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PROYECTO DE TP
Expediente 2767-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSOS PUNTOS DEL INFORME DEL RELATOR DE LA "ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS - ONU -" ACERCA DE LAS POBLACIONES INDIGENAS, PRESENTADO A FINES DE 2012, SOBRE LOS "DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA".
Fecha: 07/05/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 43
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo y por
su intermedio a quién corresponda, en virtud del informe del Relator de la ONU
sobre poblaciones indígenas presentado a fines de 2012 sobre los "Derechos de
los Pueblos Indígenas en la República Argentina", se sirva informar sobre lo
siguiente:
1) ¿Cuál es la situación actual de
las comunidades aborígenes no solo de la provincia del Chaco, sino de todas las
que habitan territorio argentino y las medidas a adoptar para evitar el elevado
grado de violación y/o incumplimiento de los derechos de los pueblos
originarios?
2)¿Qué medidas tomo el Estado
Argentino ante las 34 recomendaciones que le realizo el relator de la ONU a
nuestro país en la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU de octubre de
2012? En caso negativo, explique los motivos.
3)¿ La Republica Argentina cumple
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , que se
ratifico en el año 2000, el cual establece los principios de consulta y búsqueda
del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos
energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero que los sucesivos
gobiernos la acatan deficitariamente? En caso afirmativo, que medidas tomo al
respecto y en caso negativo; explique las razones.
4)¿Qué medidas adoptó la
Autoridad de Aplicación ante las recomendaciones del relator de la ONU?
5)¿El Estado Nacional tiene planes
de desarrollo para esas comunidades? Informar en caso de una respuesta
afirmativa: ¿Cuáles son esos planes, en que consisten, desde cuándo están
implementados, cuáles han sido los resultados obtenidos y los esperados?
6)¿Los planes, evaluaciones y
estudios antes referidos están a disposición de personas físicas u
organizaciones que los requieran, y donde se pueden solicitar?
7)¿Qué políticas publicas de
inserción laboral y social ha elaborado el Estado Nacional para las poblaciones
indígenas? En caso negativo, explique los motivos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Relator Especial de la ONU
sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya,
publico un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica,
usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en
Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines
de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas se realizó el 18 de septiembre 2012 en Ginebra.
Compuesto por 47 Estados
elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la
ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo llevo a cabo ese
mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el
mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y
Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto
de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28
de septiembre de 2012.
Por cierto, el tema de los pueblos
indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se
sometió a la Argentina el 22 de octubre pasado también en Ginebra, un
mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en
el que fueron invitados a formular recomendaciones los 193 Estados
constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos
Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de
representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para
dar cuenta de las deliberaciones.
Los Relatores Especiales del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes
designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que
bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de
conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones
Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración
es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a
cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de
indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que
significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la
biodiversidad.
Las conclusiones de la
visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección,
discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque
las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata
de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el
presente se
extienden en ciertas provincias del
norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que
padecieran durante la colonización del siglo XIX. Sus exponentes más
numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las
provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.
Las dificultades para reivindicar
sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la
revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la
"desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de
una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el
continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia
ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se
ofrece al pie de esta nota.
Anaya, un catedrático
norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución
en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ...
por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y
mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su
casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde
a sus formas de uso y ocupación tradicional".
Tras recoger alrededor de 170
testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias
del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya
constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras
indígenas". Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para
resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución
de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan
reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y
propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el
expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus
descendientes "dispersos en zonas urbanas".
La "promoción de proyectos de
industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas
consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al
deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos
naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y
emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado,
junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la
propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para
el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los
pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración que le consagrara la ONU en
2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.
Tales "actividades" han
"severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la
disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de
recolección, materiales para la
construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual,
como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la
alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por
el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".
La Argentina
asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y
búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los
proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos
gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política
alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de
consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales",
deplora Anaya. Subraya que los indígenas "no participan directamente de los
beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias
gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a
comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades
tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a
través de ellas".
"La superposición de parques
nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos
indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos
indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene
Anaya. La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras
ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca",
proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del
turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos
indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado
títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información
obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la
reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.
La gran cantidad de desalojos de
comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos
de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas
colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento
de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre
en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales
provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e
internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de
2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar
potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de
la OIT. Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los
afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que
ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado,
"generando momentos de violencia
y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos
indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos
indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de
la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes
mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de
protesta".
Las condiciones sociales y
económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la
causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no
indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de
la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse
agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos
son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas,
particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.
No obstante, las normas
nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la
educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y
fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo
para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya,
con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la
Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto
desarrollo humano".
Con la noble intención de sacar a
los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de
posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional,
Anaya elevò al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34
recomendaciones, durante el "dialogo interactivo" que su informe suscito en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante todo, resulta evidente para
este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y
adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes
adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se
dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las
provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y
Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones
legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.
Al tiempo, el relator Anaya le pide
a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo
concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento
libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus
tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de
"demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio
ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación,
personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para
los pueblos afincados "en zonas
fronterizas de
Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener
documentos de identidad argentinos. Sugiere que se prevean "medidas
adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las
comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud
ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o
cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".
Anaya le solicita a la Argentina
"investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos
relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de
desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados
necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para
"revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo
que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y
recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar
de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos
sitios".
La Argentina es invitada a
"eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los
problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese
aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en
las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan
vulnerables a la discriminación y el maltrato".
Si bien es satisfactorio el nivel de
accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace
paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de
profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos
disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde
deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos
indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de
salud".
Para Anaya la Argentina debería
aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus
recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para
conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos
que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a
suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de
comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-
jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor
camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos
años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de
violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos
indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".
La mejor salvaguarda, finaliza el
mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el
gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales.
Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los
pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras
tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa
dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos
miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y,
por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría
la comisión de actos contrarios al orden público".
Fuente: Anaya: Relator de la ONU
sobre poblaciones indígenas.
Por todo lo expuesto, invito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO |