El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Se deroga la ley 23696 de Reforma de Estado

Artículo 2º.- Se deja sin efecto desde la promulgación de la presente ley todo proceso de privatización o modificación de las empresas que se encuentran en poder del Estado Nacional

Artículo 3º.- De forma

Señor presidente:

Uno de los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta para proceder al desguace del Estado Nacional, a través de la liquidación de sus empresas y entrega de sus recursos, ha sido el concepto de su ineficiencia, el de ser el Estado visceralmente un mal administrador, y que sus funciones indelegables solo debían estar reducidas a la defensa, la educación, la seguridad, la salud, la justicia y eventualmente la preservación del medio ambiente. Toda otra función, significaba una intromisión intolerable en aspectos reservados a la actividad privada. Eran estos los preceptos provenientes de un sistema que privilegia el manejo irrestricto de la economía por los principios del libre mercado, lo que permite, como dice un conocido defensor de estas ideas, que haya "ganado consenso la idea de terminar con el Estado que subsidia la economía y reducir a su mínima expresión posible el estado productor de bienes y servicios" (Rosendo Fraga, La Reforma del estado en sus funciones indelegables, en Reforma y Convergencia, Ensayos sobre la Transformación de la Economía Argentina. CARI y ADEBA, Buenos Aires, 1993, pág. 273). Ese Estado mínimo, objetivo largamente acariciado por los dominadores del mercado es el que permite, que la economía esté al servicio de los proyectos empresariales, y no para satisfacer las necesidades fundamentales del hombre.

La idea privatista, da lugar a que a través de la enajenación de todos los recursos, el Estado deba limitarse a ejercer la función administrativa de un recaudador de impuestos, con los cuales hará frente a esas funciones indelegables que señaláramos. Es decir que se abdica de la función eminente que debe tener como promotor del bien común, para ejercer un quantum de limitadas acciones, estrictamente ceñidas al ámbito reducido del ordenamiento y promoción de actividades muy específicas, de las que por supuesto debe estar ausente la planificación de políticas públicas que hagan al desarrollo socio-económico de la Nación

Esta concepción es la que rigió sustancialmente durante la década del 90, por la cual el Estado ha perdido su función eminente, y se encuentra ejerciendo un papel reducido, que limita grandemente todas las posibilidades que tiene la Nación para alcanzar objetivos que son básicos y que en algún momento de nuestra historia fueron factor determinante de nuestro crecimiento y de nuestra consolidación como República.

Lamentablemente, la desjerarquización del Estado, fue el factor fundamental, para situarlo en análoga condición a la de cualquier entidad financiera transnacional, y es así que en los contratos celebrados con el exterior, se ha impuesto ya como condición la renuncia a su inmunidad soberana, se ha pactado que los contratos celebrados por el Estado, son actos de derecho privado (iure gestiones) y no actos de derecho público (iure imperii) y se lo ha convertido en el vulgar interlocutor de cualquier empresa transnacional con la que negocia en igualdad de condiciones.

Para consolidar esta nueva concepción del Estado se acuñaron definiciones como "soberanía restringida" o "limitación de la soberanía" como consecuencia de la proliferación de distintas teorías, que hablaban de que las nuevas concepciones del Estado, admiten una nueva caracterización, alejada del concepto clásico que habían marcado los doctrinarios y tratadistas sobre esta cuestión. Por supuesto que toda esta innovadora corriente impulsora de reducir al Estado a su mínima expresión, tuvo su correspondencia en valorizar el rol de la empresa privada como único motor de la expansión económica y la prosperidad de los individuos, y contó con la colaboración eficiente de pseudo-juristas que estuvieron dispuestos a convalidar esos nuevos supuestos desregulatorios y una concepción del Estado que resultaba funcional a las nuevas políticas que se instrumentaban. Así se justificaron las facultades indelegables, la renuncia a la soberanía, el dictado de decretos de necesidad y urgencia, sin que existiera ni la una ni la otra, se habló de una emergencia inexistente como pretexto para vender los activos del Estado, se sometió a la Nación a jurisdicciones extrañas, se creó un cuerpo de doctrina específica para justificar la enajenación del patrimonio público, y cuando se plantearon acciones judiciales que podían poner en peligro los planes que se llevaban a cabo, se recurrió al auxilio de una Corte Suprema conformada en su mayoría, por jueces mediocres, que convalidaron todos los atropellos del Poder Ejecutivo a la propiedad pública. El per-saltum del caso Aerolíneas es un ejemplo de cómo la arbitrariedad del Estado fue amparada por la arbitrariedad del Poder Judicial, que en ese caso sentó un grave precedente al complicarse en una maniobra urdida por un funcionario del Poder Ejecutivo.

A través de una abrumadora tarea de desinformación y el uso de gastados sofismas se instaló la idea de que reformar al Estado resultaba una imperiosa necesidad, y el comienzo de tan "noble" tarea debía comenzar por privarlo de sus recursos estratégicos, de empresas altamente rentables que eran factor de desarrollo, "modernizando" su estructura para hacerla más eficiente. El lenguaje crematístico sustituyó a las nobles concepciones filosóficas sobre la naturaleza del Estado, y se lo confundió a éste con una entidad que solo debía ser considerada en cuanto sus parámetros de eficiencia, siempre y cuando esa eficiencia quedara acotada a los aspectos previamente definidos por el sistema globalizador neoliberal. Hubo igualdad de rangos a los efectos de cualquier trato y contratación, y se llegó hasta aceptar durante la presidencia de Menem que los planes económicos y financieros fueran diseñados en el exterior. No se trepidó en vender todo lo que estuviera a mano, y en muchos casos el déficit de las empresas públicas dejó de ser argumento, ya que también se vendieron empresas que no eran deficitarias, y que aportaban una considerable renta a la administración pública.

Esa disminución del Estado, debía efectuarse no solo desde el marco teórico de concepciones hábilmente expuestas, sino desde una realidad operativa que consistía a despojarlo de sus recursos. Obviamente un Estado sin recursos, carecía de la fuerza suficiente para ejercer las funciones eminentes del bien común, el de toda la sociedad, y para realizar esa tarea los recursos fiscales siempre resultaban insuficientes por la magnitud de la estructura social del país que debía ser atendida. De allí que la reforma del Estado fuera el elemento fundamental para privarlo de los indispensables recursos con los cuales obtener ese cometido esencial. Para realizar esa tarea, el voluntarismo del Presidente Menem primó sobre cualquier inteligente que pudiera adoptarse para solucionar los problemas que aquejaban al país. Es decir todo pasó a depender de la "VOLUNTAD" del Poder Ejecutivo, que a través de sus actitudes decidió lo que debía hacerse, sin tomar en cuenta ni las críticas, ni los reparos que se hicieron a la política privatizadora, haciendo de la arbitrariedad una forma permanente de gobierno. Esto no obedecía a concepciones arraigadas que tuviera el Dr. Menem, sino a una forma del ejercicio del poder que le fue impuesta por el poder económico, que necesitaba de esos métodos para obtener los fines que se había propuesto. Como acertadamente pregunta Sampay "¿Puede alguien dejar de ver que el voluntarismo es el venero del desorden moderno que, mirado desde el ángulo de la ordenación política, se llama liberalismo, y que visto por el lado de la organización económica recibe el nombre de Capitalismo, pues el egoísmo que genera en los distintos sectores sociales provoca las dimisiones que todos ellos hacen de sus deberes frente al bien común? ¿Hay alguien que no vea que el voluntarismo es el germen del totalitarismo, de ese falso orden que como novedad política ofrece en siglo en su promedio, pretendiendo remediar aquél desorden mientras, es, en verdad, una aguda anarquía social constreñida por un tremendo despotismo? (Arturo Enrique Sampay Introducción a la Teoría del Estado, Bibliográfica Ameba, Buenos Aires, 1961, pág. 17). El voluntarismo menemista decidió privatizar al Estado, y no encontró oposición a sus designios al contar con un Parlamento sometido a sus decisiones y una Corte Suprema complaciente que convalidó todas sus arbitrariedades, al extremo de ignorar cuestiones elementales del proceso civil y comercial, ante las presiones del Ministro Dromi, cuando el amparo presentado por el diputado Fontenla para impedir la privatización de Aerolíneas.

El privar al Estado de recursos que le resultaban fundamentales, dejando en manos privadas la explotación de sus empresas, era el mecanismo adecuado para achicarlo, quitándole posibilidades de contribuir al logro de uno de sus objetivos: el bien común. En este aspecto, los hidrocarburos constituían la principal fuente de riqueza del país, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales, además de contribuir al tesoro con la renta proveniente de su explotación, desarrollaba actividades complementarias de desarrollo social en aquellos lugares donde se procedía a la extracción del petróleo. No se trataba solo de la extracción y comercialización, sino de fortalecer el tejido social a través de un proyecto extensivo, donde estaba inserto el trabajador, que tenía asegurada su fuente de trabajo, con prescindencia de la mayor o menor explotación de los pozos, ya que como hemos visto YPF no era una empresa convencional a la que solo le interesaba la ganancia, sino que se trataba de un gran proyecto económico donde estaban enmarcados el autoabastecimiento del país, el desarrollo de pueblos enteros, y su enorme contribución al tesoro para permitir al Estado atender obras que resultaban prioritarias.

Todo este proceso desregulador arrancaba de la evolución de una serie de teorías económicas, que para uno de sus apologistas ha hecho cimbrar los cimientos mismos de algunas instituciones clásicas del derecho administrativo, y que pueden resumirse en lo que se ha dado en llamar "nueva economía pública" (public choise). Esta nueva escuela ha cuestionado la función intervencionista del Estado, realizando un análisis de las supuestas falencias que tendría como regulador y aún como administrador, entendiendo que toda acción del Estado enderezada al bien común no es más que una simple teoría que los hechos se encargan de refutar a cada paso. La obra clave donde se desarrollan estas teorías, "The Calculus of Consent, (University of Michigan Press, An Arbor, 1962), fue publicada por los profesores James M. Buchanan y Gordon Tullock, del Virginia Politecnic Institute, quienes crearon el Center of Public Choise en 1969. Otros autores como Henri Lepage (Demain le Capitalismo, Le livre de poche, Pluriel, 1978) y Dennis Mueller (Public Choice II, Cambridge University Press, 1989) fueron desarrollando a partir de allí una verdadera escuela destinada a demostrar la validez de estas teorías que en síntesis demolían la concepción jurídica clásica del Estado, atribuyéndole todo un conjunto de inequidades en su estructuración, mientras se ponderaban las virtudes del mercado libre como la única posibilidad de una maximización de posibilidades para el hombre común, quien era caracterizado nada más que como "hombre económico" que solo persigue su interés individual.

En nuestro país, esas teorías y aquellas que fulminaban la capacidad del Estado como agente del bien común y promotor de la riqueza nacional, fueron divulgadas por algunos institutos de investigación como CEMA, FIEL, la FUNDACION MEDITERRANEA, que en diversas ocasiones suministraron sus cuadros más importantes para dirigir la economía del país. Como dice uno de sus apologistas refiriéndose a los trabajos preparados por estas organizaciones: "estos trabajos ayudaron a dimensionar la naturaleza de los graves problemas que había que enfrentar, proveyeron datos empíricos y comparaciones internacionales, focalizaron el debate y le dieron mayor profundidad a la discusión sobre políticas instrumentales" (Felipe de la Balze, Reforma y Crecimiento en la Argentina, en "Reforma y Convergencia" CARI y ADEBA, Buenos Aires, 1993, pág. 59)

Por supuesto no fueron trabajos desinteresados, ya que esos institutos de investigación estaban financiados por empresas privadas nacionales y extranjeras, para quienes resultaba prioritaria la desregulación económica, como la forma más viable, para poder controlar las mayores fuentes de recursos del país. Es importante señalar que precisamente en el mismo año en que se promulgó la ley de reforma del Estado, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) publicó un libro que se llamó Los costos del estado regulador (Fiel, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1989) en el que analizaba la imposibilidad de continuar con un Estado como el existente, siendo necesario adoptar un conjunto de medidas económicas que desregularan todos los sectores, para acabar con ese enorme Estado al que resultaba necesario achicar.

Tales concepciones no hubieran pasado de tener un mero interés académico, o ser materia de reflexión para aquellos interesados en el análisis de los aspectos burocráticos del Estado; sin embargo se fueron afirmando en muchos países lo que determinó el concepto de que el Estado-Nación se debilitara, pasando a configurar una nueva forma de Estado: el posmoderno donde confluiría la globalización, con el liberalismo económico, la fluidez mediática, el hiperconsumo de los sectores privilegiados. Así se convirtió a la riqueza en el valor supremo en torno al cual debían girar todas las políticas, pasando el Estado a convertirse en un disminuido administrador de lo poco que le quedaba.

Uno de los propugnadores de esas condiciones limitativas del Estado fue el Dr. Roberto Dromi, quien junto a su cónyuge la Dra. Laura Sanmartino de Dromi fueron propulsores de la reforma del Estado, para quienes éste no debe intervenir sino "en subsidio... El Estado más pequeño, con menos funciones, es más libre para actuar. Surge a partir del traspaso a manos privadas de los cometidos prestacionales una nueva administración, la subsidiaria o no estatal, que hereda esas funciones del Estado servidor. (Roberto Dromi, El Derecho Público en la Hipermodernidad, Hispania Libros y Facultad de Derecho Universidad Complutense, Buenos Aires, 2005, pág.314) Dromi, como ministro del gabinete de Menem puso todo su empeño para lograr esa disminución del Estado, haciendo realidad la falacia propugnada durante la dictadura militar de que "achicar al estado es agrandar la Nación". Empero resulta de tal magnitud la indignidad del proyecto de reforma, que el citado Dromi habla de los anteriores planes de reforma, que cita como precedentes: "Prebisch (1955) de "restablecimiento económico": Alsogaray (1958), de "austeridad y racionalización"; Krieger Vasena (1966), de "abaratamiento del gastos público"; Gelbard (1973), de "contención del gasto público", Martínez de Hoz(1976), de "racionalización administrativa", que fueron puesto en práctica por gobiernos que decidieron ejercer "siempre una lucha sin límites contra el déficit fiscal, la inflación y el desmedido tamaño del Estado" (cif. Roberto Dromi, Reforma del Estado y Privatizaciones. To. I, Legislación y Jurisprudencia, Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 37).

Los precedentes de Dromi no podrían ser más oportunos para poder analizar la filiación ideológica del proyecto que llevó a cabo Menem, bajo la asistencia técnica de su ministro, que elaboró toda la corrupta estructura que posibilitaría el desguace del Estado, y la sustracción continuada de nuestros recursos para ser transferidos al exterior, como ha quedado ampliamente demostrado en hechos que son de público conocimiento. Además el ministro Dromi había confesado en el Congreso de la Nación que el país "estaba de rodillas" ante los acreedores, y no existían otras alternativas que la privatización total. Es decir que el proyecto de los banqueros funcionaría a la perfección encontrando un Poder Ejecutivo, que atropellando normas fundamentales de la Nación procedería a hacer el trabajo que se les exigía desde los bancos acreedores.

Para llevar a la práctica, estas teorías - perfectamente funcionales al poder de los capitales extranjeros- se utilizaron diversos fundamentos: se habló de la esclerosis productiva, del bloqueo social, de las rigideces regulatorias, de la distorsión en la asignación de los recursos, de la ineficiencia administrativa, etc. etc., todo lo cual ocasionaba una especie de caos operativo que aumentaba exponencialmente los gastos del Estado, produciéndose déficit, que eran un constante factor de perturbación económica y de inequidad social, al que debía ponérsele término. También se argumentó sobre la necesidad de solucionar los graves problemas fiscales y amortizar el pago de la deuda externa, ya que los títulos de la misma a podrían ser utilizados como forma de pago por los activos públicos

La cuestión de la enorme magnitud de la deuda externa no fue un tema menor en el esquema desregulador y privatizador, ya que se convirtió en uno de los principalísimos argumentos utilizados por el gobierno de Menem para poner en marcha un plan sugerido, inducido y apoyado por el FMI y el Banco Mundial. La nueva estrategia de los acreedores consistía en comprar activos públicos con títulos de la deuda, cuyo valor en el mercado internacional fluctuaba entre el 12 y 17 % de su valor nominal. Al instrumentarse el Plan Brady -totalmente estructurado por el Citibank y J.P.Morgan- se argumentó que a través de los mecanismos de conversión que se iban a utilizar, se produciría una reducción sustancial de las obligaciones a canjear que eran del orden de los 32.000 millones de dólares, pero esa reducción fue simplemente un mecanismo ficcional, ya que se redujo el capital nominal de la deuda, en un porcentaje reducido, mientras que los títulos depreciados, se valorizaron a través del referido plan, y con esos nuevos valores se compraron las empresas públicas.

Una de las formas utilizadas para implementar todo este plan desregulador y privatizador fue mostrar una situación de peligro inminente, como si un caos de consecuencias imprevisibles amenazara la misma estructura del Estado. Si bien es cierto que el gobierno de Alfonsín dejaba un estado hiperinflacionario preocupante, las empresas públicas y entre ellas las de hidrocarburos, funcionaban adecuadamente. Pero el problema no radicaba en ciertas insuficiencias burocráticas, sino en el propósito de entregar los recursos para obtener en el corto plazo fondos que sirvieran para disminuir el problema del sector externo, y además desprenderse de lo que se consideraba eran factores de incremento del gasto público, caballito de batalla que no solo agitaban todos los economistas, sino los medios en su totalidad y los divulgadores de un discurso superficial que se había enseñoreado de la Argentina

Con el argumento del peligro y la necesidad de sanear al Estado, despojándolo de trabas que obstaculizaban su eficiencia se dictaron las leyes de reforma del Estado (23.696), y de emergencia económica (23.697) por las cuales se le dieron amplias facultades al Poder Ejecutivo, para configurar esa situación. Es precisamente en estas dos leyes, donde parte toda esa especie de arquitectura que llamamos "paralegal" que daría fundamento a una singular batería de decretos, con el único propósito de proceder al desguace del Estado, a quien se le quitarían indispensables fuentes de recursos, para entregarlos a grupos internacionales, en negociaciones previamente acordadas. No es ocioso recordar también la sanción de la ley 24.156 de administración financiera, por la cual se delegó en la Oficina del Crédito Público la potestad legislativa de renegociar la deuda externa, con los organismos multilaterales y contraer nuevas deudas. Fue así que con el sustento de estas tres leyes se puso en marcha el mentado mecanismo de "reforma", determinando que el país se viera privado en corto tiempo de sus principales empresas, despojado de su renta petrolera, endeudado a límites insostenibles, y sometido al control de los grupos financieros y los organismos multilaterales.

Entre los argumentos que también se manejaron para justificar toda la legislación que se pondría en marcha, estuvo: la disminución de la deuda, el autoabastecimiento, el mejoramiento de la salud pública, el bienestar de los jubilados, una educación pública de excelencia, el impulso de las exportaciones, ampliar las reservas de hidrocarburos a través de una intensiva exploración, y además garantizar a las nuevas generaciones una riqueza que sería factor fundamental para el crecimiento del país. La deuda no disminuyó sino que subió de 62.000 millones de dólares a 152.563 millones de dólares en 1999, las reservas de hidrocarburos empezaron a disminuir por la falta de exploración siendo muy comprometido el panorama futuro como lo demostraremos más adelante, y a las nuevas generaciones tal política solo les garantizó un futuro de pobreza, de exclusión, y de marginalidad.

La Ley de Reforma del Estado es un claro ejemplo de lo perverso del sistema de extranjerización y los sofismas utilizados para justificar el dictado de esa legislación de emergencia. Si se lee con detenimiento su articulado, se podrá ver que en ella no hay referencia alguna a peligros inminentes, a catástrofes monetarias, a situaciones de emergencia pública que sea necesario conjurar. Solo se habla de "la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado....." y a los efectos de corregir todo lo que no funcionaba, se le dan facultades al Poder Ejecutivo para intervenir todos los entes, empresas y sociedades (art.2º) transformar la tipicidad jurídica de los mismos (art.º 6) proceder a la privatización de todas las empresas del Estado (arts. 8, 9, 10 y 11), efectuar contrataciones de emergencia con empresas privadas (arts. 46 y 47) privatizar los servicios necesarios para el funcionamiento del Estado (art. 60) y finalmente se lo faculta para delegar en los ministros las competencias asignadas, y a éstos en los secretarios del área (art.67).

En resumen que es una ley que solo tuvo por objeto la enajenación del patrimonio público, y desmontar todo control del Estado sobre las actividades económicas. Es decir que el andamiaje teórico del "Public Choise" se puso en ejecución, llevando al país a un estado de trasnacionalización que afectó a toda la estructura productiva del país. Creemos que sería más adecuado llamarla ley de venta de los bienes del Estado, porque en todas sus disposiciones no había una intención de reforma integral del Estado, sino que toda su normativa estaba dirigida a poner en marcha los mecanismos adecuados para desprenderse de esos bienes, encarando un nuevo sistema estatal fundado en la reducción del Estado a ser un mero ente administrador de lo exiguo que quedaba. Pero además es tan evidente la relación deuda- privatizaciones -argumento fundamental de los bancos acreedores para la instrumentación del plan- que el artículo 15, inciso 10 de la ley dice muy claramente "Establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado puedan capitalizar sus créditos

La supuesta ineficiencia estatal fue el caballito de batalla que se usó para disponer de la cosa pública, como si fuera un botín de guerra que debía ser entregado a las nuevas concepciones económicas que se introducían en el país de la mano de los conocidos de siempre. Empero, este verdadero remate de las empresas no obedecía a ninguna situación de emergencia que lo justificara, y si a una concepción económica, que como señaláramos anteriormente tenía como fin acabar con el concepto del Estado como artífice del bien común, sustituyéndolo por un ente insignificante que solo pudiera operar, en aquellos rubros no rentables para la inversión privada. Las teorías sobre la ineficiencia del Estado, eran proclamadas diariamente por las instituciones financiadas por las grandes empresas y desde el poder político, salvo excepciones, hubo consenso generalizado que debía acabarse con ese mal administrador que a través de un gasto público cada vez más elevado estaba comprometiendo los recursos de la Nación. Esto no era cierto, y fue uno de los tantos mitos que se manejaron para justificar las políticas a instrumentar. En su relación con el PBI, el gasto público argentino era muy inferior al de países como Holanda, Alemania, EE.UU. Francia, Bélgica, Nueva Zelandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Inglaterra, España, Finlandia, Chile, para citar algunos ejemplos, pero en las decisiones del gobierno menemista no contaron las cifras, ni las leyes, ni la Constitución; sino solo la voluntad omnímoda de los banqueros que habían convencido al Poder Ejecutivo de lo que debía hacer.

Por eso es necesario decir que todo el sistema de la emergencia y las disposiciones consecuentes que se estructuraron serían el resultado de una política articulada de conformidad con bancos extranjeros que eran acreedores de la Argentina, y contó con el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que celebraron acuerdos con el gobierno nacional, ante el compromiso de éste de poner en marcha el plan de privatizaciones y transnacionalización de la economía. Tan es así que el día 19 de junio de 1992, Michel Camdessus, en nombre del Fondo Monetario Internacional, enviaba una comunicación reservada a los bancos internacionales donde les expresaba que en la Argentina "Entre 1989 y 1990 se ha logrado un considerable progreso en cuanto a la liberalización y privatización de la economía reduciendo los aranceles de exportación y los impuestos a la importación... El gobierno de la Argentina desarrolló un programa global a mediano plazo para 1992-1994 que está siendo apoyado por el Fondo a través del acuerdo ampliado... Los objetivos: liberar a la economía de las restricciones de décadas de regulación excesiva e intervención del estado, reconstruir la viabilidad y regularizar la situación de la deuda externa... La privatización de las empresas públicas y otros activos del estado están siendo utilizados para mejorar la eficiencia, ampliar el alcance del sector privado. Además las reglamentaciones anticompetitivas en áreas tales como puertos, transportes y legislación laboral se están dejando sin efecto" (copia obrante en la causa 17.718 "Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la Administración Pública, Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 4) En el mismo Juzgado obra agregada a la causa de referencia copia de la comunicación reservada que enviara Lewis Preston, presidente del Banco Mundial con fecha 23 de junio del mismo año a los bancos extranjeros en la que expresaba "...el gobierno planea completar el panorama de reforma en los próximos dos años. Esto incluirá reformar los impuestos sobre rentas y salarios, la venta de las empresas aún de propiedad federal, incluyendo la mayor parte de la petrolera estatal...El Banco Mundial espera mantener un programa sustancial de préstamos de ajuste e inversión para apoyar las iniciativas del gobierno, sujeto a una sostenida administración macroeconómica solvente, a un acentuado progreso en las reformas estructurales...La Argentina está haciendo ajustes estructurales de gran alcance" A su vez y confirmando que las privatizaciones eran el nudo de la política económica cuyo objetivo era la liquidación de los recursos del Estado, el ministro Cavallo escribió el 23 de junio de 1992 a la comunidad financiera que "El programa de privatizaciones de la Argentina es considerado un elemento clave de la política económica del gobierno. La privatización de las entidades del sector público continuará" (copia en la causa penal citada) Es decir que toda la política petrolera que se inscribía en ese marco respondía a un plan perfectamente articulado, que contaba con el apoyo de los organismos multilaterales mencionados, que se convirtieron en una suerte de impulsores de todas las decisiones económicas implementadas, no siendo en modo alguno ajenos a los planes energéticos que se llevaron a cabo.

Un año antes de esas notas el FMI había otorgado al gobierno nacional un crédito stand-by, y el Banco Mundial otorgado un crédito co-financiado con el BID para poder financiar la reforma del Estado a que se había comprometido el Dr. Menem. El préstamo del Banco Mundial tenía previsto en una primera etapa la baja de 53.000 agentes públicos, y en una segunda 131.000 más. Los fondos aportados por el Banco Mundial fueron de 325 millones de dólares, y la suma aportada por el BID fue de 375 millones de dólares. También el banco le dio otro crédito al gobierno para asistencia técnica, lo que en realidad era financiar el trabajo de las consultoras propuestas y que fueron designadas para el trabajo: Arthur Andersen, Mac-Kinsey y Egon Zehnder. Este tema del despido de los agentes públicos, como símbolo de un Estado eficiente, fue otro de los principales objetivos recomendados por el FMI para instrumentarse en los planes de reformas estatales, como condición para la formalización de acuerdos stand-by. Debe recordarse que en mayo de 1995, Michel Camdessus, director del FMI felicitaba a las autoridades mexicanas por haber "aceptado disminuir en un 10% el poder de compra de lo asalariados y permitido que un millón de personas pierdan su ejemplo" Así fue que la tasa de desempleo subió en la Argentina de manera alarmante y en 1995 era del 18,6%. En el caso de la privatización de YPF, esto se pudo ver muy claro, ya que en la Memoria de la empresa publicada en 1993 se hacía constar que de más de 50.000 empleados que tenía la empresa, habían quedado solamente 7.000.

No puede dejar de mencionar en estos fundamentos, los contenidos de unas reuniones donde se trataron en forma exhaustivas todos los planes que se estaban poniendo en ejecución y aquellos que resultaba necesario implementar para consolidar el nuevo modelo desregulador. En esas reuniones fueron expuestas las grandes líneas del proceso que había comenzado y que se iba a profundizar. En ellas participaron los más altos funcionarios del Estado junto a un conjunto de banqueros, diplomáticos, y representantes de los diversos intereses transnacionales, entre los que había abogados, lobystas y técnicos que ya habían comenzado a trabajar en el tema. De las exposiciones y planes de trabajo que se pusieron en discusión vamos a extraer los más relevantes para demostrar que el desguace del Estado, del que hablamos, fue planificado por un conjunto de funcionarios asociados a bancos del exterior, y a empresas importantes del país, para las que era necesario llevar al Estado a una situación de achicamiento de tal naturaleza, que iba a ser el germen de su ulterior destrucción. El encuentro organizado por el Bureau de Investigaciones Empresariales y denominado "Privatizaciones en Argentina - Privatizations in Argentina" fue auspiciado por la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y se realizó en el mes de septiembre de 1991 en Buenos Aires. Entre los participantes podemos señalar a Acindar S.A., Asociación de Bancos Argentinos. Astra, Banco general de Negocios, Banco Interamericano de Desarrollo, B.C. Gas Argentina S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., Boston Investment Group, British Gas de Gran Bretaña; Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton (USA), Credit Suisse, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, Endesa (España), Estudio Jurídico Becar Varela, estudio Jurídico Marval y O'Farrell, Fundación Mediterránea, J.P. Morgan Argentina S.A., Lloyds Bank, Manufacturers Hanover Trust, Mckinsey & Company, Midland Bank,, Morgan Guaranty Trust, Price Waterhouse & Co. Shea & Gould (USA), Stuart & Stevenson (USA), Swiss Bank de Nueva York, The Bank of New York, The Chase Manhattan Bank, The World Bank, Union Bank of Switzerland, United States Departament of. Comerce (USA). A ellos deben sumarse la participación de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, y otros abogados y representantes financieros del exterior.

En las palabras de bienvenida, el residente del Bureau, Leonardo Monneret de Villars, encomió la decisión de Menem de dictar la ley de reforma del Estado y la política que se estaba instrumentando, diciendo que " era instrumento imprescindible que se necesita en estos procesos que es generar la confianza suficiente para que los capitales se acerquen a invertir.. Aquella frase de Savas "saquémonos el gobierno de las espaldas y de los bolsillos" reafirma el concepto que es la materia de este encuentro. En su "Clave para un gobierno mejor" dicho autor desarrolla la acertada teoría de que, cuando las decisiones sobre las ganancias de la gente son tomadas por órganos estatales y la presencia gubernamental invade más áreas de la actividad humana esto equivale a la pérdida de la libertad, y junto con los derechos individuales, un gobierno poderoso amenaza también la justicia, la igualdad, y obviamente la eficiencia. Esto lo entendimos en la Argentina a fuerza de padecerlo" (sic). A continuación de esas esclarecedoras palabras, habló el Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, quien también hizo su aporte "Algunos dicen que esto nos va a costar más caro que la vieja estrategia de patear la pelota fuera de la cancha. En realidad este tema no se mide en términos de caro o barato sino de lo que se consigue con lo que se hace. Una solución definitiva como la que estamos avanzando a pasos acelerados va a dar confiabilidad, va a dar credibilidad. Hará bajar la tasa de interés, disminuirá el riesgo argentino y va a generar un marco para que los empresarios hagan lo que se les dé la gana. Nosotros no queremos estarles diciendo a los empresarios que es lo que tienen que hacer, cuales son las tareas prioritarias y cuáles no lo son. A veces los empresarios se sienten como desvalidos ante esa falta de interés del Estado por orientarlos, pero la verdad es que no tenemos ningún interés en ese tipo de asistencia. Porque no tenemos ni la voluntad ni la capacidad ni es nuestro trabajo... Creo que con lo que está ocurriendo que es el retiro del Estado de intervenir en todos los sectores, el plan de convertibilidad y la estabilización han creado las condiciones para la eliminación de este flagelo...El futuro nuestro es un futuro absolutamente inequívoco. No sé lo que va a pasar dentro de seis meses, pero tengo certeza de lo que va a ser el país dentro de 10 años". Continuó el Secretario de Planificación de la Presidencia de la Nación, Vittorio Orsi quien sostuvo "Aquí en la Argentina hemos entendido que, para el mantenimiento de la estabilidad y la reactivación es necesario: -ganar una intensa batalla del petróleo, - efectuar la reforma y privatización de la banca pública, y acelerar la venta del resto de los bienes y compañías en manos del estado central, de las provincias y de los municipios. Aquí en Argentina, estamos convencidos que, aparte de los beneficios directos para la creación de una economía competitiva, la privatización y venta de los bienes y de las compañías del estado, son elemento necesario: para el saneamiento de las deudas internas y externas" A continuación Orsi presentó un esquema asociando las privatizaciones con la deuda, para demostrar los beneficios que acarrearían las privatizaciones.. Luego fue el turno del Dr. Carlos Sánchez, subsecretario del Ministerio de Economía, quien a su turno indicó que "el gobierno argentino busca, a través de su política de privatizaciones: eliminar el peso del déficit de las empresas públicas; propiciar nuevas inversiones, cancelar parte de nuestra deuda externa... Para ello contamos con la activa participación del Banco Mundial en la elaboración de reglas de juego destinadas a la selección de las empresas consultoras que asisten en los aspectos técnico y financiero de las privatizaciones...Paralelamente sigue su curso el plan de redimensionamiento de la empresa YPF mediante la venta de refinerías, de parte de su flota naviera y de acciones de la sociedad anónima".

También hizo su aporte, el Subsecretario de Planificación de Privatizaciones de la Nación, Mario José Guaragna, quien expuso algunas de las características de las privatizaciones diciendo que "otro de los criterios es que se privatizan todas las empresas públicas, no solamente las deficitarias. Que haya o no déficit en las empresas públicas no es un fenómeno que importe en la decisión sobre si se privatiza o no. La decisión se toma en función de si el Estado debe o no mantener ese tipo de actividad en su seno... Como un resumen de los resultados obtenidos en materia económica...el total de esas privatizaciones produjo o producirá en algunos casos de ingresos en efectivo del orden de 2.080 millones de dólares y una reducción de la deuda externa en el valor nominal en 7.331 millones de dólares... Finalmente la privatización del sector petrolero incluye la reestructuración de YPF y la participación de la actividad privada en la propiedad y en la administración de la empresa que comenzó con la conversión de YPF en sociedad anónima, en un saneamiento empresario que se ha materializado por ejemplo con la reducción de personal de 28.000 personas por retiros voluntarios o por decantación natural. Se van a vender tres refinerías: las de Dock Sud, San Lorenzo y Campo Durán, se van a vender los oleoductos Campo-Durán-Montecristo, Allen-Rosales y Rosales- La Plata, se va a vender íntegramente la flota que comprende 26 buques, y 6 embarcaciones menores, se va a vender el taller naval, se van a privatizar los puertos y boyas que opera YPF en Caleta Córdoba, Caleta Olivia y Puerto Rosales, se van a vender 10 plantas de almacenajes de hidrocarburos, se van a vender 6 aeroplantas, se va a vender la participación de YPF en Interpetrol y finalmente se van a ofrecer públicamente en venta las acciones de la empresa. Como Uds. han escuchado ayer es posible que la privatización del sector petrolero aún se profundice más de lo que acabo de describir. Lo que acabo de describir es lo que ya está resuelto y ejecutándose aunque las posibilidades de cambio de este sector es que la participación privada sea mayor que la especificada recién"

Para finalizar la intervención de los representantes del Estado Nacional en este singular encuentro, habló el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rodolfo Barra, quien trató de fundamentar la juridicidad del plan con argumentos que justificaron la disminución de la incidencia del servicio público en los actos del Estado, para traspasarlos a las empresas privadas. En cuanto a los representantes de empresas privadas, solo vamos a hacer mención a unas pocas para no alargar demasiado esta cita. El Ing. Patricio Perkins, gerente de Privatización de Gas del Estado, planteó como se haría la privatización del sector. Como seguramente no confiaba en las bondades del idioma español, y a pesar de efectuarse el encuentro en Buenos Aires, su exposición fue realizada íntegramente en inglés y transcripta en ese idioma en el documento que comentamos. El gerente de Planeamiento y Desarrollo de Petroquímica General Mosconi, José María Fumagalli, hizo un minucioso análisis de la potencialidad de la empresa, su desarrollo, su enorme crecimiento y las ganancias de la empresa concluyendo con su propuesta "Tal vez una de las principales características de la cultura empresarial de Petroquímica General Mosconi ha sido, desde el principio de su operación, la permanente búsqueda de mayor desarrollo competitivo. Ello queda demostrado por su inserción en los mercados internacionales, la continua búsqueda de mejores niveles de producción y menores costos, el permanente monitoreo de oportunidades para nuevos negocios, la constante mejora de procedimientos de administración, tecnología informática y la permanente capacitación de su personal, para adecuarlo a los continuos cambios competitivos. Por estas razones, creemos firmemente que la privatización de PGM será una excelente oportunidad para nuevos inversores y para nosotros mismos" Es decir, ya que la empresa era sumamente rentable, competitiva y ordenada, era un brillante negocio que no podía seguir generando ganancias al Estado y también debía ser privatizada. Luego Ana Kessler, subsecretaria para la Producción de la Defensa, en el Ministerio de Defensa informó sobre las adjudicaciones efectuadas en diciembre de 1990 de las empresas que integraban el polo petroquímico (Polisur S.M., Petropol S.M., Induclor S.M. y Monómeros Vinílicos S.M.) habiéndose entregado como parte de pago por las referidas empresas títulos de la deuda externa argentina.. Siguió el Gral. Manuel Cornejo Torino, presidente del Directorio de Fabricaciones Militares quien explicó al selecto auditorio como se encararía la privatización de los Altos Hornos Zapla, las fábricas militares y la totalidad del sector minero en poder de esa Dirección como El Proyecto La Colorada (plomo, plata, cobre, zinc, azufre y hierro), Carolina (oro), Cerro Salle (plomo, plata, zinc); Cerro Colla (plata y zinc) Minas Isis, Osiris y Ra ( con reservas posibles de dos millones de toneladas de mineral); Antofalla (plata, zinc). Hizo mención a que el sector minero de Fabricaciones Militares a privatizar contaba con una biblioteca técnica y archivo que incluía 100.000 metros testigos de perforaciones de proyectos desarrollados en diversas épocas.

A su turno expuso Paul Meo Jefe de la División Latinoamericana del Banco Mundial, quien indicó que "el uso más eficiente del patrimonio es lo que beneficia a la economía. El producto de la venta puede reducir las deudas del gobierno... La mayor ineficiencia de las empresas estatales de los países en desarrollo significa que las ganancias que la economía obtendrá de su operación más eficiente, a través de la privatización, será mucho mejor. El apresurar la privatización puede no ser malo en tales casos, ya que el valor de la venta es por lo general menos importante que las ganancias económicas" Luego William F. Gortin, socio del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, indicó sobre los requisitos necesarios para una exitosa privatización. Para terminar con la cita con el encuentro, Steve Bucalo, socio de Cooper & Librand (Denver, USA) quien indicó que "las mayores presiones para reducir el peso de la deuda externa están llevando a los gobiernos a vender empresas estatales. Existe una mayor aceptación de la posición del FMI y del Banco Mundial de que tanto la eficiencia económica, como el servicio al usuario y la posición financiera mejoran con una mayor propiedad privada. La búsqueda de una mayor eficiencia a través de las privatizaciones es a menudo un pre-requisito para la obtención de créditos multilaterales o la reestructuración de la deuda".

Todas las expresiones citadas, tanto públicas como privadas no hacen sino confirmar por boca de los propios protagonistas cual fue la intención de la reforma del Estado, con especial énfasis en los hidrocarburos. También demuestran esa necesidad de sacarse de encima al Estado para realizar todo tipo de negocios sin ningún margen de control, ya que como señaló el Ministro Di Tella, "que los empresarios hagan lo que tengan ganas"

Esta reunión de personajes no fue para nada incidental, sino que sirvió para compatibilizar criterios entre las más altas autoridades y los grupos financieros que iban a participar en el desguace del Estado, contando con el asesoramiento indispensable de estudios de abogados que aún hoy siguen trabajando contra el interés nacional, como puede observarse en las demandas que tienen en el CIADI, como apoderados o testigos por parte de las empresas que litigan contra la Nación. También debe tenerse en cuenta que en casi todas las expresiones que hemos citado, y aún en aquellas que no lo hicimos, siempre está presente el tema de la reducción de la deuda externa, como uno de los justificativos de las privatizaciones. De allí nuestro convencimiento de que la deuda fue el principal mecanismo utilizado para obtener la propiedad de la empresas públicas, para lo cual fue necesario estructurar las normas que impugnamos y otras que fueron necesarias para los otros aspecto de la economía nacional.

No podemos desconocer la brutal ingerencia ejercida por los grupos financieros sobre el gobierno nacional, interesados en cobrar una deuda externa que en 1989 llegaba a los 60.000 millones de dólares, el papel del FMI y el Banco Mundial, que estaban interesados en que la Argentina cambiara radicalmente su estructura productiva en consonancia con esa libertad de mercado que querían imponer a toda costa. Después de las complicaciones económicas del gobierno de Alfonsín, y las recurrentes moras en el pago de las obligaciones externas, los banqueros y los organismos multinacionales, que actuaban de consuno, quisieron asegurarse que las nuevas autoridades iban a cumplir con los postergados pagos, y la desregulación y consecuente privatización fueron los modos que idearon para solucionar los problemas que le ocasionaba la deuda argentina, además de comenzar una etapa de intervención sin precedentes en todo lo que tuviera que ver con la estructura económica.

Un ejemplo de todo ello fue la asociación de diversos grupos como la Corporación Financiera Internacional, el Marine Midland Bank, el Banco de Tokio y el grupo Pérez Companc para participar de manera decisiva en todos los proyectos privatizadores, quedándose con el porcentaje mayoritario de las acciones de las empresas a privatizar y así ejercer un indudable poder de decisión en todo lo que significaría desregular le economía. Para ese trabajo se conformaron dos grupos; el primero de ellos que constituiría dos sociedades: una de ellas Argentina Private Development Trust Company Limited, con sede en las islas Cayman, para invertir en todo el proceso de conversión de la deuda, y la Corporación de Inversiones y Privatización S.A. que operaría bajo el mandato de la anterior para participar en licitaciones y conversiones de deuda, análisis de las inversiones, y administrar y controlar todas las operaciones. La primera de las sociedades se formó con un capital inicial de 500 millones de dólares, aportados en títulos de la deuda pública.

El resultado de las privatizaciones fue catastrófico para las empresas del Estado, muchas de las cuales fueron pagadas con la venta de su propio patrimonio como Aerolíneas Argentinas. La deuda externa no disminuyó, sino que se multiplicó casi por tres, con un despilfarro exponencial de los bienes del Estado, la extranjerización del sistema financiero y de empresas de capital nacional se constituyó en una evidencia palpable, y el resumen de toda esa política fue llegar al año 2000 con una situación insostenible, que se vieron agravadas por medidas económicas coyunturales sin respaldo, que llevarían a convocar al autor de las grandes medidas de la década del 90 - Domingo Cavallo- con el resultado final de los hechos trágicos de diciembre del 2001.

La Unión Cívica Radical, desde sus orígenes fue una tenaz defensora de los bienes públicos debiendo recordarse que no hubo una gestión de gobierno que haya afectado los intereses de las empresas del Estado; antes bien contribuyó al engrandecimiento de las mismas, como lo demuestra ese paradigma de eficiencia y soberanía que fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y un claro ejemplo de esa defensa fue la anulación de los fraudulentos contratos durante la presidencia de Illia.

Como aún existen en poder del Estado Nacional, un conjunto de empresas de significativa importancia como la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul, la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María y la Fábrica Militar de Río Tercero, englobadas en el conjunto que significa Fabricaciones Militares, y otras recuperadas como el Complejo Industrial Naval Argentino, resultas necesario conservar lo que aún nos queda, preservarlo de la utilización de una legislación privatizadora y terminar con una ley que solo sirvió para depredar el patrimonio público y que resulta un ejemplo de lo que no es un política de Estado, sino el paradigma de un negocio de aventureros que malversaron las riquezas de la Nación, en beneficio de las empresas transnacionales y de cierto empresariado llamado nacional, que en realidad solo encubría las especulaciones económicas de la patria contratista

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto de Ley