La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, adopte las medidas que sean necesarias para: A) la inmediata habilitación del complejo del Servicio Penitenciario Federal en la Ciudad de General Güemes; B) la ampliación de la cárcel Federal de Cerrillos y creación de otro establecimiento Federal en la zona norte de la región de Salta y Jujuy, sin perjuicio de efectuar gestiones con el gobierno de la Provincia de Salta para mantener el cupo de 116 presos a disposición de la Justicia Federal en establecimientos de esa provincia; C) la radarización integral de la frontera nacional, en especial con la República de Bolivia como aporte a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en nuestro país.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene como base la acordada 05/2011 de fecha 29 de marzo del año en curso de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en la que valiéndose de informes de los Tribunales Orales Federales y los Juzgados Federales de las Provincias de Salta y Jujuy; de Fuerzas de Seguridad que operan en esa Jurisdicción; de Policías Provinciales; y de los Servicios Penitenciarios Federal y Provinciales, dan cuenta del incremento en la comisión de delitos de competencia federal en la zona, con especial énfasis en el tráfico y contrabando de estupefacientes y precursores químicos, contrabando de vehículos robados, falsificación de documentos públicos, trata de personas, tenencia de armas y atentado y resistencia a la autoridad federal.

Desde ya que lo antes descripto, lógicamente, trae acarreado el consecuente y constante crecimiento de las causas penales que tramitan en la justicia Federal y por ende el incremento de la cantidad de detenidos a su disposición que convierten en crítica la situación actual del sistema carcelario federal en las Provincias de Salta y Jujuy por la escasa infraestructura con la que cuentan.

No menos crítico es el estado en que se encuentran los Servicios Penitenciarios provinciales, en especial el de Salta, por el número de presos federales y la sobrepoblación carcelaria.

Peor aún es la situación de detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional y en comisarías provinciales, sobre todo en la Provincia de Salta debido a que la estructura de los lugares de detención es altamente deficiente y el personal policial o de fuerzas de seguridad carece de la capacitación y recursos adecuados para el trato con tal cantidad de personas privadas de su libertad conforme surge de informes efectuados por dichas fuerzas.

Respecto a la prevención y lucha contra el narcotráfico en la frontera norte de nuestro país, Gendarmería Nacional informó la implementación (el 7 de diciembre de 2009) , en un acto que contó con la presencia del Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del "Sistema de Interdicción del Tránsito Aéreo Irregular (SITAI)" que preveía integrar la información resultante del radar AN/TPS 44 instalado en el Regimiento de Infantería del Monte 28, Tartagal, del Ejercito Argentino, con el Centro de Comando y Control de Gendarmería emplazado en la base Mosconi de la Provincia de Salta.

Siguiendo información producida con fecha 22 de febrero del año en curso por el segundo Jefe de la Agrupación VII de Gendarmería Nacional con asiento en Salta, la operación del radar por parte del personal de las Fuerzas Armadas es de aproximadamente 6 (seis) horas por día en horarios diurnos y que conforme a la evaluación efectuada por la auditoría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no se ha podido determinar la eficiencia y eficacia de los procedimientos utilizados para la detección y transmisión de la información de los tránsitos aéreos irregulares, ya que desde su puesta en funcionamiento la Gendarmería Nacional ha recibido numerosas alertas, todas en forma tardía y que aún de realizar el despliegue con el consecuente desplazamiento en respuesta inmediata, no se ha logrado el resultado esperado.

Por las razones expuestas, siendo la prevención y lucha contra el contrabando de estupefacientes de crucial importancia atento a hallarse en juego el resguardo de la salud pública y respecto de lo cual la Corte Suprema en el precedente "Arriola" (Fallos: 332:1963, ap. II de la parte resolutiva) exhortó a todos los Poderes del Estado a asumir un compromiso mancomunado en su defensa y protección; y la sobrepoblación carcelaria un asunto de seguridad pública y derechos humanos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaracion.