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PROYECTO DE TP
Expediente 2880-D-2010
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SANCION DE UNA LEY DE INMIGRACION APROBADA EN EL ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL DIA 23 DE ABRIL DE 2010.
Fecha: 05/05/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 48
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
1°
Manifestar su profunda preocupación por los
siguientes aspectos de la ley de inmigración
aprobada en el Estado de Arizona, Estados Unidos de
América, el 23 de abril de 2010:
a) la
criminalización de la presencia de
indocumentados;
b) el
alto riesgo de discriminación racial en su
implementación.
2°
Exhortar a las autoridades de Estados Unidos de
América a buscar los mecanismos adecuados para
modificar dicha ley a fin de adecuarla a los
estándares internacionales de derechos humanos
para la protección de los y las migrantes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Ola xenófoba? (1)
El odio contra los inmigrantes se manifestó el 20
de abril de Arizona a Nueva York.
La Legislatura estatal de Arizona aprobó una
versión final de lo que se considera el proyecto de ley más antiinmigrante del país: criminaliza a
nivel estatal a todo indocumentado y permite a la policía local amplia discreción para detener a
toda persona que sospechen es inmigrante sin papeles.
Con ello, sólo falta la decisión de la gobernadora
republicana Jan Brewer, quien hasta el momento no ha expresado su opinión sobre la iniciativa.
A partir de hoy Brewer cuenta con cinco días para anular la iniciativa con un veto, promulgarla
o no hacer nada, en cuyo caso automáticamente se convierte en ley.
La iniciativa obliga a funcionarios y agencias
estatales, incluida la policía, a aplicar las leyes federales de inmigración y tipifica como crimen
la no obtención de documentos migratorios, o sea, no tener documentación legal. También
criminaliza la contratación y la solicitud de trabajo de indocumentados y transportar o dar
albergue a éstos. Pero el elemento más extremo, y más criticado por opositores, es la medida
que obliga a la policía a interrogar a cualquier persona que considere potencialmente sospechosa
de su estado legal migratorio.
La "zona cero"
Y ésta es sólo la iniciativa más reciente en
Arizona, estado que se ha convertido en la "zona cero" de la guerra contra los inmigrantes en el
país. El estado adoptó una ley en 2005 que criminaliza el tráfico de personas y otra en 2007 que
prohíbe la contratación intencional de indocumentados. Los legisladores afirman que su
intención es expulsar a los inmigrantes sin papeles y desincentivar su ingreso al estado. Se
calcula que Arizona tiene medio millón de indocumentados y es el punto de cruce más activo
para el flujo de personas sin papeles.
Los promotores afirman que esto es resultado de la
falta de acción efectiva del gobierno federal para controlar las fronteras. El senador federal y ex
candidato presidencial John McCain endosó el 20 de abril la iniciativa, y declaró que los
habitantes de su estado "están frustrados y enojados", ya que el gobierno federal no ha cumplido
con "sus responsabilidades constitucionales para asegurar nuestras fronteras".
Este comentario refleja el clima político, ya que
antes McCain había repudiado este tipo de medidas por su carácter "antihispano", y fue
promotor de las medidas federales para una reforma migratoria integral. Ahora enfrenta el reto
de un ultraconservador, quien lo critica por no hacer lo suficiente para asegurar la frontera en las
elecciones primarias del Partido Republicano por la candidatura al Senado federal, lo que
amenaza la reelección de veterano político.
La gobernadora republicana Brewer enfrenta las
mismas fuerzas que McCain, al buscar su reelección este año, y se supone que no empleará su
poder de veto para anular esta legislación. Su antecesora y ahora secretaria de Seguridad Interna
del gobierno de Barack Obama, Janet Napolitano, sí desestimó iniciativas parecidas cuando era
gobernadora, pero ahora todos culpan a Washington por no hacer lo suficiente en este
rubro.
A la vez, McCain y su colega, el senador federal
Jon Kyl, reiteraron su llamado al envío de tres mil integrantes de la Guardia Nacional a la
frontera de Arizona con México, y por la construcción de más muros y mayores medidas para
castigar a inmigrantes que cruzan la frontera sin documentos.
Organizaciones de inmigrantes, agrupaciones
latinas, líderes religiosos y sindicalistas condenaron la legislación en Arizona y advirtieron que
si es promulgada, todo latino o cualquier persona que las autoridades sospechen como posible
"extranjero ilegal", será sujeto a interrogatorio y arresto sólo por su apariencia.
El arzobispo de Los Angeles, cardenal Roger
Mahoney, denunció que la Legislatura de Arizona ha aprobado "una de las leyes antiinmigrantes
más retrógradas, mezquinas e inútiles del país". Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de
Jornaleros, pidió una expresión nacional de repudio "al odio e intolerancia que amenaza a
nuestra comunidad".
Danny Ortega, presidente de la junta del Consejo
Nacional de la Raza, dijo que "Arizona ha sido incubadora de la legislación del odio" y advirtió
que su impacto violará derechos civiles, derechos humanos y tal vez la Constitución, en
entrevista con USA Today. El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación
(Maldef) adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales si llega
a ser promulgada.
Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional
de Inmigración, advirtió que "esta legislación creará un clima de temor y pánico y sujetará a
inocentes en Arizona a ser perfilados por su raza".
Mientras tanto, en Nueva York se emitió el 20 de
abril el veredicto contra un joven que mató a un ecuatoriano cuando, junto con amigos, salió a
"cazar mexicanos" en el pueblo de Patchogue, en Long Island. El caso provocó ola de repudios
a nivel nacional al enfocar el asunto en el incremento de crímenes de odio contra inmigrantes
por todo el país, y ahora el Departamento de Justicia evalúa crímenes de odio a nivel
nacional.
En noviembre de 2008, el inmigrante ecuatoriano
Marcelo Lucero caminaba con un amigo cuando fueron enfrentados por unos siete jóvenes que
buscaban "mexicanos" para golpear, lo cual culminó con el apuñalamiento mortal de Lucero. El
20 de abril, Jeffrey Conroy, de 19 años, fue declarado culpable de homicidio imprudente como
crimen de odio. Cuatro de sus compañeros han aceptado su culpabilidad en cargos de crímenes
de odio, dos más están en espera de juicio. El juez determinará una condena de entre 8 y 25 años
de prisión para Conroy. El veredicto causó inconformidad entre la comunidad inmigrante y
activistas contra delitos de odio por no imputar al responsable un cargo más severo.
I. ¿La calle apoya, la Casa Blanca
desaprueba? (2)
El presidente Barack Obama censuró
preventivamente, el 23 de abril, una nueva ley de inmigración en Arizona, que le da a
la policía el poder por primera vez, en cualquier lado de Estados Unidos, de arrestar
potencialmente a cualquiera que creen que entró ilegalmente al país. Está actualmente
esperando la firma del gobernador del estado. Hablando en la Casa Blanca en la
ceremonia para darle la ciudadanía a los inmigrantes que sirven en el ejército de
Estados Unidos, Obama criticó a Arizona por su nueva ley "equivocada", que provocó
un coro de quejas de los grupos de derechos humanos en todo el país. Dijo que le
había pedido a los funcionarios federales que evaluaran la legalidad de la ley.
El gobernador, Jan Brewer, que se
enfrenta a una dura lucha en la elección de noviembre, tiene hasta esta noche para
decidir si firma o veta la ley que, de acuerdo con las encuestas, tiene el 70 por ciento
del apoyo de los residentes de Arizona. Sería un delito estatal para cualquiera estar en
Arizona sin la documentación adecuada. Se necesitarán funcionarios "prácticos" para
determinar el estatus de una persona si hay alguna razón para sospechar que están en
suelo estadounidense ilegalmente.
Obama dijo que los desarrollos en
Arizona, que comparte una frontera con México, tienen un estimado de 460.000
inmigrantes ilegales -el séptimo más alto en Estados Unidos- e ilustra la urgencia de
una reforma nacional de inmigración. "Nuestra incapacidad para actuar
responsablemente a nivel federal sólo abrirá la puerta a la irresponsabilidad de otros",
dijo, incluyendo "los recientes esfuerzos en Arizona que amenazan con socavar las
nociones básicas de justicia que apreciamos como estadounidenses, así como la
confianza entre la policía y sus comunidades que es tan crucial para mantenernos a
salvo."
¿Los vecinos la repudian? (3)
La gobernadora de Arizona aprobó la ley
antiinmigración y las críticas de grupos hispanos norteamericanos y de sus vecinos de
México y Centroamérica no se hicieron esperar. "El gobierno de Guatemala lamenta
que esta normativa haya sido aprobada y coincide con el presidente estadounidense,
Barack Obama, en que este tipo de leyes amenazan las nociones básicas de justicia",
sentenció en un comunicado la Cancillería de ese país. Desde México, la reacción fue
similar. "La ley obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de
los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona", advirtió la canciller
mexicana, Patricia Espinosa.
"La nueva ley lanza a Arizona en una
espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios
costosos, con repercusiones para todo el país", advirtió en otro comunicado el Fondo
mexicano-estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por sus siglas en
inglés). La ONG adelantó que presentará una demanda contra la ley en los tribunales
estadounidenses. Lo mismo piensa hacer el presidente de la Coalición Nacional del
Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, William
Sánchez. "Millones de latinos en todo el país están conmocionados y tenemos que
hacer algo", explicó Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30 mil iglesias evangélicas
en todo Estados Unidos, incluidas 300 pastores hispanos en Arizona.
La ley tomó fuerza en la Legislatura de
Arizona y entre sus ciudadanos después de que un ranchero fuera asesinado,
supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas. En cualquiera de
los dos casos, los sospechosos están relacionados con la falta de control en la frontera
con México. "No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los
contrabandistas de drogas", se justificó la gobernadora republicana Jan Brewer, luego
de firmar la ley. "Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplica esta ley y
hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación", agregó.
Pero la explicación de la gobernadora no
dejó contento ni al presidente norteamericano, que ya había advertido que ése no es el
camino para enfrentar el problema de la inmigración, ni a los gobiernos de México y
Centroamérica, países de origen de la mayoría de los millones de inmigrantes ilegales
latinos en Estados Unidos. "Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente",
se quejó el canciller hondureño Mario Canahuati, quien el 24 d abril partió hacia
Washington para negociar un programa de beneficios migratorios.
¿Unifica a la dividida opinión pública y
política mexicana? (4)
Cuando el pasado fin de semana la prensa
local le preguntó a la gobernadora Jan Brewer qué criterios utilizará la policía de
Arizona para decidir quién es un sospechoso de ser un extranjero indocumentado, ella
no supo qué contestar y eludió el tema. Pero no hace falta especular demasiado para
conocer la respuesta: el componente racial será determinante para que cualquier
persona no caucásica se convierta inmediatamente en un ilegal en potencia. Lo que se
viene es el apartheid.
En medio de las protestas de la
comunidad mexicana en Arizona,, la ley antiinmigrante SB 1070 que criminaliza la
inmigración ilegal, aprobada el viernes pasado por la gobernadora Brewer, logró lo que
pocos en los últimos años: unificar a la dividida opinión pública y política en México
para condenar el potencial de violaciones de derechos humanos implícito en esa
legislación local estadounidense.
La ley antiinmigrante "es persecutoria y
racista, de espíritu francamente fascista", aseguró el dirigente histórico de la izquierda
mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, quien resumió en esa frase la postura de todos los
partidos políticos y de los principales actores nacionales, sin importar su signo. Incluso
el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó a la ley antiinmigrante
como "irresponsable" e instruyó a sus asesores para que monitoreen y examinen los
efectos en materia de derechos civiles de esa legislación.
Al margen de que esta ley tiene pocas
probabilidades de sobrevivir, considerando que en Estados Unidos el tema migratorio
es materia exclusiva del ámbito federal, el temor de la comunidad latinoamericana
residente en aquel país es que al convertir a cualquier policía en un agente de
migración se multipliquen las violaciones a los derechos humanos de este sector de la
población.
La alarma no es gratuita, particularmente
en Arizona, donde en más de un condado la policía se ha excedido en tratos
discriminatorios y violentos contra personas latinas. Los abusos ahora estarían
amparados en la ley.
En México, el presidente Felipe Calderón
dijo que su administración actuará en contra de lo que llamó la "absurda" e
"inhumana" ley antiinmigrante en Arizona para defender los derechos de los mexicanos
en Estados Unidos, y anunció la creación de una red de abogados en el país vecino del
norte "para defender con la ley en la mano, con la propia Constitución estadounidense,
los derechos de los migrantes".
Según Calderón, "toda regulación que se
asiente en criminalizar el fenómeno migratorio abre la puerta a abusos, la intolerancia
y el odio. Vamos a actuar contra una ley absurda que abre la puerta a una inaceptable
discriminación racial", dijo durante un encuentro por el migrante organizado en el XI
Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organismo de la
Cancillería mexicana que básicamente funciona solamente en Estados Unidos.
Sin embargo, para Cuauhtémoc Cárdenas
y buena parte de la oposición en México, no basta con una actitud reactiva del
gobierno mexicano para defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos
en Estados Unidos, y llamó a Calderón a que haga una propuesta de Estado que
permita resolver de fondo los problemas de la migración irregular de México hacia
Estados Unidos.
"Es el momento de proponer un
adendum al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que considere la
creación de fondos de compensación para reducir las asimetrías económicas" entre
México, Estados Unidos y Canadá, así como un compromiso para fijar condiciones
laborales en los tres países "que garantice el respeto y ejercicio de los derechos de los
trabajadores donde quiera que realicen su actividad, y que prevea los plazos en los
cuales, así como ya sucede con las mercancías, se dé también la libre circulación de
personas".
Para muchos, la ley antiinmigrante en
Arizona abre una caja de Pandora que vuelve a poner en el centro de la discusión
política estadounidense el tema de la migración. La administración del presidente
George W. Bush fracasó en su intento de una reforma integral, mientras que el
gobierno de Obama ha relegado el tema -que fue uno de los pilares de su campaña
para llegar a la Casa Blanca-, sometido a las presiones de la crisis económica que
heredó.
De hecho, la ley SB 1070 no pretende
controlar la inmigración ilegal en Arizona, sino posicionar electoralmente a la
gobernadora Brewer y al senador John McCain: ambos enfrentan problemas para
reelegirse en sus cargos y buscan un chivo expiatorio. Y la inmigración indocumentada
es la víctima ideal, coinciden varios analistas.
Brewer y McCain apoyaron una legislación
ilegal que pone en peligro los derechos humanos de toda la población latina en
Arizona, pero parecen haber olvidado el creciente peso electoral de esta comunidad.
Así, aun cuando ganen simpatías inmediatas entre los anglosajones, estarían
cometiendo un suicidio político en el mediano plazo.
¿Se intensifican las movilizaciones? (5)
Las protestas por la polémica ley
migratoria en Arizona no cesan. Tras cuatro días de intensas movilizaciones, las
manifestaciones se intensificaron el 26 de abril cuando un grupo de activistas dibujó
esvásticas en las ventanas del Capitolio estatal, donde la ley fue promulgada el viernes
pasado por la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer. A los gritos de ¡Sí se
puede! y ¡Somos Humanos!, miles de hispanos se apostaron en las cercanías del
Parlamento en protesta por la legislación que permite la detención de inmigrantes "sin
papeles" a la menor sospecha sobre su situación legal. El alcalde de Phoenix, el
demócrata Phil Gordon, se sumó a las manifestaciones y condenó a la ley como injusta
e inconstitucional. "Norteamérica es un país compasivo. Estos no son los valores sobre
los que se han cimentado este país y este estado", sentenció el político. Pese a la
continuidad de las protestas, un sondeo dado a conocer por la encuestadora
Rasmussen reveló que el 70 por ciento de los votantes de Arizona está a favor de la
medida, poniendo en evidencia los prejuicios racistas que predominan en el lejano
oeste norteamericano. Tan sólo el 23 por ciento de los encuestados se opuso a la ley,
que entrará en vigencia en 90 días.
¿La inmigración es delito? (6)
El secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, calificó de "discriminatoria" la ley antiinmigratoria aprobada por el
estado de Arizona. "Esta ley hace equivalente la inmigración con el delito y crea bases
para una discriminación racial que consideramos inaceptable", afirmó ayer Insulza
desde El Salvador. Y agregó: "La norma es claramente en contra de los inmigrantes y
en particular de la población latina de los Estados Unidos. Todos los países tienen por
cierto el pleno derecho a regular la inmigración dentro de sus territorios, pero no a
costa de no respetar los derechos humanos, los derechos de las personas y de crear
estereotipos raciales que no corresponden a la realidad", concluyó el secretario.
¿Se viene una acción judicial contra
Arizona? (7)
El gobierno del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, evalúa presentar una acción judicial contra la ley promulgada
en el estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, dijo ayer el
ministro de Justicia norteamericano, Eric Holder.
Holder calificó a la norma que permite a
la policía detener a gente sólo por sospecha de ser indocumentados de
"desafortunada" y anunció que en el gobierno de Obama "estamos considerando todas
las posibilidades, incluyendo un desafío ante las cortes". El ministro de Justicia se
declaró "muy preocupado" por la posibilidad de que la normativa, que abre el riesgo de
detenciones basadas en la apariencia étnica, establezca "una brecha entre las
comunidades" y las fuerzas policiales. El viernes, pocas horas antes de que la
gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, firmara la ley, Obama consideró la
iniciativa como "irresponsable".
Holder no fue el único que criticó la
norma. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo estar
"profundamente preocupada" por la nueva ley migratoria durante una audiencia en el
Senado, en la que además se cuestionaron las posibilidades de éxito de una reforma
migratoria a nivel nacional que reclaman sin descanso las organizaciones civiles.
Napolitano recordó que el Departamento
de Justicia está analizando exhaustivamente si la ley de Arizona "cumple con los
requisitos constitucionales" y señaló que aún queda tiempo, ya que la normativa no
puede ser implementada antes de noventa días.
Aun así, la funcionaria teme el impacto
que pueda tener la norma en la capacidad de la policía, ya que -dijo- ésta podría
"restarle" o incluso "desviar" los recursos que necesitan las fuerzas de seguridad para
centrarse en "aquellos que cometen los crímenes más graves, más allá de violar las
leyes de inmigración" del país. "Crímenes graves, de drogas, fugitivos, miembros de
bandas... eso es en lo que nos centramos (...) así que nos preocupa que hasta cierto
punto tendremos que usar nuestros recursos de inmigración contra cualquiera al que le
sea aplicada esta ley", sostuvo Napolitano, quien durante su etapa como gobernadora
de Arizona vetó dos veces legislaciones similares a la sancionada la semana pasada por
su sucesora, Jan Brewer.
Numerosos grupos civiles han advertido
además que la ley podría reducir la cooperación ciudadana con las autoridades
policiales por miedo a ser deportados, una preocupación que Napolitano dijo compartir
al afirmar que "este tipo de leyes no constituyen un valor añadido a la aplicación de la
ley". "Constitucionales o no, hay verdaderas razones policiales por las que leyes como
ésta son equivocadas, por algo la mayoría de los agentes de la ley se oponen a ellas",
recordó la alta funcionaria.
En este contexto, varios legisladores
cuestionaron la viabilidad de una reforma migratoria "integral" a nivel nacional a la que
Obama se ha comprometido -aunque todavía sin fijar fecha- en vista del incremento
de la violencia por narcotráfico en México.
¿Alerta, alerta? (8)
La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) de México emitió un alerta con recomendaciones para todos los mexicanos que
viajen o residan en el estado norteamericano de Arizona por un "ambiente adverso"
causado por una polémica ley migratoria. "Existe un ambiente político adverso para las
comunidades migrantes y para todos los visitantes mexicanos", explicó la SRE en un
comunicado. El organismo aclara que faltan meses para que la ley, promulgada el
viernes, entre en vigor, pero pide a los mexicanos que se encuentren en Arizona (sur)
que porten en todo momento su documentación. "Mientras no se hayan definido
criterios claros de cuándo, dónde y a quién revisarán las autoridades, se debe asumir
que todo ciudadano mexicano podrá ser molestado y cuestionado sin mayor causa en
cualquier momento", señaló la SRE. La titular, Patricia Espinosa, dijo que los mexicanos
que viven en Estados Unidos sufren actitudes hostiles, luego de la aprobación de la ley
de Arizona.
¿Boicot, boicot? (9)
El líder de la ofensiva contra la ley de
inmigración votada en Arizona la semana pasada, el diputado Raul Grijalva, no sólo le
está pidiendo al presidente Barack Obama que la impugne, sino que además está
organizando un boicot económico en contra de la industria del turismo, que es una de
las principales fuentes de ingresos de ese Estado.
En efecto, Arizona se encuentra en el Gran Cañón del Colorado, una de las atracciones
turísticas más populares de Estados Unidos, y Sedona, la cuna del movimiento New
Age, donde miles de personas se congregan para meditar y para nutrirse de la energía
muy especial que tiene el lugar.
"Estamos llamando a las organizaciones a no agendar convenciones o conferencias en
el Estado hasta tanto se revoque esta decisión", dijo Grijalva. "Este es un llamado para
actuar con un objetivo específico, no un rechazo en bloque a la economía del Estado.
Las convenciones son una gran fuente de ingresos y visitantes, y apuntar a ellos es
una de las vías más efectivas", dijo.
Grijalva quiere lograr el mismo éxito de la campaña realizada después de que el Estado
de Arizona se negó a acatar el Día Martin Luther King Jr como feriado nacional en
1987, que conllevó a la cancelación de convenios por millones de dólares.
El primero en responder al llamado de Grijalva fue el alcalde de San Francisco,
California, Gavin Newsom, quien prohibió todos los viajes oficiales de los empleados de
la ciudad a Arizona como protesta contra la ley que ha sido calificada por todos las
organizaciones de derechos humanos estadounidenses como una norma racista y
xenófoba.
La medida ordenada en San Francisco
entró en vigor de forma inmediata, si bien no se aplicará a los viajes de policías que
estuvieran investigando algún crimen y tuvieran que desplazarse hasta Arizona.
A la campaña de Grijalva se sumó también Patsy Lander, quien desde un sitio en
Internet llamado "Thepetitionsite.com" explicó: "Soy una nativa de Texas con piel color
oliva que canceló un viaje al Gran Cañón...¡Dejar a la policía de Arizona determinar
quién puede ser o no un ilegal es una locura!", señaló.
De acuerdo a la oficina de turismo de Arizona, la industria turística generó unos 18,5
millones de dólares por gastos de los visitantes en 2008 y empleó a unas 167.000
personas. De los 37, 4 millones de turistas que recibe Arizona anualmente, alrededor
de 3,8 millones de visitantes provienen de ciudades de México.
El gobierno del presidente Felipe Calderón no sólo criticó virulentamente la ley sino que
además emitió un comunicado en donde dice que viajar a Arizona es peligroso. El
Departamento de Estado acusó recibo y admitió ayer "un impacto internacional" que
está teniendo la ley promulgada en Arizona.
"Claramente, está teniendo un impacto, sobre todo en México, pero en todos lados
también", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. De hecho, la
cantante colombiana Shakira anunció que iría hoy a Arizona a unirse en la lucha contra
la ley.
Cuando aterrice en Phoenix, sin duda, la intérprete latinoamericana se llevará una
sorpresa. Es que los habitantes del Estado están de acuerdo con la norma. De acuerdo
a un sondeo de opinión difundido en la prensa, la popularidad de la gobernadora de
Arizona, Jan Brewer, creció entre los votantes desde que firmó la ley
¿Unos litigan, otros legislan? (10)
Tras la aprobación de la ley
antiinmigrante de Arizona, otros estados norteamericanos buscan implementar
propuestas similares. Congresistas de Texas, Ohio y California han manifestado su
apoyo a la medida y revelaron sus planes de introducir en sus respectivas legislaturas
proyectos de ley contra la inmigración próximamente. En este marco, se presentó ayer
la primera demanda en contra de la normativa SB1070, impulsada por un grupo de
clérigos hispanos. Otras tres organizaciones defensoras de derechos civiles en los
Estados Unidos anunciaron también su intención de formular presentaciones de
impugnación ante la Justicia de Arizona. Este sábado, cientos de manifestantes
marcharán en más de setenta ciudades norteamericanas en rechazo a la norma y
pidiendo por la reforma migratoria.
La ola xenófoba sigue barriendo los
Estados Unidos. En sintonía con el trabajo de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
otros legisladores de varios estados norteamericanos han desempolvado sus propios
proyectos antiinmigrantes. Tal es el caso de la representante republicana de Texas,
Debbie Riddle, quien anunció la presentación de un nuevo proyecto sobre inmigración
en la próxima sesión de su Congreso estatal. "La prioridad de un funcionario electo es
que la seguridad de los texanos esté bien establecida. Si nuestro gobierno federal
hiciera su trabajo, entonces Arizona no necesitaría haber tomado esta acción, ni
tampoco Texas", indicó la funcionaria.
Esta no es la primera vez para la
legisladora texana. El año pasado ella presentó su propio proyecto antiinmigratorio en
el Parlamento local. Sin embargo, su propuesta murió rápidamente en las comisiones
de trabajo. Al igual que Riddle, también el diputado republicano por Ohio Courtney
Combs manifestó sus intenciones de que se genere y apruebe una ley como la de
Arizona. Además de los casos mencionados, los estados de Utah, Colorado y Carolina
del Norte están buscando alternativas para aplicar este tipo de normativa, según
trascendió en las últimas horas.
Por lo pronto, la lucha en contra de la
xenófoba legislación -que comenzará a regir dentro de tres meses- sigue en Arizona.
El 29 de abril, la organización Coalición Nacional de Clérigos y Lideres Cristianos
Hispanos (Conlamic) presentó la primera demanda contra la ley estatal en un tribunal
federal de Phoenix. "Estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la
aplicación de la ley SB1070, ya que consideramos que viola el derecho a un proceso
justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos
antes de ser condenados", dijo el presidente de Conlamic, reverendo Miguel
Rivera.
La coalición, con base en Washington D.
C., representa a más de 30.000 iglesias en los Estados Unidos, de las cuales poco más
de 300 se encuentran radicadas en el estado fronterizo con México. "Decidimos actuar
inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe. La
norma no es sólo antiinmigrante, sino que está también en contra de todos los latinos
en los Estados Unidos", enfatizó el clérigo, quien agregó además que un alto
porcentaje de sus feligreses son hispanos.
Otros tres grupos defensores de
derechos civiles anunciaron también su intención de presentar demandas. "La
comunidad de Arizona puede estar segura de que se presentará un recurso de
impugnación vigoroso y sofisticado, para tratar de evitar que esta reglamentación
inconstitucional y discriminatoria entre en vigor", dijo el presidente del Fondo
Educacional y Defensa Legal Mexicano-Americano (Maldef), Thomas A. Saenz. Junto
con Maldef, la organización Unión de Libertades Civiles de America (ACLU) y el Centro
Nacional Legal de Inmigración (NILC) afirmaron estar desarrollando los pasos legales
para llevar la norma a la corte federal en los próximos días.
El fin de semana promete ser agitado
para Washington. Por estas horas se están ultimando los detalles para que en más de
setenta ciudades se realicen manifestaciones en rechazo de la normativa, y además en
reclamo para que el Ejecutivo de Barack Obama gestione un proceso de reforma
migratoria integral. Una promesa de campaña aún incumplida.
Convocado por legisladores demócratas
y grupos latinos, se espera que las marchas se extiendan desde Los Angeles hasta
Nueva York, superando a los miles de inmigrantes que en 2006 exhortaron al por
entonces presidente George W. Bush a que reformara las leyes federales de
inmigración.
¿Demostración de fuerza? (11)
En una demostración de fuerza sin precedentes
de la comunidad hispana de Estados Unidos, cientos de miles personas, quizá más de un millón,
se manifestaron este sábado en las principales ciudades del país en contra de la ley de Arizona y
a favor del derecho de los inmigrantes ilegales a permanecer en el país en condiciones dignas.
"Los peregrinos, los primeros pobladores, no traían papeles", se podía leer en algunas
pancartas.
De Nueva York a Los Ángeles, en Chicago,
Atlanta, Houston y Dallas, en Phoenix y en otras poblaciones de la propia Arizona, donde se
encendió la mecha, en más de 70 ciudades, según los organizadores, la gente se echó a la calle
en un Primero de Mayo exclusivamente dedicado a la solidaridad con los inmigrantes. En la
manifestación de Washington fue detenido el congresista demócrata Luis Gutiérrez por detener
el tráfico frente a la Casa Blanca.
Aunque la conmemoración recuerda los
dramáticos hechos ocurridos en Chicago en 1886, el Primero de Mayo nunca se ha celebrado en
Estados Unidos, donde no es fiesta nacional ni motivo de marchas, más allá de las de un puñado
de trotskistas en los años treinta o las de quienes conservan esta fecha entre sus tradiciones
combativas, como los hispanos. En EE UU se celebra el primer lunes de septiembre el Día del
Trabajo.
Este año los hispanos han escogido el Primero de
Mayo para hacerse masivamente visibles en un momento en el que se sienten como nunca
amenazados por la ley de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal, y por el apoyo a esa
iniciativa detectado por las encuestas entre la mayor parte de la población en el resto de la
nación.
"Lo sucedido en Arizona prueba el racismo y la
histeria antiinmigrante que existen en este país", declaró Lee Siu Hin, portavoz de la Red de
Solidaridad Nacional con los Inmigrantes, la organización convocante de las
manifestaciones.
Escasa integración
Pese a que su influencia y su presencia en
puestos relevantes han ido creciendo en los últimos años, los hispanos son mayormente aún una
comunidad mal integrada en la sociedad norteamericana. Son cerca de 50 millones -más del
doble que hace 20 años y la mitad de los que serán dentro de otros 20- y representan, por tanto,
la primera minoría del país, por delante de los negros. Sin embargo, su presencia, sobre todo en
los Estados del sur, sigue siendo motivo de tensión y, a veces, de hostilidad xenófoba.
Ese conflicto se ha agravado en los últimos años,
no sólo por el aumento constante de la inmigración, sino por los problemas económicos que se
acumulan sobre los propios estadounidenses y por la degradación de las condiciones de
seguridad en la frontera por culpa de la criminalidad al otro lado.
La repetición diaria de espantosas escenas de
violencia en México ha elevado el miedo y el sentimiento antiinmigración entre los habitantes
de esa región, aunque muchas veces las cifras no justifiquen esa reacción.
En Arizona, por ejemplo, donde los hispanos son
alrededor del 30% de la población y hay medio millón de indocumentados, el respaldo a la
controvertida ley firmada la semana pasada aumentó mucho tras el asesinato, en marzo, de un
ranchero de la frontera a manos de narcotraficantes. El horror de ese crimen cegó a los
ciudadanos, incapaces de ver que, aunque la inmigración ilegal ha aumentado, el número de
actos delictivos decreció el año pasado un 23%.
Esa cifra no va a convencer a los nativos furiosos
que ven en cada rostro moreno de un mexicano a un enemigo. El viernes, en una reunión con
sus conciudadanos de Arizona, el senador John McCain tuvo que salir apuradamente a contener
a un hombre entre el público que defendía su derecho a parar con su propio fusil lo que veía
como una avalancha salvaje.
Boicot
El clima se ha calentado extraordinariamente. A
las peticiones de boicot a Arizona hechas por los medios progresistas, ha contestado la
población local con la reafirmación en sus ideas y algunas figuras de la derecha, como Dick
Cheney y Sarah Palin, han solicitado a los estadounidenses que compren productos de ese
Estado.
Ningún bando está cómodo en sus posiciones.
Los conservadores sienten la presión del sector más liberal del Partido Republicano que cree en
la inmigración como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Los demócratas, que
rechazan la ley de Arizona, son conscientes de que cerca de un 60% de votantes la
respalda.
El enfrentamiento en Washington va a ser largo y
duro. Esta semana, el Partido Demócrata presentó un borrador de la ley de inmigración que
elevará a discusión en el Congreso. Además de un camino para la legalización de los cerca de
11 millones de inmigrantes ilegales que se calculan en la actualidad, la propuesta incluye las
más fuertes medidas de vigilancia fronteriza que nadie ha mencionado antes.
Los demócratas no quieren dar la impresión de
que preparan una amnistía masiva. Saben que eso podría destrozarles electoralmente. Pero el
mismo daño podría hacerles mantenerse impasibles ante el deterioro de la situación. Los
republicanos, también conscientes de que es urgente actuar para contener la inmigración ilegal,
han manifestado su disposición a negociar una ley, pero han rechazado plenamente la última
propuesta demócrata, que consideran una mera maniobra política.
¿Zona árida? (12)
Arizona, lo dice su nombre, es una zona.
Zona árida, pero zona al fin. No llega a ser un lugar. A mitad de camino entre Texas y
California, parte hippie, parte cowboy. Tiene una megalópolis como Phoneix (5,5
millones de habitantes) que es un monumento al modernismo, y una capital como
Tucson (un millón) que es un ícono del Far West. Arizona es grande como la
Patagonia, pero el noventa por ciento de su población se concentra en sus dos grandes
ciudades. Ahí se ubican dos universidades estatales de buen nivel y legendarios logros
deportivos como los "Gatos Salvajes" de Arizona y los "Demonios del Sol" de Arizona
State. También un diario "liberal" de lo más respetados e influyentes del oeste
norteamericano como el Phoenix Sun. No hay mucho más. Aquí y allá una población de
280 mil indígenas, casi todos muy pobres. Al oeste una perla de pueblos, ciudades y
emprendimientos agrícolas sobre la cuenca del río Colorado. Al este y al norte minas
de cobre y el Gran Cañón. Al sur, el desierto de Sonora y más de mil kilómetros de
frontera seca con México. Aquí y allá 280 mil aborígenes nativos, casi todos pobres y
marginados. Todo eso en medio de grandes extensiones de planicies polvorientas y
deshabitadas.
Arizona no es ni grande ni chica ni
importante ni marginal. Arizona no tiene canción. Es una gran autopista, un gran
laboratorio. Zona árida como dice su nombre, de tierra mezquina y tránsito
fatigoso.
Los políticos de Arizona son tan híbridos
como el distrito que representan. Demócratas conservadores como Janet Napolitano o
republicanos liberales como John McCain, políticos que reflejan la ambivalencia de sus
votantes. Arizona es, junto a Ohio y Florida, uno de los llamados "swing states", los
que suelen decidir las presidenciales porque su voto oscila entre demócrata y
republicano. Arizona es un buen lugar para medir el humor social de Estados
Unidos.
Bueno, esta semana el termómetro se
rompió. Estalló en pedazos cuando el Congreso de este estado insulso aprobó una ley
antiinmigrante que parece escrita para la Alemania nazi o la Sudáfrica del
apartheid.
La ley permite que cualquier persona
pueda ser revisada si un policía sospecha que se trata de un inmigrante ilegal, y
convierte en crimen la no portación de documentos de identidad. Como en Arizona casi
todos los inmigrantes ilegales son morochos y vienen de México, la ley prácticamente
le ordena a la policía detener gente por portación de cara. O por "respirar siendo de
ascendencia mexicana", como describió un político local.
La ley desató un escándalo nacional e
internacional. Juristas respetados denunciaron su manifiesta inconstitucionalidad en los
diarios más importantes del mundo. Tras recibir quejas de las cancillerías de México y
de los países de Centroamérica, Obama salió a decir que la ley le parecía un error.
"Una persona puede ser estadounidense de tercera generación y no poder salir de su
casa tranquila porque podría ser detenida por tener rasgos latinos. No me parece
bien", declaró. Napolitano, secretaria de Seguridad del gobierno, dijo que la ley
promovía la inseguridad. "Nos obliga a las agencias federales a procesar a los
detenidos por la ley estatal, y eso nos quita recursos para perseguir a los inmigrantes
peligrosos", argumentó.
La extrema derecha con Sarah Palin a la
cabeza no dejó pasar la oportunidad. Además de defender la ley racista con giros
patrioteros, la ex gobernadora de Alaska acusó a los grandes medios ("the lamestream
media") de descalificar la iniciativa no por inconstitucional sino por ideología.
Subidos a la ola de publicidad, media
docena de legisladores ultraconservadores propusieron leyes similares en sus
respectivos estados, aun sabiendo que no tienen chance. En cambio, los líderes del
Partido Republicano eludieron el tema, conscientes de que su base política está a
favor, pero también que los hispanos representan el sector de mayor crecimiento
demográfico en el país.
La reacción del sector progre del Partido
Demócrata no se hizo esperar. Un legislador nacional hispano por Arizona llamó a un
boicot de convenciones en ese estado, cuya industria turística ya venía golpeada por la
recesión. La ciudad de San Francisco adhirió rápidamente a la propuesta y una
sociedad de abogados hispanos anunció que cancelaba su reunión anual en Tucson.
Ayer hubo grandes manifestaciones de repudio a la ley en todo Estados Unidos (foto) y
algunas pequeñas contramanifestaciones en el sur de apoyo a la ley y a la decisión de
la gobernadora de no vetarla.
La ley aún no ha sido implementada y
está por verse si supera el control constitucional de la Corte Suprema ante un desafío
legal del gobierno federal como el que prometió el fiscal general Eric Holder. Tampoco
está claro el criterio que seguirá la policía en caso de implementarse, ya que en
Arizona uno de cada tres de sus habitantes tiene ascendencia hispana.
Pero el pasaje de semejante ley en un
estado como es Arizona no deja de ser una señal. ¿Cómo puede ser que los
representantes de un estado tan moderado hayan votado una ley tan picante en contra
de los inmigrantes?
Como suele suceder en estos casos de
patente intolerancia, el detonante fue un caso policial. El brutal asesinato de un
granjero y la huida de los asesinos a través de la frontera. Al mejor estilo Blumberg, la
ola de indignación empujó el pasaje de la ley de mano dura. Detrás había un coctel
nefasto de recesión, inseguridad, racismo y política. A la crisis económica con
desocupación record que no termina de resolverse hay que sumarle la ola de violencia
desatada por los narcos en México, que empieza a cruzar la frontera. A lo que hay que
agregarle la discriminación histórica que sufren los latinos en Estados Unidos,
exacerbada por la presencia de un negro en la Casa Blanca. Todo eso al calor de una
campaña electoral. Resulta que tanto la gobernadora Jan Bewer como el senador
McCain enfrentan rivales de extrema derecha en la primaria republicana. Esos rivales
que no tendrían chances en la general por su prédica extremista, pero juntan apoyo
entre los republicanos como para correr por derecha a las principales figuras del
partido. Por eso, para no mostrarse como blandos en un tramo decisivo de la
campaña, Brewer firmó la ley después de mucho dudar, y McCain le dio un tibio apoyo,
pero apoyo al fin.
¿Cómo sigue esto? Imposible saberlo,
pero es probable que la decisión de Arizona acelere el proyecto de ley de reforma
migratoria que impulsa Obama, hasta ahora sin mucho apuro. La idea es legalizar a los
doce millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados
Unidos, a cambio de más recursos y penas más duras para vigilar la frontera y castigar
a patrones que contraten a indocumentados. Esa es la misma fórmula que se viene
repitiendo desde hace un siglo. La última reforma exitosa fue la de Reagan en 1986 y
Bush hijo fracasó hace dos años con un proyecto consensuado con Ted Kennedy. Si se
aprueba, la nueva ley será fruto de un consenso tan amplio y trabajoso que Arizona no
tendrá otro remedio que adaptarse.
El problema pasa por otro lado. Estados
Unidos adoptó hace dos meses la decisión estratégica de tratar a los cárteles de droga
mexicanos como organizaciones no ya criminales sino directamente terroristas. Esa
decisión se tradujo en el envío a México de expertos estadounidenses en
contrainsurgencia para entrenar a las fuerzas de seguridad locales. Nadie puede negar
que los narcos mexicanos han cometido crímenes atroces contra civiles que bien
pueden catalogarse de terrorismo. Ni que el gobierno mexicano fracasó en la guerra
antidrogas ni que ese fracaso representa la amenaza para la seguridad fronteriza de
Estados Unidos. Pero al mezclarse con el tema migratorio, el enfoque antiterrorista de
la Casa Blanca coloca a toda la población latina en estado de sospecha. Ya le pasó a la
comunidad islámica después del 911, con las razzias ordenadas por el gobierno de
Bush. Ya les pasó a los estadounidenses descendientes de japoneses que fueron
internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al
menos en una zona de Estados Unidos, hasta que no se demuestre lo contrario, el
terrorista sos vos.
¿Qué opina la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)?
COMUNICADO DE
PRENSA
No. 47/10
CIDH EXPRESA
PREOCUPACIÓN POR NUEVA LEY SOBRE INMIGRACIÓN DE ARIZONA,
ESTADOS UNIDOS
Washington, DC, 28 de abril
de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su
profunda preocupación por la nueva ley de inmigración que se aprobó en el Estado de
Arizona, Estados Unidos.
La ley, que fue firmada el 23 de abril de
2010 y entraría en vigor en tres meses, exige que la policía de Arizona pregunte sobre
la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga "sospecha razonable"
de que no está autorizada a estar legalmente en Estados Unidos. Asimismo, establece
que la presencia de un inmigrante indocumentado en Arizona configura un delito
criminal y que la persona será además culpable de "traspaso", delito que lleva una
pena de hasta seis meses de prisión y el pago de una multa más los costos de haber
estado en prisión.
En primer lugar, la Comisión
Interamericana expresa su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación
racial en la implementación de la ley. En segundo lugar, la Comisión expresa su
preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados. En este
sentido, la CIDH desea recordar que las normas internacionales establecen que la
detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en
cada caso, su necesidad y proporcionalidad. Tal como la CIDH lo indicó en julio de
2008 en una resolución sobre la "Directiva de Retorno" adoptada por el Parlamento
Europeo el 18 de junio de ese año, los Estados deben evitar la prolongación excesiva
de la detención en todos los casos, y deben asegurar que sea lo más breve posible.
Asimismo, la detención debe ser ordenada por la autoridad competente, que por regla
general debe ser un juez.
El derecho internacional reconoce que
los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de
extranjeros de su territorio. Asimismo, establece que las acciones en este sentido
deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas, y
que la observancia de principios fundamentales como la no discriminación y los
derechos a la libertad e integridad personal no pueden subordinarse a la
implementación de los objetivos de las políticas públicas.
La Comisión Interamericana exhorta a
las autoridades de Estados Unidos a buscar los mecanismos adecuados para modificar
la ley recientemente aprobada en el Estado de Arizona a fin de adecuarla a los
estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los y las
migrantes.
La CIDH es un órgano principal y
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge
de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en
forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por
la Asamblea General de la OEA.
Consideraciones finales
Como representantes del pueblo
argentino, que ha incorporado el respeto irrestricto de los derechos humanos
fundamentales a su accionar legislativo, no podemos permanecer indiferentes ante la
aprobación de leyes que vulneran los principios incorporados en los tratados y
convenios internacionales de protección a esos derechos, incorporados en nuestra
Constitución Nacional.
Por todo ello solicitamos la aprobación
de este proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MORANTE, ANTONIO ARNALDO MARIA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |