La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo ante las detenciones e imputaciones a manifestantes en la ruta 9 altura San Pedro, Provincia de Buenos Aires, con motivo de la protesta del agro frente a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional así como también las imputaciones a dirigentes y representantes políticos del arco opositor, citados a declarar en los próximos días.

Señor presidente:

La Constitución Nacional, en su Artículo 14, consagra a todos los habitantes de la Nación "los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer la industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar ante las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas sin censura previa...". Asimismo, incorpora la libertad de opinión, expresión y difusión para todos los ciudadanos de la república a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo VI establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio".

El pasado viernes 29 de mayo del corriente año fueron detenidos un grupo de productores agropecuarios a la vera de la ruta nacional número 9, altura San Pedro, Provincia de Buenos Aires, por personal de Prefectura Nacional e imputados dirigentes ruralistas y políticos por haber participado de un corte durante el mes de marzo en el marco del conflicto que el gobierno mantiene con el agro desde hace ya más de 80 días en virtud de la Resolución Nº 125 del P.E.N..

Independientemente de la unilateralidad de la medida y su cuestionada constitucionalidad, es dable evitar la escalada de violencia que pareciera desarrollarse sin mediaciones entre productores agropecuarios y el gobierno nacional, apostando siempre al desarrollo de diversos canales de diálogo y la construcción de consensos como mecanismos insoslayables de articulación de políticas de estado.

El imperativo de la racionalidad debe primar por sobre los intereses puntuales y la cordura verse reflejada en los actos de gobierno dado que es el pueblo quien gobierna a través de sus representantes y por ende son estos últimos quienes deben actuar con responsabilidad y justicia, preservando las instituciones y consagrando la soberanía popular.

En tal sentido y habiendo recorrido en reiteradas oportunidades la zona de conflicto, debo expresar mi preocupación frente a lo que considero un espiral abusivo e irracional de parte del estado que podría desatar la violencia y generar las condiciones para un eventual accionar represivo frente a los manifestantes.

Desde sus inicios la protesta fue moderada por un exagerado dispositivo de efectivos de seguridad cuya actitud sobresaliente fue la intimidación y el amedrentamiento con el objetivo de impedir el derecho a reclamo que todo ciudadano posee en el marco de la Constitución. Semejante despliegue involucró a personal de Prefectura Naval, Grupo Albatros y Policía de la Provincia de Buenos Aires en diversos pueblos del interior.

Absolutamente asombrados y no sin cierto temor vemos que en los últimos días la estrategia de intimidación asume nuevas formas y avanza ahora con la criminalización de la protesta con detenciones e imputaciones que sobrepasan ampliamente los márgenes del conflicto sectorial.

Hemos recopilado testimonios directos de manifestantes que al costado de la ruta afirman estar sufriendo una persecución directa a partir de procedimientos relámpagos donde son fichados y fotografiados por fuerzas de seguridad que, en muchos casos se presentan sin el uniforme reglamentario, y que deliberadamente omiten presentar las órdenes judiciales que avalen semejante accionar.

Dicha actitud pone de manifiesto la intencionalidad provocativa frente a la legítima protesta y el derecho a manifestarse de los ciudadanos. La decisión y la prudencia con que estas familias llevan adelante su reclamo son la contracara geométrica de la desmesurada presencia de efectivos de seguridad que los inmovilizan entre la banquina y el alambrado, intentando ahogarlos y agotarlos en su resistencia. Encerrar a 30 chacareros con 300 efectivos de Prefectura y Grupo Albatros, mientras otros 300 acampan a pocos metros del lugar y el Juzgado Federal de San Nicolás los va procesando de uno en uno, resulta de una irracionalidad temeraria.

El gobierno nacional debe entender que se encuentra frente a un reclamo y no frente a un delito, salvo que se trate de uno de esos delitos que algunas teorías denominan de "peligro potencial" lo cual pondría a los manifestantes en situación de peligrosos.

Intimidar para impedir el reclamo, socavando derechos fundamentales amparados en la Constitución Nacional, en su Capitulo I de Declaraciones, Derechos y Garantías y que justamente en su conjunto, tienden a colocar un límite al poder; y oponer a tal reclamo un despliegue represivo que excede lo meramente preventivo y que afecta en su esencia el derecho de peticionar, de manifestarse, de reunirse, de hacer "visible" un conflicto, es un acto que claramente debe ser rechazado y contrarrestado por este Congreso de la Nación y sus representantes así como también por los organismos competentes en materia de defensa de los derechos de los ciudadanos. Asimismo la situación se agrava, y potencia la escalada irracional, en la medida que se dispone la judicialización de la protesta. Algo a lo que nunca antes habíamos llegado en un país que ha tolerado diversas modalidades de reclamo sin que mediara intervención alguna por parte del gobierno. Cortes de rutas, obstrucción de edificios, cierre de accesos a la ciudad de Buenos Aires, cortes en pasos internacionales - algo que solo podríamos imaginar en la Franja de Gaza - alteración de procesos democráticos de elección de representantes en la universidad de Buenos Aires y hasta la toma de una comisaría por parte de un funcionario de gobierno. Sin fisuras y sin apremios el gobierno nunca intervino o dispuso operativos de seguridad intimidatorios y mucho menos actuó como las circunstancias lo ameritaban. Tampoco se procesó a sus protagonistas.

La arbitrariedad evidente y la discriminación entre grupos que pueden manifestarse libremente sin sufrir el acoso estatal y los productores agropecuarios así como los dirigentes perseguidos a través del accionar judicial, imponen una urgente declaración en rechazo y repudio de esta Honorable Cámara.

Por todo lo expuesto solicitamos a los señores Diputados que acompañen este proyecto de declaración.