La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en los términos los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación al Señor Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández, a concurrir al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de que informe verbalmente sobre las contrataciones realizadas por el Ministerio del Interior para la adquisición de 200.000 pasaportes y para la compra de 320 patrulleros blindados, según surge de las publicaciones del Diario La Nación de fechas 11, 12 y 13 de junio de 2007.

Señor presidente:

El Diario La Nación publicó una nota con fecha Lunes 11 de junio de 2007 en la que describió dos cuestionadas contrataciones realizadas por el Ministerio del Interior (una para la adquisición de 200.000 pasaportes, la otra para la compra de 320 patrulleros blindados) Al día siguiente Aníbal Fernández, en conferencia de prensa, trató de fundamentar las actuaciones publicadas del mencionado periódico. Ante la ambigüedad y falta de sustento de su exposición, este importante tema sigue sin respuesta.

En la publicación del día 13 de junio de 2007 de La Nación está publicada la documentación que revela cómo la Casa de Moneda requirió de la Secretaría de Industria un permiso para realizar una exportación transitoria a Chile.

Me permito transcribir la clara trascripción de los hechos que realiza el mencionado matutino:

"Esa operación se habría destinado a enviar a una empresa de ese país - Chile - los insumos para la confección de los pasaportes que le había encomendado el Ministerio del Interior en una contratación directa, que el propio Fernández admitió públicamente.

La identidad de la empresa que confeccionará las libretas, la seguridad de éstas y su costo son variables sobre las que el ministro se confesó desinteresado: "¿Qué es lo que hace la Casa de Moneda? No lo sé; no me dedico a la Casa de Moneda, habría que preguntarles a los responsables de la Casa de Moneda por qué contratan y a quiénes contratan". Son dichos bastante distintos de los que el mismo funcionario divulgó el 23 de junio de 2003, época en que se mostraba seguro de que "el Estado está en condiciones, a través de la Casa de Moneda o del Instituto Geográfico Militar, de hacerse cargo de la documentación de la población".

La calidad de la documentación de las personas es una de las cuestiones ante las que se muestran más sensibles quienes tienen algún interés por la seguridad internacional. Hasta el mismo ministro lo admite con fervor, por ejemplo, cuando habla con autoridades de EE.UU.

La otra excusa a la que apeló Fernández para justificar un procedimiento tan opaco es igual de preocupante. Afirmó que era necesario contar con 200.000 pasaportes por si la empresa Ciccone Calcográfica SA no consigue cumplir con la entrega de libretas, a la que la obliga su contrato con la Policía Federal.

Es difícil entender este favoritismo hacia esa compañía, que está desde hace varios años al borde de la quiebra y que carga con un inventario de imputaciones en su contra desde la gestión de Carlos Menem, cuando Domingo Cavallo identificaba a sus dueños con Alfredo Yabrán. ¿Por qué no se le rescinde el contrato? ¿Qué le puede asegurar la Argentina al mundo en materia de seguridad en la circulación de personas, si el propio ministro del Interior admite que la empresa a la que le confía la documentación está al borde, desde hace años, de interrumpir sus prestaciones? Fernández debería evitar que se piense que él tolera ese nivel de ineficiencia para que, de ese modo, queden habilitados los mecanismos que permiten contrataciones y subcontrataciones directas como la que él llevó a cabo con la Casa de Moneda. Sólo en un sistema administrativo muy heterodoxo, como el que defiende el ministro, el Estado adquiere el mismo bien de dos proveedores distintos con procedimientos diversos sin que medie una emergencia.

Pero el método que se siguió en el caso de los pasaportes es también digno de interés porque tiene un aire de familia con el que se adoptó en la otra contratación que despierta suspicacias: la de la compra de 320 patrulleros blindados. Se trata de automóviles Corsa, que se adquirieron por un precio de $ 60.000 la unidad. Es decir, alrededor del doble del valor de mercado de esos coches.

El vocero del ministro del Interior, Fernando Coradazzi, explicó que esa diferencia se debe a que los autos debían entregarse blindados, provistos de sirenas y equipo de gas natural comprimido. No vale la pena mirar ahora en detalle esta aclaración. Es más importante observar el procedimiento al que refiere: la cartera que conduce Aníbal Fernández se propuso comprar todos los automóviles a fábricas de autos que no realizan el blindaje, por ejemplo. Tampoco proveen los equipos de GNC ni las sirenas y balizas reglamentarias. En general, estos bienes sólo pueden ser provistos por empresas que están habilitadas a ese efecto por el Renar (Registro Nacional de Armas).

