La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el inicio del juicio contra 27 policías del Servicio Penitenciario de la provincia del Neuquén, acusados de torturar a detenidos en la Unidad 11, que se sustancia ante la Cámara Criminal Segunda de la capital provincial.

Señor presidente:

I. ¿La tercera es la vencida? (1)

Por tercera vez se intentará hoy iniciar el juicio contra 27 policías acusados de torturar a detenidos en la Unidad 11, la mayor cárcel de la provincia.

La Asociación Zainuco, que actúa como querellante, presentó un hábeas corpus para que se les brinde protección a 15 detenidos que declararán como testigos ya que fueron víctimas de la represión, ocurrida en abril de 2004. El organismo también pidió que se excluya de la lista de testigos al psiquiatra Ignacio López Proumen "atento a su presunta participación en los hechos de terrorismo de estado que fueran perpetrados durante la dictadura militar en los años 1976-1983".

El juicio se desarrollará hoy desde las 9 en la sede de Yrigoyen 177. La Cámara Criminal Segunda, encargada de llevarlo adelante, estará integrada por subrogantes: Mario Rodríguez Gómez, Luis María Fernández y Juan José Gago.

En mayo de 2008 el debate se suspendió por primera vez debido a que la defensa de los policías recusó a los jueces titulares de la Cámara porque habían intervenido en etapas anteriores del proceso. Y se volvió a suspender en noviembre de 2009 porque la fecha del juicio coincidió con el debate por el ataque a balazos contra el obrero ceramista Pedro Alveal, y en ambos casos el defensor de los policías era el mismo: Marcelo Inaudi (los policías eran distintos).

Los hechos que se debatirán desde hoy y hasta el 14 de mayo se produjeron hace seis años, cuando los grupos de requisa de la Unidad 11 reprimieron a medio centenar de detenidos.

La conducta de los policías se desplegó entre el 24 y el 27 de abril, se afirma en la acusación.

Según Zainuco, "las torturas, cometidas tanto por el personal de requisa como por los celadores, consistieron en golpes de puño y patadas, utilización abusiva de gases lacrimógenos y balas de goma en ámbitos cerrados, así como colocación de los detenidos en situaciones y posiciones humillantes: esposados, desnudos, tirados en el suelo, mojados, a la intemperie y a bajas temperaturas".

Hubo además "pisotones de manos y pies, golpes con barra de hierro en los tobillos y pies descalzos. También eran amontonados en el suelo, les cubrían la cabeza con frazadas y corrían por encima de sus cuerpos. Fueron sometidos a torturas psicológicas, obligándolos a cantar el Himno, encontrándose desnudos, y golpeaban a quien se equivocaba".

Algunas de las víctimas dijeron que les daban golpes en las plantas de los pies y los obligaban a gritar "después de Dios está la requisa".

La situación fue tan grave que por una orden judicial, el entonces ministro de Seguridad, Luis Manganaro, fue obligado a remover a toda la conducción de la Unidad de Detención 11.

II. ¿Qué pasó? (2)

Cinco años después, 27 policías del Servicio Penitenciario de Neuquén que continúan en funciones serán juzgados por "torturas" cometidas contra 45 detenidos en la Unidad de Detención Nº 11 de esa provincia. En abril de 2004, los internos iniciaron una protesta por los malos tratos que sufrían las visitas y como respuesta, según lo relevado en la causa, el personal de requisa de la unidad ingresó durante cuatro días a las celdas para agredir física y psicológicamente a los internos. El tribunal que llevará adelante el juicio oral, prorrogado en 2008 y 2009 por pedidos de la defensa, fue modificado en su totalidad desde el inicio del proceso, aunque uno de sus tres integrantes es cuestionado por las organizaciones de derechos humanos neuquinas por su labor durante la última dictadura militar. La querella promovió una acción de hábeas corpus preventivo para los testigos aún detenidos, ya que "hubo aprietes sobre los testigos que provocaron la apertura de ocho causas paralelas, una de ellas por tentativa de homicidio", explicó Gladys Rodríguez, referente de la organización de derechos humanos Zainuco.

Humillaciones, burlas y requisas excesivas eran las denuncias de los internos del pabellón 1 de la unidad 11 y, en particular, el "manoseo sobre la visita de uno de los internos", indicó Egea. Esos motivos llevaron a los internos a iniciar medidas de protesta el 24 de abril de 2004 y fueron respaldados por los detenidos de los pabellones 2 y 5. La respuesta llegó por la noche: "La División Especial de la Policía Metropolitana ingresó con los trajes antimotines y redujo a los internos lanzando gases lacrimógenos. Entonces entraron los policías de requisa en las celdas a golpear a los detenidos", relató el abogado querellante a Página/12.

La participación de la división especial habría sido sólo la primera noche, pero las "torturas" continuaron tres días más, hasta la mañana del 27. "Les aplicaron patadas y golpes en diferentes partes del cuerpo con barras de metal, y en la planta de los pies con los bastones reglamentarios", graficó Egea, integrante de Zainuco. Un documento de la organización también denuncia que los internos "eran amontonados en el suelo, les cubrían la cabeza con frazadas y corrían por encima de sus cuerpos", y que "fueron sometidos a torturas psicológicas, obligándolos a cantar el Himno desnudos y golpeando a quienes se equivocaban".

En el expediente, la reconstrucción de los hechos fue probada por los testimonios de las víctimas que coincidieron en sus declaraciones. En mayo de 2008, la causa estaba lista para su elevación a juicio oral. Sin embargo, la defensa recusó al tribunal, argumentando que se afectaba el principio de imparcialidad, ya que los jueces integrantes habían intervenido favorablemente en la presentación de un hábeas corpus en defensa de los detenidos en abril de 2004.

La causa estuvo demorada hasta 2009, cuando se puso una nueva fecha para el inicio del juicio oral. Entonces, el abogado defensor de la mayoría de los policías imputados y diputado provincial por la UCR, Marcelo Inaudi, pidió un nuevo receso, ya que en el mismo día tenía que defender a cuatro policías acusados de agredir en el barrio San Lorenzo a José Alveal, un obrero de la recuperada fábrica Zanon.

Hoy, el juicio oral tiene su tercera fecha de inicio para juzgar a los 27 policías del personal de requisa del penal, todos ellos "aún en funciones, a pesar de las acusaciones por las que son llevados a juicio", subrayó Egea. Los que no estarán en el banquillo son René Fuentes y Juan Carlos Montoya, comisarios responsables de la unidad que fueron sobreseídos en la causa luego de que la fiscalía no los acusara "por considerar que no tenían conocimiento sobre los hechos que se sucedieron durante esos días", explicó el abogado querellante. También quedó fuera del juicio uno de los policías imputados, después de ser condenado por homicidio en un hecho ajeno a su función policial.

El tribunal que presidirá el juicio está integrado por los jueces Mario Rodríguez Gómez, Luis María Fernández y Juan José Gago. Ninguno de ellos inició el proceso. Fernández llegó a esta instancia a pesar de la recusación presentada por los abogados de Zainuco. El juez está denunciado por las organizaciones neuquinas como "asesor jurídico del Ejército en Neuquén durante la última dictadura militar", resaltó Rodríguez.

Las audiencias comenzarán con el pedido de una acción de hábeas corpus preventivo para los quince testigos que continúan detenidos, ya que algunos "siguen siendo custodiados por los policías imputados", señaló Egea. En el pedido también se solicita el permiso para que integrantes de la organización puedan acompañar a los testigos "para evitar el momento cúlmine del apriete que es el traslado". Ya existe una causa abierta por "tentativa de homicidio" contra Ramón Mansilla, una de las víctimas aún detenida. La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria bonaerense también intervendrán en el juicio.

III. Consideraciones finales

Es importante que se esclarezca el hecho y se determinen las respectivas responsabilidades. Los hechos ocurrieron hace seis años. Es necesario que la Justicia se expida. El atropello a los derechos humanos fundamentales no puede permanecer impune.

Por todo ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.