La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe:

Cantidad de personas o empresas que durante el año 2012 fueron señaladas desde el exterior como sospechosos de lavado de activos.

Sobre cuántos de estos casos la Unidad de Información Financiera (UIF) ha iniciado una investigación propia.

Señor presidente:

La Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera (UIF), encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Artículo 5° de la Ley N° 25.246). Su misión es combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc. A estos fines, se analiza la información recibida por los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares las que de corresponder, se elevan al Ministerio Público para que se continúe con la investigación. Estas facultades surgen de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias por Ley Nº 26.268 (1) .

La UIF, en contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, recibe y envía pedidos de datos sobre investigaciones en curso.

Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargarían en la base de datos y se verificaría si esa persona ya se encontraba bajo sospecha, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añadiría a su legajo y se examinaría. En cambio, si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limitaría a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.

Esta situación ha tomado estado público por las investigaciones realizadas por distintos medios periodísticos, por lo que resulta imprescindible contar con la información pertinente de las dependencias nacionales sobre los hechos descriptos para garantizar la transparencia en la operatoria de la UIF.

Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.