El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º - Modifícase el artículo 11 de la Ley 24.714, de Asignaciones Familiares, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 11. - La asignación por maternidad consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que se abonará durante el período de licencia legal correspondiente y que incluirá los aportes y contribuciones correspondientes al sistema previsional, los que se retendrán y depositarán del modo habitual. Para el goce de esta asignación se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres meses.

Articulo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En la actualidad, la práctica derivada de una interpretación restrictiva y formalista del artículo 11 de la Ley 24.714, ha instituido que las mujeres pierdan, durante la licencia por maternidad, su derecho a que el empleador haga los aportes jubilatorios. La referencia a la "remuneración" que se hace en este artículo, se lee en atención a la definición provista en el artículo 4 de la misma ley, la cual descarta de ese concepto, los aportes y contribuciones a la seguridad social y el sistema previsional (SIJP).

Así, cobrar la asignación familiar durante la maternidad significa para las mujeres, no recibir las contribuciones patronales y a veces tampoco la acreditación de los aportes correspondientes al SIJP. Por ello, las mujeres que tienen hijos deben trabajar tanto tiempo más, como períodos de licencias por hijos hayan tenido, sin que cuente su efectiva antigüedad en el empleo para jubilarse.

El hecho de que tener hijos alargue la vida laboral de las mujeres, es una injusticia en razón del género que el presente proyecto viene a enfrentar, asegurando que no se discontinúen los aportes y contribuciones al sistema de jubilaciones y de seguridad social durante la licencia por maternidad.

Todo el sistema constitucional, laboral y previsional argentino, tiende a garantizar que el hecho natural de la maternidad no se transforme en una causa de discriminación, estigmatización, exclusión o pérdida de oportunidades o beneficios de las mujeres en el mercado de trabajo. La idea medular de las reformas de las últimas décadas en la materia, especialmente a partir de la reforma Constitucional de 1994, no es otra que la de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato hacia las mujeres incorporado en los tratados internacionales.

No puede ignorarse la obligación del Congreso Federal de dictar un "régimen de seguridad social especial e integral ...de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia" (Art. 75. Inc. 23 in fine). Tal régimen no puede ser integral si excluye los aportes jubilatorios, y así contribuye con ello a la perpetración de un trato desigualitario de las mujeres en relación a los otros trabajadores, en consideración de su particular circunstancia de embarazo y parto.

En este sentido a los efectos hermenéuticos sirve la especificidad del artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer:

"Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.¨

Ahora bien, de manera categórica, esta Convención, que tiene rango Constitucional en nuestro sistema jurídico desde 1994, establece en su artículo 11:

"...2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:...

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;.."

No hay lugar a dudas sobre cuál es el marco normativo constitucional que reclama la reforma que se viene a proponer en este proyecto.

Por otro lado, esta es la lectura más razonable de lo que manda la Ley de Contrato de Trabajo en su capítulo relativo a la "protección de la maternidad". En efecto, cuando el artículo 177 en su tercer párrafo reza que "La trabajadora...gozará de las asignaciones que le confieran los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período en que resulte prohibido su empleo u ocupación...", no pueden quedar dudas de que esa retribución la integran las prestaciones jubilatorias.

Si se hubiera querido decir algo diferente se hubiera dicho que se garantizará 'la percepción de la misma suma que se perciben' en esos periodos, o bien aclarar que se habla de la retribución 'descontando los montos jubilatorios,' o que se trata de la "remuneración" de acuerdo a se la define en la ley 24.241, del art. 6º y 9º, como lo hace la misma ley 24.714 en su artículo 4º. Nada de eso dice la LCT, y se usa la inapelable frase de "igual retribución." Sin embargo, las prácticas han optado por una interpretación formalista del artículo 11 de la Ley de Asignaciones Familiares, que ignora la LCT y el mandato constitucional, y excluye los haberes jubilatorios del monto que compone las asignaciones familiares. Esta práctica y cualquier otra duda interpretativa, es la que se pretende desplazar a través de la reforma que se propone aquí.

Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.