La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su pesar por las víctimas de la ola de violencia acontecida en la ciudad de San Pablo, Brasil, a partir del viernes 12 de mayo de 2006, y que dejó un saldo de más de 115 muertos. Asimismo, expresa su congoja al Gobierno y al Pueblo de la República Federativa de Brasil.

Señor presidente:

La ola de violencia se desató cuando trasladaron a criminales presos, entre ellos al jefe principal del cartel de la droga en Brasil y se extendió por varias jornadas consecutivas en la ciudad de San Pablo. Los ataques a varios puestos policiales y a un centenar de colectivos, así como los motines carcelarios, fueron atribuidos al Primer Comando de la Capital (PCC), según informó la Secretaría de Seguridad de ese estado brasileño. Casi 3 millones de paulistas sufrieron el pánico y la paralización casi total del transporte y el cierre de terminales que hundió a la ciudad en el caos durante varios días.

El Primer Comando de la Capital fue creado en agosto de 1993, y consiguió superar a los principales carteles de Río. Surgió en la cárcel Casa de Custodia de Taubate, a 130 kilómetros de San Pablo. Su nacimiento se debió, según sus miembros, a la necesidad de "combatir la opresión dentro del sistema presidiario". La capital paulista, con sus más de 11 millones de habitantes, es el principal mercado de drogas brasileño. Este conflicto es el más grave de la historia del narcotráfico en ese país. Todo se habría desatado por un "desacuerdo" entre la facción y el gobierno del estado de San Pablo. Las autoridades habrían querido desarticular la fuerza del Primer Comando mediante el traslado de sus principales cabecillas a una prisión de máxima seguridad del interior.

Marcos Camacho, o "Marcola" tiene 38 años y pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Es el líder del PCC desde 2002 y uno de los delincuentes con mayor poder de todo San Pablo. En Brasil muchos conocen su nombre, pero casi nadie su rostro. Marcola no sólo evitó mostrar su cara, sino que también ocultó su voz. Los Policías y fiscales paulistas no pudieron oírlo jamás en más de 1.500 horas de escuchas telefónicas. Su última condena a 44 años de prisión lo alejó de las calles, pero no del poder. Según las autoridades brasileñas, Marcola sigue al frente del PCC desde prisión. Siempre trabajó en silencio para atraer menos la atención, pero la escalada de violencia y su poder crecieron tanto que su silencio se vio superado. Tras ser advertido de los mencionados traslados, Marcola habría dado la orden de iniciar una rebelión. En solo cuatro días, más de 200 puestos policiales y soldados fueron atacados, y una 155 personas murieron en San Pablo.

Según los datos dados a conocer oficialmente, la ola de violencia dejó las siguientes cifras parciales: Más de 115 muertos entre sospechosos, policías, presos y civiles; 281 ataques (54 contra residencias de policías, 82 contra autobuses, 17 contra agencias bancarias y dos contra otros objetivos civiles); 77 motines carcelarios; 122 presuntos atacantes detenidos; y 134 armas decomisadas (granadas, fusiles y ametralladoras).

El impacto de esta escalada de violencia que atormentó a la ciudad más grande de Sudamérica no se reduce al hermano pueblo de Brasil, sino que nos acongoja a todos los latinoamericanos. Por ello, solicito a mis pares me acompañen con este Proyecto de Declaración.