La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional que excluya a los consumidores residenciales de la aplicación del cargo tarifario para la constitución del fondo fiduciario para financiar la importación de gas, creado por el decreto 2067/08, y condone la deuda para estos usuarios que en su momento optaron por no pagar ese recargo amparándose en recursos judiciales.

Asimismo solicitar que se rebaje la tarifa del gas natural a los valores de febrero del año 2014, y que los umbrales de consumo a partir de los cuales se aplican distintos cargos a los usuarios residenciales, tengan el mismo nivel que los establecidos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a excepción de los del sur del país.

Señor presidente:

En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha convalidado el decreto 2067/08, del PEN, que prorratea el costo de la importación de gas entre los usuarios, incluidos los domiciliarios.

A partir de este fallo, miles de familias en todo el país deberán pagar una deuda. Aún se desconoce el modo de pago, porque en su momento pidieron el desdoblamiento de la boleta del gas para abonar solo el consumo y no los costos de importación. En la provincia de Salta solamente, hay aproximadamente 60.000 familias en esta situación. Son miles los afectados por esta media en todo el noroeste argentino.

El decreto 2067/08 del PEN firmado por la presidenta, el por entonces jefe de gabinete Sergio Massa y el ministro de planificación Julio De Vido, crea un fondo fiduciario para financiar la importación de gas, y coloca como una pata de la constitución de ese instrumento financiero, un cargo a aplicarse en la tarifa de los usuarios residenciales de gas. En este proyecto reclamamos que se excluya a estos usuarios de ese cargo.

Ahora cabe preguntarse: ¿Por qué un país productor de gas debe importarlo? No hay duda que el vaciamiento de los recursos hidrocarburíferos llevado adelante principalmente por la empresa Repsol es una de las principales razones. El informe Mosconi, indica que entre 1999 y 2011 la producción de gas bajó un 31%, al tiempo que las utilidades de la empresa española crecían (Informe Mosconi, página 35), llegando a repartir, algunos años, el 120% de las utilidades (es decir produciendo un vaciamiento de capital). Recordemos que Repsol se fue premiada del país con una indemnización, que por los intereses usurarios aplicados, ascenderá desde los 5000 millones a más de 11000 millones de dólares.

En el año 2014, una parte importante de los consumidores de gas de nuestro país han sufrido un incremento que va desde un 300 hasta más de 500%. Esto nos llevó a presentar el proyecto de Resolución 7075-D-2014.

Según el interventor del Enargas, solo se trató de una quita paulatina de subsidios, que fuera anunciado hace ya algún tiempo por los ministros de economía y de planificación, e incluso por la presidenta de la Nación.

Sin embargo, el defensor del pueblo de la ciudad de Salta señala en notas periodísticas que el aumento se debe a una combinación de quita de subsidios y a un aumento de tarifas que comenzó en abril del corriente año y culmina con un 20% de aumento en el mes de agosto pasado.

El motivo del retiro de los subsidios sería el de obligar a los consumidores a reducir el uso del gas. En una nota publicada en www.ambito.com (http://www.ambito.com/noticia.asp?id=757198) el interventor de Enargas, Antonio Pronsato, dice que el ahorro de gas en las casas servirá para re distribuirlo en la industria y de esa manera ahorrar en importación de gas, y obtener más divisas, las que seguro irán al pago no soberano, sino entreguista, de la deuda externa.

Mientras los usuarios domiciliarios fueron penalizados con aquel tarifazo si aumentaron su consumo de un período del año en comparación al mismo período del año siguiente, el gobierno de la provincia de Salta a través del decreto 2430 del 21 de agosto del 2014 se compromete a pagar las multas que las industrias salteñas deberían abonar por haber usado más gas del autorizado en los años 2012 y 2013. Casi una provocación hacia la población, que en esta provincia vio crecer su factura de gas desde valores de $300 a más de $1500 en menos de tres o cuatro meses.

Este mismo gobierno ha firmado un contrato con la empresa estadounidense Austin Powder, que producirá nitrato de amonio, y cuya materia prima es el gas, donde se le garantiza provisión de esta materia prima a un costo de U$s 2,50 el millón de BTU por 10 años, cuando hoy su precio asciende en boca de pozo a U$s 7,50.

Con los ejemplos anteriores vemos que el tarifazo del gas es también para mantener los subsidios a los sectores industriales, que no están incluidos en la quita, y reciben una gran cantidad de beneficios como en el caso de la provincia de Salta.

El tarifazo en cuestión afecta de un modo particularmente extraordinario a la provincia de Salta, que pasó de ser la segunda productora de gas de la Argentina a la cuarta, como consecuencia de la desinversión y el vaciamiento operado por empresas, en las cuales YPF -tanto con Repsol, como en la actualidad- tiene casi la mitad de las acciones. Actualmente Repsol, PAE y otras empresas que operaban y operan en la Argentina, han aumentado sus inversiones en Bolivia para aumentar la exportación desde este país hermano hacia el nuestro. Es decir que vaciaron de un lado e invirtieron del otro para aumentar el precio de venta del gas.

Las consecuencias de esta situación permitida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, es lo que nos ha llevado a tener que importar gas, a costa del bolsillo de los usuarios residenciales, como lo establece el decreto 2067/08.

Además existe una situación particular que afecta a muchas provincias, que es el hecho de que los umbrales de consumo de las distintas regiones del país, a partir de los cuales se aplican cargos extraordinarios en las facturas residenciales, a excepción de la Patagonia, son mucho más bajas que los de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la solicitud de que sean equiparados tomando como referencia los de esta última.

Como se puede apreciar se ha descargado un brutal tarifazo contra la población que cuenta con gas natural en su domicilio, como consecuencia de una política de vaciamiento llevada adelante por las empresas y permitida por el estado, y con la intención también de mantener el subsidio del gas a las industrias. Con el reciente fallo de la corte el problema se agravó.

Por todo esto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto, para que la tarifa del gas vuelva a los niveles de febrero del 2014, se condone la deuda de los usuarios afectados por el fallo de la corte y se modifiquen los umbrales de consumo a partir de los cuales se aplican recargos.