En síntesis: el Estado paga bienes por $ 60.000 la unidad. Pero abre un concurso sólo por $ 30.000 (el automóvil). Los otros $ 30.000 que paga (por el equipamiento) los destina, a ciegas, a los proveedores que eligen las concesionarias. En las mismas bases de la licitación se admite esta forma de proceder cuando se aclara, en el artículo 15 del pliego, que "la empresa adjudicataria deberá presentar los certificados del Renar de la empresa blindadora por los trabajos de blindaje realizados en los vehículos" (al documento completo se puede acceder a través de la página web del Ministerio del Interior).

Tal vez la discusión acerca de si se justifica pagar $ 30.000 por blindar un auto y proveerlo de balizas, sirenas y equipos de GNC sea bizantina. Aunque puede resultar edificante. Está de moda: al descubrirse blindajes mal realizados en la provincia de Buenos Aires se empezó a saber que, por ejemplo, el precio por unidad es de $ 4500. Resulta curioso: tratándose de la mitad del monto que el ministerio destina para esa inversión, ¿por qué no llamar a un concurso por esos rubros? La combinación de indicios de precios muy elevados con una adjudicación directa -a través del proveedor que ganó la licitación para la mitad de la prestación contratada- es la que lleva a sospechar de la transparencia de esta operación. Otros aspectos van en el mismo sentido. El blindaje que se les exige a los proveedores incluyó, según el pliego, sólo el parabrisas delantero, el trasero y las dos puertas laterales delanteras. Todo un riesgo para los agentes que deban hacer procedimientos sentados en la butaca de atrás. Por no pensar, siguiendo la mejor lógica garantista, en la protección de los detenidos que, sentados en la parte posterior de la cabina, pueden ser víctimas de tiroteos. Además, al tratarse de un blindaje parcial, no debería alcanzar los $ 4500 que pagó el Ministerio de Seguridad bonaerense por un tratamiento similar de sus patrulleros. Justificar los $ 30.000 del equipamiento se vuelve más difícil. Si faltaba algo para que toda la operación de los autos provocara dudas, está la confirmación de lo que informó anteayer LA NACION. Parte de la plana mayor de la Policía Federal renunció la semana pasada. Se trata de tres comisarios ligados a la licitación cuestionada. Uno es Marcelo Ellera, jefe de contrataciones de la fuerza, que suscribió el pliego de la licitación de patrulleros. El otro es Miguel Angel Batalla, jefe del Departamento de Contaduría. El tercero, Alfredo Del Prato, jefe de la División de Automotores. En los tres casos, Fernández explica lo mismo: son oficiales que decidieron abandonar su carrera al lograr, al cabo de un juicio, dejar de ganar $ 3500 por mes para ganar $ 5000. El ministro desafió a la prensa a preguntar a estos policías si no era ésa la razón de su salida. A estas alturas, tal vez no haga falta."

Son hechos que suceden en Argentina de manera reiterada en los distintos sectores en que se realizan contrataciones públicas, las medidas que se deben tomar para evitar que estos desvíos sucedan son simples y deben ser implementadas de inmediato:

Todas las licitaciones públicas deben ser publicadas en Internet, tanto en su gestión como en su proceso de adjudicación. Estas deben ser acompañadas de Audiencias Públicas que permitan el acceso ciudadano a la forma y contenido de las mismas. Con el acceso a herramientas tecnológicas que existen hoy en día es inadmisible que no estemos utilizándolas para transparentar el manejo de fondos públicos.

El acceso a esta información está garantizado por el principio republicano de "publicidad de los actos de gobierno". El derecho de libre acceso a la información es más amplio y abarca toda la actividad estatal. Se trata del conjunto de acciones que se desarrolla dentro de la esfera gubernamental tendiente al perfeccionamiento de decisiones o a sus fundamentos.

En la época en que vivimos no podemos hablar de un solicitar y recibir de manera burocrática sino expedita e instantánea, porque existen los instrumentos para ello. Esta medida lejos de aumentar gastos los reduce, ya que son muchos menos los empleados que estarían abocados a buscar papeles pudiendo dedicarse a la eficiencia real de la gestión. Es sólo cuestión de decisión, es sólo estar a favor o en contra de la corrupción, a favor o en contra de la transparencia.

Es nuestra obligación tomar las medidas pertinentes con los funcionarios responsables, así como proponer las medidas necesarias y urgentes para que esto no siga sucediendo. Ello debe plasmarse en la realidad, no quedar en simples anhelos, son cuestiones de fondo que merecen medidas de igual característica.

El Poder Ejecutivo Nacional, se debe al pueblo que lo eligió. Los graves hechos relatados ameritan la urgente interpelación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del Señor Ministro del Interior Aníbal Fernández, respecto de las mencionadas contrataciones.