La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por la liberación de Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Diaz Bessone por la comisión de delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983), dada la gravedad del precedente que ello implica para los demás casos en que se juzgan la comisión de estos delitos y solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pronta resolución de los recursos interpuestos en lo relativo a la prisión preventiva de los imputados.

Señor presidente:

Los represores Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Rito Vergara son imputados en el marco de la causa Díaz Bessone (ex Feced) por la comisión de graves delitos de Lesa Humanidad entre los que se los acusa de privación ilegal de la libertad con violencia, amenazas, tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita calificada entre otros. La causa, que ya se encuentra en estado avanzado, tiene fecha de inicio para el 21 de julio de este año. Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos que se los acusa y la cuantía de las penas previstas, los imputados podrán tramitar el juicio en libertad por imposición de un fallo judicial que consideramos sienta un precedente altamente perjudicial para la sociedad que en forma incesante ha trabajado incesantemente por la búqueda de justicia en lo que refiere a estos delitos de especial naturaleza.

En diciembre de 2008 la defensa de los imputados solicitó el cese de la prisión preventiva fundando su presentación en que se encontraban detenidos desde el año 2004. Debemos destacar que, con buen criterio el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el cese solicitado por lo que los imputados acudieron ante la Cámara Nacional de Casación Penal que resolvió, hacer lugar al recurso de casación y ordenó el cese de prisión preventiva y su libertad bajo la caución personal y fianza más la prohibición de salida del país, mudar de domicilio y la obligación de presentarse el primer y tercer miércoles de cada mes ante el Tribunal Oral N° 2. Para llegar a esa conclusión, el tribunal hace aplicación de la ley, en estos casos sobre delitos de Lesa Humanidad en el mismo sentido y alcance que si se tratara de un delito común, lo que resulta totalmente inaceptable para nosotros.

La resolución final de la cuestión se encuentra a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en donde tramita el recurso extraordinario que se planteó desde la fiscalía. Como consecuencia de ese pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, el 30 de abril el Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso su inmediata libertad, materializando de esta forma un acto de profunda injusticia con todas aquellas personas que desde hace más de treinta años esperan justicia para todos aquellos que sufrieron los actos aberrantes cometidos por los responsables de llevar adelante una persecución sistemática por razones políticas.

De esta forma los imputados tendrán la posibilidad de permanecer en libertad durante el juicio pero seguirán así hasta que no quede firma la condena por la Corte Suprema de Justicia, lo que necesariamente implica tramitar todas las instancias.

Organismos de derechos humanos calificaron como "muy grave" la decisión de la Cámara de Casación de Capital Federal. Y solicitaron a la Corte Suprema que busque una solución al tema que sirva para todos los casos similares que puedan aparecer.

Por otra parte la liberación de los imputados ha generado una sensación de mayor riesgo a los testigos que deberán declarar en el proceso, ya que están expuestos a encontrarse en las calles con los denunciados o a ser intimidados por los represores contra quienes, desde el próximo 21 de julio, deberán atestiguar y esta situación afecta el normal desenvolvimiento de la causa.

Vemos con preocupación que la justicia realice una valoración similar de las circunstancias que rodean un delito común y de aquellas que lo hacen cuando se está tratando una causa sobre delitos de Lesa Humanidad, ya que en estos casos de tanta trascendencia estamos permitiendo que, aquellas personas que intimidaron y causaron tanto daño, puedan seguir haciéndolo en el presente. Debemos garantizar la seguridad de aquellos que con su testimonio y gran compromiso harán posible que la sociedad argentina encuentre en la justicia la instancia superadora que cierre un capítulo de nuestra historia donde la verdad y la memoria sean protagonistas en la construcción de un país mejor.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.