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PROYECTO DE TP
Expediente 2918-D-2015
Sumario: JUICIO POR JURADOS. REGIMEN.
Fecha: 21/05/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 54
El Senado y Cámara de Diputados...
JUICIO POR JURADOS
Capítulo I
De la institución del juicio por jurados
Creación. Competencia. Ámbito de aplicación.
Función: principios generales
Artículo 1. - Creación. La presente ley instituye y
regula el juicio por jurados en virtud de la directiva establecida en los artículos 24, 75, inciso 12,
y 118 de la Constitución Nacional.
Artículo 2. - Competencia ámbito material de
aplicación. Serán juzgados por jurado, según lo establece la presente ley, todas las causas
penales cuyo conocimiento, instrucción y sentencia corresponda a los tribunales federales o
nacionales cuando, de acuerdo con la calificación realizada al requerirse la elevación a juicio, la
imputación versare sobre aquellos delitos que tengan previsto en el Código Penal de la Nación
una pena privativa de libertad superior a los ocho (8) años, así como los que con ellos
concurran de acuerdo con los artículos 54 y 55.
Artículo 3. - Pluralidad de imputados. Cuando haya
más de un imputado dentro de una misma causa, todos ellos serán sometidos a juzgamiento
por parte de un único jurado.
Artículo 4. - Función del jurado. Corresponderá al
jurado solamente conocer de los hechos imputados y decidir mediante el dictado de un
veredicto si el acusado es culpable o inocente.
Artículo 5. - Cuestiones de derecho. El derecho
aplicable al caso, todas las cuestiones jurídicas conexas, y particularmente la determinación de
la pena que en definitiva corresponda aplicar, serán de única y exclusiva incumbencia del
tribunal.
Capítulo II
De los integrantes del jurado
De la naturaleza y demás caracteres de la función.
Excusación. Requisitos. Incompatibilidades. Inhabilidades. Garantías y demás resguardos.
Artículo 6. - Naturaleza de la función. Derecho
deber. Todo ciudadano comprendido dentro de las condiciones habilitantes previstas en esta ley
tiene el derecho y el deber de participar en la administración de justicia en el ámbito y
condiciones descriptos en la presente ley mediante su integración como miembro de un jurado.
Carga pública. Principio general. Su desempeño como tal constituye una carga pública que
ningún ciudadano puede rehusar.
Artículo 7. - Excusación. Será admitida la
excusación del ciudadano convocado a cumplir la función de jurado, a su solicitud, si invocase
algún impedimento atendible o motivo legítimo de excusación debidamente fundados, y
demostrado de resultar pasible de comprobación material, los cuales a menos que se trate de
las circunstancias contenidas en el artículo siguiente serán valorados exclusivamente por el
tribunal con criterio restrictivo.
Artículo 8. - Causales particulares de legítima
excusación. Se considerarán particularmente causales legítimas de excusación para el
desempeño de la función de jurado las siguientes:
a) Haber sido denunciante, acusador o querellante o
actor civil de alguna de las partes intervinientes en el proceso, o hubiera actuado como perito o
declarado como testigo en alguna causa incoada a favor o en contra de alguno de los
interesados en el proceso para el que fuera convocado;
b) La intervención en la causa de algún pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
c) Ser pariente, en los grados preindicados, de
alguna de las partes o del alguno de los jueces que integran el tribunal interviniente en el
proceso;
d) Que el jurado o alguno de sus parientes -en los
grados señalados- o amigos tuvieren juicio pendiente o comunidad de intereses con alguno de
los interesados en la causa;
e) Que el jurado, su cónyuge, padres o hijos u otras
personas que estén a su cargo fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los
interesados;
f) Que el jurado o alguno de sus parientes -en los
grados señalados- hubiesen sido denunciados, querellados o acusados por alguno de los
interesados;
g) Haber sido testigo de los hechos traídos al
debate;
h) Tener amistad o enemistad, relación de
dependencia u otra contractual directa de cualquier tipo o naturaleza con alguno de los
interesados;
i) Que el jurado, su cónyuge o alguno de sus
parientes en los grados señalados hubieran recibido o recibieren, de alguno de los interesados,
dádivas o beneficios de cualquier naturaleza;
j) Haber ejercido como jurado en tres (3) o más
oportunidades durante el año precedente o en dos (2) oportunidades durante el mismo año en
que se lo designa. A los efectos de las causales de excusación enumeradas en el presente
escrito, se considerarán interesados: el imputado, el ofendido o damnificado y el demandado o
tercero que pudieren civilmente responder con motivo de los hechos debatidos en la causa, aun
cuando no se constituya en parte en esta última. La excusación deberá plantearse antes del
inicio del debate, por escrito ante el tribunal, que deberá resolver la incidencia, con
conocimiento de las partes, en el plazo de dos (2) días.
Artículo 9. - Requisitos. Para ser jurado se requiere:
1. Haber cumplido a la fecha del sorteo veinticinco
(25) años de edad y no haber sobrepasado los setenta (70) años.
2. Gozar del pleno ejercicio de los derechos
políticos.
3. Haber completado la educación básica obligatoria.
4. Tener una residencia permanente inmediata
anterior de tres (3) años en el territorio de jurisdicción del tribunal competente.
5. Contar con domicilio conocido y profesión,
industria, empleo u ocupación habitual, aunque transitoriamente se halle desocupado.
6. Gozar de plena salud mental y de las condiciones
físicas adecuadas para el desempeño del cargo.
Artículo 10. - Incompatibilidades. No podrán
conformar jurados durante el tiempo en que ejerzan sus funciones o profesiones, y hasta dos
(2) años después de haber cesado en las mismas:
a) El presidente y vicepresidente de la nación, los
gobernadores y vicegobernadores de provincias y el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
b) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes Ejecutivos de la Nación y de las provincias;
c) Los miembros de los Poderes Legislativos de la
Nación y de las provincias;
d) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público de la Nación y de las provincias;
e) Quienes ocupen cargos directivos en un partido
político reconocido;
f) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados;
g) Los integrantes de las fuerzas armadas y de
seguridad;
h) Los ministros de un culto reconocido;
i) El auditor general de la Nación, el procurador
penitenciario nacional y el defensor del Pueblo.
Artículo 11. - Inhabilidades. Se encuentran
inhabilitados para desempeñarse como miembros del jurado:
1. Quienes carezcan de aptitud física y psíquica
suficiente;
2. Los fallidos no rehabilitados;
3. Los imputados en causa penal contra quienes se
hubiera requerido la iniciación del juicio;
4. Los condenados a pena privativa de libertad hasta
cinco (5) años después de agotada la pena, y hasta diez (10) años después si fueren
reincidentes; y los condenados a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos
públicos, mientras dure la pena.
Artículo 12. - Gratuidad. Excepción. Transporte.
Viáticos. La condición de jurado a que es llamado el ciudadano es honoraria, a menos que su
efectivo cumplimiento le demandase más de dos días con relación a una misma causa. En este
último caso, y a pedido del miembro del jurado interesado formulado dentro de los treinta (30)
días de cumplido su cometido, éste será resarcido según el sueldo básico correspondiente a los
jueces del tribunal en proporción al tiempo que le demandase su labor por encima de ese lapso.
Los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos serán resarcidos inmediatamente, conforme se
lo reglamente al efecto.
Artículo 13. - Licencia. Los empleadores de un
miembro del jurado deberán otorgarle una licencia especial por el tiempo que le demandare a
éste su actividad sin deducción alguna de salario ni ulterior recargo horario. Asimismo, están
obligados a conservarle el puesto de trabajo por igual período.
Artículo 14. - Inmunidad y demás resguardos. En
orden a asegurar que llene cabalmente su cometido, a partir de su incorporación para el debate
los jurados gozarán de inmunidad y resguardo en los términos del artículo 24 de la presente ley.
Capítulo III
Del jurado
Selección de sus miembros. Recusación. Integración
y constitución del cuerpo
Artículo 15. - Integración. El jurado para la decisión
de las causas a que se refiere el artículo 1º estará integrado por doce (12) miembros titulares y
doce (12) suplentes.
Artículo 16. - Padrón general de jurados. La Cámara
Nacional Electoral elaborará el padrón general de ciudadanos que reúnan los requisitos para
integrar el jurado, separados por la provincia en la cual residen. Comunicará este padrón a las
cámaras penales el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, las que a su vez
tendrán a su cargo distribuirlo en cada tribunal penal antes de que comience el siguiente año
judicial.
Artículo 17. - Selección de sus miembros. Sorteo.
Recibidas las actuaciones por el tribunal de juicio, el secretario elaborará por sorteo una lista de
jurados eventuales, compuesta por treinta y seis (36) miembros para integrar el tribunal y la
hará conocer a las partes.
Artículo 18. - Recusación sin causa. El Ministerio
Público Fiscal, el acusador particular y la defensa podrán, en el plazo de cinco (5) días
computado a partir de la notificación, recusar sin causa al número de jurados resultantes de
dividir la mitad de la lista por el número de sujetos procesales intervinientes. En caso de existir
más de dos (2) acusadores particulares, deberá unificarse personería, a los efectos de la
recusación, en no más de dos (2) sujetos. En caso de existir pluralidad de imputados, deberá
unificarse en no más de cinco (5). Cualquiera de los sujetos mencionados podrá solicitar, dentro
de dicho plazo y a fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, que se convoque a una
audiencia en que todos y cualquiera de aquéllos podrán interrogar a los jurados eventuales
sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tuvieren del hecho, de los imputados
y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento de decir verdad y tendrán las
mismas obligaciones de comparecencia y de manifestarse con veracidad que los testigos. Estos
trámites se realizarán ante el secretario del tribunal y constarán en actas. Depurada la lista,
serán sorteados los jurados que integrarán el tribunal; los demás podrán ser incorporados como
suplentes. Si el jurado convocado fuera apartado se designará sucesivamente a los restantes
de la lista, según el ordene del sorteo. La lista definitiva de jurados será notificada antes de la
citación a juicio.
