El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1º. Declárase de interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina el aseguramiento de la capacidad industrial nacional de cuño frente a las necesidades de emisión de moneda nacional.

ARTÍCULO 2º. A tal fin, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación la totalidad de las acciones que componen Compañía de Valores Sudamericana S.A., que pasarán inmediata e irreversiblemente a integrar el patrimonio del Estado nacional y cuya titularidad exclusiva corresponderá a la Sociedad del Estado Casa de Moneda.

El Estado Nacional preservará las fuentes de trabajo de los operarios.

ARTÍCULO 3º. La expropiación estará regida por esta ley y subsidiariamente por lo establecido en la ley 21.499.

ARTÍCULO 4º La deuda que CVS S.A. registre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como cualquier otra que tenga con algún otro organismo del Estado, será tenida como parte de pago de las sumas que eventualmente se deban abonar por la expropiación.

ARTÍCULO 5º. Para fijar el valor de la compañía expropiada, se solicitará la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

ARTÍCULO 6º. La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7º. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Señor presidente:

Este proyecto de ley busca asegurar la autonomía y soberanía total sobre la emisión de papel moneda y para ello, dispone la expropiación de la principal contratista del Estado (hoy, además, seriamente sospechada por actos de corrupción) con el fin de garantizar una capacidad productiva acorde a nuestras necesidades.

Hoy la función específica de acuñar la moneda nacional corresponde a la Sociedad del Estado Casa de Moneda (SECM), que fue creada por Ley 21.622, del 19 de agosto de 1977, durante la presidencia de Videla, y funciona todavía hoy con ese marco legal. Y como han dejado en claro las propias autoridades del BCRA y de la SECM, no alcanza a cubrir la demanda de impresión, a pesar, incluso, del proceso de puesta en valor que, según dicen las autoridades, fue llevado adelante.

Esto ha derivado, en que estemos a punto de cerrar un acuerdo con una compañía gráfica (Compañía de Valores Sudamericana S.A.) cuya composición accionaria tiene un origen muy disputable. Además del proceso penal de sonadas implicancias, hemos denunciado ya la endeble arquitectura de empresas pantalla que llevaron a levantar la quiebra de Ciccone ante la Unidad de Información Financiera, por la posible existencia de un caso de lavado de activos de origen ilícito.

Según informó el diario oficialista Página/12, el directorio del BCRA ya aprobó el contrato con SECM para la provisión de billetes durante 2012. El BCRA requirió 1200 millones de unidades de distinta denominación y Casa de la Moneda producirá íntegramente 800 millones de billetes y numerará y cortará otros 400 millones. Respecto de estos últimos, SECM va a alquilar máquinas disponibles en las instalaciones de la Compañía Sudamericana de Valores (CVS), la ex Ciccone.

Según sus autoridades, SECM "tendrá el control absoluto de todo el proceso de producción de billetes", pero está claro que no cuenta con capacidad propia de asistir a la demanda y que para ello recurrirá a un contrato con una empresa cuyo capital accionario se desconoce y cuya historia financiera es de dudosa estirpe. En 2010, de hecho, ya existieron dificultades en el abastecimiento de billetes físicos que se imprimieron a través de una unión empresaria con Brasil. En 2011 Casa de Moneda pudo cubrir la demanda, pero ajustadamente y hoy, nuevamente, no está en condiciones de hacerlo. Y de acuerdo a las declaraciones de las autoridades del BCRA, CVS es "la única empresa local en condiciones de efectuar tal trabajo y es importante hacerlo de esta manera porque representa trabajo nacional". (1)

La prensa oficialista a la que debemos recurrir para obtener algunas explicaciones que no se ofrecen en los foros adecuados, de todos modos, no logra explicar por qué se ha avanzado con una empresa de capitales inciertos si lo que se quiere y busca es la recuperación del control nacional sobre la producción del dinero físico. Hacer un contrato con una empresa sospechada y durante el curso de un proceso penal es irresponsable. Y en nombre de la soberanía y el control del Congreso, tampoco podemos admitir que el principal beneficiario del contrato en ciernes resulte una sociedad anónima de ignotos accionistas y cuyo antecedente inmediato es el haberse financiado con empresas pantalla del exterior, que ya ni siquiera están registradas.

La contratación en los términos dados hasta ahora, además, tampoco es una solución duradera. Cada año se renovará una negociación con un socio oscuro. En definitiva, quienes pueden responder a la demanda de impresión del BCRA presentan pésimas credenciales de transparencia y la solución que se impone, entonces es: tomar control sobre la capacidad de impresión de nuestra moneda, ampliar la capacidad productiva de nuestra Ceca, derogar en el futuro próximo la ley de Videla de modo de hacerla compatible con nuestra Constitución y erradicar con contundencia de la cadena de producción todo vestigio de corrupción. Queremos una Casa de Moneda con plenas aptitudes productivas y ciento por ciento transparente.

La propuesta de este proyecto es sencilla: se trata de potenciar la empresa con toda la capacidad de acción que reclama la plena soberanía para la impresión de nuestra moneda nacional. La lógica de nuestra propuesta, por ello, es tan simple como idónea: declarar de interés nacional el cuño soberano de moneda y expropiar la imprenta CVS, de modo de sanear de una vez la muchas sospechas de corrupción, por un lado, y de devolver al Estado su autonomía de impresión. Una Ceca capaz y transparente, en lugar de una Ceca rehén de una imprenta de fondos oscuros, que saltó a la escena pública entre el escándalo y la opacidad.

Esperamos que el gesto con que apuntalamos los esfuerzos soberanos sobre nuestros territorios australes o nuestros recursos naturales sea acompañado por un gesto del gobierno hacia otras deudas de nuestra democracia, también fuertemente asociadas a una soberanía madura y responsable.

Por estas razones, invitamos a los colegas diputados y diputados a que nos acompañen en esta iniciativa.