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PROYECTO DE TP
Expediente 2886-D-2009
Sumario: EMERGENCIA PENITENCIARIA. SE LA DECLARA POR EL TERMINO DE DOS AÑOS EN TODO EL PAIS.
Fecha: 08/06/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 63
El Senado y Cámara de Diputados...
ARTICULO 1°: Declarase el estado de
Emergencia Penitenciaria en el territorio de la Nación Argentina por el término de
dos (2) años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley.-
ARTICULO 2°: El Poder Ejecutivo
podrá prorrogar por otro plazo igual la emergencia declarada, si a su criterio
continúan las condiciones que dieron lugar al dictado de la presente norma.-
ARTICULO 3°: La emergencia que se
declara implica entre otras cuestiones, la obligación para los organismos
competentes de adoptar medidas conducentes a paliar y revertir la situación de
colapso penitenciario en las cárceles y unidades de detención de todo el territorio
Nacional.-
ARTICULO 4°: Invítase a las
Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
ARTÍCULO 5°: Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto tiene por objeto
declarar el estado de Emergencia Penitenciaria en todo el territorio nacional, con la
correspondiente obligación para los organismos competentes de adoptar medidas
conducentes a paliar y revertir la situación de colapso y ausencia de condiciones de
albergue dignas, existentes en las cárceles y unidades de detención.
La realidad de las
cárceles argentinas contradice escandalosamente el mandato constitucional del
artículo 18: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas".
Hacia abajo, se
vulnera la legislación vigente en relación a la ejecución de penas privativas de
libertad, que "tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de
comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social,
promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad" (artículo 1° de la ley
24660).
Informes provenientes de diversas
organizaciones dan cuenta de que la mayoría de las cárceles y unidades de
detención de nuestro país no cumplen ni están en la práctica orientados a cumplir
con su función de rehabilitación social de los detenidos.
Se trata de edificios de infraestructura
obsoleta, carentes de las mínimas condiciones para albergar a los detenidos.
Públicamente se las describe como
"cárceles degradantes" (1) y esta situación muestra que no sólo está en juego
la violación del mandato constitucional, de la normativa vigente en
relación a los principios básicos de ejecución de las penas privativas de
libertad y de la finalidad de las penas impuestas, sino razones de estricta
humanidad.
La convivencia promiscua convierte a
las cárceles argentinas en verdaderas escuelas del delito. A la superpoblación se
suma la violencia, el consumo de drogas y alcohol, las grescas, suicidios,
asesinatos, revueltas, salidas clandestinas de los internos.
Entre Enero y Octubre de 2008, en las
cárceles bajo jurisdicción bonaerense hubo 86 muertes, de las cuales 34 fueron
traumáticas -ocurridas en grescas o asesinatos-, 7 por suicidios y 52 por
enfermedades no tratadas.
En este contexto, la población
carcelaria sólo puede acumular rencor contra la sociedad, asimilar nuevas técnicas
delictivas y hasta correr riesgo de muerte.
Según las últimas cifras oficiales
disponibles, la población carcelaria total aumentó de 2002 a 2003, de 44.960 a
51.998 (15,6%) y los expertos la estimaban hacia 2005 en 60.000.
En la provincia de Buenos Aires, la
población penitenciaria se duplicó de 1998 a 2004.
Salvo contadas excepciones, la
violencia interna, el hacinamiento, la promiscuidad y el consumo de drogas están a
la orden del día. Si bien está en marcha la construcción de nuevas cárceles, en las
que habrá mejores condiciones de convivencia y control de los internos, es
ingenuo creer que con una mayor cantidad de cárceles disminuirá la reincidencia
en el delito. Para que las cárceles sean un factor de cambio positivo se tendrían
que producir enormes cambios.
El 70% de la población carcelaria es
adicta o consume algún tipo de sustancia psicoactiva, lo cual es la punta de un
iceberg que esconde otras realidades.
Según cifras de la Secretaría de
Derechos Humanos bonaerense, hacia 2005 se distribuían mensualmente 269.544
pastillas -la mayoría de ellas derivadas de benzodiacepinas- en las cárceles de la
provincia de Buenos Aires, donde había alojadas poco menos de 25.000 personas
(2)
Se sabe que los presidios están
hacinados, que muchas veces no tienen agua caliente, atención médica ni alimento
suficientes. Que los inviernos son helados y los veranos sofocantes, pestilentes.
Existen sobradas denuncias, incluso ante organismos internacionales, sobre estos
problemas.
Algunas cárceles de la Provincia de
Buenos Aires son paradigmáticas; ejemplos elocuentes del hacinamiento (3). Hacia
Octubre 2005, se describía la situación del Penal de Olmos, en el partido de La
Plata, como uno de esos casos:
"(Allí) las peleas con
armas blancas, las violaciones, los tormentos, son comunes. Más aún: en estos
lugares se mezclan personas condenadas con personas procesadas".
