La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Convocar en los términos del Artículo 71 de la Constitución Nacional, al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos Tomada para que explique, al amparo de la garantía constitucional a no auto-incriminarse, el alcance el diálogo mantenido el 14 de enero de este año, con el dirigente sindical José Pedraza con relación a la situación de los trabajadores tercerizados de la empresa UGOFE, sobre todas las medidas impulsadas desde el ministerio a su cargo, si es que existieron, para regularizar su situación y sobre toda circunstancia de su conocimiento útil al esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreyra y los atentados a la vida sufridos por otros manifestantes.

Señor presidente:

En enero de este año el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada y el dirigente sindical José Pedraza mantuvieron un diálogo telefónico sobre la situación de los trabajadores tercerizados de la empresa UGOFE, del que ha dado cuenta la prensa. Esta conversación sugiere que la precaria situación de los trabajadores fue avalada y sostenida por el propio Tomada, quien discute sobre la mejor forma de restringirles el acceso a la UGOFE, e incluso remarca la necesidad de "trabajar políticamente" para ganar su adhesión[1]. Otros fragmentos contienen expresiones tristemente ambiguas tales como como: "la mejor defensa es un buen ataque"[2]. El periodista Horacio Verbitsky ha calificado adecuadamente como "revulsivo"[3]a este intercambio a risotadas entre Pedraza y Tomada.

La decisión de la justicia nacional de llevar a juicio y disponer la prisión preventiva de Pedraza y otros, y la enorme relevancia institucional y social de los acontecimientos en torno al asesinato de Mariano Ferreyra, nos convencen de la necesidad de requerir la comparecencia del Sr. Ministro a que brinde las explicaciones del caso. En particular debe explicar semejante diálogo sobre el que no ha existido ninguna explicación oficial aún. La investigación judicial en curso, indudablemente podrían extenderse al Sr. Ministro. Pero ello, sin embargo, no obsta a su deber funcional de dar cuenta de sus actos ante el Congreso, y en todo caso podrá ampararse en la protección constitucional del art. 18, como bien sabe por su condición de abogado.

Por estas razones, solicitamos a los colegas diputados que nos acompañen en esta propuesta.