La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en los términos del Art. 71 de la Constitución Nacional ante esta Honorable Cámara de Diputados al Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), Lic. José A. SBATTELLA, para que explique los motivos por los cuales el organismo que Preside desconoció varios reportes de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y firmas a nombre del empresario Lázaro Báez, y no procedió a remitir las actuaciones al Ministerio Público como lo exige la legislación vigente.

Señor presidente:

El caso del presunto lavado de dinero de Lázaro Báez respecto de delitos precedentes vinculados a la corrupción proveniente de maniobras en la adjudicación de obra pública en el sur, especialmente en la Provincia de Santa Cruz, desnuda la enorme incapacidad del sistema institucional para prevenir hechos de corrupción en nuestro país. Y aunque los ribetes escandalosos de este caso puedan dar la sensación de que se está ante un hecho especialmente significativo, lo cierto es que se trata de un caso más entre miles que ocurren desde hace muchos años. Esto sin perjuicio de que las administraciones de los Kirchner hayan efectivamente colaborado en el camino histórico de destruir los organismos de control formales, las posibilidades de monitoreo de la sociedad civil y los propios frenos y contrapesos que debieran ejercer el Poder Legislativo y el Poder Judicial, hoy objeto de un ataque destructivo frontal.

Como funcionarios públicos, los legisladores tienen la obligación de denunciar los delitos presuntamente cometidos por Báez, los demás particulares involucrados y, en especial, por los funcionarios públicos. Esto es indiscutible. Incluso las denuncias presentadas en Suiza y en Uruguay, plazas por donde se habría trasladado o a las que se habría transferido el producto de la corrupción, son positivas. Pero creer que con ello se está haciendo algo relevante en la lucha contra la corrupción en la Argentina es, como mínimo, una ingenuidad. El problema de la corrupción no se resuelve en tribunales ni a través del derecho penal. Y no porque nuestro sistema penal sea ineficiente o parcial (que lo es). Aun si tuviéramos el mejor sistema de justicia posible, de todos modos ello no sería suficiente para luchar contra un esquema de corrupción estructural y sistémica como el que azota desde hace décadas a nuestro país, pues el derecho penal sólo puede alcanzar unas pocas acciones y, por lo tanto, no logra cumplir funciones de prevención general ni especial. Esto es especialmente cierto en el caso de los delitos de corrupción, pues por tratarse de hechos que ocurren de manera oculta y clandestina, involucrando penalmente a todos los participantes (por ejemplo, el que soborna y el sobornado), son muy difíciles de probar. Es por ello que la corrupción debe prevenirse, antes que sancionarse.

El caso Báez es, en este sentido, ejemplificador. Demuestra, primero, que fallaron todos los sistemas de prevención del lavado de activos. Ello no debería sorprendernos. La prevención del lavado en la Argentina nunca funcionó adecuadamente, pero en los últimos años ha sido especialmente destruida por el gobierno: (a) el mecanismo de designación del titular de la UIF debería operar mediante un concurso público de oposición y antecedentes, con intervención directa de la sociedad civil organizada, pues el sistema actual es el que ha permitido que la UIF fuera desmantelada y cooptada mediante la designación "a dedo" de José Sbatella, un señor que no tiene absolutamente ningún antecedente en materia de lucha contra el lavado de activos; y (b) con la excusa de cumplir con el GAFI se sancionó la denominada "ley antiterrorista" (Ley Nº 26.734), se reformó la ley de lavado a través de la Ley Nº 26.683, pero lo cierto es que Argentina continúa en la lista gris del GAFI. A ello se suma que, en materia de sanción del delito de lavado, Argentina prácticamente no registra condenas. Y en este ámbito también se observan serios desmanejos, como el reemplazo de la Fiscalía especializada (UFILAVADIN, a cargo de Raúl Plee) por una nueva Fiscalía (PROCELAC) que realizó la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y por la cual ha sido recientemente imputada debido a la aparente ilegalidad de dicho nombramiento.

En el caso particular que involucra al empresario Lázaro Báez, en los últimos días se ha hecho público que, en los años 2010 y 2011, la UIF habría recibido sendos reportes de operaciones sospechosas relativos tanto al contador Leonardo Fariña como al financista Federico Elaskar y al empresario Báez. La UIF, sin embargo, habría hecho caso omiso de dichos reportes, en abierta violación a sus obligaciones legales conforme Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Por estos mismos hechos, el Licenciado Sbatella está siendo investigado por la justicia penal.

Por todo lo expuesto, Señor presidente solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.