"Es altamente
improbable que alguien pueda corregir conductas delictivas en ese contexto. Más
probable es que el interno desarrolle más aún sus habilidades antisociales".
Entre muchos otros hechos
lamentables que se podrían citar, el 16 de Octubre de 2005 murieron 32 reclusos
en el penal de Magdalena, asfixiados por el monóxido de carbono que emitieron
los colchones que ellos mismos quemaron en una revuelta. En la Semana Santa de
1996, durante el motín en la cárcel de Sierra Chica, fueron ejecutados ocho
internos cuyos cuerpos nunca aparecieron.
La situación de superpoblación y
hacinamiento carcelarios volvió a comentarse públicamente en ocasión del reciente
debate social generado luego del asesinato de Daniel Capristo el 15 de abril
pasado en Valentín Alsina, por parte de un menor de 14 años. Esos días se
publicaron informes 2008 del Comité contra la Tortura, dependiente de la Comisión
Provincial por la Memoria, que a fines de 2008 denunció la situación reinante en
Institutos como el Almafuerte (hoy intervenido), Cárceles de menores de La
Matanza (clausurado luego de la muerte de dos menores) y el Centro de Recepción
en La Plata.
Extractos del Informe mencionado
afirman lo siguiente (4):
Centro Cerrado Almafuerte:
"Los jóvenes han sido
víctimas de golpes y malos tratos, que los han llevado a situaciones de
autoagresión poniendo en riesgo su integridad psicofísica".
"Hay sectores con
gran cantidad de humedad. Las instalaciones de agua, los sanitarios de las celdas,
la calefacción, entre otras cuestiones básicas están defectuosas o inutilizables."
"El derecho a la
educación está vulnerado. Es sumamente necesario que se revea el sistema de
enseñanza, ya que no puede aceptarse que las clases sean de una hora y media
por día".
"Es sumamente
preocupante la excesiva carencia de propuestas en el Instituto. Sumado a esto se
encuentra la poca cantidad de jóvenes que acceden a las mismas. De un total de
30 jóvenes entrevistados en ocasión de la inspección pudimos constatar que entre
un diez y un quince por ciento de los mismos accedían a algún tipo de actividad
por fuera del clásico TV y DVD en el hall enrejado que funciona como espacio de
recreación".
Centro Cerrado de máxima seguridad
de La Matanza
"Existen muy pocos
espacios en donde desarrollar talleres y otro tipo de actividades".
"La estructura del
edificio carece de mantenimiento. La estructura es similar a las cárceles de la
provincia. El pasa platos está debajo, a la altura de los pies de los jóvenes".
"El espacio para la
atención de los jóvenes es amplio, aunque no cuenta con ningún tipo de insumo".
"Respecto a la muerte
de los jóvenes, uno de los directivos manifestó que, ´si un chico toma la decisión
de colgarse, no podemos llegar a abrir los dos candados y luego la celda para
salvarlo´".
Centro de recepción de La Plata
Sobre el sector Admisión III:
"El lugar es de 5
metros por 5 metros aproximadamente. Tiene un baño, dividido por una cortina,
allí hay un caño por donde sale el agua para bañarse, un inodoro y un lavabo. El
baño es de un metro y medio por dos".
"Tienen la posibilidad
de dormir en la cama 4 jóvenes, el resto duerme en el piso con colchones no
ignífugos, que se les provee durante la noche. Permanecen 23 horas encerrados,
sin ningún tipo de actividad".
Otra evidencia de la situación objeto
de esta iniciativa legislativa es lo indicado por las propias estadísticas de la
Procuración bonaerense, presentadas oficialmente en Estados Unidos hace pocos
meses (5).
Las mismas señalan
un aumento del 15,5% en el índice de delitos ocurridos en la Provincia de Buenos
Aires en lo que va del 2009, en comparación con el mismo período de 2008.
A ello se suma un
crecimiento del 35% en los delitos graves no excarcelables respecto del total de
los hechos ilícitos de 2008. Y el número de 24.201 presos en las cárceles de la
Provincia de Buenos Aires. De esa cifra, 3500 personas estarían detenidas en
comisarías.
Si es de público conocimiento que el
delito aumenta escandalosamente, cuantitativa y cualitativamente, y aumenta
inevitablemente el número de detenidos, urge proceder a revisar las condiciones
de detención en nuestras cárceles, sobre cuya situación inhumana han denunciado
tantas organizaciones del Tercer Sector.
El Informe 2006 sobre la situación
carcelaria en la República Argentina, síntesis de la investigación llevada a cabo por
el Defensor del Pueblo de la Nación con colaboración del Observatorio
Internacional de Prisiones en los ámbitos del Sistema Penitenciario Federal y de los
Sistemas Penitenciarios Provinciales indica lo siguiente:
"En la Unidad 16 del
Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentran detenidos 150 internos Jóvenes
Adultos con una Incidencia promedio de HIV del 45%. Estos internos, al igual que
los 3.500 internos mayores alojados en las Unidades 1, 2 y 16 no reciben ningún
tipo de control médico ni asistencia preventiva.
La sobrepoblación
carcelaria estimada es del 14.5% y que, de un colectivo de alrededor de 63.000
personas privadas de libertad, sólo el 39% de ellos tiene condenas efectivas.
Apenas el 43% de los internos tiene estudios primarios completos y al momento de
ingresar al penal, el 37% de los presos se encontraba sin trabajo. En el Sistema
Penitenciario Federal los presos infectados con el virus HIV ascienden al
4.5%".
Los motines en las unidades
penitenciarias ponen en evidencia las falencias de un sistema que únicamente
parece encontrar alguna forma de escape a través de una nueva manifestación
violenta.
Durante 2005 se produjeron tres motines
carcelarios de importancia. El primero de ellos en febrero en la cárcel del barrio San Martín
de la Ciudad de Córdoba. Murieron cinco presos, dos guardias y un policía. Durante abril
en la cárcel de Coronda, Santa Fe, un grupo de presos tomó el control de varios pabellones
de la cárcel por casi diez horas, durante las cuales 14 detenidos fueron asesinados.
Asimismo, en la Unidad Penitenciaria N° 28 de la localidad de Magdalena, Provincia de
Buenos Aires, durante la noche del 15 al 16 de octubre de 2005 y presuntamente tras una
pelea entre presos, en el pabellón 16 murieron 33 internos asfixiados (6)
La situación del sistema penitenciario
de Mendoza provocó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ante los casos de muertes de internos que se produjeron en cárceles.
Las autoridades adoptaron las medidas provisionales solicitadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En su pronunciamiento, el citado
tribunal internacional ordenó al Estado que separe internos condenados y
encausados, que investigue los actos de violencia e identifique responsables, que
diseñe un plan de reubicación sin provocar nuevos hacinamientos y readecue
instalaciones en tiempos razonables. (7)
En Febrero de 2006, graves disturbios
en un pabellón de la Unidad Penitenciaria Federal N° 1 de Villa Devoto causaron la
muerte de 4 internos, además de producir varios heridos y personal penitenciario
con lesiones de consideración.
Las visitas al lugar realizadas por
miembros del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina permitieron
observar las deplorables condiciones de alojamiento: en pabellones que alojan a
254 internos había tres duchas, las condiciones de los baños eran inaceptables y
los botes de basura con desperdicios a la vista generaba no sólo olor pestilente,
sino que además son un foco de contaminación. La sobrepoblación en los
pabellones da por resultado una higiene escasa y la situación se agrava en verano
por la falta de circulación de aire.
Por último, en enero 2009 fallecieron
en Salta cuatro menores a causa de los gases tóxicos de un colchón incendiado, y
demuestra que fueron una muestra más de las terribles deficiencias del sistema
carcelario nacional (8)
Durante los últimos días de 2008,
cuatro jóvenes de 17 años murieron en la Unidad de Protección al Menor de la
Comisaría Nº 10 de Orán, Salta, por intoxicaciones derivadas de la aspiración de
gases producidos por la combustión de colchones de material sintético incendiados
en un motín. En la misma comisaría, el 25 de octubre de 2006, otros cuatro
adolescentes murieron, carbonizados.
Según informe del Centro de Estudios
en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), entre 2005 y 2007 se
produjeron 337 muertes violentas de personas en cárceles. En el 33% de los casos
las muertes fueron por asfixia y quemaduras (60 en 2005, 14 en 2006, y 39 en
2007).
Resulta evidente, entonces, que todo el
sistema carcelario nacional, sea federal o provincial, está realmente colapsado e incumple
claramente con las exigencias puestas de resalto por la Constitución Nacional como
parámetro digno de lo que debe ser un establecimiento penitenciario para adecuarse a la
función específica que nuestra Carta Magna impone, y es necesario, entonces, arbitrar los
medios necesarios para que ello se revierta.
Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo por su
intermedio, la aprobación del presente Proyecto de Ley.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ANEXO
Referencias:
(1) La Nación,
26/01/09, Cárceles degradantes
(2) La Nación,
26/10/05. Carlos Souza: Drogas en la cárcel, un problema candente
(3) La Nación,
17/10/05, Cárceles que no encauzan
(4) La Nación,
17/04/09, Menores en conflicto con la ley, una deuda del Estado
(5) La Nación,
27/03/09, La inseguridad .Preocupación en los Gobiernos nacional y provincial
(6)...... Informe 2006
sobre la situación carcelaria en la República Argentina, Defensor del Pueblo de la
Nación, pág 12 y ss
(7)...... Informe 2006
sobre la situación carcelaria en la República Argentina, Defensor del Pueblo de la
Nación, pág 15 y ss
(8)...... Red Eco
Alternativo, 07/01/2009, Muertes en cárceles argentinas: Un hecho que se
repite
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GINZBURG, NORA RAQUEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE POR LOS DERECHOS CIUDADANOS |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |