La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe lo que a continuación se solicita:

1. Si tiene conocimiento de hechos de comercialización de productos pertenecientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y en particular, el hecho sucedido en la mañana del día 12 de Junio de 2007 en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

2. Qué actuaciones administrativas y/o presentaciones judiciales ha desarrollado dicha dependencia frente a tales ilícitos y en particular sobre el mencionado en el párrafo anterior.

3. Enumere hechos similares y detalle las medidas adoptadas en cada caso.

Señor presidente:

En el día de ayer, en un supermercado de la ciudad santafesina de San Lorenzo, se llevó a cabo la decomisación de ochocientas latas de merluza con un rotulo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación prohibiendo su venta.

El operativo llevado a cabo por personal de la Dirección de Control, Urbano, Higiene y Seguridad Alimentaria de la Municipalidad se dio a partir de una denuncia de un joven comprador de una lata de merluza de la marca Puglisi, con la rotulación descripta, manifestando haberla comprado en un supermercado que se encuentra ubicado en la calle San Martín de dicha ciudad.

La mercadería fue depositada en la comisaría séptima de San Lorenzo y por estar involucrado un organismo del Estado nacional, la causa fue tomada por el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo del doctor Eduardo Sutter Schneider.

Aparentemente, las latas habrían pertenecido al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cuál desarrolla acciones directas de asistencia alimentaria a la población de menores recursos, en particular a familias con niños de hasta 14 años, desnutridos, discapacitados, embarazadas, ancianos sin cobertura social y a las comunidades aborígenes. A su vez, el plan también se tiende a favorecer el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para la gestión de emprendimientos sustentables orientados a la inclusión social y la equidad.

Ahora bien, todos estos objetivos sin duda alguna caen en saco roto si las mercaderías no son entregadas a los beneficiarios y son vendidas a los comerciantes. Estamos entonces frente a un grave hecho de corrupción que involucra a un organismo del Gobierno Nacional, quién debe dar las explicaciones del caso.

Si bien el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria ha sido creado bajo un sistema de carácter federal, donde el nivel nacional aporta fondos a las provincias que suscribieron los convenios correspondientes y las provincias establecen la modalidad de ejecución según el tipo de prestación a implementar, al ser recursos nacionales, queda absolutamente claro que es el Estado Nacional quien debe bregar para que dichos recursos lleguen a los beneficiarios.

Es por esto que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe si se tomó conocimiento sobre éste hecho u otros de similares características y qué medidas adoptó al respecto.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.