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PROYECTO DE TP
Expediente 2941-D-2013
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR EL PROYECTO QUE DISPONE LA CREACION DEL "INSTITUTO DE EVALUACION DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - GCBA -".
Fecha: 09/05/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 45
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar su preocupación ante el
Proyecto de Ley de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad
Educativa del GCBA presentado por el poder ejecutivo porteño, que se debatirá
próximamente en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Preocupa en
particular el carácter de entidad autárquica que dicho proyecto asigna al
Instituto, como así también que sus funciones exceden ampliamente aquellas
que justifican su creación, debilitando de este modo el rol del Ministerio de
Educación en aspectos sustanciales de la política educativa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días, se debatirá
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Proyecto de Ley de
creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del
GCBA. Dicho Instituto, que funcionará como entidad autárquica, tiene la misión
de evaluar los aprendizajes de los alumnos, la formación y desempeño docente,
el funcionamiento institucional del sistema educativo y el impacto de las
políticas educativas del Ministerio de Educación. Se atribuyen a dicho Instituto
funciones que exceden en mucho las requeridas para el cumplimiento de su
misión como, por ejemplo, c) producir y desarrollar investigaciones sobre
diferentes aspectos educativos, d) diseñar e implementar una política de
difusión de información y estadísticas educativas y j) producir, recibir, organizar
y suministrar información sobre el sistema educativo, a fin de elaborar una
amplia base de datos estadísticos, funciones asignadas en el Art. 5 -Capítulo 1,
Creación y competencias.
En nuestra opinión, el carácter
autárquico, que disocia la evaluación de las instancias en las cuales se define la
agenda de gobierno, como así también el exceso en las funciones asignadas,
debilitan el rol del Ministerio de Educación en aspectos sustanciales de la
política educativa.
Sostenemos que el proyecto
obedece a las concepciones neoliberales que tanto auge tuvieron en nuestro
país en la década de los 90 y que hoy continúan vigentes en la ciudad de
Buenos Aires. Con lógica e intereses más propios del mercado, estos enfoques
reducen el rol del Estado, restringiendo sus funciones a la asignación de
recursos y a la evaluación de los resultados.
Son numerosos los países que han
sufrido y continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de Estado que
debía reducirse y limitar su intervención. Orientados por la lógica del "libre
juego entre la oferta y la demanda", y bajo la concepción de que la educación
es un servicio o una mercancía a la que se accede según el poder adquisitivo de
cada cual, se trataba de que el Estado se limitara a financiar la demanda
transfiriendo dinero a consumidores y escuelas privadas. En estos modelos la
evaluación desempeñaba un rol claro: orientar la asignación de recursos hacia
las escuelas que obtuvieran "mejores resultados" y, en consecuencia, resultaran
más demandadas.
En el caso de la Argentina, estos
modelos encontraron un límite en la tradición y en la normativa existente, que
reconoce que la educación es un derecho y no una mercancía que se puede
adquirir en el mercado. Así lo establece la Constitución Nacional, la Ley de
Educación Nacional y, en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, su
propia Constitución sancionada en el año 1996. Aun así tuvieron sus claros
efectos.
Aquellos años de exacerbación de
la lógica del mercado y debilitamiento del Estado en su función de regulador
social nos dejaron como "legado" el aumento de la brecha entre quienes más y
menos tienen, como así también porcentajes alarmantes de población
excluidos del acceso a todo derecho. El desmantelamiento sistemático de la
infraestructura pública trajo aparejado un profundo proceso de precarización y
desprotección social que fue padecido por la mayor parte de la sociedad, en
particular por los sectores más desprotegidos.
La educación no quedó por fuera de
este proceso. Como resultado de esas políticas, la ciudad de Buenos Aires
cuenta con un sistema educativo cada vez más fragmentado y desigual, donde
el costo del deterioro de la escuela pública lo pagan los sectores más
vulnerables. Diversas investigaciones exponen que la distribución geográfica
de la pobreza muestra profundas desigualdades según zonas: del total de la
población NBI un 61.7% habita el cordón sur, en el cual reside solo un 26.8%
de la población total de la CABA (datos extraídos del informe de situación
presentado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires en el marco de fundamentación de su Centro de Innovación y Desarrollo
para la Acción Comunitaria).
En este contexto, genera amplia
preocupación las características de las evaluaciones que impulsará el Instituto
como así también el uso que se hará de la información obtenida. Si bien no lo
explicita el proyecto de creación, existen suficientes indicios sobre ambas
cuestiones.
A fines del año pasado, en una
entrevista concedida al diario Clarín, el jefe de gobierno porteño presentó el
Índice de Equidad y Calidad de la Educación Porteña (IECEP), una herramienta
de evaluación para las escuelas públicas y privadas porteñas. Según sus
propias palabras, "si bien hay evaluaciones que se hacen desde el año 93, la
novedad es que ahora el equipo directivo de cada escuela y los padres de los
alumnos conocerán ese índice y podrán compararlo con el promedio del resto
de su comuna y el global de toda la Ciudad. Es decir, sabrán el nivel de la
escuela que dirigen, o a la que envían a sus hijos".
El IECEP se compone de
promoción, repitencia y evaluación de los aprendizajes y soslaya otras
variables que resultan fundamentales a la hora de evaluar el funcionamiento de
las instituciones educativas sin desconocer las profundas desigualdades
sociales y económicas de la población que atienden. Sabido es que en el
mundo entero, no sólo en nuestro país, los resultados de las evaluaciones
muestran una gran correlación entre los logros cognitivos y la clase social de
los estudiantes lo que ha llevado a la necesidad de revisar y contextualizar las
variables que tradicionalmente éstas tienen en cuenta. Así lo entiende y lo
establece la Ley de Educación Nacional, que en su artículo 95 enuncia como
objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento
del sistema cobertura: "repetición, deserción, egreso, promoción, sobre edad,
origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de
aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas
de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos
socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de la evaluación".
Asimismo preocupa la intención
manifiesta por el Jefe de Gobierno de publicar información desagregada por
escuela, por las previsibles consecuencias en la orientación y selección de la
matrícula. Así planteada la evaluación, es de prever que aquellas escuelas que
atienden a los sectores económicamente favorecidos obtengan mejores
puntuaciones y en consecuencia sean más solicitadas por estos mismos
sectores que son quienes tienen a su vez mayor capacidad de concretar sus
expectativas en una demanda educativa; mientras que aquellas escuelas que
atienden a sectores vulnerables obtengan puntuaciones más bajas y por lo
tanto tiendan a ser menos buscadas. Cabe destacar que en la entrevista
mencionada el jefe de gobierno presenta los distritos escolares con mejores y
peores índices que, sobra decir, coinciden con el nivel socioeconómico de la
población que atienden.
Se contribuye de este modo a
profundizar la fragmentación ya existente, generando mayor desigualdad
educativa que reproduce las desigualdades socioeconómicas de la población.
La elaboración de un "ranking" de escuelas, entonces, se contradice con la
función del Estado de garantizar el derecho a la educación para toda la
población, y por lo tanto velar por la calidad de educación que se ofrece en
todas las escuelas, superando las desigualdades existentes. Por otra parte, la
publicación de resultados desagregados por escuela se contrapone con lo
explicitado por la LEN, que en su artículo 97 establece que "La política de
difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará
la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de
evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente
en la materia".
Finalmente, en el marco de las
declaraciones realizadas por el Jefe de Gobierno, se agrava la preocupación
por el resguardo de los intereses de la educación como bien público, ya que el
mismo proyecto de creación deja abierta la posibilidad de subsumir la lógica
evaluativa a intereses privados al contemplar que el Instituto puede ser en
parte financiado por organismos privados. Así en su artículo 17, inciso b,
sanciona que "son recursos del Instituto las subvenciones que le asignen
organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros".
Para concluir: la educación no es
una mercancía que podremos consumir en mayor o menor grado según
nuestro poder adquisitivo en el mercado. Es un bien público y es un derecho
social. Y ello obliga al Estado, y a quienes nos sentimos parte de él, a dotarlo
de herramientas que permitan concretar en acciones sus políticas para el
sector. No se trata de debatir si evaluar o no evaluar sino de debatir el sentido
de la evaluación en el diseño de políticas públicas y de generar condiciones
para que efectivamente constituya una herramienta de mayor inclusión y
justicia educativa y social. En este sentido es que creemos que la evaluación
tiene que ser parte de un proceso que tienda a mejorar de manera integral la
calidad de la educación, y para que ello ocurra es necesario que el Estado se
comprometa activamente en la generación de un proyecto de política
educativa. Por eso nos preocupa la disociación que el Proyecto establece entre
los responsables de diseñar e implementar estas políticas y quienes llevan a
cabo la evaluación. Dicha disociación promueve una evaluación independiente
de las políticas de estado, pero no de los intereses del mercado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
BRAWER, MARA | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
IANNI, ANA MARIA | SANTA CRUZ | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
RAIMUNDI, CARLOS | BUENOS AIRES | NUEVO ENCUENTRO |
NEBREDA, CARMEN ROSA | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
BERNAL, MARIA EUGENIA | JUJUY | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
PILATTI VERGARA, MARIA INES | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
EDUCACION (Primera Competencia) |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
28/05/2013 | DICTAMEN | Aprobado por unanimidad con modificaciones |
Dictamen
Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
---|---|---|---|
Diputados | Orden del Dia 2153/2013 | CON MODIFICACIONES; ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION; ARTICULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, BAE 13/2013; OBSERVACIONES: 2 SUPLEMENTOS | 12/06/2013 |