La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La preocupación de este cuerpo legislativo por las numerosas denuncias por sustracción y tráfico ilegal de recién nacidos registradas recientemente en la ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero.-

Señor presidente:

Como ha sido de pública y masiva difusión, en los últimos meses del año 2005 la ciudad de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, fue en el centro de las noticias a raíz de numerosas denuncias efectuadas por supuestos casos de ventas o sustracciones de bebes recién nacidos que involucraban a religiosos, abogados, médicos y enfermeras que desempeñan funciones en el hospital zonal de la ciudad cabecera del Departamento de General Tabeada. Lamentablemente, y como consecuencia de la reiteración de nuevos casos como los descriptos, la noticia volvió a cobrar importancia por estos días, oportunidad en la cual fueron radicadas más denuncias al respecto.-

Según datos suministrados por la Fundación "Adoptar", en Añatuya se registraron - en los últimos diez años - 10.000 casos de bebes separados de sus madres y entregados a terceras personas irregularmente. Debe tenerse en cuenta que las cifras resultantes están condicionadas por la gran cantidad de partos que se producen en forma irregular y carecen de todo tipo de inscripción o registro.-

Las denuncias efectuadas versan sobre diversos hechos, todos aberrantes y repudiables por igual: el robo directo de bebes recién nacidos, el cambio de bebes sanos por otros muertos y la incitación a las mujeres para que vendan a sus hijos. Este último supuesto, pone al descubierto la existencia de una verdadera organización dedicada a contactar a mujeres embarazadas, por lo general adolescentes o apenas niñas, de escasos recursos, con poca o ninguna instrucción y sin ningún tipo de expectativas futuras para que, por una precaria vivienda o por pocos pesos, entreguen a sus bebes.-

Esta situación de exclusión en la que están inmersas estas mujeres, favorece a su vez el surgimiento de un mundo miserable de robo, tráfico y cambio de bebes, de adulteraciones a los registros de adopción, que termina por convertir en incierto y penoso el destino de niños involucrados.-

La mencionada Fundación "Adoptar" efectuó ante la Justicia Federal de Santiago del Estero diversas denuncias penales por supuestos delitos de tráfico y sustracción de recién nacidos, asociación ilícita y otros hechos ilegales registrados en la zona de Añatuya, en los que tendrían activa participación enfermeras y parteras - dentro del Hospital Zonal de la ciudad - y se investiga si algún médico podría estar implicado. En tanto que exteriormente la organización contaría con religiosos, que se encargarían de ubicar e individualizar a las futuras madres, y con profesionales del Derecho y demás funcionarios que llevarían adelante las cuestiones legales y administrativas.-

Es evidente que en la provincia de Santiago del Estero no se respetan los derechos reproductivos de las mujeres, como el derecho a ser madres, y lo que resulta mucho más grave e inaceptable es que se vulneren los derechos de las víctimas más desprotegidas: los niños, privándolos de un derecho esencial e importantísimo como es el de conocer su verdadera identidad.-

La Convención sobre los Derechos del Niño consagra entre otros derechos: derecho a ser inscriptos inmediatamente a su nacimiento, derecho a su identidad, derecho a un nombre, una nacionalidad, derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos en la medida de lo posible.-

El reconocimiento jurídico de la identidad personal implica, entre otros, los siguientes derechos: a) derecho a una identificación, b) derecho al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento familiar y c) derecho a la libre formación de la identidad personal.-

Si aceptamos que el niño es un ser individual y un ser social, debemos respetar y hacer respetar la conformación de su identidad y su desarrollo. Resulta entonces que el niño como sujeto tiene derecho a la preservación de su identidad, derecho que se encuentra reconocido por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 23.849 que eleva a la citada convención al rango constitucional, según artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.-

La supresión de tan esencial prerrogativa como es aquella relativa a la identidad, priva al niño de un derecho subjetivo y personalísimo como es el de conocer la verdad de su origen, desarrollarse en su medio familiar y acceder a otros derechos tales como la salud, la vivienda y esencialmente la educación, quedando al margen del sistema integral. Asimismo, al vulnerarse el derecho a la identidad se afecta una parte sustancial del ser biográfico y al omitir su pasado, altera su presente y condiciona su futuro.-

En consecuencia, solicito la aprobación del presente.-