Artículo 19. - Recusación con causa. Con
posterioridad a la selección a que alude el artículo precedente, cualquiera de las personas que
resultase seleccionada como jurado podrá se recusada por las partes por cualquiera de las
causales enumeradas en el artículo 8º, por prejuzgamiento público u otro impedimento que
pudiera afectar su imparcialidad, dentro de los tres (3) días de haber tomado conocimiento de la
circunstancia que justifique el apartamiento del jurado. Si se tomara conocimiento de la causal
de recusación una vez comenzado el debate y hasta la emisión del veredicto, deberá plantearse
a lo sumo dentro de los dos (2) días, e inmediatamente a partir de momento en que el jurado se
encontrase reunido para dictar veredicto.
La recusación se formulará por ante el mismo
tribunal interviniente por vía incidental, de la que se dará traslado a todos los sujetos procesales
por un término común no superior a tres (3) días. Con la presentación del pedido deberá ser
ofrecida toda la prueba pertinente. Si la recusación se planteara durante el debate, se
suspenderá su curso hasta que se decida la cuestión, que deberá ser tramitada y resuelta
dentro de los términos previstos en el párrafo precedente.
Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno y si hubiere ocultado maliciosamente
en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó el apartamiento, se remitirán
testimonios al juez competente para que investigue su conducta conforme lo previsto en el
artículo 25 de esta ley.
Artículo 20. - Citación. El secretario citará a los
jurados designados para integrar el tribunal, verificará su domicilio, el cumplimiento de los
requisitos del artículo 5º de la presente ley y la existencia de incompatibilidades e inhabilidades
(artículos 6º y 7º).
Capítulo IV
Del juicio
Actuaciones preliminares. Preparación del debate.
Reglas del debate. Veredicto. Sentencia. Recursos
Artículo 21. - Instrucciones al jurado. Previo a la
constitución del cuerpo, una vez que todos el jurado hubiese asumido el compromiso de juzgar,
cada uno de sus miembros será instruido por el tribunal con relación a la función que le
compete, tanto individualmente como en su conjunto, y especialmente sobre las cuestiones de
hecho que tengan relevancia para arribar a la mejor y más justa decisión en la causa, cuidando
de que de ningún modo signifiquen influencia o sugerencia en orden a dar un determinado
sentido a esta última. Asimismo, será instruido por el tribunal acerca de las penalidades
previstas para los delitos vinculados con la función asignada, su importancia, del honor que
significa ser llamado a administrar justicia y de los deberes y responsabilidades del cargo.
Artículo 22. - Dirección del proceso. El miembro del
tribunal que resulte designado presidente del mismo en ocasión de cada debate estará a cargo
de la dirección del proceso en que intervenga el jurado, tanto en su etapa preliminar como en la
del debate. Su designación se hará de conformidad con la reglamentación correspondiente, y
por acuerdo entre sus miembros en tanto no se reglamente sobre el particular.
Artículo 23. - Preparación del debate. El tribunal
citará a las partes a una audiencia para que propongan las pruebas que pretendan producir
durante el debate e interponga los planteos de nulidad sobre lo actuado en la instrucción, las
cuestiones de competencia y las excepciones que estimen procedentes. El tribunal resolverá
sobre la procedencia de las pruebas en forma inmediata, y respecto de las otras cuestiones que
se hubieren planteado dentro del tercer día, sin recurso alguno. Las partes podrán protestar
para recurrir oportunamente en casación y respecto de las otras cuestiones dentro del tercer
día. El secretario labrará un acta donde constará las partes que concurrieron, las pruebas
ofrecidas, la resolución del tribunal, las cuestiones de nulidad, de competencia, las excepciones
planteadas y las protestas para recurrir en cesación que se hubieran producido.
Artículo 24. - Incorporación, incomunicación e
inmunidades. Los (12) jurados titulares y los (12) suplentes convocados se incorporarán en la
oportunidad prevista para el debate, prestando ante el tribunal el siguiente compromiso
solemne: "Asumo el compromiso de juzgar en este caso, en nombre del pueblo, con justicia e
imparcialidad, según la Constitución Nacional y la ley". Si las circunstancias del caso así lo
requiriesen, podrá tribunal disponer, de oficio o a pedido de parte, que los miembros del jurado
y suplentes no mantengan contacto alguno con terceros, inclusive el periodismo y los medios de
comunicación, durante todo o parte del curso del juicio. A este último fin dispondrá el
alojamiento en lugares adecuados y los viáticos pertinentes en favor de los jurados. Si por
cualquier circunstancia estimare el tribunal que el debate podrá extenderse por más de dos (2)
días, podrá convocar a un número mayor de jurados suplentes para que lo presencien
íntegramente ante la eventualidad de que se requiera del reemplazo de alguno de los titulares.
A partir de su incorporación al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser molestado en el
desempeño de su función ni privado de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando
existiera orden de juez competente en razón de haberse dictado en su contra auto de prisión
preventiva. Ante esto últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de
recusación con causa.
Artículo 25. - Facultades del tribunal. Prohibiciones.
Además de la de dirigir el debate, el tribunal, representado en la ocasión por el miembro del
mismo que resulte designado conforme a las pautas establecidas en el artículo 22, ejercerá
todas las facultades de dirección, policía y disciplina de la audiencia previstas en las reglas
comunes, pero no podrá interrogar a los testigos, peritos o intérpretes, que serán preguntados
en primer término por quien los propuso y de haber sido ofrecidos por más de una de las partes,
comenzarán interrogando las acusadoras. Tampoco podrá disponer de oficio la incorporación
de pruebas no propuestas por las partes.
Artículo 26. - Reglas para el debate. Una vez abierto
el debate y leída la imputación, las partes comenzando por el fiscal y los otros acusadores,
podrán presentar el caso brevemente al jurado, explicando los hechos y circunstancias que
pretenden probar. Toda la prueba deberá ser objeto de producción durante el curso de la
audiencia, no admitiéndose en absoluto ninguna pretensión de hacer valer la realizada durante
la instrucción, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción, en cuyo
caso el tribunal podrá autorizar la incorporación de los actos de la instrucción definitivos e
irreproducibles, siempre que se hubiesen practicado con previa citación a las partes pertinentes
y respeto de los demás recaudos formales exigidos por la ley.
Artículo 27. - Lectura de documentos. También
podrá disponer el tribunal, cuando hubiere sido oportunamente solicitado, la incorporación por
lectura de la denuncia cuando fuere materialmente imposible encontrar a quien la formuló para
su declaración en el debate; de documentos probatorios aportados por las partes, y de las
siguientes actas judiciales de la causa o de otro proceso agregado a las actuaciones: las actas
de inspección o constatación, registro domiciliario, requisa personal y secuestro, que se
hubiesen practicado con los recaudos formales exigidos por la ley. Podrá omitirse la lectura de
todos o algunos de los instrumentos mencionados en este párrafo, cuando con la conformidad
de las partes, pudiere ser suplida por la entrega de copias a los integrantes del jurado.
Artículo 28. - Prohibición. Bajo ningún concepto los
integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la instrucción, excepto las
mencionadas en los dos (2) artículos precedentes, que el tribunal autorice incorporar al debate,
ni interrogar a los imputados, testigos o peritos.
Artículo 29. - Actuaciones fuera de la sala de
audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias, se
arbitrarán los medios para la concurrencia de los jurados o, si por la naturaleza del acto esto no
fuera posible, para la filmación de la totalidad de lo ocurrido durante su producción, con el fin de
su posterior exhibición a los jurados en la sala de audiencias al continuarse con el debate
público.
Artículo 30. - Nulidad del debate. La violación a
cualquiera de las reglas previstas en los tres (3) artículos anteriores acarreará la nulidad del
debate.
Artículo 31. - Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus conclusiones frente a los jurados,
proponiendo su veredicto. Sólo el fiscal, la parte querellante y el defensor del imputado podrán
replicar, y sólo para refutar argumentos adversos a su postura que antes no hubieran sido
discutidos. La última palabra le corresponderá siempre al defensor del imputado.
Artículo 32. - Instrucciones para el veredicto. El
tribunal, una vez clausurado el debate, informará al jurado sobre su deber de pronunciar un
veredicto en sesión secreta y continua, las cuestiones técnicas relevantes y las normas que
rigen la deliberación. Previamente y sin la concurrencia de los jurados, el tribunal celebrará una
audiencia con los letrados de las partes, a quienes informará sobre el tenor de las instrucciones
y escuchará propuestas al respecto. Tras ello decidirá en forma definitiva cuáles serán las
instrucciones a impartir a los jurados, sin perjuicio de que las partes dejen constancia en el acta,
que el secretario labrará al efecto, de las disidencias u oposiciones para el caso de interposición
de recursos contra el fallo. Si durante la deliberación los integrantes del jurado tuviesen dudas
sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber por escrito
al tribunal y se reiterará el procedimiento previsto en el párrafo precedente para su aclaración.
Artículo 33. - Deliberación. El jurado pasará a
deliberar en sesión secreta y continua, en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus
miembros, bajo pena de nulidad.
El jurado elegirá su presidente y bajo su dirección
analizará los hechos. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y cada acusado,
sobre las cuestiones siguientes:
A) ¿Está probado el hecho en que se sustenta la
acusación o no lo está?
B) El acusado: ¿es culpable o no es culpable?
El veredicto de culpabilidad requerirá nueve (9)
votos y el de no culpabilidad, sea por no estar probado el hecho o por no considerarse culpable
el imputado, simple mayoría de los miembros del jurado. En caso de no alcanzarse ninguna de
las mayorías mencionadas se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres (3) veces y,
de mantenerse la situación, se absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se arribe a un
veredicto.
Artículo 34. - Obligación de denunciar presiones
para el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación de denunciar ante el tribunal por
escrito, a través del presidente, sobre las presiones, influencias o inducciones que hubiesen
recibido para emitir su voto en un sentido determinado.
Artículo 35. - Reserva de opiniones. Los miembros
del jurado están obligados a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han
votado. En caso de haberse optado por votación secreta, las boletas utilizadas serán
incineradas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen
conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.
Artículo 36. - Pronunciamiento del veredicto.
Logrado el veredicto se lo comunicará al tribunal, quien convocará de inmediato al jurado a la
sala de la audiencia. Una vez allí reunido el jurado y presentes todas las partes, procederá el
tribuna a hacer lectura del mismo por intermedio de su presidente. Con su resultado se
declarara, en nombre del pueblo, culpable o inocente al imputados. Con el pronunciamiento del
veredicto finalizara la intervención de los jurados.
