre VIH/Sida (UNGASS) espacio del que participó el Ministro de Salud Dr. Gines Gonzáles García se refirió a "la necesidad de contar con tratamientos más económicos y de trabajar en la prevención para que todos los sectores sepan como evitar la infección. Explicó que para ello en Argentina favorecemos el acceso a insumos para la prevención, como el condón y el kit de reducción de daños para usuarios de drogas. El Ministro argentino sostuvo que las políticas, para ser eficaces, deben incluir a todos los sectores y que en Argentina a pesar de que no son pocos los oscurantismos que todavía resisten, existe un fuerte compromiso que se expresa en la articulación con la sociedad civil" (14) . En el ámbito del Ministerio de Salud, en el informe correspondiente al año 2004, con motivo de conmemorarse el día Internacional de lucha contra el SIDA, surge que en "los años 2002 y 2003 las relaciones sexuales sin protección entre personas hetero-sexuales fueron identificadas como la vía de transmisión más frecuente en los nuevos casos de SIDA. Le siguieron, respectivamente, la vía parenteral en usuarios de drogas intravenosas (UDIs) en el 2002" (15) . En este mismo sentido si analizamos las propuestas del programa Nacional de SIDA, del Ministerio de Salud de la Nación, entre sus objetivos se encuentran: "Prevenir la infección entre usuarios de drogas; Diseminar la información sobre los riesgos asociados al uso de drogas; Impulsar acciones de prevención de la infección entre usuarios de drogas inyectables y Apoyar acciones de prevención de la inyección entre parejas sexuales de usuarios de drogas" (16) .

Históricamente las Organizaciones de la Sociedad Civil se han ocupado de las cuestiones socio sanitarias y culturales complejas, como lo son el Uso problemático de Drogas y la Reducción de los riesgos socio- sanitarios, asociados al consumo de drogas; y son quienes han apostado con fuertes convicciones al desarrollo de estrategias de intervención basadas en la defensa de los derechos de las personas usuarias de drogas, y en garantizar el acceso a tratamientos de la salud de las personas afectadas; desarrollando "experiencias pilotos en la implementación de programas de reducción del daño, así como investigaciones sobre su factibilidad. Varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) han sido las pioneras, a veces con medios y por iniciativa únicamente propia, y otras veces, con aportes del Estado (...)"."Las ONGs e instituciones públicas que iniciaron trabajos desde la óptica de la reducción del daño, (...) lo hicieron principalmente en zonas del conurbano bonaerense (Avellaneda), provincia de Santa Fe (Rosario) y provincia de Buenos Aires (Mar del Plata)".

"En San Pablo, Brasil, durante los días 20 y 21 de enero de 1998, se fundó la Red Latino Americana de Reducción de Daños (RELARD), (...). La RELARD tiene como objetivo promover la reducción de daños asociados al uso de drogas, con prioridad dada a la prevención del VIH en el contexto de la salud pública, y el respeto de los derechos humanos en América Latina". (17) Este movimiento organizacional latinoamericano trajo aparejado la organización de distintos sectores sociales en la Argentina, es así como " (...) un grupo de profesionales que hacía tiempo trabajaban en reducción de daños asociados al consumo de drogas, creó en septiembre de 1999 la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (A.R.D.A.) cuyos objetivos eran reducir los daños asociados al consumo de drogas, tendiendo a incidir en las políticas de drogas basadas en los principios de reducción del daño, promoviendo planes de acción que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso de drogas y la epidemia del VIH/SIDA, asociando la asistencia a la prevención y promoción de la salud" (18) .

Del mismo modo se creo en el año 2000, "en el marco de programas de reducción de daños, la Red Argentina de Reducción de Daños (REDARD); que se propone como misión impulsar la inclusión de la perspectiva de reducción de daños asociados al uso de drogas en las políticas, planes y programas en la Argentina, teniendo como principios rectores la defensa de los derechos humanos y de la salud pública." (19) Los criterios de las estrategias de reducción de daños buscan la -reducción del riesgo o minimización de los daños asociados al consumo de drogas, teniendo en cuenta que es en la relación problemática que establecen los sujetos con las drogas legales o ilegales, de donde derivan los riesgos de contagio de enfermedades transmisibles, de sufrir accidentes fatales, de aumentar la morbilidad y mortalidad de la población afectada. Estas estrategias reconocen en la intervención la dificultad que tienen algunas personas para suspender el consumo de drogas. Son estrategias de intervención sociales y sanitarias que procuran respetar la singularidad de cada persona; la heterogeneidad de los usuarios de drogas; la diversidad de los contextos sociales donde se manifiesta el problema; buscan favorecer la accesibilidad a los servicios asistenciales y mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas; siendo las condiciones de pobreza y exclusión una de las variables más importantes a tener en cuenta, por la inaccesibilidad de las personas a los servicios básicos de salud y de educación. De ningún modo estas estrategias niegan los tratamientos basados en la abstinencia, ya que estos tratamientos se basan también en la aceptación de las personas usuarias de drogas a iniciar un tratamiento.

