La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rendir homenaje al ex Legislador de la Nación Dr. José Nicolás Matienzo (1860-1936), figura arquetípica de un demócrata principista sin claudicaciones.

Señor presidente:

JOSÉ NICOLÁS MATIENZO: UN ARQUETIPO DE PRINCIPISTA SIN CLAUDICACIONES

(LA ETAPA FINAL DE LA GENERACIÓN DEL 80')

Por Jorge Reinaldo Vanossi

Al Prof. Dr. Horacio J. Sanguinetti, memorable Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y hermano de todas las horas.

I - Introducción

La figura de José Nicolás Matienzo, pintada en un notable retrato de Antonio González Moreno, engalana, como ex presidente (1) , uno de los salones de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Esa imagen de un hombre delgado, sereno, elegante, recuerda a muchos (2) la del Presidente Woodrow Wilson. Fue inaugurada en agosto de 1958 y en esa oportunidad el Dr. Enrique Ruiz Guiñazu, refiriéndose a la persona del homenajeado, dijo: "(...) me atrevo considerar a Matienzo como el discípulo más esclarecido de Alberdi, a quien admiraba y seguía en el planteo y solución práctica de las cuestiones traídas a su dictamen. En el orden de las instituciones, en efecto, se ajustaba con severa disciplina científica a la investigación metódica de los hechos para la elaboración personal de sus ideas. Abominaba del verbalismo huero de los demagogos, fustigándolos con verdadera autoridad crítica, tendiendo en sus escritos y disertaciones a robustecer la doctrina de la legalidad" (3)

No fue José Nicolás Matienzo ese tipo de pensador que especula en abstracto. Muy por el contrario, perteneció a esa otra clase que vincula los objetos del pensamiento al tiempo, a las circunstancias, a las características presentes, o ausentes, que confronta sus intuiciones e ideas con la realidad cambiante y elusiva, pues no teme desechar aquellas conclusiones teóricas que no pueden superar el rigor de las consideraciones empíricas. Al respecto escribía: "La idea de que puede estudiarse en abstracto las instituciones de un país, con prescindencia de los demás que concurren con él a formar el mismo género, es una concepción anticientífica; no hay, absolutamente, posibilidad de separar de los pueblos sus instituciones, para considerarlas aisladamente y en abstracto, como los matemáticos a las cantidades y figuras." (4) Estas ideas en su expresión más directa son coherentes con el ideal científico que afirma: "el poder de la ciencia solo puede basarse en la seguridad de estar sosteniendo la verdad a cualquier precio; en el sentido de que toda verificación lógica o experimental que refute una teoría establecida debe decretar sin más la revisión de ésta en algún aspecto". No obstante, aunque ese "hecho adverso permite profundizar una teoría más que eliminarla; lo que no se puede hacer es dejar las cosas como estaban" (5) .

La vida de Matienzo transcurre en un período signado no solo por la ilimitada confianza en la autoridad de la ciencia -que en formas menos absolutas pero mucho mejor fundamentadas, aun se conserva- sino también en esa etapa en que el positivismo filosófico permeaba todas las expresiones del conocimiento humano. En ese momento de la historia, que en nuestro país coincide con la Generación del '80, la esperanza de progreso continuo e ininterrumpido era pensada como una realidad evidente atestiguada por 50 o 60 años de paz en Europa y por los relativos avances económicos y sociales que se verificaban en todo el mundo. A partir de 1914, la 1ra. Guerra Mundial sepultó para siempre esa ilusión.

Es arduo definir el alcance del término "generación" que suele aplicarse para circunscribir, en períodos de tiempo y lugar más o menos fijos, a un grupo humano que comparte cierto número de características que dilucidan determinados aspectos de la historia. En la llamada "Generación del '80", esos aspectos comunes que la constituyeron fueron su adhesión al positivismo, un marcado pensamiento laicista, una fe acendrada en la ciencia, en el progreso continuo de la humanidad (6) y en la necesidad de un respeto a las libertades individuales sin por ello menoscabar la presencia del Estado donde fuera necesario. Este punto vista que llamaríamos cultural y sociológico es el preferido por Carlos Sánchez Viamonte en oposición al Método Generacional defendido y aplicado por Ortega y Gasset. Dice Sánchez Viamonte (7) : "Sigo creyendo que si existe un problema generacional no puede ser otro que el de carácter histórico, en relación con la cultura y con las ideas o principios que le aportan, no los nacidos durante el mismo año, sino los que permiten ser agrupados sin excesivo rigor cronológico, en la realización de una tarea común que los caracteriza y vincula. Por eso asigno significado de generación histórica al conjunto orgánico que se manifiesta como tal en las ideas y en los principios. Cuando se trata de nuestro país durante el siglo XIX, señalo tres generaciones históricas: la de 1810, la de 1837 y la de 1880, fechas que no provienen de los nacimientos sino de la obra realizada o a realizar, aunque la fecha de los nacimientos abarquen un ciclo de veinte años como máximo." Esa pertenencia a una generación mejor caracterizada por aspectos culturales que por fecha de nacimiento, tiene en el caso de José Manuel de Estrada un buen ejemplo. Este gran intelectual y político solo compartiría una parte de los rasgos anotados más arriba para la Generación del ' 80; no obstante son pocos los que no lo ubicarían francamente entre los integrantes de esa generación. En efecto, era un convencido opositor de la Ley 1420 pero no por ello dejaba de opinar que la separación entre el Estado y la Iglesia era lo mejor: para el Estado y...para la Iglesia.

Matienzo fue un hombre del '80, positivista pero no ingenuo ni fanático. Quizás por eso valga citar la humorada de Mario Bunge cuando decía: "El positivismo es un freno para la ciencia avanzada, y un laxante para el macaneo. Dado que el macaneo predomina en los países subdesarrollados, una dosis de positivismo puede parar la verborrea. Por esto lo odian los oscurantistas: no por sus limitaciones, sino porque les corta el macaneo. Por esto, en Latinoamérica a mí se me tilda a menudo de positivista, y por ese mismo motivo no me enojo, aunque el apelativo sea grotescamente falso" (8)

II - Breve síntesis biográfica

Una apretada biografía de este insigne jurista ubica su nacimiento en San Miguel de Tucumán el 4 de octubre de 1860. Era hijo de Agustín Matienzo, quien fuera Ministro Plenipotenciario de Bolivia antes de radicarse en Tucumán. En esta ciudad realiza estudios primarios y secundarios que luego continúa, a partir de 1874, en el Colegio Nacional de Buenos Aires (9) , donde concluye el nivel medio. Volvería luego a este célebre colegio, en marzo de 1885, como profesor de Geografía en reemplazo de Adolfo Orma (10) . En esos años de estudiante conoce y es discípulo de José Manuel de Estrada, primer profesor de Historia Argentina que, al decir de Gerardo Ancarola, "no solo dictaría clases magistrales sino que dejaría en sus discípulos huellas imborrables de saber y de conducta". Esto es harto evidente en el caso de Matienzo.

Ingresa en 1878 a la Facultad de Derecho, obteniendo su título de grado en 1882 con una tesis en derecho civil que tituló "Qué debe ser el heredero". Inmediatamente se desempeña en el Ministerio del Interior y poco después lo hace como ministro general en la provincia de Santiago del Estero en la administración del Gobernador Pedro F. Unzaga. En sus años de estudiante y de novel egresado escribe poesía, realiza traducciones y forma parte del Círculo Científico Literario (11) , que fundado en 1878, es un típico ejemplo del afán científico, el compromiso con su época y la sensibilidad artístico- literaria de los hombres de esa generación.

Habiendo retornado a Buenos Aires, fue asesor letrado del Ministerio de Obras Públicas (1889). En esas funciones formó parte de la Comisión redactora del proyecto de Ley General de ferrocarriles. Nombrado Juez del crimen en 1987, pasa, entre 1889 y 1890, a ser Juez en lo civil y comercial en la ciudad de La Plata. A partir de 1890 comienza a participar en comités de la Unión Cívica, involucrándose en la revolución Radical de 1893.

III - Maestro de juventudes

Con no menor enjundia y dedicación desempeña, a partir de 1904, cargos docentes de imborrable memoria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, en la que es profesor de Lógica. Con posterioridad asume el decanato de ambas facultades y es profesor en los colegios universitarios de Buenos Aires y La Plata. Es indicativo de la calidad ética de su persona, la renuncia como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por haberle sido rechazado un proyecto que estatuía un régimen de docencia libre para los profesores y, correlativamente, de asistencia libre a clase para los alumnos, además de reducir el período de tiempo de los funcionarios universitarios en sus cargos. Ya alejado de la docencia, a partir de 1927, sus pares lo eligen Profesor Honorario tanto en Buenos Aires como en La Plata. Por algo el Dr. Pedro Frías dice que Matienzo renovó los méritos de la "nobleza de toga". (12)

Las calidades cívicas de los ciudadanos nacen en el aula. En tal sentido, enseñó a apreciar la verdad sin ampulosidades ni sofisticaciones inútiles. Dijo al respecto: "La verdad es sencilla, no requiere los adornos de la elocuencia ni las solemnidades de la cátedra, y podemos hablar de ella y de lo que le concierne, sin alterar el tono habitual de nuestro lenguaje". La cátedra, era a su juicio, el vehículo con el que se debía transmitir a las nuevas generaciones, las imprescindibles convicciones cívicas formadoras de una opinión pública responsable. Esa misma opinión pública que debería ser, a extramuros del aula, agente activo, esencial en la consolidación y control de las virtudes republicanas. En una frase que él solía utilizar: "hacernos dignos de la República y mejorarnos para que el gobierno también mejore", queda expresada a la perfección sus anhelos como maestro. No podemos dejar de señalar las reminiscencias de estas palabras con las que antes había vertido, respecto del mismo tema, su admirado mentor Juan Bautista Alberdi: "el problema del gobierno posible en la América española no tiene más que una solución sensata: elevar nuestros pueblos a la altura de la forma de gobierno que nos ha impuesto la necesidad; en darles la aptitud que les falta para ser republicanos; en hacernos dignos de la república, que hemos proclamado, que no podemos practicar hoy, ni tampoco abandonar; en mejorar la sociedad para obtener la mejora del poder, que es su expresión y resultado directo" (13) . Matienzo asumió en su vida pública aquello que preconizaba en sus clases y reguló su vida personal según la máxima de Demócrito: "Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás."

Desde el 7 de febrero de 1906 se hace cargo de la cátedra de Derecho Civil Comparado y luego, en 1908, la de Derecho Constitucional, ambas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en donde fuera convocado para ocuparla por su Presidente, el gran Joaquín V. González. Debe destacarse especialmente su pertenencia a la afamada "Escuela platense de derecho constitucional" que tanto y tan notorios aportes ha dado a la teoría del derecho. Entre sus muchas innovaciones debe mencionarse en especial "el reconocimiento del orden político", es decir, que el derecho constitucional trasciende las normas meramente positivas y abarca la consideración, el análisis, el estudio y la crítica del orden de los comportamientos políticos y de las costumbres constitucionales que se van registrando. Esta innovación comienza con el propio González y sobre todo por José Nicolás Matienzo que, tanto en su obra de Derecho Constitucional como en la de "Régimen representativo y federal en la Argentina", aplica una metodología que además de las normas incluye un conocimiento profundizado de la realidad. Hemos mencionado a Joaquín V. González y no se puede dejar de apreciar su impronta en la llamada "orientación platense del derecho". Primero, la operatividad máxima de las cláusulas constitucionales sobre los derechos y garantías, que mucho tiempo después sería tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la creación del amparo. Segundo, los derechos sociales y un "nuevo derecho", anticipo de lo que así llamaría Alfredo Palacios a lo que estaba implícito en el Código de Trabajo que redactara Joaquín V. González y que el Congreso no llegara a aprobar. Tercero, la representación de los intereses y la ampliación del ámbito de la libertad política, reflejada en la participación del gran riojano como Ministro del Interior en el debate de la Ley Electoral a comienzos del siglo XX, que estableció el sistema de voto uninominal por circunscripciones, considerado una avanzada para la época y que los propios legisladores conservadores que lo aprobaron, prontamente lo derogaron por temor a que sus resultados hicieran tambalear el poder que detentaban. La cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Plata que tantos logros significara para la especialidad fue ocupada, no sólo por Joaquín V. González sino también por otros eminentes pensadores del derecho como Agustín Alvarez, Juan Antonio González Calderón, Carlos Sánchez Viamonte, Segundo V. Linares Quintana y, en su momento, el ilustre José Nicolás Matienzo (14) .

Con posterioridad ejerce el cargo de Decano durante 5 años, aunque sin abandonar su puesto como profesor de Derecho Constitucional, en el que continúa hasta 1927. Al dejar definitivamente la docencia universitaria, es honrado como Profesor Honorario de las Universidades de La Plata y Buenos Aires simultáneamente.

En Buenos Aires es primero profesor y luego, en 1906, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Al frente de esta Facultad realiza una notable obra de jerarquización académica. Renueva planes de estudio y, su preocupación por la documentación referida al período de la Organización Nacional, da lugar a lo que más tarde sería el Instituto de Investigaciones Históricas, reconocido internacionalmente por su importancia científica. Linares Quintana lo describe con gran precisión al destacar: "la forma natural y sencilla con que Matienzo desarrollaba sus clases; hablaba en ellas con una sinceridad pocas veces igualadas, con recta conciencia, impregnando siempre su exposición de un profundo fervor cívico que impresionaba a sus alumnos". Magnifica síntesis de una personalidad que fue, no cabe duda, maestro de juventudes.

IV - El Escritor y Tratadista

Todas estas actividades: magistrado, político, educador y hombre público, no le impidieron escribir mucho y bien; su actividad como tal se extiende toda su vida. Publica: "Gobierno representativo y federal en la república", un verdadero clásico editado en Madrid 1910 y traducido al francés en 1912; "Proyecto de Constitución para la Provincia de Santiago del Estero" en 1884; "La Práctica del sufragio popular" en 1886; "Manual de geografía de Europa" en 1887; "Responsabilidad Judicial" en 1888; "Proyecto de Código Penal" en 1891; "Compendio de Psicología" en 1893; "La revisión del Código Penal Argentino" en 1900; "La competencia ilegal en el servicio de transportes" en 1904; "Trabajo, mujeres y niños" en 1907; "La idea del derecho" en 1883 y, en colaboración con Luis María Drago; "Accidentes de trabajo" también en 1907; "Conciliación y arbitraje" y "Retiros obreros" en 1908; "Temas políticos e históricos" en 1916; "Cuestiones de derecho público argentino" en 1925 (Apéndice 1); "Lecciones de derecho constitucional" en 1916; "Remedios contra el gobierno personal" en 1931. Esta obra profusa, densa en contenido y erudición, se continúa con muchos otros libros y centenares de artículos que sería tedioso enumerar detalladamente.

V - El Hombre de Acción

Fue un hombre de estudio, un investigador que no desdeñó participar activamente en el quehacer político, incluida su vertiente revolucionaria. Afiliado a la Unión Cívica Radical intervino, como hemos dicho, en la Revolución del 1893 y, más aun, meditó sobre las grandes fuerzas que conducen a una sociedad a optar por ese recurso extremo. Estaba persuadido de que el poder personal del que hacían abuso algunos presidentes, desviaba a los mismos del mandato constitucional que los obligaba a ser nada más que servidores fieles e insobornables de los intereses públicos. Una consecuencia inmediata de la inconducta de esos gobernantes era el debilitamiento moral de hombres e instituciones y, a partir de este punto, el inexorable deterioro del resto de los aspectos que definen a un país progresista y respetuoso de la ley común. La ausencia de instituciones subordinadas a las normas constitucionales, junto con cuotas crecientes de injusticia, llevaron a esas sociedades a un callejón sin salida. Puesto que los resortes legales previstos para impedir esos excesos no se respetaban, sólo quedaba en ese momento y como último recurso para salvar la soberanía del pueblo, el acto revolucionario que reinstalara el libre y riguroso funcionamiento de las instituciones establecidas por la Constitución. En la abolición de las arbitrariedades del Estado que sobrepasa sus atribuciones constitucionales, es que Matienzo justifica el uso de la fuerza. En su carta al Dr. Guillermo Udaondo y después en "Política Argentina", de 1904, se justifica con muy buenas razones ese proceder. En efecto, la restauración de las instituciones era el eje y el límite de su ideario revolucionario, en el que incluía la necesaria "desinfección" de los poderes públicos y los partidos mediante la aceptación voluntaria de la Constitución y la moral pública. Matienzo criticaba especialmente el ejercicio del gobierno en contubernio con los intereses de partido, mientras que los intereses de la República, exigían dirigir los asuntos del Estado bajo la guía de principios impersonales, numen y alma de las instituciones libres. No eran, sin embargo, estas consideraciones un menosprecio a la formación y existencia de los partidos políticos. Muy por el contrario, Matienzo señalaba que, aunque no existiera la palabra "partido" en el texto de la Constitución Nacional, éstos estaban implícitamente mencionados al establecer como regla para la elección de autoridades la pluralidad o mayoría de los sufragios (15) . La necesidad de diversidad y tolerancia de enfoques e intereses, y, por lo tanto, la organización de los mismos mediante la creación de partidos políticos, era considerada esencial por Matienzo y muchos otros célebres constitucionalistas (Apéndice 2). No obstante, si bien es deseable que los intereses sectoriales y de grupo se expresen mediante la organización de partidos, no es menos imprescindible que esas organizaciones respeten cuidadosamente las reglas de juego expresadas por la ley y la ética; y en particular la Carta Magna, que fundamenta la estructura normativa de un país y es condición necesaria para la existencia de un estado democrático y pluralista. Muchos otros grandes constitucionalistas manifestaron ideas similares. Hans Kelsen afirmaba: "la democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un Estado de partidos"; o Finer parecidamente: "el gobierno representativo es el gobierno de los partidos"; o finalmente Ranelletti: "la representación política y la elección de un Estado constitucional presuponen la existencia de partidos políticos en el país". Entre nosotros José Manuel Estrada proclamaba muy contundentemente: "la ausencia de partidos es el cretinismo de los pueblos", y por último Avellaneda aseguraba que "la existencia de los partidos es indispensable en el régimen constitucional, que necesita en el gobierno y eficacia en la oposición" (16) . Matienzo adhería absolutamente a estas ideas.

Tal vez lo acaecido el 30 de julio de 1893 pueda tener muchas causas y quizás también las motivaciones de los alzados puedan haber sido muchas pero es muy probable que las de José Nicolás Matienzo tuvieran que ver, principalmente, con su apego "rígido en la defensa y formulación de sus principios, pues jamás los declinó ni aun cuando estuvieran en juego los intereses de sus más íntimos amigos. Aparecía, ante la opinión pública 'como hombre harto severo, a veces duro' como dijera La Prensa, después de su fallecimiento; (...) tenía derecho, como pocos, a señalar normas de conducta a sus conciudadanos. Y así lo hizo, durante muchos años, bregando infatigablemente, por la purificación de las prácticas republicanas, por la despersonalización en el ejercicio del gobierno, por la veracidad en la vida pública de la nación" (17) . Esa mentada dureza tal vez fuera nada más que una cualidad humana prácticamente en extinción: la honradez intelectual. Expresión de una forma de conducta que se sobrepone a las necesidades circunstanciales de la política.

VI - Un Leal Adversario

Es posible que el acto político exija acortar distancias y en este sentido es inobjetable la práctica de un diálogo atemperado que armonice intereses en pugna. Sin embargo, el espacio que se puede ganar o ceder en ese intercambio no debe, en la concepción de hombres como Matienzo, conculcar principios que se han defendido toda una vida. Matienzo hacía gala de este proceder, públicamente, aun en situaciones que aconsejaban abstenerse de hacerlo. En el trágico debate por "las carnes" -en el que la interpelación al Ministro de Agricultura condujo, inexorablemente, al asesinato del senador Bordabehere a manos del sicario Valdez Cora- el entonces senador Matienzo, adversario de Lisandro De la Torre, criticó con acritud la conducta del Ministro de Agricultura, quien remiso a enfrentar las imparables denuncias del senador por Santa Fe, le insultó y hasta llegó a agredirlo físicamente en esa fatídica tarde del 23 de julio de 1935. Son una muestra prístina de su gallardía y honradez las palabras pronunciadas en la sesión de 10 septiembre de ese año: "Bien, señor presidente: yo noto que se trata aquí de arrojar un velo piadoso sobre la responsabilidad del Ministro de Agricultura; pero yo no estoy dispuesto a colaborar en semejante actitud. Yo no quiero arrojar velo alguno sobré esa responsabilidad, porque sería arrojar un velo sobre la Constitución, Yo creo que la actitud del Ministro de Agricultura, agrediendo materialmente al senador por Santa Fe, doctor de la Torre, es una actitud digna de ser reprobada en alto grado por el Senado y además digna de ser llevada a la justicia (...) Los ministros, señor presidente, son los órganos de comunicación entre los dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. Las relaciones entre los dos poderes se establecen por intermedio de ellos, de manera que se afectan completamente las instituciones del país cuando esas relaciones se interrumpen en la forma tan violenta como las interrumpió el señor ministro de Agricultura. Todos los testigos, en las declaraciones que han sido leídas y las referencias hechas por los diarios, establecen el origen del incidente en la agresión del ministro de Agricultura al senador por Santa Fe, derribándolo al suelo. Si esa agresión no tiene lugar, el senador Bordabehere no corre a levantar al senador de la Torre y, por consiguiente, Valdez Cora no corre a asesinar a Bordabehere; de manera que, sin intención alguna, el autor indirecto de la muerte del senador Bordabehere es el Ministro de Agricultura. Suprímase esa intervención del ministro de Agricultura al agredir al senador de la Torre y se suprime todo el resto del incidente: no ocurre nada."

En otras memorables sesiones tampoco dejó de criticar el tratado Roca-Runciman, advirtiendo que "(...) tratar con una nación poderosa es siempre salir vencido; tratar con muchas naciones poderosas como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos que pedirían sendas concesiones aduaneras, sería exponerse a quedar con muy poca cosa, tal vez solo menudencias...". Asimismo cuestionó con gran ironía las relaciones con Gran Bretaña, y al respecto dijo que: "Yo siento tener que oponerme a esta negociación por dos razones: primero, porque ella ha sido llevada a cabo por órgano o conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, a quien aprecio con la sinceridad que él sabe y por otra parte, porque los pueblos de habla inglesa son los de mi predilección. Desde joven, me he acostumbrado a leer libros ingleses y seguir la política inglesa, norteamericana, australiana, canadiense, sudafricana, etcétera. De manera que cuando veo que estos países de mi predilección cometen estas iniquidades, estas injusticias, como lo que pasa en este caso, yo me contristo Sr. Presidente...". (18) Es que Matienzo no podía ser deslumbrado por "canto de sirenas" cuando estaban en juego intereses comerciales. En este sentido su infalible pragmatismo le hacía decir: "(...) una cosa es la amistad entre las personas o entre las naciones y otra cosa son los intereses comerciales. Alguna vez he dicho en este Senado que las relaciones internacionales no están regidas por el dios Cupido sino por el dios Mercurio, y a veces el dios Mercurio en combinación con el dios Marte (...)". Entonces, quedaba bien claro que al pisar el Senado "(...) dejo mis sentimientos poéticos en las antesalas antes de entrar a este recinto y aquí no traigo sino dos sentimientos: el amor a mi país y el deseo sincero de serle útil colaborando en su prosperidad y en su engrandecimiento, siempre con honor." Esto no se trata de un juego de palabras sino un severo recordatorio de las frivolidades que encubren las peores apetencias de quienes debilitan los intereses de la patria. El punto central que Matienzo atacó, en su participación en el famoso debate, es la pérdida de reciprocidad que implicaba el tratado Roca-Runciman, pero tampoco dejó de notar que el viaje del Dr. Julio A. Roca (h) a la Gran Bretaña era para hacer una visita de cortesía, en retribución a la visita del príncipe de Gales y, de ningún modo, para celebrar convenios comerciales: "A mí me pareció -dice Matienzo- desde el principio que una visita de cortesía no podía ser seguida de una postdata comercial". En otro pasaje de su intervención aconsejaba: "Les recomiendo (...) el párrafo a nuestros hacendados y agricultores para ver si ellos coinciden, también, en llamar política liberal a la política inglesa que impide la entrada en su país de nuestras carnes y productos alimenticios." Concluyendo esta idea y refiriéndose a los usos de Estados Unidos en esos temas decía: "(...) de manera que, señor presidente, como se ve, la política comercial norteamericana consiste en los siguiente: en ningún caso se consiente que una nación extranjera perjudique el comercio nacional; inmediatamente que perjudica se alzan las tarifas a las mercaderías que se considera más conveniente, y si ese país persistiendo en su guerra aduanera, modificara todavía las tarifas o las aumentara, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos queda autorizado a excluir las mercaderías. Esto es lo que nos correspondía haber hecho a nosotros, con solamente haber aumentado el 50% de derechos a los tejidos y artículos metálicos ingleses, habríamos obtenido una mejora, por lo menos, y habríamos alcanzado mejor solución." El espejismo que le gustaba creer a algunos políticos oficialistas era que la Argentina por obra y gracia del tratado pasaba a tener las prerrogativas de los dominios británicos que, al decir de Matienzo, tampoco eran muchas: "Esa es la situación en que nos encontraremos con Inglaterra. Nos consultará, muy bien; eso no quiere decir que esté obligado el gobierno inglés a resolver de acuerdo con nuestra opinión. Consultará la opinión de los Dominios ingleses y de la Argentina; pero aceptará la de los Dominios. Eso no es garantía de ningún género; son palabras y nada más (...) es en balde que se invoque el derecho de la amistad y se hagan valer los agasajos que han recibido nuestros representantes en Inglaterra. Mientras estaban recibiendo agasajos y banquetes los representantes nuestros, el ministro de correos de Inglaterra publicaba un timbre festejando el centenario de la ocupación de las Islas Malvinas." Para el Senador Matienzo, como para toda las mentes lúcidas, lo obvio es en general lo más razonable, por lo tanto la equiparación soberana de intereses sería la única que evitaría "el tironeo que hay en las negociaciones diplomáticas, en las cuales salimos perdiendo siempre los más débiles (...) Inglaterra nos trata como a menores de edad, o como dicen que trataba un cierto catamarqueño a su mujer 'Por que te quiero, te aporreo' (...). Hay que mantener un poco más altiva la frente cuando se trata de una nación soberana como la República Argentina, que va creciendo mucho más rápidamente que los Dominios ingleses y que llegará con el tiempo a imponer la ley, si fuera necesario, sobre los ingleses, y sobre sus dominios." A modo de comentario, nos permitimos trasladarnos de la historia (que es lo que fue) al imaginario de la ukronia (que es la suposición de lo que acaso hubiera podido ser) y, por ese ejercicio mental, preguntarnos qué suerte nos habría deparado el rechazo liso y llano del tan polémico acuerdo Roca-Runciman: ¿mejoría o empeoramiento de nuestra situación económica y de nuestras relaciones comerciales?

Esa franqueza e hidalguía que caracterizaba a Matienzo en su papel de crítico u opositor, se manifiesta también en el episodio en que, por un conflicto de poderes entre el gobernador Octavio Vera y la legislatura de la provincia de Tucumán, el Congreso decide su intervención. En esa circunstancia José Nicolás Matienzo, siendo Ministro del Interior del Presidente Marcelo T. de Alvear, coherente con su pensamiento (Apéndice 3) y preocupado por la desnaturalización en que se había sumido el recurso constitucional de la intervención federal, impartió instrucciones al Dr. Luis Roque Gondra en las que acentuaba el carácter limitado y transitorio que debiera exhibir la intervención federal que se le estaba encomendando. En el consiguiente entredicho con Gondra, el Presidente apoyó a éste, aunque poco tiempo antes Alvear y Matienzo presentaran en el Senado un proyecto de reforma parcial de la Constitución (Apéndice 4) en donde, entre otras cosas, promovía la elección directa de los senadores, retirándole esa incumbencia a las legislaturas provinciales, fuente y origen, según Matienzo, de la causas que, en la mayoría de los casos, provocaban la intervención federal. Matienzo no dudó un instante en presentar la renuncia que, constituye en sí misma, una verdadera lección de derecho constitucional y probidad moral (Apéndice 5). En estos capítulos de su vida se advierte el irrenunciable sostén que hacía de sus principios. Era preferible sacrificar beneficios personales antes que renunciar a aquellos. El Presidente Alvear, respetuoso del estado de conciencia de Matienzo, aceptó resignadamente su alejamiento; y a la gestión cumplida le sucedieron en el mismo período presidencial las no menos ponderosas actuaciones de los Ministros de Interior doctores Vicente Gallo y José P. Tamborini.

VII - El Pensamiento Científico

El enfoque epistemológico, presente en su pensamiento, está fuertemente inspirado en los presupuestos metodológicos que guían las ciencias empíricas. Un buen ejemplo es una carta firmada por Matienzo, entre otros (19) , y dirigida a Florentino Ameghino (20) , en ocasión de ser creada la Sociedad Antropológica Jurídica en febrero de 1888:

"Buenos Aires, Febrero 11 de 1888

Sr. Florentino Ameghino.

"Los que suscriben, tienen el honor de dirigirse a Ud. invitándolo a una reunión que tendrá lugar en casa del Dr. Luis M. Drago, calle Córdoba Nº 278, el día viernes 17 del corriente, a las 8 y 1/2 pm con el objeto de cambiar ideas respecto a la fundación de una Sociedad científica que se ocupe del estudio de las ciencias represivas bajo el punto de vista de la Psiquiatría y de la Antropología " (21) .

"Cualquiera que sea la doctrina que se acepte como fundamento del derecho de la sociedad para reprimir el delito, ya se le encare bajo el punto de vista de la expiación o el de la defensa social, es indiscutible la necesidad de estudiar ante todo la personalidad del delincuente para establecer el grado de responsabilidad dentro del primer criterio y el de su temibilidad dentro del segundo."

"En todo caso, es conveniente y patriótica nuestra incorporación al movimiento científico de la actualidad, contribuyendo en la medida de nuestras fuerzas al estudio de las nuevas ideas basadas en el experimentalismo y procediendo, de paso, a la reforma gradual y progresiva de la ley penal, de acuerdo con los principios de la nueva escuela, que suficientemente madurados, se pueden considerar benéficos en la práctica."

"Conociendo su tendencia estudiosa y su desapasionado amor por la verdad, nos hemos permitido dirigir a Ud. la presente, remitiéndonos, sus afmos. S. S."

En su ideario filosófico las instituciones practicadas por los hombres dependen de las costumbres, ideas y sentimientos de quienes las crean. Sin embargo, no necesariamente los aspectos que caracterizan dichas instituciones, en cada sitio, en cada país, son diferentes de los operantes en otro; y menos aun los instrumentos provistos por la ciencia política que, en uno u otro lugar, permiten analizarlos y comprenderlos. La independencia política no implica, en absoluto, independencia conceptual. Deja claramente expuestas estas ideas, que universalizan las vinculaciones de causa a efecto entre los fenómenos sociales: "Hay que considerar, entonces, en el estudio de las instituciones, no solamente lo que ocurre en el país que motiva ese estudio (en este caso la República Argentina), sino también lo que ocurre en el resto de las naciones en que se ha fraccionado la humanidad; porque todo eso influye sobre el desenvolvimiento político del país tomado como tema. Por otra parte, hay la posibilidad de encontrar, cuando uno compara las instituciones de distintos Estados, ciertas leyes generales de desenvolvimiento de las mismas que es muy útil tener en cuenta, para no creer que los fenómenos ocurridos en un país determinado son únicos y extraños a los de todos los otros países, no dependiendo de acciones o reacciones humanas más generales que las acciones políticas internas" (22) . En definitiva, el pensamiento de Matienzo innova incluyendo el reconocimiento del orden político. Es decir, que el Derecho Constitucional trasciende las normas meramente positivas y abarca la consideración, el análisis, el estudio y la crítica del orden de los comportamientos políticos y de las costumbres constitucionales que se van registrando de lugar en lugar. Esta innovación comienza con Joaquín V. González pero ha sido fuertemente desarrollada por Matienzo en su obra "Derecho Constitucional", como en "Régimen representativo federal en la Argentina" donde aplica una metodología que, además de las normas, incluye un conocimiento profundo de la realidad fáctica.

Matienzo estaba totalmente compenetrado (23) del papel necesario de la ciencia política como factor condicionante en la consolidación de gobiernos democráticos y pluralistas. Sabía que en la medida que la ciencia política integre la educación general habría más y mejores posibilidades de enfrentar eficazmente a demagogos, comprender en detalle los problemas esenciales de la Nación, participar activamente en los debates públicos, discernir entre la propaganda política y la información veraz, enfrentar adecuadamente la mentiras y las falsas promesas, analizar constructivamente la acción de gobierno, ser idóneo como funcionario público y crítico leal como opositor. La política, en la concepción de Matienzo, debiera trascender las meras necesidades oportunistas para constituirse en una conducta humana avalada por la racionalidad suficiente de los argumentos científicos. Escribía al respecto: "La política, comprendiendo en este aspecto todos los actos y procedimientos que se refieren al gobierno de las naciones, es una manifestación importantísima de la conducta humana, y debe ser estudiada con criterio científico..." Estos no son conceptos retóricos sino que desnudan la esencia del problema: "La ciencia no se hace con palabras, cuando se quiera hacer ciencia, sea o no constitucional, hay que buscar los hechos, (...) el investigador, el científico, tiene que buscar la verdad de las cosas en los hechos" (24) , es decir, debe confrontar aquello que uno cree que es con el inapelable veredicto que se percibe en la realidad.

VIII - La Investigación en el Derecho Constitucional Moderno

Matienzo puede y debe ser considerado un precursor de la moderna metodología en el derecho público en general y del derecho constitucional en particular, por las razones que exponemos a continuación. En el terreno de la investigación jurídica caben todas las recomendaciones metodológicas que corresponden a las ciencias sociales en general (verbigratia, el "Método de las Ciencias Sociales", de Maurice Duverger, y el "Método de la Ciencia Política" de George Burdeau, son dos obras de insoslayable lectura para el jurista que aspire a especializarse en la rama del "derecho constitucional", y aunque el enfoque de éste sea predominantemente positivo). A propósito de esto, podemos entrar a comentar un ejemplo que surge del derecho positivo, pero que trasciende hasta el punto de poner en relieve la necesidad (que es mucho más que la conveniencia) del trabajo en visión interdisciplinaria: es el caso del derecho constitucional moderno, que bien puede resultar el mismo caso de otras ramas del derecho público y, aun, del derecho privado (tomando esta vieja división con un sentido amplio y en la acepción común de los términos). Vamos a demostrar, a continuación, que el derecho constitucional clásico era una materia intradisciplinaria, mientras que el derecho constitucional actual está basado en un estudio interdisciplinario, o sea, que en el interior mismo de una rama del Derecho se ha producido el cambio suficiente como para evidenciar la "necesidad" de un estudio que exceda los límites puramente dogmático-positivos y abrace el cuerpo más amplio de la realidad con los instrumentos que le suministran las demás ciencias sociales.

La verificación de lo afirmado en el último párrafo comienza con el recuerdo de la relación entre el método y el objeto. Toda disciplina tiene un objeto de estudio: y cada objeto tiene sus "métodos" apropiados o correspondientes a su estudio (cabe aclarar que la palabra "método" está utilizada en sentido amplio, comprensivo de los métodos propiamente dichos, de las técnicas y de los enfoques) Así, el derecho constitucional clásico tenía por objeto el estudio de las normas de la Constitución formal; y, por lo tanto, sus métodos eran los correspondientes al estudio de normas jurídicas, o sea, los métodos jurídicos propios de toda la ciencia del Derecho. Esto está reflejado en las obras clásicas del derecho constitucional, que reproducían en la en- señanza el método de la Constitución positiva. Pero la evolución posterior registra un doble cambio: por un lado, el ensanche del "objeto" de estudio, al que se incorporan nuevos temas que habían permanecido alejados del estudio exegético y literal del articulado constitucional, tales como los gobiernos de facto (doctrina de facto), la burocracia, el liderazgo, los partidos políticos, los grupos de poder, etcétera; y por otra parte, surge la necesidad de estudiar también los problemas de funcionalidad de aquellas normas constitucionales codificadas, en su aplicación. De ello resulta que el derecho constitucional moderno tiene un objeto más amplio y, en consecuencia, debe valerse de una pluralidad de métodos (lato sensu) para poder obtener el conocimiento completo de ese nuevo objeto. Es decir, que a cada ensanchamiento del objeto corresponde una ampliación de los métodos. Y es aquí donde surge el perfil interdisciplinario, en franca superación de la vieja óptica intra-disciplinaria: se produce una relación metodológica entre el derecho constitucional propiamente dicho (disciplina normativa) y las demás ciencias sociales que por la afinidad de su objeto son conocidas con la denominación -algo imprecisa- de "ciencias políticas". En ese sentido, cabe afirmar que el mayor aporte al derecho constitucional, proveniente de esas disciplinas, consiste en el apoyo metodológico necesario para el nuevo objeto. Por ejemplo, aparece el aporte de la Sociología Política, que suministra a los constitucionalistas todo un arsenal de instrumentos conducentes a la verificación de la funcionalidad de las instituciones regidas por la Constitución escrita, con datos que son imprescindibles para poder llegar a un conocimiento real e integral del funcionamiento y de la efectividad de tales instituciones constitucionales. Se produce así una estrecha interrelación entre dos órdenes de conocimiento, para cuya aprehensión es menester apelar al estudio interdisciplinario, a saber: a) el orden del conocimiento constitucional, que recae sobre normas e instituciones, y que consiste fundamentalmente en problemas de interpretación; y b) el orden del conocimiento socio-político, que recae sobre hechos, fenómenos, ideas y procesos, pero que consiste principalmente en problemas de funcionalidad. Por eso es que en la actualidad no se habla de "derecho constitucional" a secas, y se prefiere una denominación más comprensiva, como la de "derecho constitucional e instituciones políticas" (Duverger, Hauriou, Linares Quintana, etc.). Pues bien: es a través de ese nivel del conocimiento socio-político (b) que hemos indicado cómo se produce la aportación metodológica de las demás ciencias sociales, mediante técnicas y enfoques que a manera de instrumentos auxiliares vienen a suministrar elementos que van a ser utilizados en la inducción y en la deducción (que son los "métodos" en sentido estricto o propiamente dichos).

Un abogado que no esté suficientemente preparado para trabajar interdisciplinariamente corre el grave riesgo de fracasar en el intento de llevar a cabo un estudio completo de cualquier institución. Puede decirse que así como el jurista que no utiliza el método comparado llega apenas a alcanzar un conocimiento parcial del objeto, ya que quien estudia el Derecho de un solo país ni siquiera estudia el Derecho de ese país; también acontece que quien solamente acude a los métodos jurídicos tradicionales, apenas alcanza a un estudio unilateral del objeto, que será fatalmente incompleto y dará resultados equívocos. El jurista que prescinda de la apoyatura metodológica de las ciencias sociales podrá fácilmente incurrir en las deformaciones originadas en la unilateralidad; como también ese peligro concierne a quienes para alcanzar el conocimiento de un objeto jurídico se valen únicamente de elementos provenientes de las disciplinas sociales extra-jurídicas. La falta de adecuada inserción de la metodología interdisciplinaria puede tanto hacer caer en el hiperfactualismo o en cuantitativismo, como incurrir en el más estrecho legalismo formal (25) .

Sin exagerar, puede afirmarse que Matienzo fue un visionario en la percepción analítica de los tema constitucionales.

XIX - Las Firmes Convicciones Morales de un Librepensador

Matienzo fue un hombre de firmes convicciones políticas que practicó armoniosamente con sus no menos firmes principios morales. Producto de esa actividad política, ocupó, durante años, importantes funciones públicas, con rectitud, esmero y eficacia notables (26) de las que perduran una infinidad de testimonios. Fue Ministro de Gobierno en la provincia de Santiago del Estero, legislador, asesor del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, presidente del Departamento Nacional de Trabajo, Procurador General de la Nación, Ministro del Interior, senador de la Nación. Liberal "avant la lettre", fue uno de los fundadores y presidente, desde 1877 a1881, del Club Liberal de Buenos Aires. Al igual que la mayoría de los hombres destacados de la Generación del '80, participó en la Francmasonería. En ella fue iniciado en 1881 en la célebre Logia Docente. Este cenáculo de librepensadores fue presidido por Onésimo Leguizamón, principal responsable, en 1883, de la sanción de la Ley 1420 de Educación Común

No siempre sus compromisos llegaron a buen término pero, aun donde no pudo lograr sus objetivos, ha sido reconocida su participación con respeto y consideración. La Reforma Universitaria de 1918, en Córdoba, es un ejemplo de ello. Aunque sus causas son anteriores, es en Córdoba en donde se agudizan los factores que la desencadenan. La enseñanza universitaria estaba, en buena medida, bajo el control de sectores tradicionalistas maldispuestos a reconocer los cambios filosóficos y políticos operados en la comunidad. No sólo en el ámbito de las ciencias políticas y sociales sino también en el de las ciencias físicas y naturales. Fuertes grupos enquistados en las universidades malograban toda renovación posible de los irremediablemente anquilosados planes de estudios. Además, un criterio exclusivista, ajeno a los merecimientos intelectuales, impedía el acceso a la enseñanza de amplios sectores de una clase media pujantemente en ascenso. Las demandas del movimiento reformista: gratuidad de la enseñanza universitaria, cogobierno con participación de los claustros de profesores, egresados y alumnos, autonomía universitaria, libertad de cátedra, etcétera, eran consideradas poco menos que delirios sin la más mínima posibilidad de ser discutidos, El gobierno de las facultades se ejercía con mano dura y olvido de los derechos y libertades aceptadas en otros ámbitos.

Estalla la huelga estudiantil en marzo de 1918 y las autoridades de la Universidad de Córdoba se abroquelan, rechazando toda negociación con profesores y estudiantes reformistas. La alta casa de estudio cesa toda actividad académica y deja de impartir enseñanza. El gobierno central no puede permitir una controversia interminable y de consecuencias impredecibles; por lo tanto, el Presidente Yrigoyen comisiona al Dr. José Nicolás Matienzo, en ese momento Procurador General de la Nación, como interventor en la Universidad de Córdoba. Asume la tarea y modifica los estatutos democratizando el gobierno de la universidad. La elección del rector se hará a través de los decanos y consejeros elegidos, a su vez, por los profesores. Este intento falla, entre otros motivos, debido a la presión e influencia de esos sectores ultramontanos que, a través de la asamblea de consejeros, digitan la elección del Dr. Antonio Nores, candidato de la poderosa asociación Corda Frates, en perjuicio del Dr. Enrique Martínez Paz apoyado por la mayoría de profesores y estudiantes. Esta situación deriva rápidamente en un enfrentamiento irreconciliable que termina con el establecimiento de la Reforma Universitaria. Deodoro Roca, uno de sus principales impulsores y redactor del Manifiesto Liminar, dice respecto de la gestión de Matienzo: "Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la universidad de Córdoba por el doctor José Nicolás Matienzo, sólo ha venido a probar que el mal era más afligente de lo que imaginábamos y que los antiguos privilegios disimulaban un estado de avanzada descomposición. La reforma Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes americanas es nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades son -y dolorosas- de todo el continente" (27) . Aun cuando su gestión no haya tenido el éxito deseado, poco después, el 22 de agosto de 1918, en su carácter de Procurador General de la Nación, Matienzo suscribió (28) un dictamen dirigido al Ministro de Instrucción Pública que mostraba su indudable adhesión a los principios de la Reforma (Apéndice 6)

X - Las Instituciones Políticas Argentinas

La política argentina le dará a Matienzo más de una oportunidad para desarrollar sus agudos análisis críticos. En especial fueron motivos de ellos el excesivo personalismo de los gobiernos nacionales y provinciales que eternizaban en el poder a sectores dominantes en desmedro de la verdadera voluntad popular. Escribía en 1910 (29) : "La práctica de las instituciones argentinas es incomprensible para quien ignora el papel político que desempeñan los gobernadores de provincia (...) El gobernador se considera director de la política provincial y único autorizado para decidir la actitud de la provincia respecto del presidente de la República. Del gobernador depende exclusivamente decidir si la provincia ha de seguir la política del presidente, o la ha de contrariar, o ha de guardar neutralidad. (...) La renovación del personal gobernante en las provincias se hace de un modo muy deficiente: la tendencia a traspasar el poder a los parientes próximos y amigos íntimos, con cargo de devolución, se ha manifestado desde los primeros días de la independencia y persiste todavía. (...) El gobernador saliente que no va al Senado nacional es porque no hay vacante inmediata y el que no vuelve al gobierno es porque no puede. La oligarquía es la regla y ella afecta profundamente a las instituciones argentinas. (...) El poder electoral de la república está de hecho en manos del Presidente de la Nación y de los gobernadores de provincia, correspondiendo a cada uno de estos funcionarios una parte proporcional al influjo político que ha logrado adquirir. El de Buenos Aires es el que ejerce mayor poder electoral; porque, además de tener mayor cantidad de cargos electivos a su disposición, goza casi siempre de mayor independencia respecto del presidente". Es notable e igualmente decepcionante la actualidad de estas palabras que, mutatis mutandi podrían ser utilizadas para referenciar, en muchas provincias, la realidad presente del país. Impresiona pensar que un siglo no ha sido suficiente para preparar a nuestros conciudadanos para la elección responsable de sus gobernantes y que quienes resultan ungidos por los actos electorales hayan sido, en forma preponderante, hábiles demagogos antes que ciudadanos preocupados en la calidad institucional del país, camino seguro al progreso. En otro texto Matienzo refuerza su análisis: "Parece ser que el pueblo no estuviera aún preparado para otro régimen que el de las jefaturas personales, dentro y fuera del gobierno. (...) Los gobernantes se reclutan en una clase de ciudadanos que, si no constituyen propiamente una casta, forman por lo menos una clase dirigente, en cuyo seno se ingresa con relativa facilidad. A esa clase pertenecen los jefes de partido y demás directores políticos.

"Esa clase corresponde aproximadamente a la primera capa social, formada por los miembros de las familias tradicionales, por los ricos y por los hombres ilustrados."

"Los miembros de esta clase mantienen entre sí relaciones sociales y económicas más o menos estrechas y comparten, como es natural, opiniones y sentimientos comunes acerca de los móviles y propósitos de la conducta individual y colectiva. Sin esta posesión de una moral común de la clase dirigente es la que llevan al gobierno y a la administración pública los ciudadanos designados para ocupar los distintos puestos en que se atiende o se manejan los intereses del país, y con sujeción a esta misma moral serán juzgados por sus conciudadanos influyentes, aunque sean sus adversarios."

"He ahí por qué se cometen en la República Argentina con tanta frecuencia y como si fueran pecados veniales faltas administrativas y políticas que en otros países serian reprobados como graves e imperdonables" (30) .

En demás fragmentos (Apéndice 7), puede apreciarse la descripción que hace Matienzo de los males que desde entonces exhiben la política Argentina. Es de lamentar qué poco hemos cambiado y nuestros gobernantes siguen padeciendo las mismas patologías: personalismos, patoterismo político, aplicación de los recursos públicos en campañas electorales, hipocresía, lealtades indebidas entre funcionarios públicos y amigos personales o políticos, amiguismos, clientelismos, corrupción, adulteración de la verdad, etcétera.

XI - Senador por Tucumán

El Congreso Nacional lo recibe relativamente grande. A la edad de 71 años, en 1932, ocupa una senaduría en representación de su provincia natal, Tucumán. En la primera intervención que hace en la cámara expresa su inclaudicable adhesión a aquellos principios que habían guiado toda su vida. Dice al respecto: "Llego un poco tarde al Senado, cargado de años; debo suponer que se han tenido en cuenta, para elegirme, las ideas que en mi larga vida pública he enunciado y en las cuales estoy dispuesto a mantenerme siempre firme, cualquiera que sea el resultado que tenga su sostenimiento. Yo no adopto opiniones para casos ocurrentes, sino que aplico ideas expresadas por mí con anterioridad y con la mayor sinceridad en la interpretación de la Constitución y de las leyes (...) Yo profeso un sincero e intenso amor a la Constitución del país, mi larga vida está, la mayor parte de ella, consagrada a defender la libertad constitucional de mi país". Matienzo haría gala de esa independencia de criterio contra toda circunstancia que lo menoscabara en algún sentido, tal es así, que declinó, durante toda su permanencia en el Senado, pertenecer a ninguno de los bloques políticos existentes en la Cámara (31)

Un año antes de su ingreso al Senado, había participado en las elecciones presidenciales que ungieron a Agustín P. Justo, como candidato a vicepresidente de una de las fórmulas. Las elecciones celebradas en 1931, para cubrir el periodo presidencial 1932/38, se realizaron con la abstención de la Unión Cívica Radical. El veto decretado por el gobierno de facto en perjuicio de la fórmula Alvear - Güemes convenció al radicalismo de no participar en el acto eleccionario. La "Concordancia" integrada por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente coincidieron en la candidatura presidencial del Gral. Agustín P. Justo, que concurrió a los comicios con varias fórmulas: la victoriosa, con el Dr. Julio A. Roca (h). como vicepresidente, con 606.000 (32) votos; y la que incluía en el mismo cargo al Dr. José Nicolás Matienzo, rival de la anterior, con 306.000 votos. En el Colegio Electoral le dieron aun mayor ventaja a Julio A. Roca (h) (33) . De todos modos, Matienzo fue elegido Senador Nacional por los votos de la legislatura de su provincia natal Tucumán. Una nota de color en este aspecto fue la determinación de periodo senatorial que le correspondería al recientemente elegido Senador Matienzo. Como se sabe, el mismo podía ser de 3, 6 o 9 años, seleccionado por sorteo. Al Dr. Matienzo le cupo en suerte un período de 6 años. Refiriéndose al mismo el Dr. Julio A. Roca (h), en ese momento Presidente del Senado, se dirigió al recientemente elegido senador por Tucumán con humor apenas disimulado en los siguientes términos: "Dr. Matienzo, Usted ha obtenido un periodo vicepresidencial..."

En 1935, en el famoso debate "de las carnes" que dio lugar a intervenciones memorables, Matienzo tuvo oportunidad de exhibir sus dotes de hombre honesto y de una sola palabra. En su relativamente corta actividad como senador presentó numerosos proyectos: entre muchos otros, los de "Amnistía de delitos políticos y militares"; "Atribuciones del Poder Ejecutivo como jefe inmediato y local de la Capital Federal"; "Designación de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"; "Empleados civiles. Requisitos y derechos"; "Informes verbales de los ministros"; "Reglamentación de las intervenciones federales"; "Censo general cada diez años"; "Censo de la población, agricultura, ganadería, minería, industria, comercio e instrucción pública de la Nación"; "Convocatoria del Honorable Congreso a sesiones ordinarias"; "Representación de los territorios nacionales ante el Congreso Nacional y organización de legislaturas"; "Designación de candidatos a diputados nacionales y a electores de presidente de la Nación"; "Amparo de las garantías constitucionales por la justicia federal"; "Reglamentación del veto presidencial"; "Representación proporcional en la elección de diputados"; "Atribuciones del Poder Ejecutivo"; "Pago de dietas por asistencia"; "Enmiendas a la Constitución"; "Adquisición de bienes raíces o minas en el territorio argentino por personas extranjeras, naturales o jurídicas"; "Sufragio femenino"; "Diploma de senadores y diputados electos"; "Expulsión de extranjeros"; etcétera. Esta fecunda producción de materias legislables amerita a Matienzo como paradigma del congresista arquitectónico, entendiendo por tal a aquellos que conciben la alta función normativa como el primer deber a cumplir para llevar a cabo lo que en la actualidad se conocen como "políticas de Estado", que no son otra cosa que la permanente construcción y vigorización de las instituciones fundamentales de una nación a través del perfeccionamiento de sus reglas básicas y de funcionamiento.

XII - Conclusión

Fue José Nicolás Matienzo un hombre de convicciones firmes, que mantuvo hasta el fin de sus días una fe inalterable en las posibilidades que, el ordenamiento racional, justo y previsible de las instituciones republicanas, le podían brindar calidad de vida espiritual y material a los hombres. Son apropiadas las palabras que Héctor P. Lanfranco le dedicó: "Supo poner todo lo puro, bueno y limpio de su conciencia moral al servicio de un alto ideal: el cumplimiento estricto de la constitución, tanto por los gobernantes como por los gobernados; por eso fue llamado 'guardián de la Constitución", en la sesión de homenaje que le rindiera el Senado. Con los años, vio desaparecer las ilusiones de la juventud, la confianza en los demás, la fe en sus propias fuerzas y posibilidades; pero nunca perdió la fe viviente y activa, que transmitiera a sus discípulos, sobre las bondades de nuestra Constitución, y sobre los beneficios de poner bajo su amparo los intereses permanentes de la nación." (34)

Abundan ejemplos de personalidades notables en nuestro pasado, cada uno de ellos con virtudes humanas que los han hecho necesarios e inconfundibles en la historia argentina. Pero Matienzo es y será recordado, especialmente, por su integridad e inteligencia así como por su fidelidad a los principios democráticos que él corporizaba en la Constitución Nacional. No como letra fría sino como principio filosófico que admite la evolución, presente en todas la cosas vivas y que, en calidad de tales, debe ser analizada y estudiada con los recursos racionales de la ciencia.

El senador José Nicolás Matienzo falleció en Buenos Aires en la madrugada del 3 de enero de 1936. Los matutinos La Nación y La Prensa le homenajearon con sendas notas de varias columnas en las que rememoraban su extraordinaria vida de pensador y hombre público El mundo ya no era tal como él lo había vivido en su juventud y madurez. El nazi- fascismo y el comunismo soviético hacían estragos en Europa y su influencia deletérea ya había infectado profundamente a la política de nuestro país. Su muerte le impidió ver la debacle universal desatada por fuerzas que, tal vez, hayan sepultado mucho tiempo la posibilidad de volver a creer en el progreso de la humanidad. No obstante, su pensamiento, sigue siendo un norte aun vigente. Todos aquellos que tenemos esperanza de que, alguna vez, los hombres volverán a manejar la cosa pública con la rigurosidad y honradez con que Matienzo lo hizo en vida, atesoramos su recuerdo. La personalidad de Matienzo fue tan rica y elevada que, en el ejercicio fantástico de pensar en quien hubiéramos querido encarnarnos si estuviera en nosotros poder hacerlo, nuestra respuesta sería, sin duda, en este prohombre que estamos historiando, ya que encierra en sí mismo todos los valores morales e intelectuales que hacen que la memoria de un hombre sea eterna (35) .

Apéndice 1

Prefacio de "Cuestiones de Derecho Público Argentino" (36)

Incluimos en este apéndice el Prefacio escrito por Matienzo de ese clásico de la literatura del derecho que fue "Cuestiones de Derecho Público Argentino". El autor recopila aquí una serie de dictámenes en los que se aprecia la claridad cartesiana de su pensamiento. Resulta interesante reseñar el prefacio de esta obra, que transcribimos a continuación, en el que se distinguen y denuncian males que, desafortunadamente, aún nos aquejan como república

PREFACIO

"Durante el tiempo en que fui Procurador General de la Nación (noviembre de 1917 a octubre de 1922), mi opinión jurídica fue consultada por la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, en gran números de casos.

De los centenares de dictámenes expedidos con tal motivo, he creído útil entresacar algunos que, a mi juicio, pueden interesar a las personas que estudian asuntos relativos a nuestro derecho público. Son los que he coleccionado para esta publicación.

El cargo de procurador general, por la 'índole de las consultas que a este funcionario hacen los dos poderes públicos encargados de hacer cumplir las leyes, es un puesto desde donde se puede observar con bastante claridad el funcionamiento real de nuestras instituciones. En él he confirmado observaciones anteriores de la tendencia creciente del público a centralizar en el gobierno nacional facultades que, en la teoría del gobierno federativo, corresponden a los gobiernos de provincia, tendencia agravada por otra, no menos intensa, a concentrar todos los poderes en el ejecutivo, al que se mira como responsable del bien y del mal.

En el ministerio del Interior, que he desempeñado desde el 12 de octubre de 1922 hasta el 23 de noviembre de 1923, he tenido frecuentes ocasiones de corroborar la misma experiencia."

J.N.M.

Buenos Aires, enero de 1925

Este trabajo, por demás interesante, incluye artículos de Derecho Constitucional; Jurisdicción y Procedimientos Judiciales; Derecho Administrativo; Jubilaciones y Pensiones Civiles; Pensiones Militares; Accidentes de Trabajo; Ferrocarriles; Derecho Internacional; Puerto de Rosario; Patentes de Invención; Marcas de Fábrica y Comercio. Matienzo había sido designado para el alto cargo de Procurador General de la Nación por el Presidente don Hipólito Yrigoyen, quien respetaba en Matienzo la imagen de algo así como "la mismísima Constitución viviente". Era el Presidente que también firmó en vísperas del derrocamiento que interrumpió su segundo mandato (1930), el decreto de designación del ex-Presidente conservador José Figueroa Alcorta en la altísima función de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O tempora, o mores

Apéndice 2

Acerca de los partidos políticos (37)

" (...) que los hombres se dividan a propósito de las cuestiones de interés general o respecto de los asuntos encomendados ordinariamente a los gobiernos, es una cosa tan natural como que lo hagan en razón del distinto modo de apreciar asuntos de orden económico, social, militar, religioso, artístico o de cualquiera de los órdenes en que las ideas pueden se clasificadas. La unanimidad, la conformidad total de un pueblo sobre un asunto, no ha existido jamás. Ni aun en asuntos que apasionan tanto como los de guerra exterior, obtienen la conformidad total de las poblaciones. El patriotismo es una cosa y la opinión que uno se forma sobre la posibilidad de haber podido evitar una guerra, o sobre la justicia de ésta, o respecto de la necesidad de darle término, o de la mayor o menor conveniencia de tales y cuales negociaciones, es otra (...) Quiere decir, entonces, que las divisiones relativas a la dirección de los negocios públicos y al manejo de los asuntos de interés general, son inevitables. Ahora bien, estas divisiones pueden dar lugar a la formación de grupos permanentes o durables. Cuando estos grupos actúan de un modo constitucional, ya sea por medio de propaganda ante la opinión o por acción electoral, se dice propiamente que esos grupos son partidos. No hay uniformidad de los escritores de la materia acerca de la definición más adecuada que debe adoptarse para el partido político, ni hay tampoco uniformidad sobre la naturaleza del mismo. Predomina ahora en los países más civilizados un género de definición en el cual entra como elemento el de que todo partido político debe tener un programa impersonal con respecto a los intereses públicos. Se distingue de la simple facción o banda en que ésta carece de programa impersonal, preocupándose más que de otra cosa de los intereses individuales de sus miembros o de sus jefes".

Apéndice 3

Intervenciones Federales (38)

"He ahí cómo suelen proceder las intervenciones del Gobierno nacional en las provincias argentinas: tal son los hechos, y hay que atenerse a ellos más que a las palabras. No basta, por ejemplo, que se diga que la intervención va a reponer las autoridades constituidas; porque ha resultado ya que una vez llegado a su destino el interventor, ha declarado que lo mejor era proceder a nuevas elecciones. No basta tampoco declarar que hay que restablecer la forma republicana de Gobierno, si con esto se da a entender la consulta al pueblo para que libremente decida su suerte. Ya han visto ustedes en los casos de Catamarca y demás que acabo de citar, a qué suele quedar reducida esta libre consulta al pueblo.

Resumiendo la exposición que precede sobre las intervenciones, puedo decir, que el artículo 6º de la Constitución nacional, que las rige, y el artículo 5º, que establece la garantía de las instituciones provinciales, han sido invocados en la práctica de distintas maneras y con diferentes propósitos: entendiéndose en unos casos que la requisición de la autoridad nacional de que habla el artículo 6° no tiene por único objeto restablecer a los mismos requirentes, sino poner otros en su lugar, y por lo que hace al articulo 5º, que la garantía de las instituciones provinciales puede darse o no, según el Poder ejecutivo lo estime mejor. En definitiva, el texto de estos dos artículos no ha sido muy respetado. Las mayorías predominantes en el Congreso, cuando ha estado reunido, o la opinión del Poder ejecutivo, durante el receso de este Cuerpo, han dado a esos dos artículos todos los significados posibles; de suerte que, en la actualidad, la jurisprudencia sobre materia de intervenciones, hablando francamente, es (39) , que el Gobierno nacional hace lo que le parece mejor en cada provincia y en cada caso (40)

El artículo 105 de la Constitución, que dice que las provincias eligen sus propias autoridades sin intervención del Gobierno nacional, da la regla; pero, como ésta puede ser en cualquier momento infringida por el mismo Gobierno nacional, que decreta una intervención porque así le parece mejor, resulta también que este artículo dice más de lo que en realidad ha podido decir, dadas las prácticas argentinas.

Las intervenciones están generalmente vinculadas con las elecciones nacionales o provinciales. Se nota cuando se aproxima una campaña presidencial, es decir, cuando se lucha para la elección del futuro presidente, que comienzan a aumentar los pedidos de intervención, como igualmente los decretos y las leyes que las autorizan. Se nota también que en las proximidades de una elección de gobernador, aumentan los pedidos de intervención de las respectivas provincias; lo que significa que en las prácticas nuestras, los partidos políticos utilizan con fines electorales este recurso de la intervención nacional. No lo utilizan únicamente con los fines constitucionales de garantir la forma republicana de Gobierno, de mantener las instituciones provinciales en un buen régimen de funcionamiento o garantir el ejercicio de las autoridades legítimas, sino que ante todo buscan -como digo un resorte político, una provisión de influencia y poder que los habilite para triunfar en una determinada elección o para impedir que el adversario triunfe.

En estos últimos tiempos, figurando el tema de la libertad electoral en los programas de todos los partidos, se ha creído que se podría agregar un motivo más de intervención a los ya expresados en el texto constitucional: el de garantir la libertad electoral; pero este motivo cabria dentro de la cláusula relativa a la forma republicana de Gobierno, puesto que sin libertad electoral no hay República verdadera. Estaría incluido también dentro del concepto de garantir las instituciones provinciales, cuando la libertad electoral para elegir gobernadores, diputados o Senadores de la Legislatura local, fuera perturbada, violándose las leyes provinciales.

Y como sólo por accidente ocurre en nuestra historia constitucional que la libertad electoral existe en alguna provincia, resulta que los Gobiernos nacionales han estado siempre, dentro de esta doctrina, autorizados para intervenir. Si se hubiera admitido como norma de conducta para la intervención motu propio, sin requisición de las autoridades provinciales, la de que el Gobierno nacional debe velar por el funcionamiento de la forma republicana de Gobierno, comenzando por asegurar el régimen electoral, es posible que hubiéramos vivido en intervención perpetua de las catorce provincias durante los últimos cuarenta o cincuenta años.

El régimen electoral ha motivado consideraciones especiales de los partidos y de los Gobiernos, en sus respectivos programas, durante la mayor parte de nuestra vida constitucional; pero no ha merecido siempre en los hechos las mismas deferencias: Parece que en la evolución de nuestras instituciones va aumentando esa consideración efectiva, que vale más que la consideración puramente verbal de los mensajes y programas, y hay ya algunos casos en los cuales la intervención nacional ha permitido a los partidos políticos votar con alguna libertad en las respectivas provincias.

Digo, hay ya algunos casos, porque mí estudio de los precedentes constitucionales argentinos me autoriza a decir, que, en la mayor parte de los casos, no ha sido ese el resultado. La intervención nacional ha hecho votar en el sentido que ha estimado conveniente a sus propios intereses políticos, no de acuerdo con un patrón imparcial de orden institucional. Pero, en fin, ha habido ya algunas intervenciones en las cuales se ha podido consultar la opinión pública de algunas provincias con relativa sinceridad, y aquí viene bien una observación.

Cuando un Gobierno nacional resuelve sinceramente consultar la opinión pública de una provincia intervenida, lo mejor que tiene que hacer es disolver la Legislatura y hacerla elegir de nuevo. Este es el recurso constitucional, que existe, en Inglaterra y en los países de régimen parlamentario, para someter al pueblo la decisión de todas las cuestiones y conflictos políticos: disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales en las que el pueblo sea sincera y ampliamente consultado.

Tenemos, entonces, en la República Argentina, la posibilidad de que ese sistema europeo de la disolución de los Parlamentos, se ejercite con buen fin en las provincias, cuando el Gobierno nacional interviene. Pero depende, repito, primero, de que el Gobierno nacional tenga realmente intención de hacer la consulta al pueblo y que no sea esta una simple apariencia, y, en segundo lugar, de que existan autoridades y funcionarios capaces de servir con fidelidad esos patrióticos propósitos.

Antes de finalizar necesito, por vía de ejemplo de las relaciones que hay entre los Poderes ejecutivos y legislativos en esta materia de intervenciones, recordar un caso ocurrido en la provincia de Tucumán:

Durante la presidencia del doctor Juárez Celman tuvo lugar en esa provincia una revolución o sedición. Se dijo que los sediciosos habían salido de Córdoba en los vagones del ferrocarril -entonces de propiedad nacional- que une a Córdoba con Tucumán, y que iban al mando del gerente de éste y con personal competente, suministrado por la misma empresa, a cuyo número se agregaron, como es natural, algunos ciudadanos de la provincia invadida. La revolución (damos en la República Argentina este nombre a cualquier perturbación del orden), destinada a cambiar el personal gobernante, se efectuó estando allá un comisionado confidencial del Gobierno nacional, que había ido a ver cómo andaban las cosas. Derrocado el Gobierno, el gobernador solicitó la intervención, la que fue discutida en ambas Cámaras, porque tuvo lugar el hecho durante las sesiones del Congreso.

En la Cámara de Diputados se votó un proyecto que decía: "El Poder ejecutivo intervendrá en la provincia de Tucumán a los efectos de los artículos 5° y 6° de la Constitución nacional". El proyecto fue al Senado y allí se sostuvo la tesis de que lo único que procedía era la reposición o el restablecimiento del Gobierno derrocado, y se modificó entonces la forma de la ley, diciendo: "El Poder ejecutivo intervendrá para restablecer las autoridades legítimamente constituidas de la provincia de Tucumán, de acuerdo con los artículos 5° y 6° de la Constitución". Volvió el proyecto a la Cámara de Diputados, ésta aceptó la enmienda y el Poder ejecutivo promulgó la ley.

Mucha gente cándida creyó que con esto el gobernador destituido, don Juan Posse, iba a ser repuesto en su cargo, y la Legislatura disuelta por la revolución, a ser reintegrada en sus funciones. Pero nombrado por el Poder ejecutivo el comisionado que debía dar cumplimiento a la ley, y expedidas las correspondientes instrucciones a que debía ajustarse, éste declaró, de acuerdo con sus instrucciones, que restablecer autoridades no quería decir reponer las mismas que existían antes, sin examinar si estaban legalmente constituidas, y que la mejor manera de constituirlas legalmente, era convocar a elecciones. De acuerdo con esta opinión, se hizo la convocatoria, que dió por resultado la instalación de una Legislatura simpática a la revolución triunfante y del jefe de ésta como gobernador."

Apéndice 4

La reforma constitucional (41)

Con el gran cambio político producido en 1916, nada se modificó en el texto constitucional. El presidente Hipólito Yrigoyen había comprometido antes de su elección que "el programa" a cumplir era la Constitución misma; y se mantuvo fiel a esa promesa; tanto en su primera Presidencia como en el segundo mandato (1928-1930).

El presidente Marcelo T. De Alvear, por estímulo de su primer Ministro de Interior Dr. José Nicolás Matienzo -eminente constitucionalista- anunció en su "mensaje" de apertura del período de sesiones de 1923, ante el Congreso de la Nación, su opinión al respecto, algo distinta a la de su antecesor. Dijo en la ocasión:

"No soy partidario de la frecuente revisión de las constituciones; pero pienso que éstas deben perfeccionarse gradualmente mediante las enmiendas parciales que la experiencia aconseje. Oportunamente someteré a V.H. un proyecto de ley sobre el punto que dejo indicado" (véase: Presidencia Alvear, Torno I, Mensajes, Pág. 32).

El proyecto en sí no tuvo sanción legislativa (como tantos otros -más de sesenta- en los seis años del período 1922- 1928); y consta en el Tomo II de la misma colección, Ministerio del Interior, Págs. 471/475, que textualmente dice: Reformas a la Constitución Nacional -Sin sanción legislativa. Buenos Aires, 16 de Agosto de 1923. Al Honorable Congreso de la Nación.

"El Poder Ejecutivo somete a la consideración de V. H. el adjunto proyecto de ley declarando necesaria la reforma de algunas disposiciones de la Constitución Nacional.

Como lo dijo al inaugurar las presentes Sesiones Legislativas el Poder Ejecutivo piensa que nuestra ley fundamental debe perfeccionarse gradualmente mediante las enmiendas parciales que la experiencia aconseja. El Poder Ejecutivo cree que tienen este carácter las indicadas en el proyecto adjunto.

Desde luego, la elección de los senadores por las Legislaturas de Provincia ha dado margen a gran número de perturbaciones políticas, que han motivado con frecuencia la Intervención Nacional para devolver a las Provincias perturbadas el goce y el ejercicio de las instituciones republicanas. Los Estados Unidos, de donde imitarnos esta forma de elección, la han suprimido ya, entregando al pueblo el derecho de designar directamente los miembros del Senado, como designa los de la otra Cámara. No hay motivo para que nosotros mantengamos un sistema que nos ha dado peores resultados que en el país de origen.

La forma de renovación de la Cámara de Diputados requiere también un cambio. El sistema actual, de renovación por mitad cada dos años, no responde a la necesidad de consultar periódica y simultáneamente la opinión de toda la Nación corno lo hacen las grandes democracias del mundo. La Cámara Popular se renueva totalmente cada cierto tiempo en la Gran Bretaña, Estados Unidos,. Francia. Alemania. Suiza, Italia, España, Canadá, Australia, Brasil, Chile, muchos otros países, Es el único modo de dar acceso periódico en el Parlamento a la opinión predominante en la totalidad de la Nación.

En nuestro régimen constitucional, la Cámara de Diputados está destinada a representar colectivamente al pueblo de la Nación considerada como un solo Estado (artículos 36 y 37), a diferencia del Senado que representa a las Provincias y a la Capital como entidades separadas (artículos 36 y 46), Sí, pues, en el Senado se explica que la forma de renovación no tome en cuenta la necesidad de consultar simultáneamente la opinión de la Nación en conjunto. Esta necesidad no puede ser olvidada cuando se trata de la Cámara en que el pueblo argentino debe estar representado como una unidad.

Esto sentado, parece conveniente que las elecciones generales para la renovación de ambas Cámaras tengan lugar al mismo tiempo y coincidan periódicamente con la de Presidente de la República. Para ello, basta que el mandato de los diputados sea fijado en tres años, de suerte que a su terminación, concluya también la tercera parte del Senado y cada dos trienios éste hecho corresponda a la renovación de la Presidencia de la Nación. Esta reforma permitiría dar al Gobierno Nacional una base democrática más amplia, asegurando en lo posible la armonía entre los poderes políticos.

En cuanto a la organización del Poder Ejecutivo, la experiencia ha demostrado que es oportuno introducir dos enmiendas en la Constitución. Una de ellas, la más importante, se refiere a los impedimentos que motivan la delegación del Poder Ejecutivo en el reemplazo legal.

La primera cláusula del artículo 75 coloca la enfermedad y la ausencia de la Capital entre las causas que incapacitan al Presidente para ejercer el Poder Ejecutivo. La segunda cláusula del mismo artículo, al prever que también el Vicepresidente puede estar impedido, reemplaza aquellas dos causales por el término general de inhabilidad, lo que importa establecer implícitamente que la enfermedad y la ausencia de la Capital sólo deben tenerse en cuenta cuando de hecho alcanzan a inhabilitar al Presidente para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Así lo han entendido en la práctica los presidentes. Pero no puede desconocerse que el artículo está redactado con una ambigüedad que da margen a dudas y puede originar conflictos más o menos serios. Por otra parte, cuando el Presidente se ausenta de la Capital para ir a desempeñar en cualquier punto del territorio nacional funciones oficiales no hay razón alguna para que justifique la delegación del Poder Ejecutivo. Dentro de la Nación, no debe haber dos presidentes: uno inaugurando una obra pública o revistando el ejército fuera de la Capital, y otro, en la Casa de Gobierno, firmando decretos entre los cuales bien podría figurar una orden de suspensión de aquellos actos. Es, pues, necesario modificar el artículo, suprimiendo de la primera parte al expresión de enfermedad y ausencia de la Capital, para adoptar el concepto de inhabilidad contenido en la segunda.

La otra enmienda, propuesta en lo referente a la organización del Poder Ejecutivo es al de autorizar al Congreso a aumentar el número de ministros fijados en ocho por el artículo 87. El continuo incremento de los servicios públicos, a medida que el país se desarrolla hará pronto indispensable aliviar la tarea creciente de algunos ministerios, subdividiéndolos o formando nuevos departamentos para atender asuntos especiales y conexos, actualmente dispersos o confundidos con otros de índole diferente.

Finalmente, la experiencia ha demostrado que la cláusula del artículo 67 que prescribe la fijación anual del presupuesto no ha previsto un caso frecuente, el de que el año fiscal termina, sin haber sido votado por el Congreso el presupuesto para el año siguiente. Son notorias las malas consecuencias de esta imprevisión que coloca al Poder Ejecutivo en la alternativa de ordenar gastos sin previa autorización legal o paralizar la administración.

Varias constituciones de provincia han sido más previsoras y el Poder Ejecutivo cree que conviene imitarlas, disponiendo en la Constitución Nacional que, vencido el año fiscal sin haberse fijado el nuevo presupuesto de gastos, el último vigente se repute prorrogado hasta al sanción de otros.

El Poder Ejecutivo estima que, si las reformas que deja fundadas fueron sancionadas, se habría contribuido eficazmente al perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas y administrativas.

Dios guarde a Vuestro Honorabilidad.

M. T. DE ALVEAR.

José Nicolás Matienzo.

Proyecto de Ley

Artículo 1°- Declárase necesaria la reforma de la Constitución en lo relativo a la duración y renovación de la Cámara de Diputados (artículo 42), a la forma de elección de los Senadores (artículo 46), a la anualidad de presupuestos de gastos (artículo 67 inciso 79), a la delegación del Poder Ejecutivo en caso de ausentarse de la Capital el Presidente (artículo 75), y al número de Ministros (artículo 87).

Art. 2° - Sométase a la Convención reformadora la consideración de las siguientes enmiendas a los artículos de la Constitución que se expresan:

a) Art. 42: Los Diputados durarán tres años en el ejercicio de su mandato, al cabo de los cuales la Cámara se renovará.

b) Art. 46- El Senado se compondrá de dos senadores de cada Provincia y dos de la Capital, todos ellos elegidos en la forma prescripta para la elección de Diputados de la Nación. Cada Senador tendrá un voto.

c) c) Art. 67, inciso 79 - Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Si venciere el año fiscal sin haberse fijado nuevo presupuesto, quedará prorrogado el vigente hasta la sanción de otro.

d) d) Art. 75.. - En caso de muerte,. renuncia, destitución o inhabilidad del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente, y, en caso de falta o inhabilidad de ambos por el funcionario público que designe la ley; hasta que haya cesado el impedimento o un nuevo presidente sea electo.

e) e) Art. 87.- Agregar: El Congreso puede aumentar, pero no disminuir el número de Ministros.

Art. 3° - A los fines de esta Ley convócase una Convención que se reunirá en la Capital de la Nación y se compondrá del mismo número de miembros que la Cámara de Diputados, elegidos en la misma forma y proporción por las Provincias y la Capital.

Art. 4°.- La Convención será elegida el último domingo del mes siguiente al de la promulgación de esta Ley y se instalará treinta días después.

Art. 5°. - Para ser convencional se requiere las cualidades exigidas para ser diputado.

Art. 6° - Los Convencionales recibirán al final de su trabajo una compensación de mil pesos y gozarán de inmunidades iguales a las de los miembros del Congreso.

Art.. 7° - La Convención deberá terminar su cometido a los dos meses de su instalación.

Art. 8° - Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer de rentas generales los gastos necesarios para el cumplimiento de esta Ley, imputándolos a la misma.

Art.. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo."

José Nicolás Matienzo.

Como podrá advertirse de su simple lectura, la reforma impulsada por Alvear y Matienzo no alteraba el espíritu ni el sentido de la Constitución Nacional y de nuestro régimen de gobierno. Tan sólo apuntaba a aspectos funcionales de los poderes políticos

Apéndice 5

Renuncia al Cargo de Ministro del Interior del gobierno de Marcelo T. de Alvear (42)

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1923

"Excelentísimo señor

Cuando V.E. tuvo a bien ofrecerme el Ministerio del Interior, creí de mi deber manifestarle que, si el nuevo gobierno había de atenerse a los precedentes que su antecesor dejaba en materia constitucional, especialmente en lo relativo a la intervención federal en las provincias, yo no era el candidato indicado para ese Ministerio, dadas mis opiniones profesadas y conocidas . . ., V. E. me contestó que no se sentía obligado por dichos antecedentes y que estaba resuelto a gobernar en bien del país y de conformidad con la Constitución. En consecuencia, convinimos ambos en que el nuevo gobierno debía ser un gobierno normal y, en este concepto, acepté el honroso cargo. El conflicto que se me promueve ahora con motivo de la intervención federal en Tucumán, no es más que un episodio, que yo no puedo resolver del modo que estimo más conveniente al país y al gobierno, porque no cuenta para él la conformidad de V.E., cuya opinión respeto pero no puedo seguir en este caso sin contrariar mis más profundas convicciones".

José Nicolás Matienzo.

Apéndice 6

Adhesión a los principios de la Reforma Universitaria (43)

Buenos Aires, Agosto 29 de 1918.

Sr. Ministro de Instrucción Pública:

"(...) Al examinar esta reforma, creo que no hay que olvidar que, como la función esencial de la Universidad es la enseñanza, su órgano más importante es el profesor; pero para asegurar la elección de buenos profesores y dar a éstos los medios de realizar eficazmente su tarea, es indispensable que los órganos gubernativos (rector, decanos, consejeros, etc.), se hallen constituidos y funcionen adecuadamente. Sobre todo, es menester que se los guarde contra la tendencia a la oligarquía, que estrecha el horizonte y vicia el criterio, convirtiendo el propio poder en fin (...) A este efecto, conviene evitar las reelecciones y los mandatos largos, como conviene dar participación en la designación de las autoridades al mayor número posible de personas capaces de juzgar de las necesidades de la Universidad.

Con este criterio, no puedo menos que aplaudir el espíritu general que ha presidido a la reforma, aunque, en ciertos puntos que he de indicar luego, ella me parezca deficiente. (...) Y estimo que sería también acertado confiar a dicha asamblea la elección de decano, respecto de la cual la ley no dice nada. Por la naturaleza de sus funciones, el decano necesita contar con el apoyo y colaboración de los profesores, que son los que realizan la tarea intelectual y moral encomendada a la Universidad.

En las universidades de Córdoba y La Plata, la elección de decano se hace directamente por los profesores.

El proyecto de reformas crea además una asamblea de estudiantes destinada a proponer dos candidatos de miembros del consejo directivo; pero el Sr. rector manifiesta que él y una parte considerable del consejo superior prefieren que los estudiantes se incorporen a una sola asamblea con los profesores, en número igual a la tercera parte de la asamblea.

Adhiérome a esta opinión, porque creo que tiende a suprimir divisiones y rivalidades, estimulando en cambio la comunidad de aspiraciones y de responsabilidades. (...) A estas reformas en el régimen de las facultades convendría agregar, respecto del decano de las mismas, la que V. E. aprobó en los estatutos de la Universidad de Córdoba y estableció en el proyecto de ley orgánica de instrucción pública recién remitido al Congreso, a saber, que el decano no es reelegible sino con intervalo de un período. Las razones que entonces tuvo V. E. subsisten en este caso. Se trata siempre de evitar la formación de núcleos oligárquicos y de estimular la colaboración de todas las voluntades e inteligencias capaces de dirigir la tarea universitaria. Tres años es un término suficiente de duración para un decano. En muchas universidades europeas no dura más que un año. La elección del decano, como lo dije antes, debería efectuarse por la asamblea de profesores. (...)"

José Nicolás Matienzo.

Apéndice 7

Los males que aquejan a la República (44)

"Otro caso ilustrativo del estado de la moral pública es el de la ingerencia gubernativa en las elecciones. La teoría gubernativa prevalente en la República Argentina, es que el presidente y los gobernadores carecen del derecho de influir en la designación de los diputados, senadores y demás representantes elegibles por el pueblo (...). Sin embargo, todo el mundo sabe en la República Argentina que el camino más corto para llegar al congreso de la nación es ganar la voluntad del gobernador en cuya provincia ha de practicarse la elección y que no es posible elegir un presidente sin contar con la cooperación del saliente y de los gobernadores existentes. (...).

Las protestas en favor del sufragio libre y en contra de las ingerencias indebidas de los funcionarios no tienen alcance moral ni acarrean sanción alguna que perjudique la reputación del gobernante o del empleado censurado. (...)

Otro caso de ética política es el del aprecio en que se tienen las cualidades personales: la audacia y el compañerismo. El político audaz, que se lleva todo por delante, que guarda pocos o ningunos miramientos a los principios y a las formas, que se encamina al éxito por las vías más rápidas, aunque sean las más vituperables, tiene asegurada la admiración y el apoyo de muchos y la tolerancia de muchos otros.

El compañerismo o, mejor dicho, el compadraje entre el funcionario público y sus amigos personales o políticos, es tenido generalmente por virtud, aunque se lleve hasta el extremo de sacrificar el interés público en aras del privado. (...)

La veracidad deja mucho que desear en la vida política y social. (...). En la prensa, cuyos escritos son ordinariamente anónimos, se adulteran a menudo las opiniones y los argumentos del adversario, para rebatirle con más comodidad y se omite hacer referencia a toda rectificación solicitada. (...) Se comprende que estas malas costumbres estorban seriamente la formación de una opinión pública sana y eficaz. (...)

La imperfección de la elite social implica un escaso desarrollo de la aptitud para la acción colectiva, lo que puede observarse donde quiera que un grupo de argentinos se reúne en vista de fines comunes, ya sean los miembros del grupo jurisconsultos o comerciantes, capitalistas o trabajadores, políticos o universitarios, ilustrados o ignorantes. La mayoría resulta siempre antojadiza e inconstante y, si en algo demuestra consecuencia, es en su repugnancia a someter su conducta a normas impersonales. Las complacencias individuales, los intereses privados, las antipatías personales, son los males ordinarios de esas mayorías, que para satisfacer sus gustos e inclinaciones prescinden con mayor o menor franqueza de las leyes, estatutos o reglamentos. La virtud de cumplir la ley no es una costumbre social en la República Argentina (...). Esto explica por qué la dictadura o autocracia a que tienden los jefes de corporación o grupo encuentra siempre razones plausibles que la sostengan y puede, en ocasiones, prestar servicios importantes al interés común, poniendo orden en la conducta y en la manera de tratar los casos particulares".