Artículo 37. - Determinación de la pena. Si el
veredicto fuere de culpabilidad, el tribunal procederá a individualizar la pena y, si se hubiera
reclamado oportunamente, la reparación civil correspondiente. Si el veredicto fuere de no
culpabilidad, será vinculante para el tribunal y, en su caso el debate continuará solamente para
resolver las cuestiones civiles que se hubiesen planteado.
Artículo 38. - Constancias y acta del debate. El
tribunal deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del
debate. Sin perjuicio de ella, se levantará por el secretario acta del debate que contendrá:
a) El lugar y la fecha de la audiencia;
b) Nombre, apellido de los miembros del tribunal,
fiscal, defensor y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar de
detención de los imputados;
d) Nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el tribunal
y las partes con su anuencia;
g) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
h) El resultado del veredicto.
Artículo 39. - Sentencia. La sentencia se ajustará a
las reglas comunes del Código Procesal de la Nación con la siguiente modificación: en lugar de
los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado,
transcribirá el veredicto del jurado. Rigen, en lo que no resultan modificadas por las normas
precedentes, las causales de nulidad previstas para la sentencia en dicho código.
Artículo 40. - Pedido de absolución. Cuando por
razones fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa de alegatos, el fiscal decidiere
solicitar la absolución, cesará de inmediato la función de los jurados y el tribunal deberá dictar
sentencia absolutoria. El procedimiento continuará según lo establecido en el artículo 36 último
párrafo. Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados o en favor de
todos los imputados, se deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará al tribunal en la
medida requerida.
Artículo 41. - Aplicación supletoria. Será de
aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.
Artículo 42. - Casación. Serán aplicables las reglas
del recurso de casación. Además de los previstos constituirán motivos de casación:
a) La inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros;
b) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa y juicio y
condicionado la decisión del jurado;
c) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones
del jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión. No procederá el recurso
de casación contra la sentencia absolutoria.
Capítulo V
Régimen sancionatorio
Artículo 43. - Incumplimiento. Sanciones. El
ciudadano que, convocado para integrar un jurado, no cumpliere con la obligación de concurrir
a la citación para aceptar el cargo, la de integrarlo hasta la finalización del juicio, o la de guardar
reserva, será sancionado por el tribunal con la privación de todos sus derechos políticos por dos
(2) años.
Capítulo VI
De los delitos y de las penas
Artículo 44. - Las personas que resulten designadas
para integrar un jurado que maliciosamente se negaren a comparecer al debate, ocultaren
datos tendientes a evaluar su imparcialidad, falsearen los datos para obtener resarcimiento o
indemnización por la función o de cualquier modo faltaren a los deberes y obligaciones
previstos en la presente ley, serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años e
inhabilitación absoluta por el doble de tiempo.
Artículo 45. - Será reprimido con prisión de dos (2) a
cinco (5) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo el que de cualquier forma
intentare presionar o condicionar a una o más personas designadas para integrar un jurado,
como titular o suplente, para inducirlos, decidirlos u obligarlos a emitir un veredicto en
determinado sentido. Si se hubiese obtenido el resultado buscado, la pena será de cinco (5) a
diez (10) años e inhabilitación absoluta perpetua.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Artículo 46. - Esta ley será aplicable a los hechos
cometidos a partir de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia.
Artículo 47. - El Consejo de la Magistratura de la
Nación creará una oficina dedicada a las tareas de índole administrativa que la puesta en
ejecución y desenvolvimiento del sistema de juicio por jurados requiera.
Artículo 48. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema del jurado en nuestro país tiene raigambre
antes y después de 1853; se puede afirmar, sin embargo, que no ha existido a partir de la
sanción de la Ley Suprema voluntad legislativa en la definitiva y efectiva institucionalización del
mismo.
En efecto, repárese en que el jurado representa una
institución que cautivó irresistiblemente a nuestros hombres públicos a partir de que éstos
conocieran e internalizaran el principio de la soberanía popular, por el que concluían que si el
pueblo intervenía decisivamente en la elección de sus gobernantes y legisladores, no existía
motivo valedero y de fuste para alinearlo en orden a que también interviniese en la
administración de justicia.
Ya en el seno de la Asamblea del año XIII la
hallamos presente, en el proyecto constitucional de la Comisión Oficial (Cap. XXI, art. 22) como
en el de la Sociedad Patriótica (art. 175).
Una vez emancipados, y avanzando hacia nuestra
organización definitiva como Estado, tanto la Constitución de 1919 (Cap. II, Secc. V, art. 164)
cuanto la de 1926, que reproduce el texto de la anterior, reeditan el interés por la adopción del
sistema de juicio por jurados.
La Constitución Nacional histórica de 1853 alude en
tres oportunidades al juicio por jurados y, en definitiva, a esta institución, habiéndose mantenido
inalterable cuanto refiere sobre el tópico a través de todas las reformas introducidas.
Permiten así corroborarlo los siguientes preceptos
en aquélla contenidos:
- El artículo 24, cuando indica que "el Congreso
promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio
por jurados";
- El artículo 75 en su inciso 12, al obligar al
Congreso a dictar "leyes generales para toda la Nación... y las que requiera el establecimiento
del juicio por jurados";
- y el artículo 118 cuando explica que "todos los
juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la
Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta
institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera
cometido el delito".
Dos cosas se desprenden claramente de tales
prescripciones:
La primera, que la Constitución propició desde
siempre la existencia de tribunales por jurados en materia de juicios criminales.
La segunda, que la fórmula empleada en ellas
contiene un deber para el legislador, más allá de la interpretación que pudiere conducir a
sostener que el constituyente dejaba librado a la discrecionalidad del Congreso la oportunidad
en que a éste le pareciese necesario o conveniente cumplir con su deber de implantarlo.
En efecto, siguiendo la imperativa pauta
interpretativa elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que
"cuando las palabras de la ley son claras, los intérpretes deben ajustarse a su texto, con el
significado que ellas tienen en la vida diaria, con el fin primordial que se otorgue pleno efecto a
la voluntad del legislador" (Fallos 200- 176), cabe colegir que nuestros Convencionales
Constituyentes no crearon la norma en vano, sino para que sus designios se cumpliesen y
llevasen a cabo.
Ello no obstante, lo real y concreto es que habiendo
ya transcurrido más de un siglo y medio desde la sanción de la Constitución Nacional, el
Congreso no estableció la institución del juicio por jurados y, consecuentemente, la
reglamentación legal del mismo.
La más calificada doctrina constitucional de nuestro
medio coincide en sostener que frente a un mandato constitucional claro y conminante se ha
contrapuesto la evidente renuencia del legislador en cumplirlo, produciéndose una suerte de
mutación por sustracción que pudo si haber privado a nuestra Carta Magna de vigencia
sociológica en el punto, pero que en absoluto se la ha restado normológica o jurídicamente.
De modo, pues, que la Constitución formal ha
retenido desde siempre su aptitud de verse recreada mediante las normas legislativas que se
impone sancionar en correspondencia fiel con lo que la Ley Suprema establece.
Y es aquí y ahora, en el presente que nos toca vivir,
como testigos fieles de una coyuntura que fuerza la realización de cambios estructurales,
cuando hacerlo de una vez por todas se impone definitivamente. Ello, sobre la base de
fundamentos de todo orden, comenzando siempre por los estrictamente jurídico
constitucionales arriba reseñados que sirven de cauce atemporal para la instrumentación de la
modificación impetrada.
En otras palabras: ante un tema que está presente
desde los mismos orígenes de nuestra vida institucional, definida como expresamente mandada
conforme al texto constitucional de 1853, refrendado por la reforma del '94, podemos decir que
una primerísima razón que conduce a una específica atención de esta cuestión no es otra que
la de un objetivo criterio de positividad jurídica. Esto es, más allá de las opiniones subjetivas y
de los pro y los contra que se expresen sobre el particular, no se pone en tela de juicio que la
Constitución Nacional es clara y terminante en disponer que los juicios criminales requieren de
la institución del jurado, que contiene un expreso mandato secularmente incumplido que se nos
presenta como una asignatura pendiente en lo institucional.
Rendido ante la evidencia del derecho que descansa
en la base del texto y espíritu de la Constitución, el legislador común tiene la inexcusable
responsabilidad de cumplir sin más dilaciones, cediendo a ello toda discusión sobre la
conveniencia o inconveniencia del instituto que, de todos modos corresponde ir adelantando,
habrá de resolverse en favor de la primera, si bien no cayendo en el simplismo de dejar de
soslayar la complejidad del asunto y dejar de ponderar las más diversas razones u opiniones
esgrimidas.
El primer fundamento reposa en la propia
Constitución Nacional, estando presente nada menos que en tres artículos situados, conviene
también tenerlo presente, tanto en la primera como en la segunda parte de la misma.
Conlleva el tratamiento que el convencional
constituyente suministrara entonces al estatuto a colegir su particular atención e interés sobre el
punto, pero muy especialmente denota que hay un derecho al jurado desde el punto de vista de
las personas. Constituye su establecimiento en este sentido una garantía constitucional
individual que promueve la plena vigencia y eficacia del debido proceso en aras de un
adecuado servicio de justicia.
Y por otra parte conduce igualmente a advertir en el
instituyo la expresión del régimen democrático republicano que fomenta los principios de
oralidad, publicidad, inmediación e igualdad de las partes en el sistema de enjuiciamiento penal.
La dirección de nuestra Carta Magna se orienta hacia la obtención de una base legítimamente a
través de la presencia directa y operativa de un grupo de ciudadanos a quienes asigna y les
corresponde la función de legitimar el acto jurisdiccional decisorio con su presencia,
intervención y veredicto.
Demás argumentos y razones, a más de una
exigencia del orden jurídico cuya base es la Constitución Nacional, conducen a entender como
necesaria la puesta en marcha de una experiencia que, como miembros de una comunidad
democrática, inmersos en el sistema republicano y conscientes del valor individual de la
persona en un tal marco, nos debemos aún, pese a que aparece como diseño de vida desde los
orígenes de nuestra propia nacionalidad.
Lo están aquéllos de sustrato político, no por ello
carentes de valor institucional, que se vinculan con la democracia como sistema y valor
consagrado por nuestra Constitución en sus artículos 1º y 33, recalcándose en este último el
principio de soberanía del pueblo.