Desde esta perspectiva se estaría dando una cobertura integral al uso problemático de drogas y de los riesgos socio-sanitarios asociados; habilitando otras alternativas posibles de relación entre los usuarios problemáticos de drogas, con los profesionales que intervienen en los programas de reducción de daños, una relación más confiable, flexible y menos criminalizante y estigmatizante desde el punto de vista socio-penal, tanto para las personas usuarias de drogas como para los profesionales que en el marco de programas de reducción de daños implementan estrategias diversas tales como: el logro del consumo controlado; desarrollo de acciones próximas a los lugares de consumo aportando según la heterogeneidad de los usuarios de drogas y las características de los contextos donde se manifiesta la problemática: educación sanitaria integral, educación sobre sexualidad y acceso a preservativos; acciones de intercambio y/o distribución de jeringas, considerando la posibilidad de la existencia de centros de inyección seguros; " (...) en nuestro medio el uso intravenoso de cocaína debiera ser objeto de una más detenida reflexión. Ya que esta sustancia, a diferencia de la heroína llega a ser inyectada hasta veinte veces al día, lo que potencia proporcionalmente los riesgos de infección en relación al uso compartido de agujas y jeringas contaminadas" (20) . También el desarrollo de acciones que permitan reemplazar el uso de sustancias adquiridas en el mercado ilegal por sustancias prescriptas; en este sentido, la Lic Silvia Inchaurraga (1995) (21) expresa que: "(...) Erróneamente los programas de sustitución se atribuyen exclusivamente a la adicción a la heroína; sin embargo los mismos se hallan ampliamente difundidos y probados en el mundo para el tratamiento de la adicción crónica a opiáceos(...), proporcionando, además, un efecto adicional indirecto de disminución de consumo de cocaína en poliadictos". "(...) La creencia de que la sustitución sólo se aplicaría a la adicción a la heroína obstaculiza su implementación en poblaciones con problemáticas con otros opiáceos y la investigación sobre los efectos de la sustitución de otras sustancias. Existen unas pocas experiencias piloto de sustitución en Latinoamérica; es de señalar la de Bolivia que trata con hojas de coca la dependencia a la cocaína (Hurtado, 1998), en Brasil los estudios de un grupo de San Pablo sobre la utilización de marihuana en adictos al crack (Labigalini, 1998) y el programa piloto de sustitución con buprenorfina para adictos a los opiáceos de Rosario en Argentina (Siri. 1998). Colombia, Ecuador, Peru y Brasil estudian los usos rituales y como droga de sustitución de la ayahuasca (Luna, 1998").

Por último y más precisamente la Lic. Inchaurraga (1995) expresa que "(...) Uno de los objetivos que comanda al modelo de reducción de daños es hacer contacto con aquellos sujetos que no llegan al sistema de salud, para ello la estrategia es ir a buscarlos. Trabajadores u operadores de calle intentan hacer contacto con ellos, distribuir material educativo, preservativos, e inclusive jeringas en algunos países, evaluar sus necesidades y derivarlos. En este sentido y con el mismo objetivo existen en varias ciudades del mundo las llamadas "areas de tolerancia" como las "drug rooms". A diferencia de los espacios abiertos (como fué SpitzPlatz o Letten en Zurich) y de las "shooting galeries", se trata de lugares de estadía transitoria -diurnos o nocturnos-, donde estos sujetos pueden estar, proveerse de preservativos y jeringas, tomar un café‚ un baño, pasar la tarde o la noche y si lo desean hacer una consulta al profesional de guardia. Este tipo de lugares suelen combinarse con puestos de cambio de jeringas y algunos de ellos incluyen un espacio donde las personas pueden consumir drogas en un ambiente definido como seguro".

De acuerdo a todo lo expresado en los párrafos precedentes, creemos que la legislación actual debe ofrecer garantías y seguridad jurídica a las acciones socio -sanitarias vinculadas a programas de reducción de daños, destinados a la prevención, control y reducción de la transmisión del VIHSIDA y de otros problemas de la salud asociados al uso problemático de drogas legales e ilegales. Para esto es indispensable la modificación de la ley 23.737, puesto la misma tipifica como delitos acciones que se llevan a cabo en el marco de estrategias de reducción de daños.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de ley.