La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Transporte, informe sobre los siguientes puntos relacionados a la regulación del transporte terrestre y aeronáutico en la República Argentina:

1 - Subsidios destinados al combustible aeronáutico JP1

2 - Vigencia del Régimen de Compensación de Combustible Aeronáutico

3 - Subsidios destinados al sector de transporte terrestre de pasajeros de larga distancia

4 - Criterios de asignación de subsidios para el transporte terrestre de larga distancia y para el transporte aeronáutico.

Señor presidente:

La creciente influencia del Estado como actor económico en los últimos años ha generado un escenario de marcada complejidad en lo relativo a la competencia en el mercado. La política de subsidios, junto a la estatización de empresas como Aerolíneas Argentinas S.A. e YPF S.A., ha obligado a replantear la situación de las empresas participantes y el sector principalmente afectado ha sido el del transporte. El Estado, como fijador de las reglas de juego, y como actor en el mismo juego, cumple un rol preponderante en esto, lo cual lleva poner la lupa sobre el sistema de regulaciones y otorgamiento de subsidios ya que en cierto punto oficia como juez y parte del mencionado entramado.

El presente pedido de informes tiene como disparador el conflicto desatado en el servicio de transporte terrestre de larga distancia lo que derivó en un paro total de las actividades en donde pujan por sus intereses la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Cámara de Empresaria de Larga Distancia (Celadi) y el Gobierno nacional.

Estamos convencidos de que las causas del conflicto provienen en gran medida de fallas económicas estructurales de las cuales el Gobierno es responsable por ser el que aplica la política económica nacional. Y creemos que una de las principales falencias se encuentra en la política de subsidios, que ha sufrido un marcado retroceso en los últimos años pero sin tener en cuenta las consecuencias para los diversos sectores afectados.

Desafortunadamente, la endémica falta de información pública atenta contra una dilucidación efectiva de las causas del conflicto pero sin embargo existen ciertos antecedentes que avalan de manera concreta las sospechas de discrecionalidad a la hora del manejo del sistema de subsidios al sistema de transporte público en el país que lleva a la disputa entre los sectores antes mencionados y a la consecuente toma de medidas de fuerza por parte de los sectores gremiales.

Según datos de la Secretaría de Transporte, el servicio de ómnibus de larga distancia conecta a más de 1800 destinos nacionales además de llegar a seis países de Sudamérica (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay).

En este sentido, explica que "el ómnibus une en forma directa las más 900 ciudades de 10.000 habitantes, fomentando la integración entre provincias y el desarrollo de las economías regionales. Con más de 64 millones de pasajeros al año, el ómnibus transporta al 90% de pasajeros de larga distancia que utilizan el transporte público".

Además, añade que "las empresas de ómnibus de larga distancia emplean en todo el país a 22.500 personas".

En contraposición, según datos de Aeropuertos Argentina 2000 S.A, durante el año 2012 se trasladaron 10 millones de pasajeros en el país, conectando 33 localidades.

A pesar de esto, según los datos de la Celadi, avalados por el Presupuesto nacional, "en cuanto a lo que se refiere a transportes, en trenes el boleto esta subsidiado en un 90%, en colectivo urbano un 70%, en Aerolíneas Argentinas un 40% y en los ómnibus de larga distancia, tan solo 8%".

En cuanto a tarifas oficiales, según las publicaciones de Aerolíneas Argentinas, un pasaje de ida a las ciudad de Mendoza desde la Ciudad de Buenos Aires se vende en 699 pesos. Mientras que un pasaje de colectivo, en promedio, está en el orden de los 650 pesos. Tomando en cuenta que el viaje en colectivo insume 13 horas en comparación la con hora y 40 minutos que insume el avión, se plantea un serio problema de competitividad ya que por 50 pesos más una personas se ahorra alrededor de 11 horas de viaje, con el impacto en la productividad y calidad de vida que esa brecha tiene en la misma. Resulta imposible para las empresas de transporte terrestres competir en esta situación de precios predatorios.

La situación además plantea una especie de dumping interno donde una empresa, que cuenta con un nivel de subsidios en el orden de los 3000 millones de pesos, impone precios por debajo del costo de producción. Esto afecta directamente a las principales alternativas de viaje que no son las demás aerolíneas, sino las propias empresas de transporte de larga distancia terrestres.

Específicamente, el artículo 2°, inciso m) de la ley de Defensa de la Competencia (N° 25.156) encuadra como una práctica restrictiva de la competencia "enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o

en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios".

Evidentemente, el sector que más recibe subsidios es el que menos gente transporta. La mayor parte de las personas ven incrementar los costos de los pasajes de larga distancia mientras que unos pocos gozan de los beneficios del transporte aeronáutico subsidiado. De los datos objetivos se puede aseverar de manera fehaciente que por lo menos, la política de transporte en la Argentina es desigual, deficitaria e inestable. El objetivo de este pedido de informes es recabar de manera exhaustiva la situación de los subsidios a los principales medios de transporte nacionales y a partir de los datos obtenidos elaborar propuestas encaminadas a una solución a largo plazo del problema.

Por las razones antes expuestas es que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de resolución.