Si bien en forma reciente se comienza a hablar de
una democratización del Poder Judicial de la Nación, tendencia a la que no ha sido ajena la
reforma del 94, lo cierto es que con ello no estarnos haciendo una interpretación actual de la
Constitución Nacional, puesto que ya al dictarse la ley 483 -cuyo proyecto fuera presentado en
1870- estableciendo el juicio por jurados diría el senador Zavalía:
"Yo sé que el jurado es el complemento del sistema
democrático. Es la justicia administrada al pueblo, por el pueblo mismo."
Es decir, es el pueblo mismo ocupado del menester
más alto de todos: ayudar a la instauración de la justicia.
Por su parte, Joaquín V. González pudo decir: "...así
como el pueblo participa a través del sufragio en la creación de la ley, a través del jurado
interviene en su aplicación".
Y Juan María Gutiérrez, amigo de Alberdi y
prohombre de la generación del '37 decía, refiriéndose a la institución y sentando lo que bien
podía reputarse su base o raíz filosófica, que "descarga sobre el pueblo una gran parte de la
responsabilidad del gobierno, dándole a éste una fuerza legítima proporcional al grado de
dignidad que adquiere el ciudadano. Ennoblece al juez, le convierte en un magistrado popular a
quien mira la sociedad con favor, circunstancia de mucha importancia bajo todos respectos,
pero muy especialmente para la libertad basada sobre la justicia. El jurado en las repúblicas es
como un comité del pueblo, que puede defenderle contra sus propios extravíos. Sólo el jurado
hace posible la conciliación de las leyes antiguas y crueles con el espíritu de humanidad y
civilización, en caso que el Poder Legislativo se negase a modificarlas. Sin él, apenas puede
imaginarse un derecho común, vigoroso y expansivo. A par del sistema representativo, es una
de las más grandes instituciones que desenvuelven el amor a la ley en el verdadero sentido de
esta palabra. Es una parte, una porción del self government de los pueblos ingleses. Da, por
último, al abogado, la posesión independiente y honorable que el procedimiento acusatorio y la
libertad de la defensa requiere y proporciona teatro para que en él se formen elocuentes y
profundos patrocinadores de los derechos de sus clientes".
Es correcto afirmar que la reforma de 1994 nos ha
acercado aún más a esta institución, pues por un lado mantuvo en el texto constitucional todo lo
relativo a jurados, en tanto por el otro resulta claro que las enmiendas se han inspirado en la
democratización del proceso político, la mayor participación popular, la democratización del
Poder Judicial, un mayor control sobre los poderes del Estado y un aumento de la
representatividad popular.
Hay que incentivar mecanismos de participación que
tengan al pueblo por protagonista, ensayando en nuestro medio al jurado no a título de dogma,
sino como instrumento procesal y participativo.
Por otra parte, se compadece todo lo expuesto
sobre el instituto con las recomendaciones dadas en el marco del Congreso Internacional de
Juicio por Jurados en materia Penal celebrado en nuestro país durante los días 4º, 5º y 6º de
septiembre de 1997 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, particularmente
aquellas señaladas bajo los números 1, 2 y 3 de la Comisión Nº 1.
En otro orden de cosas, verificase en la actualidad
una situación de crisis del sistema de administración de la justicia en sede penal,
inocultablemente sumido en el atraso y en el desprestigio, que obliga hoy más que nunca antes
en el pasado a prestar mayor atención a nuevas ideas fuerza -aun cuando no novedosas, por
cierto- impulsoras de cambios dentro del contexto a que aludíamos, y ha de estar claro
entonces que la continuidad de la vida democrática del país y la estabilidad institucional
conducen a seguir avanzando -como se lo ha venido haciendo en los últimos años, vía reforma
constitucional inclusive- en la senda de una apertura participativa y de una legitimación popular
de todas las funciones públicas. Y la Justicia no puede mantenerse al margen.
No cabe duda de que el jurado tiene un sentido
político eminente: es el control del pueblo sobre uno de los órganos del Estado.
Pero además, hay razones de orden procedimental
que conducen a la prédica en favor del instituto.
Convéngase en que el jurado constituye el instituto
procesal que desarrolla mejor que cualquier otro los principios básicos del procedimiento penal:
publicidad, igualdad de partes, oralidad e inmediación, obligando históricamente a sustituir el
sistema de prueba tasada por el de libre convicción y a la reproducción de la totalidad de la
prueba en el debate.
Podrá decirse que no es la justicia técnica, la de
sutiles silogismos ni abstrusas teorías.
Pero no podrá controvertirse que esta justicia de la
gente común es también y a la vez la de los hombres libres que recuperan su dignidad
individual.
De todos modos, no se pierda de vista que será el
juez letrado quien elaborará su sentencia con acopio de doctrina y jurisprudencia, eso sí, sobre
la base fáctica del veredicto.
No es casual que las grandes democracias de
Occidente y los países más progresistas de otras partes del mundo tienen jurado popular.
Tampoco puede dudarse que, de modo tradicional,
el instituto del juzgamiento ante jurados siempre estuvo ligado a momentos de fortalecimiento y
apertura democrática y que en el decurso de las muchas discusiones en tomo a los métodos de
aplicar justicia, fue predominante la posición integradora entre un pensamiento progresista en
materia política y una defensa de la institución del jurado, lo cual entraña su lógica en tanto
admitirlo implica ampliar niveles de intervención de la ciudadanía en la cosa pública.
Permítaseme transcribir la lista de argumentos en
favor de la institución con la que coincido plenamente que enumera en su obra el doctor Alfredo
Mooney:
1) La división de poderes, piedra basal de la
Constitución: desconfianza en los jueces ligados al poder del gobierno y a los partidos
políticos.
2) Es una institución republicana por excelencia, en
tanto: el pueblo ejercita su control soberano; asegura la división de poderes; expresa la
representatividad; aumenta la publicidad y transparencia de los actos de gobierno.
3) Acrecienta el control del pueblo.
4) Su veredicto expresa el sentimiento público.
5) El alto número de componentes del jurado da un
abanico de opiniones posibles.
6) Eleva el sentido de responsabilidad personal.
7) Estimula la participación popular.
8) Acrecienta la autoestima de la gente, sobre todo
en tiempos de desesperanza y escepticismo.
9) Es un poderoso elemento civilizador.
10) Es una justicia rápida, expeditiva y barata.
11) Crea hábitos de orden en la gente que siente
que el gobierno no es algo lejano, abstracto y hostil para sus vidas.
12) Incrementa el respeto a la ley.
13) Entre la hipótesis de autismo de la clase
dirigente y de desborde popular, es un punto intermedio de sana democracia de control.
14) El ideal de una democracia es siempre el auto-
gobierno.
15) No hay mejor gobierno que aquel en que la
gente participa; y el jurado fomenta el hábito en tal sentido.
En conclusión: debemos, por una vez y para
siempre, abandonar el prejuicio, apriorístico y sin base empírica ni confrontación con los
hechos, que conduzca a afirmar que en nuestro medio el juicio por jurados no sirve.
El presente proyecto se propone que por el sistema
de jurados sean solamente llevados a cabo los juicios motivados en hechos de los que pueda
resultar la comisión de delitos de suma gravedad, de modo que su competencia esté acotada a
los temas que revisten el mayor interés de la comunidad.
Se pronuncia igualmente el proyecto en favor de la
variante del jurado popular integrado por legos en la materia, desechando el escabinado o
mixto. Además de comulgar mejor con la idea representativa, convencen de su adopción los
distintos achaques que justificadamente recibe el último de los sistemas, entre los que cuentan:
a) Constituye un sistema híbrido que no tiene las
ventajas de ninguno de los dos sistemas que se propone superar;
b) Carece de la lógica intrínseca de un sistema
original y propio y tiene un perfil vago e indefinido;
c) No tiene la tradición que los siglos han dado a los
otros sistemas;
d) Pareciera tener los defectos de los otros dos y
ninguna de sus virtudes;
e) En Europa la experiencia de los escabinos ha
sido negativa: el sistema no es eficaz y no goza de prestigio en la sociedad;
f) Si importar instituciones es siempre complicado y
peligroso, no tiene sentido apostar a lo que funciona mal donde se aplica.
Por otra parte, conforme al proyecto presentado, los
integrantes del jurado, a partir del hecho de cumplimentar requisitos objetivos de idoneidad para
el cargo, serán elegidos por sorteo sobre la base del padrón elaborado anualmente por la
Cámara Nacional Electoral, asegurándose de tal modo:
- la salvaguarda del principio de igualdad y el logro
de una muestra representativa de la sociedad al no excluir discriminatoriamente a personas y
sectores;
- la mayor transparencia y participación popular
posible.
El desempeño como jurado constituye una carga
pública en principio ad honórem, ello para evitar convertir el cargo en una suerte de oficio, más
allá del límite impuesto para reincidir en la función.
Sin perjuicio de ello, se garantiza al ciudadano
electo como jurado la conservación de su empleo mientras dure su desempeño y la
compensación de los gastos y viáticos consiguientes.
Conteste con la doctrina mayoritaria, que ha
entendido que es excesivo exigir la unanimidad para el veredicto de culpabilidad, el proyecto
atempera el rigor dogmático del esquema clásico reemplazándoselo por una mayoría agravada
de las tres cuartas (3/4) partes de los miembros del jurado.
Ha llegado la hora de que este Congreso, de una
vez por todas, sancione la ley que instituya y regule el instituto, pues el tiempo pudo haber
adormecido el empuje de las normas constitucionales, pero aún no han muerto; allí están
escritas, recordándonos su vigencia.
Y para los detractores del sistema y quienes dudan
al respecto, para quienes prefieren seguir bajo el despotismo ilustrado de los que piensan en
nombre de la gente como vanguardias iluminadas a pasar a la adultez de un pueblo que quiere
ser protagonista de su devenir, permítaseme la cita de un gran argentino para refutar su
cerrazón intelectual, desterrar la suspicacia y aventar los temores de enfrentar el cambio
propugnado:
"Las instituciones son hechos prácticos y se los
conoce, como a los árboles, por sus frutos"
NICOLAS AVELLANEDA
Por los fundamentos expuestos, solicito del señor
presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CAMAÑO, GRACIELA | BUENOS AIRES | FRENTE RENOVADOR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
| JUSTICIA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |