La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de solicitarle que, por medio de los organismos que resulten competentes, informe sobre los siguientes puntos que involucran a personal de la Comisaría Nº 24 de la Policía Federal Argentina, sita en el Barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

1 - Si ha tomado conocimiento de la existencia de las actuaciones, a cargo del Fiscal Federal Federico Delgado, en la que se investigan graves irregularidades que vinculan a personal de la Comisaría Nº 24 con el tráfico de estupefacientes y el control de "cuidacoches" en el bario de La Boca, CABA.

2 - En caso de que así fuera, qué acciones y/o medidas se han implementado al respecto, tomando en consideración que el marco de las actuaciones aludidas en el punto precedente se investigan los asesinatos de tres jóvenes ocurridos los primeros días del mes de abril del corriente año.

3 - Si en el marco de las investigaciones internas practicadas se ha desafectado personal de la Comisaría Nº 24 en virtud de los hechos mencionados.

4 - Si ha recibido nuevas denuncias en torno a presuntas irregularidades en el desempeño de personal de la mencionada Comisaría.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que en los primeros días del mes de abril se sucedió una seguidilla de asesinatos en el barrio porteño de La Boca; en todos los casos las victimas fueron jóvenes y los crímenes cometidos con gran saña. El común denominador de estos homicidios no sólo es la juventud y marginalidad de las víctimas, sino los presuntos problemas de adicciones y la aparente vinculación con venta de drogas como el paco que padecían estos jóvenes.

Ya de por sí es un hecho repudiable que se pierdan cuatro vidas jóvenes en el marco de la profunda degradación y desesperación que provocan drogas tan temibles como el paco. Sin embargo creemos que este hecho posee un elemento que hace que sea mucho más preocupante aún la situación. Estamos hablando de la presunta connivencia y/o participación de personal de la Comisaría 24 del barrio de La Boca, en el tráfico de estupefacientes y en el control de los "cuidacoches" o "trapitos" en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors. Esta presunción proviene de la investigación que se conoció días después del asesinato de Natalia Moreira de 28 años y Patricia Moreira (30), y un joven de 20 años, Gustavo Javier Rodríguez en un conventillo el día 4 de abril, y también del asesinato de Pablo Lucas Canteros, aparecido muerto a la vuelta de la Comisaría 24 días antes, mientras transcurría el partido entre Boca y Rosario Central.

La investigación del Fiscal Delgado apunta claramente a buscar qué conexión habría entre estas muertes y la denuncia largamente presentada por los vecinos del barrio respecto a la participación de integrantes de la Comisaría Nº 24 en la comercialización de drogas y el control mafioso del negocio de los cuidacoches.

Lamentablemente no sorprende esta denuncia, en la que se requirió el apoyo de personal de Gendarmería para recabar las pruebas, en tanto no es la primera vez que se pone en evidencia la participación policial en la comisión y organización de delitos, ya sea ligados al tráfico de drogas, al control de mafias urbanas y hasta la trata de personas y la prostitución.

Cabe destacar que el fiscal federal Federico Delgado ya venía siguiendo la pista de la venta del paco en la zona de La Boca y la posible protección policial a ese negocio. En el interín se conocieron las muertes de los cuatro jóvenes y las denuncias de los vecinos del Barrio de que estas muertes estarían relacionadas a ajustes de cuentas por la venta de drogas, que controlaría la Policía.

Con todos estos elementos más las pruebas aportadas por la investigación de la Gendarmería, Delgado hizo la denuncia ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, donde ya tramitaba un expediente por protección policial a vendedores de paco surgido de las denuncias hechas por un programa de televisión.

Creemos que lo descripto hasta aquí presenta un panorama sombrío respecto al grado de confiabilidad de algunas instituciones cuya función debería ser velar por la integridad y la seguridad de la población. Contrariamente, vemos que en ocasiones actúan como asociaciones delictivas que utilizan a jóvenes marginados para llevar adelantes sus negocios. Un negocio que además se cobra muchas más vidas de jóvenes sin futuro, como es el consumo del paco. Frente a esta situación, desde los organismos competentes, se deben tomar las medidas necesarias para individualizar a los posibles responsables; sólo de esa forma se preservan las instituciones y se logra sacar del manto de sospecha permanente a quienes en definitiva cumplen correctamente su trabajo.

Entendemos que la gravedad de la denuncia formulada no sólo por los vecinos que viven y padecen diariamente esta situación, sino también por un Fiscal de la Nación, merecen un pronto accionar de las autoridades.

Por los motivos expuestos, Señor Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.